Cine argentino, propaganda y beneficios para los amigos

Después de vivir épocas de recordado esplendor en los años cuarenta y cincuenta, la industria cinematográfica en la Argentina ha experimentado diversas transiciones que la alejaron del favor del público local al que naturalmente se supone dirigida.

El (Incaa) -ente autárquico dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación- debería buscar el fomento y la regulación de nuestra actividad cinematográfica en todo el territorio argentino y en el exterior. Justamente, de él depende la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico (FCC), cuya principal y más conocida función es estimular la producción de películas mediante el otorgamiento de subsidios.

Entre otras fuentes de ingresos, el FCC es alimentado por el 10 por ciento de la recaudación de las obras cinematográficas y del canon que pagan al Estado los canales de TV abierta. En el caso de producciones enormemente exitosas, como Relatos salvajes (hasta octubre pasado llevaba recaudados $ 147,2 millones) o Metegol (recaudó $ 104 millones), éstas aportan más de lo que reciben.

Pero, como lo ha demostrado una reciente investigación de LA NACION, no siempre el éxito de una obra se corresponde con la posibilidad de recibir subsidios proporcionales a él. Si las películas Relatos salvajes y Metegol recibieron cada una un subsidio de $ 3,2 millones y $ 2,7 millones, respectivamente, hubo otras que presentan situaciones muy diferentes: de las 764 películas subsidiadas entre enero de 2008 y octubre de 2014, 309 fueron vistas sumadas en conjunto por menos de 10.000 espectadores -y costaron $ 211 millones, un tercio de los $ 641 millones invertidos en subsidios- y 253 películas llevaron menos de 5000 espectadores a las salas, y de ellas 83 no alcanzaron los 1000 espectadores.

No siempre el hecho de que una película tenga un gran o mediano éxito de público significa que su valor artístico sea menor, y en eso concuerdan incluso aquellos que con razón discuten sobre la eficiencia económica y cultural de la inversión pública en la producción cinematográfica. Sin embargo, hay otros problemas de gravedad: por ejemplo, la denuncia que la Asociación de Productores y Realizadores Independientes, presidida por Luis Barone, hizo contra la ex presidenta del Incaa y actual diputada kirchnerista Liliana Mazure por el presunto desvío de $ 1035 millones del FFC a gastos corrientes del ente. Esto fue contestado por Mazure, quien reconoció que si bien esos fondos se usaron para la creación del canal estatal Incaa...