Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 31 de Agosto de 2021

Fecha de Resolución31 de Agosto de 2021
EmisorCorte Suprema de Justicia
Cita702/21
Número de CUIJ21 - 513828 - 8
  1. 310 PS. 270/273

    Santa Fe, 31 de agosto del año 2021.

    VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia 210 del 26 de octubre de 2020 dictada por la Sala Segunda -Integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en autos "COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DISTRITO II contra SICAMAR METALES S.A. -JUICIO ORDINARIO- (CUIJ 21-02898892-0)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00513828-8); y,

    CONSIDERANDO:

    1. Conforme surge de las constancias de la causa, por sentencia del 26 de octubre de 2020, la Sala Segunda -Integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario hizo lugar al recurso de apelación del actor y revocó, en consecuencia, la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda incoada, con costas a la demandada.

      Contra tal pronunciamiento, la accionada dedujo recurso de inconstitucionalidad por considerar que el mismo no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción (artículo 1, inciso 3° de la Ley 7055), en tanto mediante afirmaciones dogmáticas admite una pretensión genérica e imprecisa, exige una conducta contradictoria al recurrente y crea una facultad no prevista en la ley (exigir documentación a terceros no matriculados) pero que surgiría del estatuto, el cual implica un exceso en el ejercicio de la facultad delegada por parte de la Provincia al Colegio.

      En particular, sostuvo que la Alzada admitió la demanda cuando la pretensión de la actora, tal como estaba planteada, era genérica e imprecisa e impedía a su parte conocer qué documentación se pretendía a fin de poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa, más allá de afirmar la ausencia de facultades del Colegio para exigirla.

      Asimismo, el recurrente tildó a la resolución de arbitraria por cuanto entendió que el Colegio, en virtud del ejercicio del poder de policía delegado por la Provincia, tiene facultades de exigir documentación a terceros no matriculados. Cuestionó que para así decidir, la Sala se basara en los artículos 9 y 25 inciso d) del Estatuto del Colegio y en el artículo 4 inciso e) de la ley 11291.

      Sobre esta cuestión, el quejoso afirmó liminarmente que la actora introdujo el fundamento de la persecución del ejercicio ilegal de la profesión luego de obtener sentencia desfavorable en primera instancia -al expresar agravios-, sin acreditar efectivamente que existía tal conducta. Y que...

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