Conclusiones

Autor:Mariana de Paula Pessôa Theophilo
Cargo del Autor:Director de Tesis
Páginas:215-224
 
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El presente trabajo fue desarrollado tomando por base la importancia de la creación de un sistema de solución de controversias en el marco regional. De manera general, todos los acuerdos de integración estudiados poseen previsión de este instrumento, esencial para el mantenimiento del orden y de los objetivos a largo plazo que se propusieron los Estados miembros.

El derecho internacional avanza continuamente en el tema ya que, a partir del surgimiento de los diversos procesos de integración, los conflictos que anteriormente eran solucionados mediante aplicación del derecho nacional de cada Estado, han pasado al ámbito comunitario. La implementación de los diversos tratados, acuerdos y protocolos, regulatorios de diversos aspectos de estos programas de integración, ha incrementado las relaciones jurídicas internacionales, cambiando también los parámetros primarios en materia de solución de diferendos.

Ante lo expuesto en los capítulos anteriores, es posible observar que cada subregión de América ha adoptado un mecanismo diferenciado para tratar los conflictos formados en su marco. Estos mecanismos oscilan entre sistemas jurisdiccionales completos -con previsión de tribunales permanentes, con capacidades que van desde la interpretación de los Tratados constitutivos hasta la intervención en los procedimientos contenciosos que involucren los Estados partes, la organización regional y sus ciudadanos- y mecanismos de menor complejidad, en el cual las divergencias son resueltas a partir del establecimiento de tribunales o paneles arbitrales, donde cada caso es encargado a opera-Page 216dores especializados, que decidirán las causas suscitadas según el ordenamiento jurídico regional.

Por un lado, el análisis de estos sistemas nos permite vislumbrar una evidente tendencia a la jurisdicción y a la legalización de los mecanismos de solución de controversias desarrollados en los procesos de integración del continente.

El mayor grado de jurisdicción en dichas regiones se muestra importante porque no solamente aporta estabilidad a los objetivos de la misma integración, obligando a que los miembros del bloque mantengan sus conductas dentro del esquema acordado, garantizando de esta forma la seguridad necesaria para atraer inversiones y posibilitar el incremento de los negocios en el ámbito regional; además, la existencia de un sistema de solución de controversias jurídicamente orientado permite que los Estados miembros resistan a presiones internas nacionales que puedan afectar los intereses integracionistas.

Sin embargo, por otro lado se mantiene la urgente necesidad de ascensión de los particulares a los mecanismos de solución de diferencias. En este sentido, todos los procesos presentan debilidades, sea en la propia previsión legal, sea en el momento de su aplicación práctica.

En el caso de la Comunidad Andina, así como en el Sistema de Integración Centroamericano, se ha confiado la función de solucionar las controversias existentes entre las partes a Tribunales de Justicia.

Según los procedimientos establecidos para la intervención del Tribunal de Justicia Andino, los particulares pueden acceder a prácticamente todos los mecanismos previstos, a excepción de las consultas prejudiciales, privativas de los jueces nacionales.

En las causas de nulidad, donde las partes requieren la invalidación de medidas comunitarias que violen las normas del ordenamiento jurídico andino, la jurisprudencia ha ablandado los requisitos exigidos a los particulares para la proposición de estaPage 217 acción. Asimismo, en las causas de incumplimiento por parte del Estado miembro de los compromisos acordados, los particulares perjudicados podrán hacer uso de la sentencia dictada por el Tribunal Andino para solicitar al juez nacional la indemnización de daños que le corresponda.

Las personas físicas y jurídicas podrán aun exigir el cumplimiento de una obligación omitida por un órgano del Sistema Andino de Integración (SAI), por vía del Recurso de omisión o inactividad, y solicitar que el mismo Tribunal comunitario ejerza la función arbitral para dirimir controversias que ocurran entre partes privadas o entre éstas y los órganos del SAI.

En la práctica, se ha percibido un gradual reconocimiento de las funciones del Tribunal Andino por parte de los ciudadanos de la comunidad, y las críticas que se presentan en contra del mecanismo de solución de controversias andino no recaen en los elementos intrínsecos al mismo.

Pese al asentamiento de este Tribunal, que inicialmente desarrollaba una actividad...

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