Comentario práctico a la ley 13.943: análisis crítico y agrupado de los artículos modificados

Autor:Juan Fernando Gouvert
Páginas:19-121
RESUMEN

II.1.a. Las nuevas facultades del particular damnificado (arts. 6, 79, 334 bis, 368 y 402) - II.1.b. Colofón - II.2.a. Las mayorías en las Cámaras de Apelaciones y Garantías. Afectaciones a la Colegiación Jurisdiccional en los Tribunales Orales. Reformas a los arts. 21 y 22 del CPP - II.2.b. Argumentos a favor de la validez constitucional del art. 22 del CPP - II.2.c. Colofón - II.3. Modificaciones en el Ministerio Público Fiscal. Intervención Unificación de actuación de Fiscal y la defensa Pública en distintas fases del proceso (arts. 56,56 bis, 58, 92 del CPP y 48, 49 de ley... (ver resumen completo)

 
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16 En este sentido: Una nueva reforma del Código de Procedimientos Penal de la
Provincia de Buenos Aires ha ocurrido y, ya con resignación quizás alguien con
entusiasmo, los distintos actores del sistema comienzan la tarea de intentar interpretar
los parches legislativos con intención de desentrañar los verdaderos alcances de la
modificación. La tarea no resulta fácil, en parte por la técnica legislativa utilizada y
mayormente porque nadie es ajeno a la situación social y política que impulsó la reforma,
como tampoco las intenciones de la misma y el inevitable reflejo en la tasa de encarcela-
miento que ello provocará”. Emiliozzi, Gustavo: Una
Re
forma que
De
forma, la ley
13.9431. La resulta del reciclado en materia de alternativas a la prisión preventiva,
morigeraciones y las facultades apelatorias del Fiscal,
Pensamiento penal
, sección
Doctrina, 1/12/2009 en línea www.pensamientopenal.com.ar.
18 Si bien el reciente auge por la participación social en la administración de justicia es
justo y merece tener respuesta del orden jurídico; también es cierto que el proceso penal
sigue siendo patrimonio, por lo menos en su etapa de instrucción, o investigativa, de los
actores públicos legitimados para recabar elementos que sustenten la hipótesis delictiva.
Los actores privados, como el querellante, deben acreditar ciertos requisitos para aspirar
a ser parte del mecanismo institucional de resolución de conflictos. El proceso penal,
entonces, no admite personas extrañas en sus actos ya que solo es público para los que
están legitimados legalmente desde su inicio (jueces, fiscales, todos actores a los cuales
la ley les confiere una particular función jurisdiccional) o para los que prueban que tiene
un especial interés para intervenir en éste.
II. COMENTARIO PRACTICO A LA LEY 13.943: ANALISIS CRITICO
Y AGRUPADO DE LOS ARTICULOS MODIFICADOS
Nos ocuparemos de la novel modificación otra más16 dispuesta por
ley 13.94317 al Código Procesal Penal bonaerense18 que fortaleció la figura
REFORMAS DEL PROCESO PENAL BONAERENSE
20
del particular damnificado19, en pos de imprimir una mayor celeridad al
proceso y profundizar el sistema acusatorio20, entre otras modificaciones
importantes.
A continuación, haremos un comentario crítico y comparativo de las
principales modificaciones del ritual penal,
con mención al impacto en la
praxis diaria y a las potenciales afectaciones –algunas explícitas, otras
solapadas– que la aplicación de la ley puede ocasionar a las garantías
constitucionales.
Sin más,
expondremos los puntos relevantes de la reforma, describien-
do y valorando sus alcances priorizando un enfoque práctico desde la
“trinchera”
21
de la litigación penal diaria
22.
19 Así, la aplicación de la ley penal de fondo dejó de ser propiedad exclusiva de los
operadores especializados en derecho (jueces, fiscales, abogados, defensores, etc.) que
son “técnicos de la ciencia jurídica para ceder terreno a la intervención de las víctimas de
los delitos, desde sus familiares hasta distintas organizaciones que bregan por el respeto
y vigencia de los derechos humanos en sus diferentes expresiones. Un ejemplo de este
fenómeno, que no es nada nuevo, se manifiesta también en los organismos, que aunque
son entes privados y no partes estrictas del proceso, tienen intereses directos e inmediatos
en la resolución del conflicto. De esta forma, personas que antes eran meras espectadoras
de la estructura judicial, hoy forman parte activa de la formación jurídica de la verdad.
20 Entre los fundamentos de la ley se lee Existe una impostergable necesidad de
reforma de la justicia penal bonaerense, tendiente a profundizar el sistema acusatorio para
mejorar la respuesta del sistema penal a los graves conflictos que reclaman su interven-
ción, acelerando los procesos penales y optimizando los recursos existentes, adecuando
para ello sus órganos y sus procedimientos, asegurando coetáneamente los derechos del
imputado y garantizando una mayor tutela de los derechos de la víctima. El presente
proyecto, ha tenido en cuenta el resultado arrojado (los reclamos de la sociedad en su
conjunto), la consulta efectuada a los actores del sistema judicial y legisladores con el fin
de analizar, discutir y consensuar las modificaciones propuestas mediante análisis
interactivo, compatible con un concepto democrático del ejercicio de los poderes de
gobernar y legislar”.
21 La palabra usada no tiene ni puede asignársele un contenido belicista, sino que
intenta graficar el enfoque con que se abordará el presente opúsculo.
22 En la actual vorágine social están hoy los abogados, lidiando en forma directa con
las repercusiones del fenómeno criminológico. Ya sea asesorando a víctimas o defendien-
do a los inculpados, los abogados aportan su conocimiento y estrategia jurídica para
cimentar el legítimo interés de su cliente. También brindan prudencia y sentido común para
encauzar judicialmente los dramáticos, enjundiosos y muchas veces impacientes recla-
mos de sus patrocinados.
El abogado cuando asume una defensa penal a menudo debe ingeniárselas para que
su cliente no sufra un menoscabo solapado v. g. retaceos para ver la causa, secreto de
sumario, etc. o manifiesto v. g. restricciones en el contacto con el imputado, demoras u
omisiones al proveer rechazo de prueba para acreditar la ausencia de riesgo procesal, por
ejemplo en su derecho de defensa, sin olvidar la tendencia legislativo-judicial que busca
resultados en la faz punitiva, lo que significaría detenidos, elevaciones a juicio, etc.
Va de suyo que no esta mal optimizar los recursos del estado para que el sistema
penal sea eficaz, siempre y cuando para tal objetivo no se acorten, restrinjan o limiten,
aun en forma encubierta, elementales garantías jurisdiccionales del inculpado en el
proceso penal.
COMENTARIO PRACTICO A LA LEY 13.943 21
II.1.a.
Las nuevas facultades del particular damnificado
(arts. 6, 79, 334 bis, 368 y 402)
El nuevo art. 6 establece que: La acción penal pública corresponde al
Ministerio Público Fiscal23, y a continuación se le agrega sin perjuicio de
la participación que se le concede a la víctima y al particular damnificado.
Las peticiones del particular damnificado habilitarán al juez o tribunal a abrir
o continuar el juicio, a juzgar y a condenar con arreglo a las disposiciones
de éste Código. La participación de la víctima como del particular damnifica-
do no alterará las facultades concedidas por la ley al Ministerio Público, ni
lo eximirá de sus responsabilidades”.
La reforma en trato reformuló la primera parte del artículo reemplazan-
do la voz se ejercerá” por corresponde y eliminando, en vista a las nuevas
facultades de la víctima y particular damnificado, la voz exclusivamente”.
Así, con una técnica legislativa deficiente y confusa –“sin perjuicio
de...” “no alterará...”– la reforma intenta dejar en claro que la maximización
de las facultades y derechos acordados al particular damnificado24 no
colisionan25 con las potestades del Ministerio Público Fiscal como titular
primario ahora no excluyente del ejercicio26
de la acción penal27,
dado que
23 Es sutil pero cabal la diferencia con la anterior redacción La acción penal se ejercerá
exclusivamente
por el Ministerio Público Fiscal”,
lo que ratifica la actual cotitularidad y
ejercicio subsidiarios de la acción penal que tiene el particular damnificado.
24 Así, los Pactos Iinternacionales reconocen a los ciudadanos recursos sencillos y
pidos ante jueces y tribunales competentes a fin de obtener amparo contra actos que
violen sus derechos fundamentales (art. 25 Convención Americana de Derechos Huma-
nos; art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 entre otros de
la Convención contra la Tortura y otros tratos penales crueles inhumanos o degradantes
e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nros. 28/92 y 29/92 en
los que se señala que el derecho a querellar constituye un derecho fundamental del
ciudadano).
25 Expresa el Dr. Bertolino: El sentido de la reforma es claro: las nuevas participacio-
nes otorgadas al particular damnificado y a la víctima dejan incólumes, como no podría ser
de otro modo, las facultades y obligaciones del Ministerio Público Fiscal. Bertolino, Pedro
J.:
Código Penal de la Provincia de Buenos Aires. Comentado y anotado con jurispruden-
cia provincial
, 9na ed. actualizada, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009, pág. 42.
26 En rigor de verdad, la titularidad de da acción penal no le pertenece al Fiscal, sólo
es de su órbita el ejercicio, la acción penal pertenece al Estado. Grappasonno, Nicolás:
El proceso penal en la Provincia de Buenos Aires, Estudio de las distintas reformas y el
sistema vigente
, Buenos Aires, Ediciones Gowa, 2009, pág. 271.
27 En el ámbito de la Teoría General del Proceso su tarea se asemeja a la intervención
adherente autónoma o litis consorcial. Como litis consorte facultativo su legitimación se
encuentra determinada por su condición de ofendido por el delito, puede asumir actitudes
independientes e incluso contrapuestas a la parte de quien se dice adhiere, gozando de
autonomía en cuanto a su gestión en el proceso. Palacio, Lino:
Derecho Procesal Civil
,
Abeledo Perrot, 1970, T. III, pág. 244.

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