La conducción política en el Informe de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS)
| Páginas | 26-52 |
| Fecha | 01 Enero 2023 |
| Fecha de publicación | 01 Enero 2023 |
| Autor | Luis Daniel Chao |
| Materia | Ciencias sociales |
Malvinas en Cuesón | N.° 2 | 2023 | ISSN 2953-3430
La conducción políca en el Informe de la Comisión de Análisis y Evaluación
de las Responsabilidades en el Conicto del Atlánco Sur (CAERCAS)
Luis Daniel Chao
Malvinas en Cuesón, 2, e018, Arculos de invesgación, 2023
ISSN 2953-3430 | hps://doi.org/10.24215/29533430e018
hps://revistas.unlp.edu.ar/malvinas
Universidad Nacional de La Plata
La Plata | Buenos Aires | Argenna
La conducción política en el Informe de la Comisión
de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades
en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS)
Resumen
Este artículo analiza el Informe de la Comisión de Análisis y Evaluación de las
Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (conocido como Informe
Rattenbach), enfocándose en la evaluación de la conducción política. El trabajo
parte de preguntarse qué cuestión política se evaluó y cómo, y, a la vez, qué
sostuvo la determinación del carácter secreto asignado al Informe en 1983.
En primer lugar, se ubica el escenario genésico del trabajo de la CAERCAS
para poder comprender los argumentos que llevaron a buscar respuestas
militares y políticas a la guerra. Luego, se analiza el informe prestando atención
a las declaraciones, tipos de preguntas, evaluación y asignación de
responsabilidades. Finalmente, se reflexiona sobre las distancias entre este y
otros informes que evaluaron la guerra producidos por las FF. AA. —
especialmente por el Ejército—, mostrando las diferencias fundamentales con
el producido por la CAERCAS. Con este estudio se procura pensar el lugar de
la Guerra de Malvinas en el proceso de transición democrática en la Argentina.
Palabras clave
Malvinas, política, Fuerzas Armadas, transición democrática
26
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Luis Daniel Chao
l.daniel.chao@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9720-3901
Universidad Nacional del Nordeste
Argentina
The Political Guidance in the Report of the Commission
for the Analysis and Evaluation of Responsibilities in the South
Atlantic Conflict (CAERCAS)
Malvinas en Cuesón | N.° 2 | 2023 | ISSN 2953-3430
Abstract
This paper analyses the report of the Commission for the Analysis and
Evaluation of Responsibilities in the South Atlantic Conflict (known as Informe
Rattenbach), focusing on the evaluation of the political guidance. The text starts
by asking what political issue was evaluated and how, and what underpinned
the determination of the secret nature of the Report in 1983. It begins by setting
the scene for the CAERCAS's work in order to understand the arguments that
led to the search for military and political responses to the war. The report is
analysed, paying attention to the statements, types of questions, evaluation and
assignment of responsibilities and, finally, it reflects on the distances between
this and other reports produced by the Armed Forces —especially the Army—
which evaluated the war, showing the fundamental differences with the one
produced by the CAERCAS. The aim of this study is to consider the place of the
Malvinas War in the process of democratic transition in Argentina.
Keywords
Malvinas, politics, Armed Forces, democratic transition
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Introducción
“El procedimiento adoptado por la Junta Militar para preparar la
Nación para la guerra contradijo las más elementales normas de
planificación vigentes en las Fuerzas Armadas y en el Sistema
Nacional de Planeamiento.
Ello motivó que se cometieran errores fundamentales respecto de la
propia orientación política y estratégico militar con que se inició el
conflicto, y aquella con que se lo concluyó. De no haberse cometido
este error, pudo cambiar el curso de la guerra y haberse podido
lograr el objetivo político que se perseguía, de otra forma.”
Informe Final de la CAERCAS (Junta Militar, 1983a)
El 2 de diciembre de 1982, el presidente de facto argentino, teniente
general Reynaldo Bignone, elevó un decreto que, de común acuerdo con la
Junta Militar, conformaba una comisión para analizar lo sucedido en el
conflicto bélico que enfrentó a la Argentina con Gran Bretaña por la
soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y
aledañas entre abril y junio de ese año. Para ello, se convocó a seis
oficiales retirados entre los que se encontraban, por el Ejército, el teniente
general (R) Benjamín Rattenbach y el general de división (R) Tomás
Armando Sánchez de Bustamante; por la Armada, el almirante (RE) Alberto
Pedro Vago y el vicealmirante (RE) Jorge Alberto Boffi, y por la Fuerza
Aérea, el brigadier general (R) Carlos Alberto Rey y al brigadier mayor (R)
Francisco Cabrera1. Los seis conformaron la Comisión de Análisis y
Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégicas en el
Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS) presidida por Rattenbach, hombre
de peso por sus funciones dentro de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) a lo
largo de los años y por su producción intelectual en el campo de la
sociología militar y la geopolítica2.
El trabajo de la CAERCAS analizó y evaluó las responsabilidades de los
militares y civiles que condujeron la guerra distinguiendo cuatro niveles:
conducción política, nivel estratégico-militar, nivel estratégico-operacional y
nivel táctico. Para ello, la comisión realizó, entre diciembre de 1982 y
septiembre de 1983, 61 entrevistas3, recopiló una amplia serie de
documentos y elaboró un informe que contenía 17 tomos, conformados por
un Informe Final... (Junta Militar, 1983a), diez anexos documentales, cinco
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anexos con declaraciones transcriptas y uno más en el que constan las
actas de reunión. La comisión labró el acta de finalización del trabajo el 16
de septiembre de 1983 con la firma en disidencia de Benjamín Rattenbach,
en desacuerdo con la orientación, la estructura, la extensión y el tiempo
invertido en la elaboración de la evaluación, aunque de acuerdo con el
contenido y las responsabilidades atribuidas4. La Junta Militar requirió la
elevación del informe el 29 de septiembre y, dos meses después, lo
clasificó como secreto militar luego del estudio de otra comisión creada
para evaluarlo. A partir de allí, y con su desclasificación en 2012, el Informe
Rattenbach (como se lo denominó desde los medios de comunicación) ha
sido presa de rumores, publicaciones parciales y un alto nivel de
misticismo, pues sus páginas parecían encerrar respuestas a esa guerra
llevada a cabo en los archipiélagos del sur.
Este artículo propone centrar la mirada en la evaluación de la conducción
política a partir de preguntarse qué cuestión política se evaluó y cómo, y, a
la vez, qué sostuvo la determinación del carácter secreto asignado. Mi
intención es responder ubicando al Informe Rattenbach (o IR) y al trabajo
de la CAERCAS en el marco complejo de la transición, acentuando las
enormes distancias entre lo sucedido en diciembre de 1982 (inicio de la
tarea) y septiembre de 1983 (entrega del informe). Sin obviar, por
supuesto, que el Informe responde a un largo plazo, en el cual el sector
militar de la sociedad (Rattenbach, 1972), al menos desde 1930, había
comandado los designios políticos del país y, fundamentalmente, había
desarrollado una intensa capacidad autopercibida de diagnosticar y actuar
sobre la política.
Bajo estas coordenadas, se divide este trabajo en tres partes y se inicia
ubicando el escenario genésico del trabajo de la CAERCAS a partir de la
revisión bibliográfica y las Actas de la Junta Militar (Ministerio de Defensa,
2014a, 2014b), para poder comprender los argumentos que llevaron a
buscar respuestas militares y políticas a la guerra. Entre ellos se destaca la
ubicación coyuntural, por parte de los militares en el poder, de Malvinas
como un tema a concertar con el sector político de cara a lo que se venía y,
a la par, el intento de las mismas FF. AA. de mostrar el revés parcial —y no
la derrota— que significó la guerra, argumento usado para poner en valor
la experiencia bélica como un capital que sostendría al sector militar en una
sociedad en plena reconfiguración.
