Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 2, 3 de Mayo de 2023, expediente CSS 032478/2015/CA001

Fecha de Resolución 3 de Mayo de 2023
EmisorCamara Federal de la Seguridad Social - Sala 2

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia Definitiva Expediente Nº: 32478/2015

AUTOS: “CONIFERAL SACIF c/ ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

s/IMPUGNACION DE DEUDA”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Llegan las presentes actuaciones ante esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la empresa CONIFERAL SACIF contra la Resolución Administrativa AFIP

126/2013 (DV-RRCO) que desestimo la impugnación presentada por CONIFERAL SACIF

en cuanto se le reclama el pago de diferencias por contribuciones patronales ante el decaimiento del beneficio previsto en el Decreto 814/2001 artículo 2° inciso b) al superar el límite de ventas previsto por el decreto 1009/01 durante los periodos noviembre 2008 a agosto 2009 y abril 2011 a mayo 2012 reclamando un monto de $ 8.836.157,38 de los cuales $ 5.591.944,87 corresponde a capital y $ 3.244.212,51 en concepto de intereses;

liquidación que fuera actualizada a la fecha de presentación del recurso que aquí nos convoca (24/10/2013) arrojando un monto total en concepto de capital e intereses de $

10.581.084, 10. (Ver fs. 3 de actuación que corre por cuerda n° 11683-235-2013).

I.I. cabe advertir que en las presentes actuaciones ante la falta de coincidencia entre las resoluciones y los periodos cuestionados según se desprenden de las actuaciones administrativas que corren por cuerda y el primigenio recurso acompañado en formato digital con fecha 11 de noviembre de 2022, este Tribunal procedió a intimar a la empresa actora a fin de que adjunte de forma correcta y ordenada el recurso de apelación que motiva esta intervención. Tal intimación fue cumplida con fecha 6 de diciembre de 2022.

Posteriormente, en fecha 7 de febrero del corriente se intimó a la parte actora para que denuncie en calidad de declaración jurada si ha promovido otra acción judicial por los periodos aquí cuestionados (Res AFIP 126/2013) y a la demandada para que manifestara lo que estimare corresponder.

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: W.F.C., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: N.C. DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.L.P., SECRETARIA DE CAMARA

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La demandada con fecha 13 de febrero del corriente informó que no tiene conocimiento de la existencia de otro proceso en él que se reclamen los periodos que corresponden a la RES. AFIP 126/2013 (11/2008 a 08/2009 y 04/2011 a 05/2012). Por otro lado, la parte actora con fecha 22 de febrero del corriente declaró bajo juramento que no ha promovido acción judicial por los periodos aquí cuestionados (RES AFIP 126/2013). Tal extremo -en principio- sanearía cualquier vicio y/o supuesta hipotética nulidad que pudiera llegar a suscitarse y habilita el dictado de la presente sentencia.

  1. La impugnante en su extenso memorial alega la imposibilidad de dar cabal cumplimiento a lo normado por el art. 15 de la ley 18.820, refiere la existencia de documental contable y efectúa diversas comparaciones tarifarias que demostrarían el frágil estado financiero de la empresa, a fin de acreditar sus dichos en torno a la imposibilidad de afrontar el pago del depósito previo. Subsidiariamente desarrolla sus agravios y sostiene que la resolución administrativa atacada es nula por incumplimiento del art. 1 inc “f” punto 2, 3 y del art. 7 inc. “b”, “d” y “e” de la Ley 19.549 por las consideraciones vertidas en libelo recursivo al que corresponde remitirse en honor a la brevedad. Por su parte, en cuanto al fondo de la cuestión destaca que el Decreto 814/01 en su artículo 2° genera un beneficio fiscal en favor de las PyMES entendidas las mismas de conformidad con la propia ley que las regula y la autoridad de aplicación que las define. Señala que existe una colisión normativa entre la ley de PyMES 24.476 (actualmente 25.300) y el decreto 1009/01 y modificatorias. Entiende que la Cámara Federal de la Seguridad Social debería otorgar prioridad a una ley de orden nacional y con origen en el Congreso por sobre un mero decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que modifica la característica del contribuyente con el solo objeto de negarles el beneficio fiscal. A su entender, no resulta un dato menor, el hecho que en el presente caso el Poder Ejecutivo este modificando mediante un exceso reglamentario al sujeto pasivo de la obligación tributaria, potestad reconocida a la órbita nacional, pero en cabeza del Poder Legislativo exclusivamente. Lo contrario significaría aceptar que AFIP a través de la RG 1.009/01 y el Poder Ejecutivo pueden crear,

    alterar o modificar un sujeto de derecho sobre el cual recae un tributo, facultad propia del Congreso de la Nación de acuerdo con lo establecido por el artículo 75 de la Constitución Nacional. En conclusión, considera que la cuestión litigiosa se centra en determinar el monto máximo de facturación que debe considerarse para que un contribuyente pueda gozar del beneficio de reducción de Contribuciones Patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social previsto en el art. 2 inc b) del D., 814/01 y art. 1 del Dec.

