Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 2 de Febrero de 2017, expediente CNT 002618/2015/CA001

Fecha de Resolución: 2 de Febrero de 2017
Emisor:CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III

Poder Judicial de la Nación-

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional.

SENTENCIA DEFINITIVA CAUSA Nº CNT 2618/2015/CA1 “CLARO, J.R. C/ PROVINCIA ART SA S/ ACCIDENTE- LEY ESPECIAL” JUZGADO Nº 55 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 30/12/2016, reunidos en la S. de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La D.C. dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, que acogió favorablemente la demanda, se alza la demandada mediante el memorial de fs. 179/188, con réplica de fs. 190/191.

La accionada se queja, porque se hizo lugar a la incapacidad psicológica y por el monto de condena. La letrada, por derecho propio, apela sus honorarios por reducidos.

Previo a analizar el recurso deducido por la aseguradora, haré una breve reseña de los hechos invocados por las partes en los escritos constitutivos.

El actor sostuvo en la demanda, que ingresó a trabajar a las órdenes de Servicemen SA, el 27.214, con la categoría de operario.

Aclaró, que el 5.3.14, se dirigía a su trabajo, alrededor de las 6,45 hs., caminando por un camino de tierra mojada, cuando se cayó, lesionándose la rodilla izquierda. Debido al fuerte dolor, se dirigió a la clínica Monte Grande, donde le diagnosticaron entortosis de rodilla izquierda.

N., que continuó con el tratamiento de rehabilitación, hasta que el 16.9.14 le dieron el alta, bajo su disconformidad.

Manifestó, que se encuentra afectado desde el punto de vista psíquico, al tener que asumir y aceptar las consecuencias permanentes a raíz del accidente laboral que padece, de un desorden mental orgánico post traumático.

La demandada, por su parte, reconoció que le fue denunciado el accidente y que le brindó las prestaciones.

Adujo, que el actor fue evolucionando y que recuperó la movilidad, dándosele el alta el 17.9.14, con incapacidad a determinar.

Fecha de firma: 02/02/2017 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: V.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: S.S.S., SECRETARIA #24624205#170831917#20170202095057394 Poder Judicial de la Nación-

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Afirmó, que luego fue citado dos veces para que se determinara la incapacidad y no concurrió, demostrando reticencia al control de los facultativos.

Refirió, que no existe cobertura para la incapacidad psicológica, sino que el Decreto 659/96, solo contempla los supuestos de Reacción Vivencial Anormal Neurótica.

El juez de anterior grado, tuvo por acreditada la existencia de incapacidad laborativa, la que encontró que guardaba relación de causalidad con el evento traumático, y en consecuencia, hizo lugar a la demanda.

Ahora bien, la recurrente sostiene que el decreto 659/96 establece un marco acotado de reconocimiento del daño psicológico, y es una condición de cobertura prevista en la ley, de aplicación obligatoria, hecho que no ha sido cuestionado por la contraria y por lo tanto, obliga al Magistrado a aplicarla, reservándose el derecho de no hacerlo previa declaración de inconstitucionalidad. Para lo cual, sostiene que deben mediar supuestos de gravedad institucional como los señalados por la CSJN, que no solo no se dan el caso, sino que además, ni siquiera se analizan.

Veamos en primer lugar, lo dictaminado por el perito médico.

El experto informa que el actor padece un cuadro original de estrés post traumático, que debe nomenclarse como reacción vivencial anormal neurótica grado II, depresiva, que lo incapacita en el 10 % de la t.o. (fs. 156/158).

Dicho dictamen resulta convincente, analizado a la luz de la sana crítica, por sus sólidos fundamentos científicos. Al respecto, no resultan suficientes las apreciaciones realizadas por la ART respecto de este informe, pues lejos de desvirtuarlo con apreciaciones científicas contundentes, al impugnar sólo formula una mera disconformidad con la conclusión arribada por el experto pero no permite desvirtuar ninguno de los fundamentos científicos que brindó para sustentarla.

Por lo tanto, desestimo la impugnación a la pericia formulada por la demandada al considerarla carente de solidez científica para cuestionar las sólidas argumentaciones expuestas por la experta. Estas explicaciones se encontraban fundadas tanto por el examen físico, como por los estudios complementarios realizados al trabajador y, les asigno eficacia probatoria a sus conclusiones, Luego, se observa, que el decreto 659/96, en el capítulo de Psiquiatría, hace mención a las “Reacciones o D. por estrés post traumático. Establece que serán reconocidas cuando tengan directa relación con eventos traumáticos relevantes que ocurran en el trabajo, ya sea como accidentes, o como testigo presencial del mismo. Constituyen una enfermedad, reconocida oficialmente por el DSM III, y la CIE 10 (OMS), Fecha de firma: 02/02/2017 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: V.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: S.S.S., SECRETARIA #24624205#170831917#20170202095057394 Poder Judicial de la Nación-

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que tiene una etiología, una presentación, y un curso, así como un pronóstico y resolución. En general, tienden a adaptarse a su nueva realidad, y la gran mayoría de los pacientes mejoran al cabo de tres o seis meses, sin secuelas.

