Conducta obligatoria. Derecho en una pandemia

AutorEditorial EUAP
Páginas85-91
Derecho, Estado y Religión
Vol. 6-7 - 2021
Nota
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons:
Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional.
Conducta obligatoria. Derecho
en una pandemia1
Clifford R. Goldstein
(traducido por María Victo ria Feito Torrez)
Los ajustes que los Gobiernos han hecho para acomodar a las prácti-
cas religiosas han sido pilares estables de la libertad de Estados Unidos.
En Hobbie vs. Unemployment Appeals Commission of Florida (1987),
la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos —por ocho votos con-
tra uno— sostuvo que “esta Corte ha reconocido ya por largo tiempo
que el Gobierno puede (y a veces debe) hacer ajustes para acomodar
las prácticas religiosas, y que puede hacerlo sin violar la Cláusula de
Establecimiento”.2 La idea es que cuando las políticas o las leyes resultan
una carga para las prácticas religiosas, el Gobierno tiene la responsabili-
dad de crear —tal vez, dentro de un margen estrecho— una excepción o
acomodar tales prácticas, es decir, a menos que el Estado pueda demos-
trar que hay motivos razonables para no hacer los ajustes, prevalece el
libre ejercicio de la religión. Por lo menos, esa es la idea.
Incluso el infame Employment Division v. Smith (1990) —uno de
los mayores desaciertos de la Suprema Corte estadounidense desde Mi-
nersville School District v. Gobitis (1940), donde el tribunal superior
estableció que los distritos escolares podían forzar (¡forzar!) a los niños
testigos de Jehová a saludar a la bandera y recitar el juramento a la ban-
dera en contra de sus convicciones religiosas (decisión que fue revocada
tres años después)— ponderaba el principio de acomodación legislati-
va. Por supuesto, algunos vieron que el problema estaba precisamente
1 Publicado originalmente en el número marzo/abril 2021 de la revista Liberty.
2 Nota del editor: la Cláusula de Establecimiento, contenida en la Primera Enmienda a la
Constitución de los Estados Unidos, prohíbe que el Gobierno apruebe leyes que establez-
can una religión ocial o muestren preferencia por una religión sobre otra.

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