    1009/2001 vigentes ambos durante los periodos fiscales reclamados.

    Por su parte, el organismo interviniente en su escrito de réplica resalta la omisión en el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previsto en el art. 15 de la ley 18.820, el Fecha de firma: 03/05/2023

    Firmado por: W.F.C., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

    Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.C. DORADO, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.L.P., SECRETARIA DE CAMARA

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    art. 12 de la Ley 21.864 y el art. 26 inc. b) de la Ley 24.463, en virtud del cual el apelante debió depositar en garantía el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa, produciendo su omisión la deserción del recurso. Por otro lado,

    subsidiariamente sostiene que no existe un concepto único de PyME que defina todas las unidades productivas, sino que hay que considerar cada uno de los regímenes vigentes,

    siendo el límite de $48.000.000 la definición de PyME que adopto el Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto 1.009/01 para la aplicación del Decreto 814/01. Afirma entre otras cosas que en cuanto a la remisión que efectúa el Decreto 1009/01 a la Resolución SPyME

    N°24/2001 es con la única finalidad de definir la actividad principal del empleador y la forma de cálculo de sus productos o servicios pero el concepto de PyME a los efectos de la determinación de la alícuota a aplicar es la que surge de dicho decreto ya que en este aspecto no ha sido modificado el límite de $ 48.000.000 y en virtud de ello todo empleador encuadrado en los sectores “servicios” o “comercio” cuyo producido total anual supere ese límite deberá tributar conforme alícuota prevista en el inciso a) del artículo 2do. del Decreto 814/01. El Decreto 1009/01 en su artículo 1° reglamenta las condiciones de aplicación del Decreto 814/01 -art. 2°- las que no pueden ser modificadas sino por disposición de una norma que ostente al menos la misma jerarquía. Ello así el tope de $48.000.000 establecido por el artículo 1° del Decreto 1009/01 podría ser modificado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la emisión de un nuevo decreto, pero se mantiene inalterable ante el dictado de normas de inferior jerarquía como son las dictadas por la SPyME salvo en lo que es materia de remisión expresa, que en relación al monto de $

    48.000.000 no acontece. El Decreto 1.009/01, conforme argumenta el organismo, no resulta alcanzado por las modificaciones introducidas por la SPyME 24/01, por la Res. 675/02 y la Disposición 147/06.

  2. Ahora bien, ante la exigencia prevista por el artículo 15 de la ley 18.820, a fin de posibilitar la apertura de la presente instancia judicial, la impugnante refiere la imposibilidad efectiva de dar cumplimiento a dicho pago y a fin de acreditar sus afirmaciones acompaña diversos balances, estado patrimonial de la empresa e informe técnicos contables suscripto por el contador público G.J.M.M..

    10.04704.2 (Ver fs. 73/95 de expte papel).

    Entiendo prudente habilitar la presente instancia dado lo elevado del monto que se reclama y que, en principio, la infraccionada carecería de fondos líquidos suficientes para afrontarlo sin comprometer sus recursos financieros y otras obligaciones asumidas con sus acreedores pues la solución contraria podría importar una lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 CN). Ello, con el agravante de que nos encontramos frente a una empresa que brinda un transporte público de pasajeros en la provincia de Córdoba.

    Fecha de firma: 03/05/2023

    Firmado por: W.F.C., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

    Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.C. DORADO, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.L.P., SECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

    Lo anterior responde al criterio amplio propiciado en la materia por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación a fin de evitar que el pago impuesto por el legislador importe un real menoscabo a garantías constitucionales (ver CSJN sent. del 14/05/95

    Sanatorio Otamendi y Miroli

    DT 1996-A-319; ídem. sent. del 11/06/98 “Cadesu c/DGI”

    y “Pandolfi c/DGI” pub. LL 25/02/2010 N° 1143636 entre otros).

  3. En consecuencia, visto las actuaciones administrativas, corresponde hacer la siguiente evaluación:

    El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por...

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