Comunicación 'a' 5043/2010

Fecha de la disposición:30 de Marzo de 2010
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Que resulta también procedente indicar que el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio en esa dependencia, se encuentra supeditado al momento en que los organismos contratantes remiten los antecedentes necesarios para su pertinente análisis.

Que asimismo es preciso señalar que los actos administrativos tienen como uno de sus principales caracteres jurídicos la legitimidad, entendida como la validez del mismo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. 'Los actos administrativos, por serlo, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente alegada y probada en juicio; así sucede cuando se han desconocido o vulnerado principios de Derecho Público o garantías individuales' (CSJN, 19/2/76, ED, 68-417).

Que esa presunción de legitimidad es presupuesto de la posibilidad administrativa de ejecutar el acto, pues el acto que se presume legítimo tiene obligatoriedad y exigibilidad.

Que a consecuencia de la presunción de legitimidad, la ejecutoriedad del acto no está sujeta a suspensión por efecto de un recurso administrativo, siempre que el acto sea anulable.

Que si el acto es nulo, el recurso suspende la ejecución, entre otros motivos porque la nulidad prima facie hace decaer la presunción.

Que a la prerrogativa de la Administración para obtener el cumplimiento del acto por sus propios medios o ejecutarlo por sí, le corresponde como contrapartida la garantía otorgada al administrado de la suspensión de la ejecución del acto administrativo, que puede ser administrativa, judicial o legislativa.

Que así, la suspensión administrativa consagrada en el artículo 12 de la LPNA es aquélla dispuesta de oficio por la misma Administración o a petición de parte, y que tiene lugar cuando existen las causales previstas en esa norma con la consiguiente suspensión de la ejecución mediante resolución fundada de la Administración.

Que atento los párrafos precedentes corresponde mantener la postura de la Oficina Nacional de Contrataciones, por cuanto el acto administrativo en que se fundan las disposiciones atacadas por la recurrente, no presenta vicio alguno que afecte su legitimidad; ergo, tiene ejecutoriedad desde el momento de la notificación del mismo con la consiguiente obligación para la proveedora sancionada de cumplir con las obligaciones a su cargo dentro del plazo fijado por la administración.

Que en tal sentido los plazos en sede administrativa se computan a partir del día siguiente a la notificación, conforme lo establece el Artículo 1º, inc.e), punto 3º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549; no existiendo en el presente ningún elemento que suspenda la ejecución del acto administrativo en cuestión.

Que establecido que la Resolución Nº 11.494/07, antecedente de la Disposición ONC Nº 166/08, fue notificada el 13/12/07, es a partir de ese momento que el proveedor debe empezar a contar el plazo de diez (10) días para cumplir con la obligación a su cargo.

Que asimismo, a partir de ese momento comenzaron a correr los sesenta (60) días para interponer recursos.

Que el cumplimiento de la obligación a su cargo no tiene como requisito esencial que el acto administrativo respectivo esté firme, por imperio del artículo 12 de la LPNA y la doctrina esgrimida ut supra.

Que esclarecido este hecho, corresponde entonces analizar la sanción aplicada por el incumplimiento del pago en término en virtud de la Disposición ONC Nº 166/08, a la luz tanto de la ampliación de los fundamentos esgrimidos por la firma sancionada, como del cambio de criterio en lo que respecta a la posibilidad de graduar razonablemente el tiempo de vigencia de las sanciones que le compete aplicar a la Oficina Nacional de Contrataciones.

Que previamente, importa destacar que el pago de la penalidad fue realizado mediante la deducción aplicada a facturas presentadas por la firma sancionada.

Que resulta importante señalar que para resolver el recurso de reconsideración la Oficina Nacional de Contrataciones entendió que dicha deducción no implicaba que la sanción aplicada careciera de fundamento, ya que la causal se configuraba cuando la empresa no efectuaba el depósito en el plazo estipulado al efecto por el organismo contratante.

Que en tal sentido el Organo Rector del sistema de contrataciones públicas sostiene que el hecho de efectuar el depósito, o la deducción en este caso, implica que una vez transcurrido el término de la suspensión aplicada, la misma cesa en sus efectos porque la empresa ha cumplido con el pago, lo que no sucedería si no hubiese efectuado el depósito, ya que en ese caso correspondería la inhabilitación de conformidad con lo establecido en el artículo 146, inciso c) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 436/2000, compartiendo al respecto el criterio sustentado por la Procuración del Tesoro de la Nación. (Cf. Dictamen PTN 251:190.) Que la facultad de aplicar sanciones que posee esa Oficina Nacional reconoce, implícita o inherentemente, la posibilidad de graduar la duración de las mismas razonablemente, motivo por el cual resulta necesario evaluar las circunstancias y características de cada situación particular --que no siempre resultan previsibles--, ya que su mérito puede dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

Que aquello que define la aptitud para obrar en un ente jurídico es la relación del acto con los fines para los que fue...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA