Responsabilidad civil del Estado Nacional por la explosión de Río Cuarto –Córdoba

RESUMEN

En la Ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de MARZO del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones

 
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Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial Còrdoba

En la Ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de MARZO del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial, para dictar sentencia en estos autos caratulados:

“BECERRA IRMA NELLY C. ENA. (MINIST. DE ECONOMÍA) (Expte. 138-B-07), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y por la Dra. Nancy Edith Torres Menéndez por derecho propio, en contra de la Resolución N° 453 de fecha 25 de septiembre de 2007, dictada por el entonces señor Juez Subrogante del Juzgado Federal de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Oscar Armando Valentinuzzi, obrante a fs. 186/197 vta., en la que decidió hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por la señora Irma Nelly BECERRA en contra del Estado Nacional Argentino -Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación-, con costas, condenando a la accionada al pago de la suma de Pesos Nueve Mil Doscientos Noventa y Seis con sesenta y nueve centavos ($9.296,69), con más intereses allí dispuestos y regulando honorarios a los letrados apoderados de la parte actora, no haciendo lo propio con los correspondientes a los de la demandada.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: ABEL G. SANCHEZ TORRES - LUIS ROBERTO RUEDA - IGNACIO MARIA VELEZ FUNES.

El señor Juez, doctor Abel Guillermo Sánchez Torres, dijo:

  1. Llegan los presentes autos a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y por la Dra. Nancy Edith Torres Menéndez por derecho propio, en contra de la Resolución N° 453 de fecha 25 de septiembre de 2007, dictada por el entonces señor Juez Subrogante del Juzgado Federal de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Oscar Armando Valentinuzzi, obrante a fs. 186/197 vta., en la que decidió hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por la señora Irma Nelly BECERRA en contra del Estado Nacional Argentino -Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación-, con costas, condenando a la accionada al pago de la suma de Pesos Nueve Mil Doscientos Noventa y Seis con sesenta y nueve centavos ($9.296,69), con más intereses allí dispuestos y regulando honorarios a los letrados apoderados de la parte actora, no haciendo lo propio con los correspondientes a los de la demandada. La presente demanda iniciada por la representación jurídica de la actora en contra del Estado Nacional (Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación), persigue el cobro de la suma de $17.929,33, con más intereses y costas en concepto de daños sufridos por la actora a raíz de lo ocurrido en la ciudad de Río Tercero los días 3 y 24 de noviembre de 1.995, la explosión de material almacenado en la Fábrica Militar de la mencionada localidad (ver escrito de fs. 32/35 vta.). En aquella oportunidad atribuyó responsabilidad al Estado Nacional por el evento dañoso, con fundamento en lo preceptuado por el art. 1.113 del Código Civil, de donde surge la responsabilidad objetiva por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado y por el 2° párrafo, por el riesgo o vicio de la cosa. En función de ello, reclamó indemnización en concepto de daño emergente, consistente en el daño material ocasionado en la propiedad de su mandante, como asimismo desvalorización de la vivienda.

    Corrido el traslado de ley, el demandado contestó la acción en su escrito de fs. 44/49 vta.. Luego de la negativa genérica de los hechos, manifestó que el accionante eligió libre y voluntariamente la ciudad de Río Tercero para vivir, por ende, considera que el alegado riesgo creado y la peligrosidad de la fabricación de municiones era conocido por éste. En consecuencia, afirma que la pretensión actora deviene improcedente toda vez que no puede endilgarse a su parte responsabilidad alguna. El Juzgador mediante el pronunciamiento de fecha 25 de septiembre de 2007 (fs. 186/197 vta.), hizo lugar parcialmente a la demanda entablada, condenando al Estado Nacional al pago de la suma de $9.296,69 con más intereses. Para así resolver, tuvo en cuenta que el demandado no logró liberarse de responsabilidad invocando que en la producción del evento dañoso haya mediado culpa de un tercero y que esa culpa constituya la única y exclusiva causa del siniestro.