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En segundo término, se analiza el IR prestando atención a tres cuestiones:
1) las “Declaraciones” (Anexos 1 al 5), enfocando especialmente en el tipo
de preguntas realizadas para obtener información; 2) las cuestiones
relativas a la evaluación y análisis, y 3) la asignación de responsabilidades
(ambos aspectos presentes en el Informe Final). Se muestra el interés por
reponer la experiencia de decisión y mando, y los saberes que los
acompañaron. En tercer lugar, me centro en las distancias entre el IR y
otros informes producidos por las FF. AA. —especialmente el Ejército—
que evaluaron la guerra, mostrando las diferencias fundamentales con el
producido por la CAERCAS.
Los supremos intereses de la nación
El Informe Final de la CAERCAS (Junta Militar, 1983a) inicia con un
apartado de objetivos generales que resultan demostrativos del enfoque
que tomará el trabajo. Bajo el título “Los supremos intereses de la Nación”,
los miembros de la comisión sostienen como fin:
Considerar si realmente los altos mandos de la Nación tomaron las
decisiones adecuadas, si actuaron como los conductores necesarios
para un pueblo adulto en grave y crítica situación y si tuvieron la
sensatez requerida para elegir los caminos idóneos a fin de alcanzar el
objetivo final perseguido (Junta Militar, 1983a, folio 7).
Como señala el estatuto de creación, esa consideración no tendría carácter
vinculante, por lo cual los responsables deberían ser investigados y
juzgados por jurisdicciones militares o comunes (sic), en la forma legal que
correspondiera.
Luego de la derrota en el plano militar y de los tensos cambios en la
estructura de la Junta Militar (JM) y la presidencia —que mostraron una vez
más las tensiones interfuerzas (Canelo, 2016)5— se empezó a discutir una
serie de bases para la concertación política, económica y social. Esta
discusión inició en octubre de 1982 e incluía:
El levantamiento del estado de sitio, las elecciones, la lucha contra el
terrorismo, los desaparecidos, el plan económico, la deuda externa, la
represa hidroeléctrica de Yacyretá, las leyes para la normalización
sindical y las obras sociales, la Guerra de las Malvinas, el conflicto del
canal de Beagle con Chile, la investigación de ilícitos, la estabilidad de la
justicia y la presencia de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno
(Franco, 2017, p. 138).
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Esta lista se aprobó el 10 de noviembre de 1982 y tenía como lineamientos
básicos una concertación con “sectores representativos del quehacer
nacional”, cuestiones relativas a la institucionalización del país y la entrega
del Poder Ejecutivo, pensada para no antes de marzo de 1984.
Como señala Marina Franco (2018), el punto fundamental de esta
concertación tenía que ver con asegurar que la guerra contra la subversión
y sus resultados no serían juzgados ni puestos en duda.
El dilema de hierro era que los partidos no estaban dispuestos a
negociar si primero el poder militar no garantizaba condiciones de
normalización institucional y se hacía responsable del problema de los
desaparecidos —cuya irresolución los partidos no querían heredar—, y
el gobierno militar no podía dar esa información sin inculparse de
manera irreversible y perder el control del proceso de transición
(Franco, 2018, p. 144).
Para Paula Canelo (2016), las FF. AA. sostuvieron este pliego de
demandas sustentadas en su mayor capital: el de ser fuerzas vencedoras.
Como he señalado en otros lugares (Chao, 2020), la hipótesis del revés
parcial de la guerra y el denodado esfuerzo por mostrar fortaleza y una
experiencia aprendida fue el recurso utilizado desde el fin mismo del
conflicto. En ese sentido, aún en noviembre de 1982, la JM, con el fin de
asegurarse condiciones en aquella institucionalización, consideró necesario
evaluar las decisiones políticas y estratégico-militares mediante un relato
que se presentaría a los sectores políticos y luego a la opinión pública
(Ministerio de Defensa, 2014a, p. 108).
Esto se refleja en el borrador de mensaje que figura en el Acta 240 de la
Junta Militar, del 10 de noviembre de 1982:
Después de más de un siglo de paz la sociedad argentina se enfrenta
con las consecuencias de una cruenta lucha que debió librar en defensa
de su soberanía y de su libertad contra el colonialismo y la subversión.
Victoriosos en una, sufriendo la frustrante realidad de un revés militar en
otra, nos encontramos con capacidad para evaluar y asumir sus
consecuencias. Ambas guerras han dejado secuelas que es necesario
curar en beneficio del orden, de la seguridad nacional, de la paz interior
y de la estabilidad institucional definitiva de la Nación Argentina
(Ministerio de Defensa, 2014a, p. 111).
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El emparejamiento entre guerras y la inexistencia de una derrota —un
revés es, en esencia, un contratiempo que puede resolverse— ubicaría a
las FF. AA. con capacidad de hacer una autoevaluación. En una reunión
del 25 de noviembre de 1982, la Junta Militar aprobó la designación de los
miembros de la CAERCAS y el cronograma de inicio de sus actividades;
mientras que el 16 de diciembre se mencionó la necesidad de discutir el
Documento Delta, borrador de lo que en abril de 1983 se llamaría
Documento Final de la Junta Militar sobre guerra contra la subversión y el
terrorismo.
La incipiente renovación bibliográfica sobre la transición democrática6,
advierte sobre la necesidad de pensar en el carácter abierto de este
proceso y en la fortaleza relativa pero existente que aún conservaba la JM.
Asimismo, en la falta de homogeneidad en los partidos y organizaciones
políticas frente a lo que sucedía, y en la presencia que la narrativa de la
guerra antisubversiva aún tenía. De este modo, las evaluaciones y
explicaciones sobre lo sucedido poseían un enorme peso y generaban
mucha expectativa, aunque esto de ninguna manera implicaba que no
existiese una pérdida acelerada del poder y de la capacidad de
negociación de los mandos militares. Justamente, en febrero de 1983, la
propia Junta reconocía la notoria “pérdida de espacio político, de libertad
de maniobra y de capacidad de convocatoria” del Proceso de
Reorganización Nacional (PRN), con lo cual buscaban relanzar su imagen
y conducir el tránsito ordenado a la institucionalización. Entre las acciones
tendientes a ello, se encontraba el trabajo de la CAERCAS y la necesidad
de que el informe finalizase antes de junio de 1983. Además, se dispuso la
publicación del Documento Delta con un “cuadro desapasionado de los
hechos ocurridos” en las “acciones contra la delincuencia antiterrorista” con
el fin de que las FF. AA. asumieran la “responsabilidad histórica de lo
sucedido” (Franco, 2018, p. 164).
El 28 de abril de 1983 fue publicada la versión final del documento con el
cual la Junta Militar mostraba:
La última palabra oficial sobre el tema [y] [c]ontrariando las expectativas
públicas, el gobierno ratificaba allí las actuaciones en el curso de la LCS
[lucha contra la subversión], reconocía haber cometido “excesos y
errores” en su desarrollo, afirmaba que volvería a hacerlo si era
necesario y dejaba claro que los desaparecidos estaban muertos y que
no tenía más informaciones que dar (Franco, 2018, p. 146).
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Está claro que el Documento Final… manifiesta su premura, a la vez que
su escritura no presenta ni una evaluación política ni estratégica de la
misma magnitud que la que revisaba el conflicto con Gran Bretaña.
Evidentemente, y asumido por la propia JM, las guerras no eran
equiparables.
