Comentario al fallo 'Muiña' de la Corte Suprema de Justicia

Autor:Juan Pablo Gomara - Martín Daniel Lorat
Páginas:195-210
 
EXTRACTO GRATUITO
REDEA. DERECHOS EN ACCIÓN | Año 2 Nº 3 | Otoño 2017
pág. 195
JURISPRUDENCIA |
Comentario al fallo “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia
Por Juan Pablo Gomara y Martín Daniel Lorat
1. Introducción. 2. Las cuestiones penales en discusión. 2.1. La ley 24.390. Los funda-
mentos del cómputo privilegiado. 2.1.1. Ley penal. 2.1.2. Ley penal más benigna. 2.2. El
delito permanente. 2.2.1. Ley al momento del inicio de la conducta. 2.2.2. Ley al momen-
to del ces e. 2.2.3. La posición de la Corte Suprema. 3. Las discusiones de las cuestiones
penales en el contexto de los delitos de lesa humanidad o de graves violaciones a los
derechos humanos. 3.1. Responsabilidad internacional del Estado. 3.2. La aplicación del
cómputo privilegiado a los delitos de lesa humanidad. 3.3. El delito permanente como
delito de lesa humanidad. 4. La ley 27.362. 5. Conclusiones.
1. Introducción
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en este precedente expedirse expre-
samente, por primera vez, sobre la aplicación del cómputo privilegiado que establecía el
art. 7º de la ley 24.390, a un penado por delitos considerados de lesa humanidad cometi-
dos durante la última dictadura militar.
De esta manera, con las opiniones de los Jueces Rosenkrantz, Highton de Nolasco
y Rosatti, se jó como criterio de interpretación que dicha normativa iba a regir el caso,
motivo por el cual cada día de encierro cautelar del imputado que superara el segundo
año de detención debía computársele doble.
Lo cierto es que más allá de las discusiones técnicas en materia de derecho sustantivo
que al respecto se pudieran plantear (ley penal más benigna; vigencia de las leyes pena-
les y procesales penales en el tiempo; delitos permanentes y normas aplicables durante
su comisión; etc.), el motivo central que impone un comentario sobre lo decidido por la
Corte Suprema excede concretamente aquel límite, puesto que se vincula con el modo
en que el Estado de Derecho en su conjunto se enfrenta a la temática del juzgamiento
y castigo de los delitos de Lesa Humanidad a partir de las obligaciones que el propio
Estado asume internacionalmente.
2. Las cuestiones penales en discusión
En el caso, se han debatido diferentes cuestiones que se encuentran atravesadas por dis-
cusiones que no son nuevas. Tanto el concepto de ley penal, la extensión a las denomi-
nadas leyes penales en sentido material, como el principio de irretroactividad de la ley
y la excepción de la ley penal más benigna, han sido objeto de discusiones doctrinarias
y posicionamientos jurisprudenciales diversos. Lo mismo ha ocurrido con la proble-
mática relativa al delito permanente y cuál, de las diferentes leyes vigentes durante su
consumación, es la ley aplicable.
A continuación haremos una breve reseña de estas discusiones, de las posturas que inte-
gran el debate y de las diversas soluciones jurisprudenciales que en algunas ocasiones la
Corte Suprema de Justicia ha ido ofreciendo en los últimos años.
2.1. La ley 24.390. Los fundamentos del cómputo privilegiado
El análisis de la norma en cuestión posee distintas aristas, que en este nota a fallo no
serán abordadas (puntualmente, aquellos vinculadas con la duración del encierro du-
REDEA. DERECHOS EN ACCIÓN | Año 2 Nº 3 | Otoño 2017
pág. 196 | JURISPRUDENCIA
rante el proceso o la razonabilidad del mismo, a tenor de lo establecido en el art. 7.5.
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del que la ley mencionada se
autoproclama reglamentaria), sino que –por cuestiones metodológicas- solo nos limi-
taremos a tratar lo vinculado a los alcances del art. 7°, que establecía que transcurrido
el plazo de dos años de encierro preventivo, se iba a computar por un día de prisión
preventiva dos de (pena de) prisión o uno de (pena de) reclusión.
Como se advierte, era de aplicación la normativa a los supuestos en que los procesos
penales se prolongaran en exceso, generándose un perjuicio concreto a la persona que
se hallaba privada de la libertad sin condena. Esa situación (la de estar detenido por un
tiempo muy largo sin una sentencia rme que destruyera el estado de inocencia cons-
titucional –art. 18 de la C.N.-) generó, en la práctica, una realidad de hacinamiento
carcelario que llegó a presentar ribetes críticos, con episodios de protestas en los centros
de detención que culminaron luctuosamente.
Ante la necesidad de acortar la duración de dichos encierros preventivos, se sancio
la norma en estudio con una nalidad clara: limitar y culminar con las situaciones en
que las detenciones durante el proceso resultaban muy prolongadas. Esto es, ante la
inadecuada respuesta judicial en torno a la celeridad de los juicios, el hacinamiento y la
sobrepoblación carcelaria, se adoptó una respuesta legislativa especíca, lo que permitió
acortar los tiempos de cumplimiento de las detenciones provisionales, habilitándose –de
esa manera- excarcelaciones que pusieran n a aquellas.
Desde una óptica contraria, con eje en las –hipotéticas- situaciones de injusticia que la
aplicación de la norma imponía, quienes se manifestaron en contra del cómputo privile-
giado, sostenían que las penas –aún para los delitos más graves- se iban a acortar concre-
tamente en su duración. Si bien esta objeción aparece como válida en abstracto, cuando
se vuelca sobre el análisis de los casos concretos, colisiona con los alcances de un encie-
rro preventivo con una duración razonable.
Esto es, si una persona sometida a proceso –detenida sin una sentencia rme- estaba
acusada de la posible comisión de un delito penado con una sanción [denominada]
perpetua, con el recto entendimiento de lo establecido en el art. de la ley 24.390, podía
acceder a su excarcelación (en términos de libertad condicional) a los once -11- años de
privación de libertad (conf. texto art. 13 del Código Penal anteriormente vigente).
La pena, si bien se licuaba notoriamente en cuanto a su duración, respondía –dicha
manera de computarla- a la necesidad de respetar los alcances de lo establecido en el
art. 7.5. de la C.A.D.H. en las condiciones de su vigencia, puesto que –de lo contrario-
la situación de incertidumbre que el procesado vivía, en condiciones de hacinamiento
y sobrepoblación (las que deben necesariamente ponderarse a la hora de merituar los al-
cances de las leyes reglamentarias de los derechos humanos de las personas privadas de
la libertad), recaían siempre sobre aquel, y no en un recto entendimiento de los alcances
del principio pro personae.
De allí que los fundamentos utilizados para sancionar el cómputo del 2 por 1 respondie-
ron a lo establecido en los tratados internacionales de derechos humanos respecto al
lapso razonable del encierro durante el proceso, ponderándose –al efecto- la realidad

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA