Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 9 de Mayo de 2012, expediente B 64313

Presidentede Lázzari-Hitters-Negri-Genoud
Fecha de Resolución 9 de Mayo de 2012
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 9 demayode 2012, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde Lázzari, Hitters, N., G.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 64.313, "Compañía Financiera Argentina S.A. contra Municipalidad de M.. Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. Compañía Financiera Argentina S.A., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de M., con el objeto de que se declare la nulidad de la verificación tributaria del 22-III-2000, las resoluciones 45 del 25-VIII-2000 y 66 del 15-XI-2000 del Secretario de Economía y Finanzas y el decreto 360 dictado por el Intendente municipal el 15-V-2002, todos dictados en los expedientes administrativos 4079-33145/01, 079-13122/00 y 4079-12488/00.

    Por la verificación del 22-III-2000 y la resolución 45 del 25-VIII-2000 se determinó una obligación tributaria a cargo de la empresa actora, correspondiente a la tasa por habilitación de comercios e industrias. Por la resolución 66 del 15-XI-2000 se confirmó la decisión anterior y por el decreto 360 del 15-V-2002 se rechazó el recurso jerárquico, por considerarlo extemporáneo.

    Por consecuencia de la pretendida nulidad, solicita que se condene a la Municipalidad demandada a devolver a su favor el importe del tributo abonado y el 50% de los recargos fijados, con más los intereses correspondientes y las costas del juicio.

    Ofrece prueba y reserva el caso federal.

  2. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de M., por apoderado, y opone excepciones de inadmisibilidad de la pretensión, por cuestionarse un acto consentido y no haber cumplido con el pago previo del tributo y de cosa juzgada.

    Subsidiariamente contesta la demanda y sostiene la legitimidad de los actos administrativos cuestionados.

    Ofrece prueba y formula reserva del caso federal (fs. 228/278).

  3. A fs. 280/288 la parte actora contesta el traslado que, de las oposiciones al progreso de la acción, se le confirió a fs. 279.

  4. Agregados los expedientes administrativos 3000-1378/02-0, 1470/09, 4079-13.122 y 4079-33.145 -sin acumular- el expediente judicial de esta Corte letra B 62.329 y el alegato de la accionante (fs. 298/305), sin que la demandada haya hecho uso de su derecho, la causa quedó en estado de dictar sentencia por lo que el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

    C U E S T I O N E S

    1. ¿Es fundada la oposición formal al progreso de la acción?

      En caso negativo:

    2. ¿Es fundada la demanda?

      V O T A C I Ó N

      A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  5. En su escrito inicial, la parte actora alega acerca de la admisibilidad de la pretensión y expresa que solicitó en la Municipalidad el tratamiento de la anterior demanda -promovida en forma prematura según sentencia de esta Corte del 11-VII-2001- como recurso jerárquico contra la resolución 66/00, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92 de la Ordenanza General 267/1980 y ordenanza 11.654 que rige el procedimiento administrativo en Morón.

    En cuanto al pago previo del tributo, expresa que la norma vigente en ese entonces -ley 2961- sólo exigía el depósito delimpuesto, y por ese motivo el 23-XI-2000 únicamente abonó el importe de la tasa cuestionada.

    No obstante, a continuación agrega que el 23-I-2001 pagó el 50% de los recargos aplicados en la resolución 66/00, a raíz de un plan de regularización de deudas puesto en vigencia por la ordenanza 3019, que acompaña.

    También aclara que los depósitos se hicieron bajo el concepto de "tasa por inspección de seguridad e higiene" en la cuenta 1.028.620 a nombre de Efectivo S.A.S.D.; y a ese efecto destaca que la práctica municipal era ingresar el tributo bajo el concepto referido y aclarar en la boleta que el importe respondía a "derechos cambio denominación". En cuanto a la titularidad, manifiesta que "Efectivo S.A.S.D." resulta ser la sociedad que transfirió la habilitación comercial a la actora, por lo que ésta mantiene el mismo número de cuenta que la anterior, y aún no se ha concluido el trámite de cambio de nombre.

    Respecto de la decisión recurrida, relata que el 11-VII-2001 esta Corte rechazó la demanda promovida por la demandante, por prematura, al haber cuestionado un acto del Secretario de Economía y Finanzas que no resultaba ser la autoridad con competencia resolutoria final.

    Invoca el principio de informalismo a favor del particular y argumenta que, en realidad, por aplicación del art. 75 de la Ordenanza General 267/1980 esa acción prematura debió ser tratada como recurso jerárquico en la instancia administrativa.

    Cita doctrina y expresa que, a ese efecto, el plazo más extenso para promover la demanda judicial no puede interpretarse en perjuicio del plazo más breve para deducir un recurso jerárquico, de modo tal que debe entenderse que la promoción de la demanda judicial interrumpió el plazo para presentar el recurso jerárquico.

    Menciona precedentes de este Tribunal y resume que, ante la duda, debe evitarse una denegación de justicia y darse prioridad al derecho de defensa en juicio por sobre las cuestiones de índole formal. Trae a colación, para terminar, el principioin dubio pro actione.

  6. A su turno, la demandada niega que Compañía Financiera Argentina S.A. haya abonado el tributo cuestionado ni los recargos, que se hayan interrumpido los términos para recurrir conforme el art. 92 de la ordenanza de procedimiento administrativo y que la demanda judicial prematura pueda "recaracterizarse" como recurso jerárquico.

    Desconoce que en el caso se hayan afectado los derechos de la parte actora o que se haya incurrido en una denegación de justicia o en un exceso ritual.

    También opone excepciones de inadmisibilidad de la pretensión, por cuestionarse un acto administrativo que se encuentra firme y consentido; y de cosa juzgada, al entender que en realidad esta Corte ya resolvió -en la sentencia anterior- en sentido adverso a la pretensión de la demandante.

    Por último, reconoce que estas argumentaciones son extemporáneas pero que, de todos modos, la acción debe rechazarse en atención a los propios dichos de la parte actora.

  7. En el responde de fs. 280/288 la demandante destaca que la oposición de la demandada es extemporánea, y reitera las consideraciones vertidas en el escrito de inicio.

  8. De acuerdo con la reseña de antecedentes expuesta, juzgo que las oposiciones formales al progreso de la acción deben ser rechazadas.

    En efecto, por resolución del Tribunal del 14-IV-2004 (fs. 225) se declaró aplicable el nuevo Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, texto según ley 13.101), de acuerdo con las reglas y excepciones previstas en ese régimen legal.

    De modo que la cuestión a resolver se...

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