Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 12 de Septiembre de 2012, expediente L 105843

PresidenteSoria-Negri-de Lazzari-Hitters-Genoud
Fecha de Resolución12 de Septiembre de 2012
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 12 de septiembre de 2012, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,N., de L., Hitters, G.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 105.843, "C., M.E. contra R.S.A.C. dif. de convenio".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 3 del Departamento Judicial Quilmes admitió parcialmente la demanda promovida, con costas a la accionada vencida (fs. 152/161 vta.).

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 169/174), el que fue concedido por el citado tribunal en el marco de la excepción prevista en el art. 55 de la ley 11.653 (v. resol., fs. 175/176).

Dictada a fs. 194 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  1. En lo que interesa, el tribunal de grado juzgó acreditado que el día 5-XII-2000 las partes suscribieron un acuerdo en la Subsecretaría del Trabajo -Delegación Quilmes (exp. 2152-38-4768/00)-, en el cual se efectivizó el despido de C. y la accionada se comprometió a abonarle una indemnización -por todo concepto- de pesos treinta mil ($ 30.000), pagadero en catorce cuotas de pesos dos mil ciento cuarenta y tres ($ 2.143), cuyo primer vencimiento operaría el día 15 de diciembre de 2000 y el último el 15 de enero de 2002, conviniéndose un recargo por mora ante el pago atrasado de alguna de las cuotas. Asimismo, que por medio de la nota de fecha 29-XII-2000, la demandada le comunicó al actor que "en caso de que hubiera una variación positiva en el valor del dólar estadounidense (transferencia Banco Nación tipo vendedor) entre la fecha de firma del acuerdo y la fecha de pago de alguna de las cuotas, la misma se ajustará en la misma proporción" (v. vered., fs. 152 y vta., y 153 vta./154).

    Sobre tal base, consideró que la demandada había introducido, con anuencia del actor, una cláusula que contenía una "condición suspensiva (hecho futuro e incierto), para el cumplimiento de la obligación, consistente en que, en el supuesto en que se modificara la paridad cambiaria entre el peso y el dólar entre la firma del acuerdo y el pago de las cuotas, la accionada se comprometía a abonar un ajuste en la misma proporción" (v. sent., fs. 157 vta./158).

    Sostuvo que dicha estipulación emergió de un acuerdo de voluntades (dijo: la accionada lo notificó y el actor la aceptó) suscripto en un marco de plena libertad contractual, de modo tal que al producirse la modificación en la paridad cambiaria por el dictado del decreto 71/2002 del 11-I-2002, se concretó la condición prevista por las partes, por lo cual a partir de esa fecha y, específicamente, con relación al pago de las dos últimas cuotas que fueran "obladas" en el mes de febrero de 2002, la referida obligación adquirió un nuevo contenido económico (v. sent., fs. cit.).

    Señaló que la introducción de la aludida cláusula no vulneraba las disposiciones contenidas en la ley 25.561, toda vez que había nacido de la voluntad de las partes y a ella debían someterse (art. 1197, Cód. C..), descartando los argumentos de la demandada en torno a la configuración de un caso fortuito (v. sent., fs. 158 y vta.).

    Concluyó que resultaba innecesario expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.561 y del decreto 214/2002 articulado por el actor, desde que sostuvo- la cláusula inserta en el convenio "... no prevé pautas indexatorias, ni de actualización monetaria, ni de repotenciación de deudas, sino tan solo una condición suspensiva que novó la obligación" (v. sent., fs. 158 vta.).

    Admitió el reclamo del demandante y condenó a R.S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias en el valor de las dos últimas cuotas del acuerdo de fecha 5-XII-2000, disponiendo que a esa suma debían adicionarse intereses a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v. fs. 158 vta./159 vta.).

  2. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 4 de la ley 25.561; 8 del decreto 214/2002; 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución...

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