Exposición comparativa. Ley nacional de amparo - ley provincial de amparo

• Autor: Luis R. Carranza Torres
• Cargo del Autor: Abogado (U.N.C.). Doctorando en Ciencias Jurídicas (U.C.A.).
• Páginas: 455-460

PRÁCTICA DEL AMPARO455

2. EXPOSICIÓNCOMPARATIVA. LEYNACIONAL

DEAMPARO-LEYPROVINCIALDEAMPARO

El propósito del presente es mostrar la marcada similitud

entre ambas normas, así como resaltar los puntos de diferen-

cia (señalados en bastardilla). Ambas normas deben ser com-

patibilizadas con el texto constitucional del nuevo art. 43 de la

Constitución Nacional (véase supra el punto 1.1), y en el caso

de la ley provincial, con lo normado en la Constitución de la Pro-

vincia de Córdoba, ya que ambas constituciones han sufrido mo-

dificaciones luego de la sanción de ambas leyes.

Leyes de amparo nacional y provincial

Art. 1º [ley nacional 16.986] - La acción de amparo será admisible

contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o

inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilega-

lidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente re-

conocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad

individual tutelada por el hábeas corpus.

Art. 1º [ley provincial 4915, mod. ley 5770] - La acción de amparo

será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública o de parti-

culares —ya sea que actúen individual o colectivamente y como personas

físicas o jurídicas— que, en forma actual o inminente lesione, restrinja,

altere o amenace con ilegalidad manifiesta las libertades, derechos y garan-

tías reconocidos y acordados por las Constituciones de la Nación y de la Pro-

vincia, con excepción de la libertad individual tutelada por el hábeas corpus.

Art. 2º [ley nacional 16.986] - La acción de amparo no será admisi-

ble cuando:

a) Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que per-

mitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que

se trate;

b) El acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial o haya

sido adoptado por expresa aplicación de la ley 16.970;

c) La intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la

regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio públi-

co, o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado;

d) La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una

mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstituciona-

lidad de leyes, decretos u ordenanzas;

e) La demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días

hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse.