Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 28 de Agosto de 2018, expediente CAF 034434/2018/CA001

Fecha de Resolución28 de Agosto de 2018
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Expte. nº 34.434/2018 En Buenos Aires, a los días del mes de agosto de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la S.I.I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer respecto del recurso interpuesto en autos: “C., Meiying c/ EN-M. Interior-DNM s/ Recurso Directo DNM”, contra la sentencia obrante a fs. 88/94, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. J.L.L.C. dijo:

  1. La señora M.C. interpuso recurso judicial a fin de que se revoque la disposición SDX nº 202436, de fecha 13/10/17, mediante la cual se declaró irregular su permanencia en el país, se ordenó su expulsión del territorio nacional y se prohibió su reingreso al país con carácter permanente; y su confirmatoria SDX nº 68829, del 16/04/18, que rechazó la denuncia de ilegitimidad interpuesta, en el marco del expediente administrativo nº 168172/17. A su vez, requirió que se declare la inconstitucionalidad del Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo establecido en el decreto 70/17 (fs. 2/21).

  2. El señor juez de grado rechazó el recurso interpuesto por la señora M.C., con costas (fs. 88/94).

    Para así decidir, resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad del procedimiento migratorio especial sumarísimo por no advertir que hubiera afectado garantías constitucionales de la actora, quien en definitiva no logró

    demostrar el perjuicio concreto que el trámite le acarreó, ni la real y concreta afectación sufrida respecto del derecho de defensa.

    A continuación, efectuó una reseña de lo actuado en sede administrativa, recordó que la actividad estatal de la Administración tiene como uno de sus rasgos distintivos su carácter potestativo, que se encuentra sujeto a revisión judicial, e ingresó al fondo de la cuestión. En ese punto destacó que se encontraba acreditado que los actos dictados por la Administración aquí impugnados cumplimentaban todos y cada uno de los requisitos esenciales del acto administrativo (conf. artículos y , de la Ley 19.549), no advirtiéndose menoscabo alguno respecto de los derechos del accionante, por violación o inobservancia de lo establecido en la normativa procesal administrativa mencionada y lo dispuesto por la ley 25.871.

    Fecha de firma: 28/08/2018 Alta en sistema: 05/09/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 1 Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #31848397#214021813#20180824122511284 Luego efectuó una reseña de lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 25.871, y destacó que en el caso se verificaba una situación de carácter puramente objetiva.

    Señaló, en línea con lo expresado anteriormente, que la señora C. declaró –con carácter de declaración jurada– que había ingresado irregularmente al país en micro proveniente de Bolivia, que tampoco surgía que el pasaporte de la migrante hubiera sido intervenido por la autoridad encargada de realizar el control migratorio y que sobre la actora pesaba una prohibición de reingreso al país que se encontraba vigente.

    Explicó que no resultaba suficiente la alusión hecha por la parte actora respecto a que se encontraba embarazada y en pareja con un hombre de nacionalidad china, toda vez que dichos supuestos no fueron contemplados por la ley migratoria como supuestos de dispensa.

    A su vez, destacó que el propio artículo 29, in fine, excluía de la aplicación la dispensa a aquellos extranjeros comprendidos en el inciso b.

    Asimismo, resaltó que la aplicación de la dispensa era una facultad discrecional de la Dirección Nacional de Migraciones, órgano estatal altamente especializado cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad, sin que ello habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo por el suyo propio, salvo que se demuestre que ha mediado error, omisión o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto dictado, circunstancias que no fueron acreditadas en la causa.

    Indicó que el hecho de encontrarse embarazada no modificaba la circunstancia de haber ingresado en forma irregular ni impedía su expulsión del país, sin perjuicio de que se debía asegurar a la migrante una adecuada atención médica y sanitaria prenatal, una nutrición adecuada y condiciones de expulsión que resulten acordes a su estado, garantizando en todo momento sus derechos y los de la persona por nacer.

    Agregó que en los casos en que se comprueba que un extranjero ingresó irregularmente al territorio nacional eludiendo los controles migratorios, o por lugar o en horario no habilitados, la ley migratoria no admitía la regularización posterior conforme al artículo 61 y su reglamentación; sino excepcionalmente, por razones humanitarias, de reunificación familiar o de auxilio eficaz a la justicia, circunstancias que no fueron acreditadas en autos.

    Por último, aclaró que una vez firme y consentida la sentencia, la Dirección Nacional de Migraciones podrá concretar la retención de la extranjera, en los términos de lo establecido en los artículos 69 septies, sexto párrafo, y 70 de la ley 25.871.

    Fecha de firma: 28/08/2018 Alta en sistema: 05/09/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 2 Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #31848397#214021813#20180824122511284 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Expte. nº 34.434/2018

  3. Disconforme con lo resuelto, la actora apeló y expresó agravios (fs. 95/101), los que fueron contestados por la DNM (fs. 103/108).

    En primer lugar señaló que era de suma relevancia tener presente que el 22/03/18 la S. V del fuero había declarado la invalidez constitucional del decreto 70/17, por no verificarse los presupuestos materiales para el ejercicio de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia, de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

    En segundo término, expresó que la aplicación de las reglas procesales introducidas por el decreto de necesidad y urgencia mencionado enervó

    su estrategia defensista, al sostener que se resolvió la causa sin expedirse sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida por ella, y sin haber valorado la prueba documental acompañada, así como las declaraciones testimoniales brindadas por ante el público despacho de la Comisión del Migrante, que daban cuenta de su situación familiar, laboral y de arraigo. Se quejó de que ello atentaba contra el debido proceso y el principio de legalidad.

    En tercer lugar, se agravió de la interpretación en la aplicación del artículo 61 de la ley 25.871 a su caso. Explicó que su expulsión no se fundó en la comisión de un delito penal, sino de una mera irregularidad migratoria; y que la interpretación efectuada por el magistrado era restrictiva e inconstitucional.

    Expresó que no era correcto lo sostenido por el magistrado de grado respecto a que la previsión del artículo 61 era únicamente aplicable a los casos que se verificara una irregularidad en la permanencia, pero no a los supuestos de ingreso irregular al territorio argentino.

    Por otro lado, en cuarto lugar, sostuvo que la decisión recurrida era inconstitucional por no fundamentar el rechazo del test de razonabilidad llevado a cabo como motivo de dispensa prevista en el artículo 29 in fine de la ley 25.871, en tonto violaba el principio de razonabilidad de los actos de gobierno.

    Manifestó que en el caso se debía considerar: i) el arraigo al país (ya que desde que arribó se encontraba realizando sus mejores esfuerzos para trabajar y salir adelante; trabajaba en una juguetería en la zona de Ezeiza; y convivía junto al señor L., con quien esperaba un hijo); ii) el alcance de las penurias que constituye la deportación del migrante para su familia (indicó que el vínculo con el señor L. se vería destruido y el hijo crecería lejos de su padre); iii) el comportamiento del migrante desde su ingreso al país (carece de antecedentes penales, tanto en la República Popular China como en el país).

    Por otro lado, reiteró que la decisión era inconstitucional por lesionar el principio de proporcionalidad y razonabilidad de los actos de gobierno. En ese Fecha de firma: 28/08/2018 Alta en sistema: 05/09/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 3 Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #31848397#214021813#20180824122511284 sentido, expresó que la orden de expulsión dictada con base en una mera irregularidad administrativa atentaba contra el principio de proporcionalidad.

    Solicitó, también, la inconstitucionalidad del artículo 70 de la ley 25.871, modificado por el decreto 70/17, en atención a que amplió los plazos de vigencia de una retención por razones migratorias. Remarcó las diferencias entre la regulación original de la ley 25.871, el decreto 616/10 y el decreto 70/17.

    Finalmente, en caso de un fallo adverso, requirió que las costas fueran distribuidas en el orden causado. Ello en virtud de que se pudo haber creído con derecho a iniciar la acción de revisión judicial, por sostener que su asistida contaba con derecho a la reunificación familiar y por haberse dictado la orden de expulsión de manera ilegítima.

  4. A fs. 112/113vta. dictaminó el señor F. General y a fs. 114 se dispuso que la causa se encontraba en condiciones de ser resuelta.

  5. De manera preliminar, debe recordarse que los jueces no estamos obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos: 258:308; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; y esta S., in re: “Scorovich, C.M. c/ E.N.

    -Mº Interior- D.N.M. - Rel. 1190/11 Ex. 641818 al 641821/78 y otro s/ Recurso directo para juzgados”, del 8/10/15, entre muchos otros).

  6. Sentado lo expuesto, y a fin de obtener una acabada...

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