Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 23 de Mayo de 2011, expediente 825/1999

Fecha de Resolución23 de Mayo de 2011

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº: 60.881 SALA II

Expediente Nro. 825/1999 (J.. Nº 24)

AUTOS: “CHACHAGUA, JOSE ALBERTO Y OTROS C/ Y.P.F. YACIMIEN-

TOS PETROLIFEROS FISCALES S.A. Y OTRO s/ PART. ACCIONARIO

OBRERO”

VISTO

Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 23 de mayo de 2011, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia de-

finitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-

ción.

M.Á.P. dijo:

Por resolución dictada a fs. 676 la Dra. Liliana USO OFICIAL

M. Tarbuch dispuso hacer lugar a la excepción de pago respecto de los coactores Ríos, M., B. y Royano, a cuyo efecto valoró que “…el tratamiento abreviado de la ley 25.471…” que fuese iniciado por éstos “…comporta una conducta que con-

lleva tanto a la renuncia de la acción y del derecho como la inaplicabilidad en el caso del art. 12 de la LCT…”, en atención a lo dispuesto por los arts. 2º y 3º del decreto 821/2004.

Contra dicha solución se alza la parte actora al sostener –expuesto sucintamente- que el inicio de las actuaciones administrativas en cuestión no puede afectar el derecho reconocido a los actores mediante sentencia fir-

me en las presentes actuaciones, a lo cual agrega que, en dicho marco, la autoridad de aplicación debió abstenerse de dar trámite a las solicitudes iniciadas por dichos accio-

nantes. Afirma que dicho procedimiento de pago únicamente podía resultar viable pa-

ra el caso de existir una diferencia a favor de los trabajadores entre el monto que re-

sulte conforme a la ley 25.471 y el obtenido en sede judicial. Asimismo cuestiona el desistimiento de derechos en que se sustenta el decisorio recurrido, como así también reitera el planteo de inconstitucionalidad del decreto 821/2004, el que –remarca- ya había sido efectuado en la presentación de fecha 3 de febrero de 2010.

En atención a las particularidades de la cuestión traída al conocimiento de este Tribunal, por resolución de fs. 696 se requirió la opi-

nión del Fiscal General ante esta Cámara, quien se expidió en los términos de los dictámenes que lucen a fs. 708 y 709, cuyo criterio –en lo sustancial- se comparte, y se da aquí por reproducido en homenaje a la brevedad.

L. corresponde señalar que si bien la resolución atacada se ha dictado en la etapa de ejecución, se configura un supuesto de Expte. N.. 825/1999 1

Poder Judicial de la Nación excepción al art.109 de la L.O. por las implicancias que puede acarrear sobre la ejecu-

ción de la sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada.

Del anexo que corre por cuerda a las presentes actuaciones surge que los actores J.D.B., V.H.M., y F.F.R. iniciaron en fecha 22/3/2005, 22/9/2005 y 22/11/2005, respectivamen-

te, iniciaron los procedimientos abreviados para el cobro de la indemnización prevista por la ley 25.471. La Sra. E.H.S., hizo lo propio respecto del coactor fallecido J.F.R., en fecha 6/8/2008.

En atención a la naturaleza y particulares aristas de la cuestión traída al conocimiento de esta instancia revisora, es trascendente de-

terminar si a la época de inicio de los referidos procedimientos de cobro de la indem-

nización prevista por la ley 25.471 por cada uno de los referidos actores, éstos conta-

ban –o no- con un pronunciamiento definitivo acerca de las pretensiones deducidas en el escrito inicial. Desde dicha perspectiva de análisis, observo que lo sustancial de la contienda quedó zanjado con la sentencia definitiva dictada por la Sala IV de esta USO OFICIAL

Cámara en fecha 14 de julio de 2006 (ver fs. 367/9), toda vez que si bien la Corte Su-

prema de Justicia de la Nación admitió el recurso de hecho iniciado por la parte de-

mandada contra dicho pronunciamiento, lo cierto y jurídicamente relevante sobre el punto, es que la revisión del más alto Tribunal únicamente involucró cuestiones con-

cernientes a la tasa de interés a ser aplicada sobre los créditos de condena y a su me-

canismo de pago por aplicación de la normativa de consolidación de deudas del Es-

tado Nacional.

Desde dicha perspectiva de análisis, corresponde...

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