Por fuera de los temas a concertar, también en abril inició la discusión
sobre la necesidad de una ley de autoamnistía que denominarían Ley de
pacificación. El 14 de ese mes se encargó a un Equipo Compatibilizador
Interfuerza (ECI) su estudio, pero señalando que no debía usarse en su
redacción el término amnistía. Entre abril y septiembre se dio forma a la ley
y se invitó a una serie de referentes políticos a que se expidiesen sobre ella
(Ministerio de Defensa, 2014b, p. 221). Para fines de agosto, las bases del
mensaje de elevación y el articulado estaban encaminados; finalmente, el
22 de septiembre de 1983 la normativa fue promulgada. La Ley 22.9247
evitaba acciones penales a quienes hubiesen cometido delitos “con
motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973
hasta el 17 de junio de 1982” pero también —y sobre todo— a los que
encarnaron hechos “realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de
acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin” a esas actividades,
incluyendo delitos militares8. De estos documentos de autoamnistía y
legitimidad de la llamada guerra antisubversiva me interesa resaltar
algunas cuestiones conectadas al trabajo de la CAERCAS que no
considero menores.
En primer lugar, la fecha original de entrega del informe de la comisión,
pactada para junio, se extendió hasta septiembre, lo cual complicó su
utilidad para la Junta Militar. Paralelamente, la publicación del Documento
Final coincidió con las fechas en que los miembros de la comisión
entrevistaron a quienes luego les recaería la mayor de las
responsabilidades y sobre todo a los únicos a quienes se atribuirían errores
políticos y malos desempeños en su función. Entre el 14 de marzo y el 29
de abril, la CAERCAS interrogó al ex canciller Nicanor Costa Méndez (16
de marzo y 13 de abril), y a los ex miembros de la Junta Militar: Leopoldo
Fortunato Galtieri (14 de marzo, 19 de abril y 21 de abril), Jorge Isaac
Anaya (30 de marzo, 22 de abril y 25 de abril) y Basilio Arturo Ignacio Lami
Dozo (7 de abril, 27 de abril y 29 de abril).
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Por otro lado, la llamada Ley de pacificación fue promulgada el 22 de
septiembre, seis días después de la entrega del IR y cinco días antes de
que la nueva comisión de evaluación, que revisaría el trabajo de la
CAERCAS, iniciara su actividad. Para ambas cuestiones, es claro que las
condiciones no eran las proyectadas a fines de 1982 y sin dudas esto
impactó en la determinación de su carácter secreto.
La evaluación de las decisiones y el saber en la conducción política
La bibliografía que aborda las relaciones entre la política y el mundo militar
es vasta y posee una importante tradición en la Argentina, con lo cual
abarcarla toda es una tarea que excede los alcances de este trabajo9. No
obstante, quisiera hacer míos tres señalamientos de la literatura que
considero importantes. En primer lugar, la desatención sobre la instrucción
de las FF. AA. y la reflexión de los cuadros militares respecto a guerras
convencionales frente a otros Estados (Soprano, 2018); en segundo lugar,
la poca importancia dada a las concepciones sobre lo político y la política
de los propios oficiales y suboficiales (Avellaneda, 2019)10, enfocándose en
su lugar de elite y considerando otras variables (relaciones familiares,
vínculos con agentes de diverso signo político-partidario, etc.); y, por
último, más allá del “colapso” de la transición argentina indicado por
Guillermo O’Donnell, el carácter de bisagra que tuvo la Guerra de Malvinas
y el período iniciado desde ese acontecimiento sobre el mapa político y
militar argentino. Sobre esto último basta señalar un fin de ciclo en las
formas de hacer política exterior y en las relaciones con los civiles en esa
materia (Bosoer, 2007), la ruptura total de la imagen victoriosa de las FF.
AA. —especialmente del Ejército— y las secuelas que esto dejó en la
capacidad de negociación del sector militar (Canelo, 2016)11, la caída de
los militares, en tanto grupo social, de su lugar entre las elites del poder
político (Soprano y Mellado, 2018), o el impacto en las formas de
inscripción de las Fuerzas en el Estado democrático desde los esquemas
interpretativos de funcionarios civiles dominados por la memoria de lo
acontecido durante las dictaduras —especialmente el PRN— (Frederic,
2013).
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Para acercarse al lugar que ocupó el Informe Rattenbach en esta transición
basta señalar que en sus conclusiones12 fue lapidario: a pesar de la Guerra
de Malvinas, el Proceso de Reorganización Nacional no había elaborado,
desarrollado e implementado nada parecido a una política de defensa
desde que se estableció su programa de gobierno, en 1976. En sus
palabras finales, la CAERCAS afirmaba:
[Había] quedado demostrada la falta de preparación y organización del
país para caso de guerra [y que] tampoco [contaba] con un organismo y
medios idóneos que, en forma centralizada, elaboren un sistema
nacional de planeamiento para conducir integralmente el quehacer de
las Fuerzas Armadas dentro de la política nacional, en sus vertientes de
seguridad y desarrollo (Junta Militar, 1983a, f. 284, párr. 856-857)13.
Para la comisión, el país no poseía “una ‘política militar’ orgánica, cuyos
fines y modos de acción claramente establecidos armonicen presupuestos,
estructuras y estrategias entre las tres FF. AA., y entre estas y el conjunto
del quehacer político, económico y social del Estado Nacional” (Junta
Militar, 1983a, f. 285, párr. 862). A nivel diplomático, se señaló la falta de
preparación y profesionalización para afrontar este tipo de conflictos; a
nivel militar, a su vez, una falla absoluta en el accionar conjunto, junto a
deficiencias técnico-militares (en aviación, submarina, preparación de las
infanterías, logística, armamento, etc.), aunque se destacó las acciones
grupales de ciertas unidades como el Grupo de Artillería 3, el Regimiento
de Infantería Mecanizado 25, la Compañía de Comandos 602, el Grupo de
Artillería Aerotransportada 4, el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 y
el Batallón de Infantería de Marina 5.
Ahora bien, siguiendo los objetivos de este trabajo, hay tres elementos que
quisiera describir para dar cuenta de las bases en que sostuvieron lo que
llamaron la evaluación política14 contenida en el Informe Rattenbach. En
primer término, las temáticas y problemas sobre los que se interrogó a los
responsables; en segundo, qué cuestiones se destacaron como fallidas; y,
finalmente, cuál fue el encuadre jurídico sugerido para que la justicia militar
juzgara a los responsables. El fin de esta pesquisa no es hacer una
exégesis del documento, sino tratar de indicar qué idea o noción de política
emerge.
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Las declaraciones
Como mencionamos anteriormente, el informe de la CAERCAS cuenta con
cinco tomos de declaraciones sobre la base de entrevistas realizadas entre
el 17 de diciembre de 1982 —al general de división (R) Osvaldo Jorge
García— y el 17 de mayo de 1983 —al entonces coronel Martín Balza—,
por las que pasaron oficiales y funcionarios civiles de los ministerios de
Relaciones Exteriores, Economía y Defensa, y de otras reparticiones
públicas. Una mirada sobre el tipo de preguntas dirigidas a los interrogados
permite sacar dos conclusiones parciales. La primera es que, a priori, su
orden se muestra variable, lo que puede señalar un guion negociado o la
opción de quitar algunas preguntas de la versión final15. Por otra parte, y en
el plano de lo político, se desprende de las indagaciones un intento de
comprender las decisiones y los saberes implicados en ellas, como llaves
de acceso a la evaluación. Para fundamentar esto, cito algunos fragmentos
de las entrevistas realizadas al excanciller Nicanor Costa Méndez y al
teniente general (R), ex presidente de facto y miembro de la Junta Militar,
Leopoldo Fortunato Galtieri.
PREGUNTADO: ¿Todo este asunto de las Georgias, le hace ver a
usted la reacción posible de Inglaterra respecto a lo que usted ya sabe
que se va hacer? ¿Supo usted el concepto equivocado de la Junta al
emprender la operación Malvinas, respecto a la capacidad de reacción
de Gran Bretaña en el orden moral y, también, en el orden material, es
decir, de su potencia militar?
