Conclusiones

• Autor: José Daniel Cesano
• Cargo del Autor: Abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, graduado en la FDCS de la UNC
• Páginas: 64-66

palabras: cuando lo cuestionado es la pura inobservancia o

errónea aplicación de la ley sustantiva95, o la violación de una

forma procesal que acarrea la imposición de una sanción (vgr.,

nulidad)96, el recurso deberá ser el de casación; en caso

contrario, el de apelación. De esta manera, muchas cuestiones

que en sí mismas se reducen a controversias fácticas, y que por

esa razón escapan de la impugnación extraordinaria, podrán a

través de la apelación encontrar su posibilidad de revisión en

otra instancia.

Precisamente, en este último ámbito (esto es: el de la apelación)

ubicamos la materia de nuestro estudio97. En efecto, determinar si en

el caso concreto existió o no una determinada infracción disciplinaria

es un asunto que, en la gran mayoría de los casos, girará en torno de

aspectos eminentemente fácticos: por ejemplo, si el interno realizó o no

tal conducta; si la autoridad penitenciaria al sancionar y el juez de

ejecución al confirmar valoraron adecuadamente las pruebas de

descargo ofrecidas por aquél, cuestiones que, estrictamente

consideradas, no pueden ser tratadas en el marco de un recurso

extraordinario como el de casación, a no ser que en estos casos (que

tienen lugar durante la ejecución) se interprete que el recurso de

casación es “libre”, lo cual haría flexibilizar la rigidez propia derivada

de la taxatividad de sus motivos98.

V. CONCLUSIONES

1. Las disposiciones contenidas en el capítulo IV de la ley 24.660

constituyen, por su naturaleza, normas propias de un derecho penal

disciplinario. Ello surge no sólo de la finalidad perseguida por ese

subsistema normativo, sino además por: a) el carácter administrativo

(aunque controlable judicialmente) de las actividades materiales que

conforman la ejecución, b) el ámbito restringido de los destinatarios de

esas disposiciones, y c) la imposición administrativa de la sanción.

2. La posibilidad de que la tipificación de faltas disciplinarias se

produzca también por vía reglamentaria (art. 84, ley 24.660) tensiona

el principio constitucional de legalidad de la ejecución. Según este

principio, no se puede afectar ningún derecho del interno si no existe