    Contra esta resolución, la Dra. Nancy Edith Torres Menéndez -por derecho propio- expresa agravios en el escrito obrante a fs. 201/202. Su queja radica en la omisión por parte del Inferior de regularle honorarios por el porcentaje que no prosperó la demanda. Cita los arts. 2, 7 y 10 de la Ley 24.342. Con posterioridad, expresa agravios la parte actora en su escrito de fs. 209/211 vta.. Sostiene que para mantener incólume el contenido de la resolución, es necesario adicionar a los intereses mandados a pagar por el Inferior, esto es la tasa pasiva promedio del B.C.R.A., un interés fijo mensual en concepto de interés judicial, dejando librado a criterio de este Tribunal la fijación del mismo. Por su lado la demandada expresa agravios a fs. 212/218. Cuestiona que el Juzgador haya puesto en cabeza del Estado Nacional la exclusiva responsabilidad por los daños que las explosiones acaecidas en noviembre de 1.995 en la Fábrica Militar de Río Tercero causaran, independientemente si ellas derivaron o no de un acto u omisión de quienes de desempeñaban al frente de la misma. En efecto, argumenta en la causa penal referida a los hechos base de la acción recaratulada: “Cornejo Torino, Jorge Antonio y otros p.ss.aa. de Estrago en F.M.R.T.” que se encuentra diligenciándose, no se ha podido aún determinar quién fue el responsable del hecho, por lo que no resulta viable a su parte Poder Judicial de la Nación acreditar lo necesario para liberarse de responsabilidad. Asimismo expresa que la mera existencia de una cosa riesgosa a su cargo no implica su consecuente responsabilidad, por el contrario, considera que debe mostrarse que su manejo, utilización y transporte fue llevado a cabo de un modo negligente o descuidado y que por tal razón se ocasionó el daño reclamado, circunstancia esta que -a su entender- no quedó acreditada en autos. Seguidamente manifiesta que resulta contrario al derecho de igualdad ante la ley condenar al Estado Nacional sólo por ser propietario o tener bajo su guarda una cosa riesgosa, más aún cuando el accionante no acreditó la supuesta negligencia y culpa alegada en oportunidad de demandar.

    Por otro lado, cuestiona el valor probatorio otorgado a la prueba agregada en autos. Sostiene que el Informe Técnico suscripto por el Ingeniero Civil Iván A. Ferrer acompañado en la demanda, carece de fuerza probatoria para tener acreditado el daño emergente, toda vez que dicho instrumento fue desconocido por su parte, correspondiendo a la contraria demostrar su autenticidad y veracidad, concluyendo que no puede constituir prueba suficiente para tener por acreditados los daños y costas de reparación de vivienda el informe del Ingeniero Ferrer. Tal proceder, propicia, según su parecer un enriquecimiento ilícito a la accionante. A continuación se queja por el monto determinado por el sentenciante en concepto de desvalorización de la vivienda, con fundamento en la Pericia Técnica Oficial que determinó el valor venal del inmueble año 1.995, que -a su entenderno se encuentra debidamente fundada con datos y parámetros acreditados ya que el perito no conoció el inmueble hasta el año 2000, fecha en que realizó la pericia. Seguidamente cuestiona la imposición de costas en su totalidad a su parte, sin tener en cuenta que existieron rubros que no fueron reconocidos por carecer de acreditación. Manifiesta que en caso de prosperar el agravio relativo a las costas, corresponde regular honorarios a los abogados de la demandada, en el porcentaje a cargo de la actora, asimismo se queja por la regulación de honorarios dispuesta respecto de la representación jurídica de la actora. Corridos los traslados de ley la parte actora los contesta a fs. 226/227 vta., en tanto que la demandada hace lo propio a fs. 230/231, solicitando por los argumentos que allí exponen, el rechazo de los recursos de apelación interpuestos respectivamente por su contraria, con costas.

  2. Conforme surge de la lectura de los escritos de expresión de agravios las cuestiones a resolver se circunscriben a los siguientes puntos: a) Responsabilidad civil de la demandada por el accidente ocurrido en la ciudad de Río Tercero los días 3 y 24 de noviembre de 1.995; b) Procedencia de los rubros mandados a pagar; c) Intereses, costas y honorarios. Considero oportuno traer a colación lo que este Tribunal dijo en oportunidad de expedirse en el fallo plenario de fecha 28 de agosto de 2.007 recaído en los autos: “COMBA, Néstor Alberto c/ E.N.A. (Ministerio de Economía) -Sumario-” (Protocolo Plenario N° 1, F° 155/164). La doctrina sentada en dicho pronunciamiento es la siguiente: “No corresponde suspender el dictado de sentencia civil por aplicación de las reglas de prejudicialidad penal establecidas en el art. 1.101 del Código Civil en los procesos civiles en los que se reclaman daños y perjuicios iniciados con motivo de las explosiones ocurridas en la Fábrica Militar de Explosivos de la Ciudad de Río Tercero con fecha 3 y 24 de noviembre del año 1.995”...

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