Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 8 de Junio de 2023, expediente I 72506

• Presidente del tribunal: Mancini-Natiello-Maidana-Milanta
• Número de expediente: I 72506
• Fecha: 08 Junio 2023

I.72.506 “COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BS. AS. C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEYES 13.661 Y 14.441”

AUTOS Y VISTOS:

1. En primer lugar, corresponde aceptar las excusaciones formuladas en autos por el señor Juez doctor S.G.T. y por la señora Jueza doctora M.F.B..

   En virtud de ello y de lo que surge de la resolución de fs. 204 así como del acta de fecha 21-VI-2022, debe tenerse por constituida esta Suprema Corte con los señores Jueces doctores C.A.N., R.R.M., L.M.M., J.O.L.M., R.D.S.A. y las señoras Juezas doctoras A.M.B. y C.A.M..

2. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires persigue en este proceso la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 5, 9, 13 y 17 de la ley 14.441, promulgada el 9 de enero de 2013 y de los arts.18, 24, 29 bis y 33 de la ley 13.661 -texto según ley 14.441-, que establecen las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

   Entre los argumentos medulares, refiere que con la modificación de la ley 14.441 el Jurado de Enjuiciamiento tendrá las mismas facultades que las leyes otorgan a los jueces, lo cual afectaría la naturaleza política e institucional del órgano en cuestión que le es reconocida por la Constitución provincial. Señala, también, que la confusión de roles entre acusador y juzgador que se genera con la modificación en la integración de la Comisión Bicameral puede potencialmente derivar en conflictos de intereses y prejuzgamiento por parte de los sujetos integrantes del mismo; lo cual generaría una intromisión indebida del Poder Legislativo en el Poder Judicial en virtud de que legisladores acusadores, con intención de apartar a magistrados y funcionarios de sus cargos, se convertirían en parte del órgano encargado de definir la suerte de dichos magistrados y funcionarios judiciales.

   Puntualiza, por otra parte, que la incorporación en el art. 29 bis de la figura del "apartamiento preventivo del cargo" es lesiva de la garantía de inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta y, por consiguiente, constituye una violación de los arts. 176, 180 y 183 de la Constitución provincial.

   Por último, se queja de la reducción del plazo para contestar la acusación porque considera que va en desmedro del ejercicio del derecho de defensa del magistrado o funcionario investigado.

3. El 26 de junio de 2014 el señor Asesor General de Gobierno se presenta a contestar la demanda, oportunidad en la que realiza una defensa de la constitucionalidad de las normas impugnadas (v. sello de cargo a fs. 89 vta.).

4. En la presentación electrónica del 3/4/2019 a las 2:59:30 p.m. titulada "Amplía demanda. Solicita se corra traslado", la actora denuncia la sanción de la ley 15.031 por medio de la cual se habrían introducido una serie de modificaciones a la ley 13.661 -texto según ley 14.441- que agravarían la figura del apartamiento preventivo de jueces, motivo por el que persigue se extienda el objeto de la pretensión inicialmente expuesto, al control de constitucionalidad de la nueva norma.

5. El señor Asesor General de Gobierno plantea la improcedencia de la ampliación de la demanda introducida por la actora (v. escrito presentado el 26/2/2020, 11:15:35 a.m.).

   Para así hacerlo sostiene, por un lado, la deficiente fundamentación de la cuestión constitucional y, por el otro, que al hallarse trabada lalitisla extensión de la impugnación a la ley 15.031 importaría una alteración sustancial del objeto litigioso luego de haber precluído la etapa procesal oportuna para hacerlo.

6. Pasan los autos al acuerdo con el objeto de resolver la admisibilidad de la ampliación de la demanda deducida por la entidad actora bajo las circunstancias impeditivas alegadas por el señor Asesor General de Gobierno.

   VI.1. En los procesos de conocimiento ordinario que disciplina el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires -cuyas reglas rigen el trámite de la acción originaria de inconstitucionalidad-, por aplicación del principio dispositivo, les corresponde a las partes determinar el alcance de la cuestión a resolver de acuerdo a los hechos alegados y controvertidos en sus escritos postulatorios.

   Es por ello que la modificación o ampliación de la demanda -y, por tanto, la...