Conceptos fundamentales
| Autor | Benito Pérez |
| Cargo del Autor | Profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata |
| Páginas | 3-27 |
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Al derecho del trabajo se le ha dado en denominar nuevo derecho. Se trata de una disciplina jurídica que se origina y desarrolla como una de las consecuencias de la llamada revolución industrial, cuyas instituciones se perfilan, con caracteres propios, en el derecho positivo de nuestra época, durante el transcurso del siglo XIX y lo que va del XX.
Siendo, por tanto, un hecho natural que las instituciones jurídicas no aparecen por generación espontánea en la realidad histórico-social, debemos indagar cuál es su origen y las causas de su aparición y desenvolvimiento.
Las causas debemos buscarlas imprescindiblemente entre las funciones del Estado reguladoras de las acciones interhumanas, que atañen a la trama de la organización social, como una consecuencia de la idea de bien común, con el propósito de lograr un orden social justo.
Y entre las muchas funciones del Estado, está la de proveer con su legislación a solucionar los problemas de distinto orden que se susciten en las relaciones interhumanas, con el fin de realizar la justicia tendiente a preservar la dignidad de la persona humana y asegurar la paz social.
Ahora bien, para justificar la vigencia de una legislación destinada a cumplir tan loables objetivos, tenemos que referirnos necesariamente a la política social del Estado, mediante la cual se persigue la sanción de esa legislación.
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Debemos ocuparnos necesariamente de la política social, porque ésta hace a uno de los fines específicos del Estado, en la promoción del bien común o bien público, ya que tiene por objeto cubrir la universalidad de los bienes humanos, sean materiales o espirituales1.
Pero nosotros limitaremos el objeto de la política social a la solución de un problema conocido como la "cuestión social". Política social que se origina en una cuestión social que espera del Estado una solución justa a los problemas suscitados en las relaciones de convivencia entre el capital y el trabajo.
Por eso la política social, en cuanto señala objetivos al gobernante, atañe a uno de los fines del Estado. Y si bien los fines del Estado pueden ser múltiples, en lo que concierne a la política social, en este caso tienen un objeto específico, que es el de lograr una legislación social destinada a resolver el problema de la cuestión social, surgido en la realidad de nuestro tiempo a causa del trabajo asalariado, como una de las consecuencias de la revolución industrial que estatuye una estructura económico-social, intrínsecamente injusta, creada por el capitalismo moderno2.
Y si bien, sobre el concepto y contenido de la política social existe actualmente una gran disparidad de criterios entre los autores, en general podemos afirmar que la política social se propone conseguir una estructuración social más favorable que la existente en cada momento histórico en la vida de los pueblos. Por lo tanto, podríamos definir, con Legaz y Lacambra, la política social diciendo que es aquella rama de la actividad política que regula las situaciones y las relaciones de los individuos como miembros de una clase social o profesional, las de esas clases entre sí y las de unos y otras con el Estado, desde el punto de vista de la mejora de las situaciones y de la justicia de las relaciones3. De esta definiciónPage 5 se infiere que la política social tiene por objeto o finalidad dar solución al problema de la cuestión social. Problema éste consistente en el desequilibrio que se plantea entre las clases sociales: desequilibrio que constituye una injusticia no provocada por la clase que es víctima de ella. Tal es el factor que podemos calificar de objetivo de la cuestión social. Pero, a este aspecto objetivo se tiene que añadir un elemento subjetivo para que se pueda hablar con propiedad de cuestión social. Este factor subjetivo es la conciencia que posee la clase víctima del desequilibrio social de que su situación constituye una injusticia que debe ser reparada. Es lógico que allí donde falte esa conciencia, no se pueda hablar de cuestión social como dato sociológico. Así, por ejemplo, si nos imagináramos actualmente que las clases más menesterosas tenían como experiencia vital básica la resignación cristiana, subsistiría en ellas la injusticia, pero no se la viviría como problema y, por consiguiente, no se podría hablar de problema o cuestión social. Así ocurre en aquellas sociedades en las que existen los más injustos privilegios o desigualdades (p.ej., los sudras, entre los brahmanes; la esclavitud entre los pueblos de occidente hasta no hace mucho), donde la injusticia está sancionada por una religión que constituye una fuerza moral efectiva4.
