Concepciones del derecho a no autoincriminarse y criminalidad de cuello blanco

• Autor: José Milton Peralta
• Páginas: 139-149

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CONCEPCIONES DEL DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE Y

CRIMINALIDAD

DE CUELLO BLANCO

José Milton Peralta*

Abstract

El derecho a no autoincriminarse está regulado en la Constitución Nacional y en los

tratados internacionales de una manera escueta: nadie puede ser obligado a d eclarar

contra sí mismo. Sin embargo, la legislación infraconstitucional, la jurisprudencia y la

doctrina le otorgan un alcance más amplio, en el que no solo la facultad de no prestar

declaración, sino también la de llevar a cabo cualquier otra conducta de colaboración activa

está abarcada por ese derecho. La pregunta es por qué ocurre esto. Ciertamente, eso no

surge de esas normas supralegales. Depende de alguna justificación más sustantiva. El

punto aquí es que otorgarle una u otra extensión a la prerrogativa no es inocuo, pues la

más amplia excluye modos de acceder a prueba que la más restringida admite: por

ejemplo, la posibilidad de obligar a entregar prueba documental. Ello es especialmente

relevante para la investigación de delitos de cuello blanco.

I. EL PROBLEMA: LA CONCEPCIÓN AMPLIA Y LA CONCEPCIÓN LITERAL

En el ámbito local, suele entenderse que el derecho a no autoincriminarse prohíbe que el

acusado pueda ser obligado a prestar cualquier tipo de colaboración en un proceso seguido

en su contra1. Es decir, que se aplica a cualquier clase de conducta activa que le pueda

resultar perjudicial. Esto incluye, desde declaraciones hasta la conformación de cuerpos de

escritura o la entrega de documentación. El acusado tiene derecho a permanecer pasivo

frente al accionar estatal. Llamaré a esta concepción del derecho a no autoincriminarse

concepción amplia.

La fuente jurídica de esta prerrogativa está en la Constitución y en los tratados

internacionales del mismo rango. En ellos pueden leerse las siguientes expresiones:

CN, art. 18: “Ningún habitante de la Nación puede […] ser obligado a declarar contra sí

mismo”.

CADH, art. 8.2.g: “Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a […] no ser

obligad[a] a declarar contra sí mism[a] ni a declararse culpable”.

PIDCP, art. 14, nro. 3, g: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a […] no ser

obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”.

Ciertamente, de una lectura de las normas en cuestión no surge que el derecho a no

autoincriminarse deba tener la amplitud antes mencionada. Allí solo se habla de declarar

contra sí mismo o de confesarse culpable. Es decir que, a primera vista, el derecho a no

autoincriminarse debería circunscribirse a comportamientos consistentes en expresiones de

ese tipo y no tendría que abarcar cualquier colaboración.

En otras latitudes, de hecho, el derecho a no autoincriminarse no tiene tal extensión. Por

ejemplo, en Inglaterra y Gales se entiende mayoritariamente que esta prerrogativa solo

alcanza al derecho a no ser obligado a testificar y que no debe incluir otros comportamientos

activos. Allí no existe una regulación expresa al respecto, pero esto se funda en la

Convención Europea de Derechos Humanos que establece que al acusado se le debe