Se complica el tratamiento de la reforma judicial

El avance de la reforma judicial, anunciado por el Presidente como una de las políticas centrales de su gobierno, atraviesa complicaciones y demoras en el Congreso.

Pasado mañana se tratan en la Cámara de Diputados dos proyectos del Ministerio de Seguridad, los primeros del paquete de la reforma. Pero están trabados los cambios en la ley orgánica del Ministerio Público, considerada prioridad por la Casa Rosada, y se postergó sin fecha el tratamiento de la figura del arrepentido. En el Senado todavía no tuvo dictamen ninguna de las tres iniciativas enviadas en marzo por el Poder Ejecutivo.

Más allá del desenlace de la discusión legislativa, atada en buena medida al vínculo de la Casa Rosada con los gobernadores, hoy las críticas de la oposición van de lo general a lo particular. Los bloques opositores, incluso los que se muestran dispuestos a acompañar el proceso, coinciden en que las propuestas presentadas no constituyen una reforma integral del sistema judicial, que no existe una articulación adecuada entre los proyectos y que el Poder Ejecutivo pretende con alguna de las iniciativas intervenir en la disputa de poder que se da en los tribunales.

En el Gobierno destacan los avances, atribuyen las demoras a la cargada agenda parlamentaria y explican que el plan Justicia 2020 es una reforma integral que apunta a modernizar el sistema judicial. Los progresos legislativos, dicen, se van a ir dando por partes, como un rompecabezas. "Primero mandamos los proyectos que consideramos más urgentes. El resto está atravesando el proceso participativo que implica el plan Justicia 2020. Los cambios en el nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, están en esa etapa", dijo a LA NACION el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Martín Casares.

La oposición por ahora ve más sombras que luces. "Es un poco pretencioso llamarlo reforma judicial. Falta conexión entre los proyectos. Los que se trabajan en Seguridad están descolgados de los que presentó Justicia", evaluó el diputado Raúl Pérez, referente del Frente Renovador en temas judiciales. "No es una reforma judicial", coincidió la kirchnerista Diana Conti, y agregó: "Quieren licuar el poder de Comodoro Py, cortarle la cabeza a Gils Carbó [Alejandra, la procuradora general de la Nación] y dominar la Justicia".

Para el diputado Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista, el "principal defecto es que se proponen reformas para aplicar a un Código Procesal viejo, en lugar de avanzar con los...

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