Ahora bien, considerando a la política social como actividad del Estado y si ella está referida a la situación del trabajo asalariado, debe concretar su acontecer en una legislación que tenga por objeto establecer un orden de relaciones armónicas entre el capital y el trabajo, inspiradas en principios de justicia social.
Por tanto, la política social del Estado, en la prosecución de tan loables fines, debe tratar de ajustar toda elaboración positiva del derecho laboral a principios normativos supremos, inspirados por los dictados de una específica justicia social y las posibilidades sociológicas dadas.
Política, por tanto, tiene aquí el significado de juicios de valores éticos sobre problemas colectivos; nadaPage 6 tiene que ver con el sentido sociológico de la lucha por el poder. Política, consecuentemente, es sinónimo de "moral" o "ética". De esta manera, la política social trata de juicios de valores sobre la llamada "cuestión social", y determina las normas del recto proceder social-técnico para su solución y la buena marcha de la sociedad. Está determinada, pués, por un lado, por los imperativos que resultan de la justicia social y, por el otro, por las posibilidades que ofrece la situación sociológica e histórica5. De ahí, pués, que la búsqueda de la solución de los problemas socio-económicos que se propone resolver la política social, debe basarse en ciertos principios, como norma de acción, con el fin de alcanzar el resultado perseguido. Por tanto, los principios que informan la política social están dados por los fines que el gobernante se propone conseguir con su actuación en el orden social. De ahí también que el fin sea la norma de acción política, dirigida a la consecución del objetivo que se pretende alcanzar. Acción que, lógicamente, debe estar subordinada al fin propuesto y, éste, a su vez, determina los medios adecuados empleables para lograr la solución del problema social que el político se propone resolver. De este riguroso nexo lógico, entre la norma y la acción, surge un principio básico para toda la política social. El principio de la adecuación de los medios a los fines, que, según Torres, puede formularse, diciendo: "los medios o medidas empleados por la política social deben ser adecuados para la consecución de los fines propuestos"6.
Sobre la base de estas consideraciones se pueden señalar dos momentos en la construcción teórica de la política social, que son: 1) la formulación de los fines concretos que se persiguen, y 2) la determinación de los medios técnicos adecuados para lograr los fines señalados.
La formulación de los fines, como norma de acción, es tarea reservada al político, la que, generalmente está en concordancia con la ideología que informa el programa político que lo llevó al gobierno. En cambio, la de-Page 7terminación de los medios para obtener la consecución de los fines propuestos, es una tarea reservada al técnico, que es la persona idónea, encargada de indicar al gobernante cuáles habrán de ser las medidas más adecuadas para la obtención de los fines perseguidos.
La influencia de la política social en la génesis y evolución del derecho del trabajo es evidente y, de ahí que su estudio venga a ser indispensable, como lo advierten Camerlynck y Lyon-Caen7.
Recordamos, al pasar, que la política social del Estado ha ido evolucionando, como lo señalamos más adelante, a consecuencia del desarrollo económico.
El carácter progresista del derecho del trabajo es indudable y él se opera bajo la influencia de la política social, adoptada por el Estado. Así, a través de su evolución histórica, se comprueba que ella surge protegiendo a las personas consideradas más débiles, como los menores y las mujeres, y termina comprendiendo en su ámbito de aplicación personal a todas y cada una de las distintas categorías de trabajadores. El derecho del trabajo se aplica generalmente a todos los que prestan su actividad profesional en relación de dependencia, mediante un contrato de trabajo.
En este proceso de desarrollo se advierten ciertos períodos de retroceso, en los cuales el legislador se ha visto impedido de satisfacer las legítimas aspiraciones de los trabajadores a causa de una política socialmente conservadora, en desacuerdo con las directivas de una verdadera justicia social.
Como lo demuestra la experiencia histórica, en la evolución moderna de la política social han influido, indudablemente, las distintas ideologías políticas8.
La política social como, en general, toda política, sePage 8 mueve a impulso de una determinada ideología, esto es, de una concepción fundamental acerca de los fines del Estado, que va determinada por una concepción acerca del hombre y la persona humana, su valor específico y en relación con los valores de las comunidades históricas y, en especial, del Estado. Esta concepción, esta ideología, va siempre implícita en toda realización política y en toda legislación9.
Entre las...
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