DIJO: Con relación a la intervención militar de Gran Bretaña, yo no tenía
dudas de que se iba a producir. No tenía dudas de que se iba a
producir, porque ya se estaba produciendo.
PREGUNTADO: ¿Y por qué no le hizo ver a la Junta, que estaba por
cometer ese error? ¿Cómo es que la Junta comete dos graves errores
de orden diplomático o de orden político exterior, y usted, como asesor,
no los hace ver?
DIJO: Insisto en esto: en que yo estaba convencido de la posibilidad y
de la eficacia de la mediación norteamericana; nunca de la intervención
bélica a nuestro favor. Eso nunca.
[…]
PREGUNTADO: ¿Supo usted si esa prolongación de la acción militar,
que inicialmente iba a ser limitada y después pasó a ser una guerra más
amplia, se basaba en algún elemento de juicio de orden político interno?
[resaltados del autor]
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DIJO: No lo podría decir; y eso nunca salió en ninguna de las
conversaciones que yo tuve con la Junta […]. Sí, hubo otro elemento de
orden político […]. Ese elemento es la reacción de la opinión pública
que, por lo menos yo, no esperaba.
(Junta Militar, 1983b, entrevista a Costa Méndez)
Unos días después, el 24 de marzo de 1983, la CAERCAS entrevista a
Galtieri:
PREGUNTADO: ¿La situación política interna, en el momento en que se
está tomando la decisión respecto al conflicto, influyó de alguna
manera?
DIJO: De ninguna manera. Esos son argumentos usados por la señora
Thatcher, los políticos británicos y otros políticos argentinos.
PREGUNTADO: En este problema de la toma de las Malvinas, ¿jugó
algún papel la idea de revitalizar el Proceso de Reorganización
Nacional?
DIJO: No estuvo en el trasfondo de mi pensamiento supeditar nuevos
impulsos del Proceso de Reorganización Nacional a esos
acontecimientos.
[…]
PREGUNTADO: En la DENAC 1 que presenta el Comité de Trabajo —
aprobada por ustedes, los tres comandantes de la Junta— figura, a la
cabeza, como objetivo político, la siguiente frase: "Consolidar la
soberanía argentina en las Malvinas". Pero pocas páginas después
figura, como objetivo estratégico militar: "Colocar a Gran Bretaña ante
una situación de hecho, para poder negociar mejor”. Son dos objetivos
distintos: uno, el duradero; el otro, el limitado, por decir así. ¿Tuvieron
ustedes conciencia de que había oposición entre esos dos objetivos?
DIJO: No entramos en el análisis.
[…]
PREGUNTADO: En la DENAC 1 y DENAC 2 se consigna que la
apreciación de la situación estratégica mundial iba a figurar como un
estudio hecho por Relaciones Exteriores. ¿Fue hecho ese estudio?
DIJO: No lo tengo presente.
[…]
PREGUNTADO: El diez de abril, cuando se reúne en la Plaza de Mayo
una multitud, cerca de ciento cincuenta mil personas, usted se asoma al
balcón y manifiesta entre otras cosas: "Si quieren venir, que vengan; les
presentaremos batalla". Esas fueron sus palabras. ¿Su discurso fue
improvisado o preparado previamente?
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DIJO: Improvisado
PREGUNTADO: ¿Tuvo usted una suficiente noción, en ese momento,
de la importancia que tienen esas palabras en cuanto a la intención, en
cuanto a la ejecución estratégica de la acción?
DIJO: Sí
PREGUNTADO: ¿Tuvo usted la sensación plena de que había pasado,
con esto, a la defensiva estratégica duradera? [resaltados del autor]
DIJO: A la defensiva estratégica por tiempo limitado.
PREGUNTADO: Usted dice: "Les presentaremos batalla". ¿A qué se
refiere en lo limitado?
DIJO: Al tiempo.
(Junta Militar, 1983b, entrevista a Galtieri)
Lejos de constituirse en una obviedad, como vemos, el tenor de estas
preguntas —y otras— se sostiene en comprender los marcos decisionales
en torno a saberes estratégicos de política exterior e interior, más allá del
conocimiento del nivel estratégico-militar.
El análisis y la evaluación
El Informe Final... (Junta Militar, 1983a) se divide en cinco partes y un total
de 15 capítulos. La primera parte contiene las actas de formación de la
comisión y la introducción a la que aludimos al inicio. La segunda contiene
seis capítulos que describen los antecedentes del conflicto, las
negociaciones previas al 2 de abril, el planeamiento de la Junta Militar, la
decisión estratégico-militar, las negociaciones a partir del 2 de abril y el
planeamiento contribuyente. La tercera parte está abocada a la evaluación
y el análisis, y está compuesta por los capítulos VII y VIII, denominados “El
accionar de las Fuerzas propias” y “Las causas de la derrota”,
respectivamente. Por cuestiones de espacio y objetivos, me centro en este
último capítulo, especialmente, en el apartado “Fallas de orden político”, sin
dejar de mencionar que en el desarrollo de la segunda parte se anticipan
numerosas evaluaciones sobre lo sucedido a medida que se hace la
descripción.
Al hacer un análisis de las fallas, la evaluación está puesta en el orden del
deber-ser. Ejemplo de ello es que la CAERCAS afirmó:
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La falta de apreciación correcta e integral del conflicto en todas sus
alternativas y dinámica originó la carencia de una estrategia general que
integrara la conducción parcial en los distintos campos que cubría
(Político, Militar, Económico y Psicológico/social). Todo ello se vio
acentuado por la inexistencia de un organismo con adecuada
organización y capacidad para la conducción de la guerra, y con unidad
de criterios y de esfuerzos. La prescindencia del empleo de los
organismos específicos disponibles se sumó a lo expuesto y provocó,
en definitiva, que todo el país, en modo alguno, interviniera en el
conflicto como “una nación en armas” (Junta Militar, 1983a, f. 232, párr.
760).
Las fallas estaban ordenadas en 11 puntos: 1) no adoptar medidas para
evitar el incidente en Georgias16, 2) no neutralizarlo una vez ocurrido, 3) no
realizar una evaluación de lo que sucedería a nivel internacional y aceptar
la premisa de que la reacción sería diplomática y que Estados Unidos no
aceptaría una escalada militar, 4) adelantar sin preparación general la
operación Azul17, 5) no adoptar medidas para neutralizar las acciones
diplomáticas británicas, 6) pretender condicionar el acatamiento de la
Resolución 50218, 7) no apreciar el valor de la intervención del entonces
presidente estadounidense Ronald Reagan y las advertencias de su
canciller Alexander Haig sobre la escalada militar, 8) no aprovechar las
oportunidades de solución, evitando la guerra y haciendo obligatoria la
negociación, 9) adoptar medidas poco razonables, 10) desencadenar el
fracaso de las acciones de recuperación golpeando al prestigio de las FF.
AA. y frustrando el espíritu de la población, 11) no ajustar la conducción
política teniendo en cuenta las limitaciones de las Fuerzas Navales propias
para lograr y mantener el dominio del mar.
En síntesis, los errores se sostienen, para la CAERCAS, en dos frentes: el
externo, por la falta de saberes y capacidades para tomar decisiones
acordes al objetivo o modificarlas; y el interno, señalando que el poco
manejo de las declaraciones y la reacción popular condicionaron las
decisiones siguientes. En ese sentido, en el IR se explicita:
[Tanto] la Junta como el propio canciller partieron de presupuestos
reñidos con la realidad. Los conceptos de "inexpugnabilidad" y las
expresiones "triunfalistas" exageradas que los medios de difusión
propios hicieron de ciertas acciones bélicas, confundieron a los
conductores argentinos respecto de la verdadera situación militar de las
fuerzas en oposición, induciéndolos a adoptar posturas excesivamente
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inflexibles y contradictorias que fueron cerrando, progresivamente, los
caminos de la negociación (Junta Militar, 1983a, f. 230, párr. 757).
