Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 19 de Febrero de 2002, expediente AC 79699

Presidentede Lázzari-Pisano-Negri-San Martín-Pettigiani
Fecha de Resolución19 de Febrero de 2002
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a diecinueve de febrero de dos mil dos, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, P., N., S.M., P., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 79.699, “Colombo, A.R. contra Sandaza, S.A.. Daños y perjuicios”.

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores -por mayoría- hizo lugar a la defensa interpuesta por la demandada, declarando en consecuencia la prescripción de la acción, confirmando por distintos fundamentos la sentencia en lo que se refiere al rechazo de la demanda entablada.

Se interpuso, por el apoderado de la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  1. La Cámara Civil y Comercial del departamento judicial de Dolores, por mayoría, acogió la excepción de prescripción articulada por el demandado y rechazó por ese motivo la demanda de autos.

    Para ello tuvo por correcta la tesis del demandado acerca del dies a quo a tener en cuenta para calcular el plazo de la prescripción bienal de la acción conforme al art. 4037 del Código Civil, por lo que concluyó en que la conversión del sobreseimiento provisorio en definitivo, que tuviera lugar en la causa penal correspondiente, se había producido ipso iure el 11 de noviembre de 1994, por lo cual había transcurrido dicho término, en contra de lo argüido por el actor, para quien la fecha de inicio del cómputo debía ser el de la resolución obrante a fs. 95 de la mencionada causa.

    Señaló que tratándose la prescripción de un instituto de orden público no podía depender de la solicitud de la parte ni de la conversión de oficio por el juez ya que lo contrario elongaría, indefinidamente, la consolidación o liberación de derechos y obligaciones con detrimento de la seguridad jurídica.

  2. Contra dicho pronunciamiento se alza el apoderado del actor, quien reproduce los fundamentos del primer voto en minoría del tribunal a quo y menciona la solución del juzgador de primera...

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