Conflictos entre el primero y el segundo kirchnerismo

A raíz de las rivalidades políticas y fisuras ideológicas que caracterizan al Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández funcionará como una coalición. No solo porque en la fórmula que él integra con Cristina Kirchner confluyen dos visiones distintas de la política. También por enconos derivados de la militancia que abrazaron algunos exfuncionarios kirchneristas en contra de la expresidenta, sin prever que ella podría recuperar su competitividad en poco tiempo. Ahora enfrentan el problema de que el monto de clemencia disponible no alcanza para todos.En especial después de que Fernández y Sergio Massa consumieran su ración.Estos entredichos son inherentes a la vida del poder. En cambio hay enfrentamientos menos habituales. Se originan en el giro que el kirchnerismo protagonizó después de la muerte de Néstor Kirchner. Es decir, son conflictos entre el primer y el segundo kirchnerismo. Y presentan un rasgo inusual: se tramitan en los tribunales e implican costos multimillonarios. Uno de los grandes dilemas que enfrentará el nuevo presidente será cómo resolver estas diferencias.El primer pleito se refiere al modo en que se estatizó el 51% de las acciones de YPF. El reclamante es el grupo Petersen, nombre de fantasía con que gira la familia Eskenazi. El "experto en mercados regulados" Enrique Eskenazi y su hijo y mano derecha, Sebastián, concibieron una demanda contra la República Argentina y contra YPF. La llevaron adelante desde Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, las dos sociedades españolas con las que adquirieron el 25% de la petrolera. Esa operación, que se realizó en 2008 con el marketing de la "argentinización", fue auspiciada por Kirchner. En diciembre de 2011, Cristina Kirchner descubrió lo que era evidente: la alianza de los Eskenazi no era con el Estado, sino con los socios españoles de Repsol. En consecuencia, decidió estatizar las acciones de ambos grupos.Cuando la gestión de la expresidenta entraba en su ocaso, los Eskenazi vendieron, a través de aquellas sociedades españolas, quebradas, su presunto derecho a demandar a la República y a YPF. El argumento fue que en la estatización no se había respetado el estatuto societario de la empresa. El comprador del pleito fue el fondo Burford Capital, que les habría pagado 15 millones de euros. La familia quedó ligada al éxito del juicio en un 30% de la indemnización. Si alcanzaran su objetivo, Burford y los Eskenazi se estarían llevando de 3 a 5000 millones de dólares.El...

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