Las responsabilidades y el encuadre
La cuarta parte del Informe Final..., titulada “Determinación de
responsabilidades”, comprende los capítulos “Responsabilidades en el
nivel político militar” (Cap. IX), “Responsabilidades en el nivel estratégico
militar” (Cap. X), “Responsabilidades en el nivel estratégico
operacional” (Cap. XI), “Responsabilidades en otros niveles” (Cap. XII) y
“Encuadramiento jurídico de los responsables” (Cap. XIII). Acorde a los
objetivos limitados de este trabajo, nos centraremos en los capítulos IX y
XIII.
A nivel político, las responsabilidades recayeron sobre la Junta Militar, el
presidente y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, mientras que los
demás miembros del gabinete no fueron señalados. Respecto de la Junta,
y al ser un órgano colegiado, la falta de preparación y apreciación, y los
errores de planeamiento diplomático se distribuyeron por igual. Por su
parte, al ministro y al presidente se le asignaron responsabilidades
diferentes: al primero, fallas de asesoramiento y saberes; al segundo,
errores y problemas de decisión. A Costa Méndez se lo responsabilizó de
no ser previsor ni saber apreciar la situación geopolítica, además de no
advertir el error de abrir un segundo frente con Chile, pedir precisiones a la
JM, ni advertir la inclinación por Gran Bretaña de parte de Estados Unidos,
entre otras. A Galtieri, en cambio, se lo hizo responsable de atribuirse
competencias de la Junta Militar, asumir ante el pueblo compromisos que
luego afectaron el margen de acción y negociación, omitir el asesoramiento
de organismos especializados y confundir “el objetivo circunstancial de
política interna (necesidad de revitalizar el PRN) con una gesta de legítima
reivindicación histórica, y dar lugar a que se interpretara que pretendía
capitalizar para sí el rédito político, en caso de una solución
favorable” (Junta Militar, 1983a, f. 243, párr. 793).
Estas responsabilidades recayeron, como dijimos, sobre los tres miembros
de la Junta Militar y el canciller. Como parte de su labor, la CAERCAS
estableció un encuadramiento legal en donde esas responsabilidades
podrían ser juzgadas —recordando siempre que esta comisión no juzgó
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nada— con base en cuatro parámetros: lo político, lo penal19, lo penal
militar, lo disciplinario militar y el campo del honor20. Nos detendremos en
el primero.
El encuadre político tuvo un interesante doble movimiento. Por un lado, las
decisiones y la conducción política fueron evaluadas bajo los parámetros
fijados por el propio PRN, desde un instrumento legal denominado Acta
para considerar la conducta de aquellas personas responsables de
ocasionar perjuicios a los superiores intereses de la Nación, publicado el
18 de junio de 1976. Esta normativa otorgaba a la JM la potestad de juzgar
la "inobservancia de principios morales básicos en el ejercicio de funciones
públicas, políticas, gremiales o actividades que comprometan el interés
público", la cual fue utilizada para perseguir, desplazar de diversos cargos
e inhabilitar profesionalmente a numerosos ciudadanos (CELS, 1984)21.
Recordemos que el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional
(Junta Militar, 1980) establecía en su Artículo 14° la subordinación de la
Constitución a los objetivos básicos del Proceso. No obstante, el segundo
encuadre elegido por la CAERCAS fue, justamente, el Artículo 45° de la
Constitución nacional sancionada en 1853, pero en vigencia tras algunas
reformas y derogaciones anteriores. A nivel de jurisdicción, el PRN tenía
control sobre el Poder Legislativo y la Corte Suprema (Artículo 5° del
Estatuto…), con lo cual podía acusar “por mal desempeño o por delito en el
ejercicio de sus funciones” al presidente y los ministros; de ese modo, el
Informe Rattenbach estableció que —en los propios términos del PRN—
Galtieri, Anaya, Lami Dozo y Costa Méndez incurrieron en un mal
desempeño en la conducción política de la Guerra de Malvinas y en los
momentos previos a que esta se iniciara.
El secreto militar
El veterano de Malvinas e investigador Héctor Tessey (2020) considera al
informe de la CAERCAS como el primer libro blanco22 de la defensa
argentina, por su valor en materia estratégica, de defensa nacional y
diplomática. Es indudable que el IR tiene algunos elementos evaluativos
que lo distancia de otros informes23 aparecidos en el período, por ejemplo,
el Informe Oficial del Ejército Argentino. Conflicto Malvinas, publicado en
julio de 1983 y de carácter público (y publicado). Allí se describen
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acontecimientos, operaciones, armamentos, planificaciones y organización
y se concluye que había un lógico desenlace: el revés militar con base en
la diferencia tecnológica entre ambos contendientes y el apoyo de Estados
Unidos a Gran Bretaña. El texto es técnico y descriptivo, sin juicios de valor
y sin evaluaciones, salvo las recargadas en la “Reflexión Final”, en la cual
se hace un panegírico patriótico al Ejército y se asegura que las
experiencias aprendidas serán incorporadas. Este informe precedió a un
documento crucial al que hemos hecho mención: el Documento Final de la
Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, informe
que traduce como guerra las prácticas represivas, a las que califica como
actos de servicio. Una vez más, la experiencia recogida posiciona a las FF.
AA. en el mejor lugar de cara a la institucionalización.
¿Por qué señalar estos documentos? Porque fueron un marco de
coexistencia del trabajo de la CAERCAS, tuvieron circulación pública y
fueron explicativos de las guerras afrontadas por las FF. AA. Mientras el
trabajo de la comisión presidida por Rattenbach no finalizaba, aparecieron
en la prensa, además, diversas versiones parciales24 que contextualizaron
la Ley de pacificación. Como puede leerse en las Actas de la Junta Militar,
las filtraciones se discutieron el 24 de agosto y se señalaba como posible
culpable al propio presidente de la CAERCAS, aunque se acordó aguardar
el Informe Final para tomar decisiones al respecto (Ministerio de Defensa,
2014b, p. 244).
El 16 de septiembre se hizo entrega del informe y seis días después la
Junta Militar inició los pasos para designar a la nueva comisión interfuerza
que evaluaría lo producido, comunicando a la prensa que se elaboraría un
documento “destinado a informar a la opinión pública sobre todo lo
actuado” (Ministerio de Defensa, 2014b, p. 286). Antes del inicio de la labor
de la nueva comisión, el documento fue tratado en carácter secreto, para
evitar nuevas filtraciones25 y se organizó la distribución de los ejemplares.
La nueva comisión se organizó bajo el formato de Equipo Compatibilizador
Interfuerza (ECI), denominado Análisis del Informe CAERCAS, que estuvo
representado por el vicealmirante Rodolfo Remotti26, quien expuso los
resultados de su evaluación ante la Junta Militar el 18 de octubre de 1983.
Entre los aspectos comunicados se destacaba que, a raíz de la filtración y
el conocimiento público de la labor de la CAERCAS, el Informe Rattenbach
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tenía “vida propia”, por lo cual era imposible de ocultar o archivar. Por esta
razón, se sugería darle carácter de investigación inicial y solo reconocerle
ese estatus. A la par, el ECI evaluó no tener potestad para rechazar o
aceptar el contenido, no obstante, se expidió con consideraciones
negativas al respecto: 1) era impreciso, 2) le faltaba rigor científico y
mostraba desconocimiento en técnicas y tácticas, 3) era fluctuante, 4)
mostraba una tradicional manera de operar de la oficialidad (ser rigoristas
en el reglamento), y 5) era inexacto en el uso del léxico militar. Asimismo,
la evaluación descartaba la competencia de un juez —militar o común— y
sugería que las responsabilidades y sanciones debían ser competencia del
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (COSUFA)27.
