Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 31 de Octubre de 2016, expediente L. 119422

PresidenteHitters-Kogan-Pettigiani-de Lázzari
Fecha de Resolución31 de Octubre de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 31 de octubre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresHitters, K., P., de L.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo extraordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.422, "Clemente, D.G.E. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo nº 3 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 196/201).

El Fisco de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 206/211 vta.), concedido por el juzgador de grado a fs. 212.

Dictada a fs. 227 la providencia de autos, sustanciados los traslados que, en razón de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. leyes 26.994, BO de 8-X-2014 y 27.077, BO de 16-XII-2014) se ordenaron a fs. 220, hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia y dada la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

    Caso afirmativo:

  2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorH. dijo:

    1. En virtud de lo resuelto por esta Corte en casos sustancialmente análogos (causas L. 118.131 "V.", res. de 3-XII-2014; L. 118.403 "Bruch"; L. 118.045 "Chocobar"; L. 118.193 "L.", res. de 1-IV-2015; L. 118.390 "G." y L. 118.168 "Grismau", res. de 26-III-2015, entre muchas otras), corresponde responder afirmativamente el interrogante aquí planteado (art. 31 bis, ley 5827 y modifs.).

      En efecto, desde lo resuelto en la citada causa, este Tribunal ha declarado que la mentada incorporación de la excepción a la carga prevista en el art. 56 de la ley 11.653 constituye una manifestación legislativa del ejercicio de la facultad constitucional de reglar los recaudos procesales de admisión de los recursos extraordinarios locales, con arreglo a la cual se sustrae a la Provincia de Buenos Aires del cumplimiento de esa erogación económica en caso de sentencia de condena.

      Desde esta perspectiva, hubo de concluirse que la indicada exención no se exhibe reñida con el propósito legal, ni se vislumbra irrazonable o arbitraria, toda vez que no aparece comprometida la finalidad tuitiva del precepto, en tanto y en cuanto se torna operativa la presunción de solvencia que ampara a los Estados provinciales (conf. CSJN L.118.XXII "La Plata Remolques SA c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa" Fallos: 311:1835; sent. de 13-IX-1988; U.19.XXII "Universidad Nacional de Tucumán c/ Catamarca, Provincia de s/ acción meramente declarativa", sent. de 6-X-1988; A.667.XXII "Asistencia Médica Privada SAC c/ Chaco Provincia del s/ cobro de pesos", sent. de 12-VI-1990; C.378.XXII "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Chaco, Provincia del s/ Ejecución fiscal", sent. de 30-V-1995), aun en situaciones de emergencia (conf. CSJN, S.2960.XXXVIII "Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ ejecutivo", sent. de 1-IX-2003; Fallos: 316:107; 318:1084 y sus citas; 324:1784; entre muchos otros).

    2. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial y, en consecuencia, bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.

      Voto por laafirmativa.

      Los señores jueces doctoresK., P.yde L., por los mismos fundamentos del señor J. doctorH., votaron la primera cuestión también por laafirmativa.

      A la segunda cuestión planteada, el señor J. doctorH. dijo:

    3. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, D.G.E.C. contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" -denunciada ante la aseguradora el 17-V-2010- que la incapacita en un 20,50% del índice de la total obrera, habiendo percibido el 26-IV-2012 la suma de $ 76.344,62 en concepto de prestación por incapacidad parcial y permanente, calculada a partir de un ingreso base de $ 3.783,58 (v. vered., fs. 196 y vta.).

      En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de lalitis, el juzgador de grado determinó -tras advertir que el empleador no había producido prueba alguna sobre la eventual naturaleza no remunerativa de sumas abonadas regularmente a la trabajadora- que se debía incluir, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, la totalidad de las remuneraciones brutas.

      Por otro lado, consideró que la diferencia económica entre calcular el ingreso base de la actora teniendo en cuenta la primera manifestación invalidante y hacerlo en base a la fecha en que la indemnización fue pagada era notoria, por lo que correspondía, en este punto, declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.

      Como fundamento de esta decisión, estableció que resultaban de aplicación al caso los principios emanados del fallo "Ascua" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde se estableció que la indemnización especial de los daños laborales debe, al menos, alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio. Destacó también que, del mismo modo, la Corte federal invalidó en el precedente "Lucca de Hoz" un pronunciamiento que imponía una indemnización calculada con estricto apego al sistema de la ley 24.557 porque no contenía una evaluación acerca de la razonabilidad y suficiencia de su monto.

      Luego manifestó que, al haber transcurrido casi dos años entre la denuncia a la aseguradora y el pago de la prestación dineraria, la aplicación literal de lo dispuesto...

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