Coimas y aprietes policiales

Tras el cambio de autoridades en la provincia de Buenos Aires, la flamante gobernadora, María Eugenia Vidal, decidió encarar uno de sus principales desafíos, del que dependerá buena parte del éxito de su gestión: el siempre proclamado pero hasta ahora nunca concretado saneamiento de la policía bonaerense.

A diferencia de varios de sus antecesores, Vidal no dudó y avanzó, y cuando comenzaron las represalias tampoco cedió. Así, por ejemplo, obligó a los oficiales superiores a presentar sus declaraciones juradas de bienes. Otra medida de peso fue el apoyo a las investigaciones tanto internas como judiciales sobre la tan densa como extensa red de corrupción que desde hace años envenena a esa fuerza policial que, con sus 90.000 efectivos, es la principal del país.

Es necesario comprender cómo funciona esa red nefasta para hacerse una idea cabal de la magnitud de la empresa encarada y de la necesidad de llevarla a cabo cueste lo que cueste, pese a las represalias.

Una prueba de esas represalias fue la labor de espionaje que realizaban dos agentes sorprendidos mientras revolvían los cajones de un escritorio en la antesala del despacho de Vidal. Otra prueba, que también puede interpretarse como un mensaje mafioso, fue el reciente ingreso de desconocidos en la residencia que Federico Salvai, ministro de Gobierno de la provincia, tiene en La Plata, donde revolvieron las pertenencias sin llevarse nada.

Un importante elemento en el proceso de limpieza interna fue el descubrimiento de 36 sobres en la oficina de un subcomisario de la Jefatura Departamental de La Plata, rotulados con los números de algunas de las 42 comisarías agrupadas por esa jefatura. Los sobres contenían 153.700 pesos de coimas que algunos comerciantes habían pagado a cambio de protección. Algunos efectivos de las 42 comisarías eran los encargados de recaudar el dinero, se quedaban con una parte y enviaban el monto mayor a la Jefatura Departamental.

Esa investigación comenzó luego de la detención del subteniente Patricio Miguel Másana, quien habría intervenido en el robo a la casa del intendente de La Plata, Julio Garro, hecho que se interpretó como una venganza contra Vidal por haber impuesto las declaraciones juradas de bienes. Pese a que el sueldo de Másana apenas superaba los 18.000 pesos, alquilaba una casa en un exclusivo club de campo cerca de La Plata a razón de 40.000 pesos mensuales. Entre los acusados figura un comisario mayor.

La red de corrupción en la que se encuentra...