Respecto a lo que hemos desarrollado en este trabajo, el ECI acordó que
“el lapso transcurrido desde que se produjeron los hechos no [permitía]
apreciarlo con la suficiente perspectiva como para hacer un justo y
acertado juzgamiento” y, además, que “su contenido no solamente en lo
que a actuaciones de personas concierne sino también en las referencias a
planes actualmente en vigor, [debía] continuar con un alto grado de
reserva, en salvaguarda de los intereses de la Nación, de las Instituciones
y de las Negociaciones en Política Internacional” (Ministerio de Defensa,
2014b, p. 325). Por lo cual, Remotti sugirió que se lo considerara un
secreto militar y político, se lo remitiera al COSUFA y que únicamente se
informara de esta decisión a la opinión pública.
El 1 de noviembre se firmó un acta para establecer el modo de acción
respecto al Informe Rattenbach, en la que se agregaron dos párrafos que
reforzaban el argumento de secretismo. Uno de ellos afirma:
De sancionarse a los presuntos responsables resultará difícil, sin llegar
a comprometer los altos intereses del país y particularmente las
negociaciones para obtener la plena soberanía de las Islas en cuestión,
fijar debida y claramente cuáles son las conductas que se reprimen,
esto es, si lo reprochable es la decisión política de recuperarlas, o las
causas que determinaron su ocupación o la forma en que se condujo
políticamente, con posterioridad, el conflicto. Esta confusión podría ser
aprovechada, y utilizada, por el enemigo a su favor (Ministerio de
Defensa, 2014b, p. 327).
Por Decreto 2971/83 del 11 de noviembre de 1983 se declaró formalmente
el secreto militar y político, y se abrió paso al proceso judicial. No obstante,
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la revista Siete Días publicó el 23 de noviembre una parte importante del
Informe Final, particularmente, las responsabilidades políticas y militares
sugeridas por la CAERCAS. Sin dudas, tempranamente se rompió una
parte de ese secreto, lo cual le dio al Informe Rattenbach el halo de
misterio28 que conservó hasta su desclasificación29.
Ahora bien, ¿qué sostuvo el secretismo asignado? A nivel reglamentario
los secretos militares estaban normados por el Decreto 9390/63, que define
como tal a “toda noticia, informe, material, proyecto, obra, hecho, asunto,
que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa,
ser conocido únicamente por personas autorizadas” (Ministerio del Interior,
1963, pp. 4-5). En el reglamento, la seguridad nacional está definida como
la protección ante posibles interferencias a los intereses vitales de la
Nación, mientras que la defensa estaría conformada por las medidas que el
Estado toma para lograr aquella. Bajo estas coordenadas podríamos, a
priori, comprender la imposición que se le dio al informe, puesto que la
Junta Militar evaluó que su contenido podía favorecer al enemigo y el
reclamo de soberanía. Sin embargo, en el decreto no hay elementos que
permitan esa clasificación, salvo que se fuerce a pensarlo como parte del
“estado moral, material y grado de instrucción y/o eficiencia de las Fuerzas
Armadas”. Con lo cual se abre otra posible respuesta.
El secretismo, para Paula Canelo (2016), fue una parte fundamental del
hacer político del PRN y también de su relación con la política. Para la
autora esto se explica por una autopercepción de las FF. AA. de institución
no política, con lo cual sus canales de mando no implicaban negociación o
consenso, sino obedecimiento; y, a su vez, por la forma en que desde las
mismas Fuerzas se entendía a la política:
El imperio del "egoísmo", los "intereses particulares", la "mezquindad",
la "corrupción", la "demagogia", raíz de la irresoluble crisis argentina.
Las Fuerzas Armadas tienden a pensarse en contraposición con estas
organizaciones políticas: "sacrificio", "interés general", "verdad" y
"honestidad" son los pares opuestos que los militares pretenden
representar frente a los "tremendos males" de la política partidaria.
En este ethos institucional antipolítico y en esta concepción tan negativa
de la "política civil" encontramos parte de la explicación sobre la
informalización y la secretización de los vínculos políticos que practicó
activamente la dictadura argentina.
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Así, al no poder lidiar con los riesgos y azares de la política, las Fuerzas
Armadas procesistas inevitablemente informalizaron y secretizaron la
política, a su imagen y semejanza (Canelo, 2016, pp. 236-237).
Dejando de lado la importante cuestión militar (las responsabilidades más
duras estaban encuadradas en el Código de Justicia Militar), el ECI
presentó al contenido del IR como potencialmente peligroso en manos del
enemigo (Gran Bretaña, pero también la subversión), porque no era claro
respecto a las sanciones políticas: si la responsabilidad recaía por decidir
la recuperación de Malvinas o por las formas en que se actuó y condujo la
guerra políticamente. Sin embargo, considero que hay una tensión que el
ECI no menciona —al menos en las actas— y es el señalamiento de la
CAERCAS de una falta de política de seguridad y defensa en el país y el
uso de la guerra para problemas de orden interno. Esta cuestión no solo
atentaba contra el lugar victorioso de las FF. AA., también mostraba que no
habían realizado una tarea acorde a la autoproclamada. Pese a no
responsabilizar al total de las Fuerzas Armadas y a las Juntas Militares que
se sucedieron desde 1976, como también señala Tessey (2022), la falta de
política e instrucción acorde a una política de seguridad venía siendo
resaltada por el propio Rattenbach en sus obras, especialmente en El
sistema social-militar en la sociedad moderna (1972) y, con mayor ahínco,
en Sobre el país y las Fuerzas Armadas (1975). En ambas señalaba los
peligros del sostenimiento de la oficialidad en lugares políticos tras las
revoluciones (es decir, los golpes de Estado), los problemas en la
organización de la instrucción y la carencia de definiciones claras entre
seguridad y defensa, y su falta de aplicación en el país a pesar de la Ley
16.970/1966, de Defensa Nacional.
Conclusiones
Durante la temprana posguerra, la Junta Militar argentina concibió la
necesidad de efectuar una revisión de la guerra del Atlántico Sur a través
de una comisión que dio importancia, en su evaluación, a la conducción
política a la par de la militar-estratégica. Esta concepción partió de la
necesidad de dar cuenta de lo sucedido ante un escenario de
reconfiguración política posbélica. En este trabajo repusimos algunos
elementos de las condiciones de inicio del funcionamiento de esa comisión,
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la CAERCAS, especialmente en lo que se denominó la concertación con
las fuerzas de la sociedad y la necesidad de sostener a las FF. AA. en el
proceso de institucionalización que se avecinaba. A la par, ese trabajo
convivió con otras decisiones materializadas en documentos como el
Documento Final de la Junta Militar sobre guerra contra la subversión y el
terrorismo y la Ley de pacificación, que fueron socavando el peso de la JM
en esa negociación30 y que impactaron en el trabajo de la comisión
presidida por Rattenbach.
Pudimos restituir algunos aspectos considerados para evaluar lo político
como el momento decisional y los saberes que lo sustentan. Las fallas de
decisión y saberes fueron puestas, por los evaluadores, sobre un plexo
normativo e histórico de política de defensa: tal como fue comandada la
Guerra de Malvinas, dio pie a que se interpretara como un problema de
política interna31. Eso puede explicar que al expresidente Galtieri se lo
responsabilizara de no tener un plan político de defensa de largo plazo y de
usar a la guerra para revitalizar el PRN. En las decisiones, fallaron los jefes
(especialmente Galtieri); en las advertencias y los saberes necesarios, falló
el canciller. Como mostramos, para ello la CAERCAS se apoyó en la
misma reglamentación militar, marcando que sus fallas atentaron contra el
país y que su mal desempeño no fue un mero error de cálculo, sino el
resultado de años de acumulación de una política de defensa que no
miraba hacia afuera32. De este modo, el Informe Rattenbach no solo echó
por tierra la imagen victoriosa de las FF. AA., también mostró que años de
intrigas golpearon las bases mismas del lugar de las Fuerzas frente a los
supremos intereses de la nación.