Un grupo menor de casos evolucionan a una NEUROSIS POST TRAUMATICA, la que sí determina algún grado de incapacidad para el trabajo.

Serán consideradas para su evaluación como R.V.A. comentadas a continuación. 2. R.V.A. NEUROTICAS (NEUROSIS). En las reacciones vivenciales anormales neuróticas, como consecuencia de accidentes de trabajo, hay que evaluar cuidadosamente la personalidad previa. Se considerarán rasgos importantes para la evaluación: la personalidad básica del sujeto, la biografía, los episodios de duelo, la respuesta afectiva, las expectativas laborales frustradas y sus relaciones personales con el medio. Grado II Definición: Se acentúan los rasgos de la personalidad de base, no presentan alteraciones en el pensamiento, concentración o memoria. Necesitan a veces algún tipo de tratamiento medicamentoso o psicoterapéutico. INCAPACIDAD: 10 %”.

Es decir, que de la lectura del decreto 659/96, se observa claramente que la enfermedad psíquica padecida por el accionante, se encuentra incluida en el mismo, por lo que no cabe declarar la inconstitucionalidad de aquél, más allá de que el diagnostico haya sido dado por un médico privado.

En consecuencia, habiéndose acreditado que el trabajador padece de incapacidad psíquica, y que la misma se encuentra incluida en el decreto 659/96, corresponde mantener lo decidido en la anterior instancia.

Luego, la recurrente afirma que se incurrió en un error al aplicar el RIPTE, toda vez que se actualizó desde enero de 2010, cuando el accidente ocurrió en febrero de 2014.

En efecto, asiste razón a la demandada, toda vez que el juez de anterior grado, al actualizar el monto, utiliza el coeficiente del RIPTE publicado en marzo de 2014 y lo divide por el correspondiente a enero de 2010.

Por lo tanto, debe modificarse lo resuelto en la anterior instancia, y teniendo en cuenta que el último índice publicado es el de agosto de 2016 (2.196,53) y el de la fecha del accidente, febrero de 2014 (

1.057.21), el coeficiente es 2,07, el monto de condena debe reducirse a $ 272.638,12.

Ahora bien, la accionada también se queja porque se aplica el 20 % del art. 3º de la ley 26773 a un accidente in itínere.

Fecha de firma: 02/02/2017 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: V.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: S.S.S., SECRETARIA #24624205#170831917#20170202095057394 Poder Judicial de la Nación-

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La norma citada precedentemente incorpora dos situaciones, cuando el daño se produzca: a) en el lugar de trabajo o b)

mientras el trabajador esté a disposición del empleador. Claramente, no quedan dudas, de que excluye a los accidentes in itínere.

Es decir, la ley 26773 discrimina el daño a la salud de los trabajadores, por un accidente sufrido en el trayecto al trabajo (como en el caso de autos), cuando prevé una indemnización adicional del 20 % a los infortunios mencionados en el artículo 3º, otorgando de tal forma, una disparidad de trato.

Como lo expresa G., “la disparidad de trato puede provenir de un “propósito”, “intención”, “finalidad” u “objeto” del acto o práctica…para censurar una discriminación no se requiere poner en evidencia intención alguna en ese sentido. Lo que cuenta es el “resultado” o el “efecto”.

Aunque la intención del legislador no haya sido discriminar, sostuvo el COM/DH en `S. y otros v. República Checa`, una ley puede violar el art. 26, PIDCP, si sus efectos son `discriminatorios` (comunicación 516/1992, 19/7/1995, S 11.7.)” .

Pues bien, antes que nada, no debemos olvidar que hoy por hoy y desde 1994, el paradigma normativo vigente (o la racionalidad del sistema, que es lo mismo), no es otro que el de los derechos humanos fundamentales. Con lo cual, si se albergasen dudas (porque de hecho, no todos los jueces han concluido del mismo modo), lo que habrá de zanjar la disputa interpretativa ha de ser el obligado control de convencionalidad (ver CSJN, in re “R.P., J.L. y otro c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, del 27/11/12).

Puntualmente, este Tribunal nos ha dicho en “Á., M. y otro c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”, A. 1023, XLIII, que “el decidido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos que reconocen, propia de todos los textos internacionales antes aludidos y muy especialmente del PIDESC (art.2,1), sumado al principio pro...

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