Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 28 de Octubre de 2020, expediente CAF 010280/2020/CA001

Fecha de Resolución28 de Octubre de 2020
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala III

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III

10280/2020 COMPAÑIA TSB SA c/ EN-AFIP-DGI s/DIRECCION

GENERAL IMPOSITIVA

Buenos Aires, de octubre de 2020.- SH

Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 30

de junio de 2020, contra la resolución del 29 del mismo mes y año,

fundado por el escrito presentado electrónicamente el 2 de julio del corriente, cuyo traslado conferido el 15 de julio fue contestado por la AFIP-DGI mediante la presentación electrónica del 22 de julio; y,

CONSIDERANDO:

  1. Que la señora juez de primera instancia denegó

    la medida cautelar solicitada por la Compañía TSB SA a fin de obtener la autorización para acogerse a los beneficios del Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, dispuestos en la ley 27.541,

    y que, consecuentemente, se ordene a la AFIP que adecúe los sistemas informáticos a tal efecto (ver fs. 8 según lex100).

    Para así decidir, luego de reseñar los requisitos de admisibilidad de las medidas cautelares en general y lo establecido en la ley 27.541, reglamentada a través de la resolución 4667/20, consideró

    que la tutela anticipada requerida encuadra en el art. 14 de la ley 26.854.

    Bajo tales premisas, concluyó que para determinar la procedencia de la medida cautelar resulta necesario examinar la constitucionalidad de la ley 27.541 y que ello conduciría a abordar la cuestión de fondo atento la estrecha relación entre ambas peticiones (cfme. art. 3ro, inciso 4to, de la ley 26854). Agregó que no se conforman los requisitos enunciados en el art. 14 de la ley de medidas cautelares contra el Estado Nacional toda vez que: a) al no encontrarse TSB SA incluida entre los sujetos alcanzados por la ley, no existe un deber jurídico de la AFIP; b) el derecho que invoca no resulta verosímil, puesto que se debe examinar la constitucionalidad de la ley 27.541 y, c) tampoco se ha acreditado el perjuicio irreparable.

    Finalmente, señaló que si la demandante encauza su pretensión por la vía de la acción declarativa no podría tenerse por Fecha de firma: 28/10/2020

    Firmado por: C.M.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: S.G.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: S.M.M., SECRETARIA DE CAMARA

    configurado el requisito del peligro en la demora necesario para el otorgamiento de su medida cautelar.

  2. Que la parte actora expone los agravios que la resolución apelada le causa, desarrollando sus críticas en cinco capítulos.

    En primer lugar, cuestiona que la sentenciante se haya valido del argumento aparente referido a la coincidencia entre la medida cautelar y el objeto de la demanda principal. En tal sentido,

    explica que, en el caso, la inconstitucionalidad es manifiesta y que hasta podría haberse resuelto su planteo de pleno derecho, dado que la exclusión que efectúa en el art. 8º de la ley 27.541 de todos aquellos contribuyentes que no encuadren en la categoría MiPyME vulnera el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional. Precisa que basta para comprobarlo examinar la magnitud de los beneficios que la mencionada ley otorga y cita el art. 10º, referido a la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso, y a la extinción de la acción penal tributaria o aduanera prevista para los supuestos de cancelación total. Señala que no se encuentra excluida de la situación de Emergencia Nacional decretada en dicha ley y que el permiso que se requiere es para ingresar a un plan de pagos que permitiría el cumplimiento regular de obligaciones tributarias. Destaca que la medida cautelar requerida debe pronunciarse urgentemente y antes de la sentencia definitiva, que no colisiona ni coincide con la pretensión de fondo -vinculada a la declaración de inconstitucionalidad de la citada norma- y que de desestimarse la pretensión al momento de dictarse la sentencia de mérito, la admisión cautelar sólo habría demorado la recaudación de las deudas que se hubieran incluido en el plan cuyo ingreso se pretende, las cuales se verían incrementadas al adicionárseles los intereses resarcitorios correspondientes, así como las multas que hubiesen sido condonadas. Además, expone que su situación económica es apremiante y que, por ello, debe ingresar al plan de manera inminente.

    Fecha de firma: 28/10/2020

    Firmado por: C.M.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: S.G.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: S.M.M., SECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III

    10280/2020 COMPAÑIA TSB SA c/ EN-AFIP-DGI s/DIRECCION

    GENERAL IMPOSITIVA

    En segundo orden, manifiesta que se encuentran reunidos los requisitos que establece el art. 14 de la ley 26.854 para admitir la tutela anticipada. En cuanto al deber jurídico y concreto de la AFIP, destaca que no es otro que el de no incurrir en la evidente discriminación inconstitucional verificada por no encontrarse la empresa incluida entre los sujetos alcanzados por los beneficios de la ley 27.541,

    que sí están previstos para un grupo determinado de contribuyentes.

    Pone de relieve que la exclusión de la ley no responde a criterios objetivos o razonables, sino que genera una clara contradicción con la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, la generalidad y racionalidad que consagra el art. 16 de la Carta Magna.

    En el tercer agravio, cuestiona la apreciación que hace la señora juez respecto de la existencia de planes de pago vigentes,

    convenidos entre la actora y la AFIP. En especial, se queja que haya soslayado que la existencia de 34 planes de pago vigentes, en curso de ejecución, se informó junto con la emergencia sectorial iniciada a fines de 2019, sumada a la caída de las ventas por la situación de la Pandemia COVID-19, que hacen imposible la continuidad de dichos planes por impotencia financiera. Explica que la ley 27.541 regula idéntica situación en PyMes permitiendo la posibilidad de incluir y refinanciar planes de pago vigentes con el fin de evitar las cargas que ellos generan y que la regla de la ley fue el Emergencia Pública en materia Económica,

    Financiera, F., Administrativa, Previsional, Tarifaria, Energética,

    Sanitaria y Social, sectores vinculados a la situación de la actora. Al respecto, recalca que la Administración no desconoce de ninguna manera el informe contable aportado, de cuya lectura surge manifiesta la situación financiera en que se encuentra la apelante.

    Por último, cuestiona el argumento que “si la demandante encauza su pretensión por la vía de la acción declarativa no podría tenerse por configurado el requisito del peligro en la demora necesario para el otorgamiento de su medida cautelar”. Cita la segunda parte del art. 230 del Código Procesal e indica que lo afirmado en la Fecha de firma: 28/10/2020

    Firmado por: C.M.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: S.G.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: S.M.M., SECRETARIA DE CAMARA

    parte final de la resolución recurrida no resulta aplicable al caso, puesto que su parte invocó la verosimilitud del derecho vinculándola a la perentoriedad de los plazos fijados por la propia administración para acogerse a los beneficios del régimen instituido por la ley 27.541.

  3. Que, inicialmente, corresponde dejar sentado que -por regla- este Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301;

    291:390; 297:140; 301:970; esta S., “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; Inc. en autos: “Farmacity c/ EN -Mº Salud s/

    proceso de conocimiento”, del 27/3/14; “FRADECO SRL c/ ENM º

    Desarrollo Social y otro s/ proceso de conocimiento”, del 10/3/16, entre otros).

    A los fines de conocer sobre el recurso incoado,

    cabe recordar que la procedencia de las medidas cautelares como la solicitada en autos se halla condicionada, en los términos indicados por las...

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