En este sentido, con las elecciones de 1983 consumadas y la victoria de
Raúl Alfonsín, que prometía llevar a la justicia a quienes hubiesen cometido
delitos contra los derechos humanos en nombre de la guerra contra la
subversión, las jerarquías castrenses no podían permitirse que un discurso
propio deslegitimara su lugar en la nación, el Estado y frente a la sociedad.
El IR golpeaba con dureza y argumentos ese lugar que, mediante otros
medios, intentaban resaltar mostrándose vencedores de una guerra
irregular y apenas víctimas de un revés en una guerra internacional. Bajo
esas condiciones, el trabajo de la CAERCAS —pese o gracias a las
filtraciones— no podía tomar luz pública oficial, pues se trataba de una
contradicción de 17 tomos que atentaba contra la imagen de unidad que se
debía mostrar en el nuevo escenario institucional.
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NOTAS
1. Héctor Tessey (2020) remarca que “estos seis oficiales superiores, con participación en
distintos eventos políticos de la historia argentina del siglo XX (el más conocido fue el
enfrentamiento entre sectores de las FF. AA., conocidos como ‘azules y colorados’ en
1962 y 1963) fueron considerados por quienes los designaron —sus pares— como
conocedores de la materia militar, dotados de autonomía (es decir, refractarios a posibles
presiones) y avalados por trayectorias profesionales intachables” (p. 285).
2. Para una revisión de la producción intelectual de Rattenbach, sugiero consultar
Mosiewicki (2020).
3. En orden cronológico, los entrevistados fueron el, por entonces, general de división
Osvaldo Jorge García; brigadier mayor (R) Sigfrido Martin Plessl; Guillermo Cabral
(funcionario del Banco de la Nación Argentina), vicealmirante Juan José Lombardo,
brigadier mayor (R) Hellmuth Conrado W eber, brigadier José María Insua, vicealmirante
Leopoldo Alfredo Suarez del Cerro, teniente general (R) Roberto Eduardo Viola, brigadier
Ernesto Horacio Crespo, general de división (R) José Antonio Vaquero, ex embajador
Esteban A. Takacs, general de división (R) Carlos Alberto Martínez, general de división
(R) Alfredo Osear Saint Jean, general de brigada Miguel Alfredo Mallea Gil, exembajador
Eduardo Alejandro Roca, vicealmirante (R) Alberto Gabriel Vigo, brigadier mayor (R)
Aquilino Guerra, contralmirante Carlos Alfredo Garcia Boll, general de brigada (R) Héctor
Norberto Iglesias, exembajador Rodolfo Baltierrez, contralmirante Salvio Olegario
Menendez, contralmirante Roberto Benito Moya, general de brigada (R) Américo Daher,
capitán de navío Juan Carlos Moeremans, brigadier Luis Guillermo Castellano, general de
brigada (R) Oscar Luis Jofre, general de brigada (R) Omar Edgardo Parada,
contralmirante Gualter Oscar Allara, brigadier mayor (R) José Miret, general de brigada (R)
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Mario Benjamín Menendez, general de división Edgardo Néstor Calvi, ex ministro de
Economía Roberto Teodoro Alemann, exembajador Carlos Alberto Ortiz de Rozas,
Wenceslao Bunge, brigadier (R) Ricardo Augusto Peña, Amadeo Ricardo Frugoli, capitán
de navío (R) Luis María Palau, coronel (R) Bernardo José Menendez, Constantino
Davidoff, excanciller Nicanor Costa Mendez, teniente general (R) Leopoldo Fortunato
Galtieri, almirante (R) Jorge Isaac Anaya, brigadier general (R) Basilio Arturo Ignacio Lami
Dozo, capitán de navío (R) César Trombeta, vicecomodoro Eugenio Javier Miari, teniente
coronel Mohamed Ali Seineldin, contralmirante Barry Melbourne Hussey, coronel Juan
Ramón Dorrego, coronel Francisco Eduardo Machinandiarena, coronel Carlos Cordero,
teniente coronel Abelardo Hipólito Quevedo, contralmirante Carlos Alberto César Busser,
coronel (R) Rafael Benjamín De Piano, mayor Enrique Mariano Ceballos, capitán de
fragata Carlos Hugo Robacio, teniente coronel Diego Alejandro Soria, capitán de navío
Adolfo Julio Maille, coronel Juan Ramón Mabragaña, embajador Carlos Lucar Blanco,
capitán Pablo Marcos Carballo, coronel Martín Antonio Balza.
4. En una entrevista, su hijo, el fallecido coronel (R) Augusto B. Rattenbach, mencionó que
la disidencia tenía que ver con el deseo de su padre de elaborar un informe corto y
concreto para dar una explicación rápida a la guerra, tal cual había sucedido en Gran
Bretaña con el llamado Informe Franks (Pigna, 2005).
5. “Su máxima expresión se mostró el 22 de junio de 1982, con la desvinculación de la
Armada y de la Fuerza Aérea de la ‘conducción política’ del gobierno militar. Forzando una
modificación del Estatuto del Proceso, las fuerzas de mar y aire decidieron permanecer en
la JM solamente para ejercer un puñado de funciones […]. El 21 de septiembre de 1982,
la Fuerza Aérea y la Armada se reintegraron al gobierno político del Proceso, y poco
después el m áximo órgano quedó reconstituido con nuevos miembros: el general Cristino
Nicolaides por el Ejército, el almirante Rubén Franco por la Armada y el brigadier Augusto
Hughes por la Fuerza Aérea, con Bignone como ‘cuarto hombre’” (Canelo, 2016, pp. 200-
201).
6. Solo para señalar las que se han concentrado especialmente en esta categoría y
período, sugiero consultar Feld y Salvi (2019), Feld y Franco (2015) y Franco (2018).
7. No debemos olvidar que durante el PRN se montó un simulacro de Congreso llam ado
Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), que redactaba y aprobaba las leyes que
luego serían promulgadas por el Poder Ejecutivo.
8. La ley fue derogada el 29 de diciembre de 1983 por el presidente Raúl Alfonsín.
9. Sugiero el estado de la cuestión realizado por Germán Soprano (2010).
10. Avellaneda hace este señalamiento especialmente en los análisis sobre el siglo XIX y
la primera mitad del XX, sin embargo, considero que pueden extenderse.
11. En ese sentido, para Paula Canelo (2016) el trabajo de la CAERCAS “tuvo efectos
devastadores sobre la cohesión militar, dando lugar a la gestación de conflictos
jerárquicos, que enfrentaban a los cuadros superiores con los inferiores (a quienes habían
mandado y a quienes habían obedecido en la guerra), poniendo en riesgo la disciplina y el
respeto a la autoridad, pilares fundamentales de las instituciones militares” (pp. 202-203).
12. El título es “Experiencias y enseñanzas”, quinta parte del Informe que contiene los
capítulos 14, “Las lecciones del conflicto”, y 15, “Conclusiones finales”.
13. En adelante se utilizarán las abreviaturas “f.” folio y “párr.” para párrafo.
14. Para un análisis del enfoque estratégico-militar del informe de la CAERCAS y el
impacto de la Doctrina de Seguridad Nacional en la guerra, sugiero el ensayo de Héctor
Tessey (2022).
15. No me refiero aquí al hecho de la opción del declarante a modificar o agregar datos a
sus respuestas, sino al orden y tipo de preguntas realizada por la comisión.
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Malvinas en Cuesón | N.° 2 | 2023 | ISSN 2953-3430
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16. En marzo de 1982 se produjo un incidente diplomático -militar entre el Gobierno
británico y el argentino por el desembarco de una tripulación al mando del empresario
chatarrero Constantino Davidoff en las Islas Georgias del Sur. Estas tensiones aceleraron
las hostilidades entre ambos países y la operación de recuperación argentina del
archipiélago por la vía militar.
17. “Azul” fue el nombre asignado a la operación conjunta (Armada y Ejército) de
recuperación de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur e islas
aledañas. Dicha nom inación fue modificada por “Operación Rosario” al cambiar, en su
movilización hacia la zona, el objetivo y los pasos del operativo.
18. Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exigió el cese de
las hostilidades en el conflicto de las Malvinas y la retirada inmediata de todas las fuerzas
argentinas, y que exhortaba a las partes a que buscaran una solución diplomática.
19. La comisión no advirtió delitos que pudieran ser juzgados a nivel penal.
20. La CAERCAS señaló que las acciones evaluadas no constituyeron transgresiones al
honor, aunque no descartaban que podrían revisarse algunas actitudes posteriormente.
21. Esta medida fue tomada inicialmente para sancionar a la expresidenta Estela Martínez
de Perón y una serie de dirigentes políticos vinculados al peronismo.
22. En verdad, el primer libro blanco fue publicado en 1998.
23. Entre 1982 y 1998 se publicaron una serie de docum entos a modo de informes,
algunos públicos y otros de circulación interna. Sin embargo, únicamente el Inform e Oficial
del Ejército… fue redactado y presentado a la opinión pública con premura. Héctor Tessey
menciona que entre esos informes se puede contar a la “Comisión de Evaluación de las
operaciones realizadas en las Islas Malvinas” (Informe Calvi, por su presidente, Gral. Div.
Edgardo Calvi); “Comisión Especial Malvinas” (CEM - 1987 a 1995); “El accionar de la
Fuerza Aérea en Malvinas” (en Historia de la Fuerza Aérea Argentina, 1998); Historia de la
Aviación Naval Argentina (Conflicto del Atlántico Sur) (1985), Comisión Redactora de la
Historia de la Batalla Aérea de las Islas Malvinas Argentinas, conocida como “Comisión
BANIM” (FAA-1983); “Informe Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur:
antecedentes, hechos ocurridos y decisiones adoptadas desde diciembre de 1981 hasta
junio de 1982” (03/01/83); Informe “Comisión de Análisis de Acciones en Combate –
COAC” (ARA 1983/7), informe del Comando de Infantería de Marina (1983/5), informe de
las Operaciones Atlántico Sur - Com ando Flota de Mar (1983) y el libro No Vencidos
(1998) del Contralmte. Horacio Mayorga, que constituye una versión “no oficial” de la ARA
en el conflicto de 1982 (Tessey, 2020, pp. 291-292).
24. La historia del Informe Rattenbach está marcada por filtraciones parciales, antes de su
desclasificación en 2012, “entre las que se destacan: a) el 23/08 y el 24/08/83, La Voz del
Interior (Córdoba) publicó fragmentos del informe; b) el 24/08/83, La Nación (CABA) hizo
otra publicación parcial; c) en su edición N.º 858 (23/11/83), la revista Siete Días le dedicó
su tapa y gran parte del número a una publicación parcial del Informe Final, que se
completó en el siguiente número (859) del 30/11/83. Otras publicaciones, aunque en
formato de libros y, supuestamente con el Informe Final completo, fueron: a) Informe
Rattenbach: el drama de Malvinas (1988), de Ediciones Espartaco (Bs. As.) y b) Informe
Rattenbach: investigación confidencial sobre la conducción política y estratégico -militar de
las Fuerzas Armadas Argentinas en la guerra de Malvinas (2000), de Ediciones Fin de
Siglo (Bs. As.), con prólogo de Osvaldo Bayer. En el sitio web del Centro de Ex
Combatientes de Corrientes (CESCEM) constaba textualmente el tom o Informe Final y
también en el libro 1982. Los documentos secretos de la Guerra de Malvinas/Falklands y
el derrumbe del Proceso (2011), de Sudamericana Random House (Bs. As.) (Tessey,
2020, p. 291).
25. Se acordó “extremar a un grado máximo las medidas de contrainteligencia, tanto en el
ámbito oficial como en el orden privado, por parte de todo el personal militar en actividad o
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retiro, que haya participado o participe en el estudio, elaboración, tramitación, análisis,
etc., de la documentación de referencia, a fin de prevenir y evitar la derivación de
información, comentarios, opiniones, trascendidos, directa o indirectamente relacionados
con la misma” (Ministerio de Defensa, 2014b, p. 293).
26. Según figura en el Acta, además de Remotti, el ECI estaba conformado por el
brigadier mayor Héctor Roy, el general de brigada Eduardo Garay, el brigadier Roberto
Camblor, el general de brigada Julio Ruiz y el contraalmirante Ángel María Rodriguez
como auditores, a los que se sumaron el capitán de navío Jorge Gnecco, el coronel Raúl
Alberto Ramallo y el teniente de navío Isidro Zoroza.
27. Esto fue efectivamente así: en 1986 el Consejo Supremo destituyó a los tres jefes
militares, condenó a Galtieri a doce años de prisión, a Anaya a catorce años y a Lami
Dozo a ocho años. En segunda instancia, en 1988, la Justicia civil ratificó las condenas y
las unificó en doce años de prisión. Un año después, el presidente Carlos Saúl Menem
indultaría a los comandantes a través del Decreto 1005/89. Para una reconstrucción del
procedimiento judicial del COSUFA sugerimos el trabajo de Cristian Rama (2022).
28. Como ha señalado Tessey (2020) —y puede verse en interpretaciones posteriores
como la introducción al Informe publicado por el Centro de Ex Combatientes Islas
Malvinas de La Plata (CECIM, 1988) o el documental Malvinas. La historia de la
usurpación: Informe Rattenbach (https://www.youtube.com/watch?v=yIWPnAIXDrI)—, se
han utilizado algunos fragmentos del Informe Final como una denuncia no solo hacia la
conducción de la guerra en el nivel superior, sino en todos sus niveles. Es decir, al no ser
de acceso público y al haber atravesado un proceso de filtraciones parciales e
interpretaciones sesgadas, quiso verse en el trabajo de la CAERCAS una denuncia hacia
la guerra y la dictadura. No obstante, con su desclasificación, y desde nuestro punto de
vista, esta mirada no ha cambiado y se mantiene como una fuente de explicación sobre el
fracaso bélico.
29. Esta publicación suscitó una reunión de la JM en la cual designaron como juez ad -hoc
al almirante Vicente Victoriano Baroja, para investigar la filtración, y se ordenó al
presidente que tomara medidas para que la justicia prohibiera próximas publicaciones
relacionadas.
30. Según Franco (2017), esa pérdida de peso se daba por la falta de respuesta al
problema de los desaparecidos.
31. Esta conclusión no intenta caer en el sentido común reduccionista de que el único fin
de la guerra fue resolver problemas internos, ya que un evento de estas magnitudes
responde a más de un factor que puede incluir a aquel. No obstante, el tenor de las
preguntas de la comisión y el plexo normativo desde el cual se realiza la evaluación y
asignación de responsabilidades, me perm ite mostrar que esta era una idea presente en
la interpretación política que hizo la CAERCAS.
32. Con este señalamiento no desconozco la existencia de hipótesis de conflictos con
países limítrofes dentro de las propias FF. AA., sino que hago explícita la interpretación
que se desprende de las responsabilidades asignadas por la CAERCAS al Proceso de
Reorganización Nacional en general y a los conductores de la guerra en particular.
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