La comprensión sindical de la competitividad

La intención del gobierno del presidente Macri de aumentar la inversión encontró diversos escollos. Casi sin excepción los potenciales inversores advierten la necesidad de mejorar la performance en tres cuestiones principales: la primera, bajar la muy elevada presión impositiva; la segunda, reducir el costo y riesgo laboral; la tercera, lograr cuanto antes la convergencia fiscal para disipar el riesgo de un nuevo default con sus consecuencias macroeconómicas. Estas tres preocupaciones se destacan sobre otras también importantes y en muchos casos interrelacionadas con aquéllas. El desborde del gasto público está detrás de la alta presión impositiva, pero a su vez tiene origen en la necesidad de crear el empleo que el sector privado no resuelve por falta de inversiones.

La legislación laboral en períodos populistas, incluyendo el de 2003-2015, incorporó sistemáticamente regulaciones supuestamente orientadas a proteger y beneficiar a los trabajadores, aunque finalmente perjudicaron al conjunto de la sociedad, incluyendo a los propios trabajadores.

Las regulaciones que protegen en exceso sólo a unos tienen esa característica. El ejemplo más conocido, que dejó un lamentable recuerdo en la Argentina, fue la ley de alquileres de mediados de los 40. Con la intención supuesta de favorecer a los más débiles, se dispuso congelar los alquileres y se introdujeron restricciones sobre los propietarios impidiéndoles desalojar y recuperar su propiedad. Se pretendía proteger a los inquilinos, que en la visión populista eran la parte más débil de la relación contractual. Efectivamente, al amparo de la inflación se les hizo un gran favor a los que ya alquilaban, pero se perjudicó a los que intentaron hacerlo luego de la ley. La inversión en viviendas de renta prácticamente desapareció y cientos de miles pequeños propietarios perdieron los ahorros de toda la vida.

Lo mismo sucede con las regulaciones laborales. Cuando encarecen o hacen más difícil la producción, lo que logran es desalentar las inversiones y afectar la creación de empleo. Tanto los empleadores como los trabajadores se defienden pasando a la informalidad. Pero no lo pueden hacer las empresas organizadas de alta tecnología, mientras, con más facilidad, lo practican las pymes y las empresas menos expuestas. Además de la pérdida de nuevas inversiones, merman la eficiencia y la productividad. Hay también una consecuencia moral en la inequidad en el pago de impuestos. Estas causas y efectos, si bien...