Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala I, 10 de Octubre de 2023, expediente CNT 068534/2014/CA001

Fecha de Resolución10 de Octubre de 2023
EmisorCamara Civil - Sala I

Poder Judicial de la Nación CÁMARA CIVIL - SALA I

ACUERDO: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los diez días del mes de octubre de dos mil veintitrés,

reunidos los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para conocer en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada en los autos “CESPEDES,

GUSTAVO CESAR C/ MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Y OTRO

S/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. n° 68.534/2014), el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dr. J.P.R. y Dra. P.M.G..

Sobre la cuestión propuesta el Dr. R. dijo:

  1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y en consecuencia condenó a “Molinos Río de la Plata S.A.” y a “La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A.” a abonar a G.C.C., en concepto de indemnización de daños y perjuicios y dentro de un plazo de diez días, la suma de TRES MILLONES CIEN MIL PESOS

    ($3.100.000), con más sus intereses, calculados en la forma indicada en el considerando

  2. Con costas (art.68 del Cód. Procesal).

    Contra dicho pronunciamiento se alzan todas las partes,

    quienes expresaron sus agravios en formato digital, con respuestas efectuadas por la misma vía.

  3. RESPONSABILIDAD.

    En punto a la aplicación de la ley con relación al tiempo, en la sentencia apelada se decidió someter las cuestiones que son materia del proceso para su juzgamiento a la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil, “tal como expresamente lo prescribe el art.4 de la ley 26.773 - vigente a la fecha de promoción de la demanda y que motivó la radicación del proceso en el juzgado a mi cargo (ver resolución de fs.142/43, que no fuera cuestionada por el actor)- y, por consiguiente, conforme a las normas del Código Civil vigente al momento Fecha de firma: 10/10/2023

    Alta en sistema: 11/10/2023

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    del hecho que da lugar al proceso (conf. art.7 del Cód.Civil y Comercial de la Nación, sancionado por ley 26.994).”

    Añadió la jueza que media coincidencia doctrinaria y jurisprudencial en punto a sostener que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho dañoso, criterio que se aplica incluso a la determinación de los daños, ya que éstos no son consecuencia del ilícito,

    sino un elemento constitutivo de la responsabilidad (conf. K. de C., “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, pág.100, nº 48; Belluscio-Zannoni,

    Código Civil y leyes complementarias

    , t.1, pág.28 y sus citas; CNCiv.

    Sala “B”, expte. nº 30371/2012 del 6-8-15; íd., Sala “L”, expte.

    112.496/05 del 7-8-15).

    El citado art.4° de la Ley 26.773, determina que a una acción como la debatida en autos se le aplica la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil. Vale recordar que esta ley que aplicó la magistrada, entró en vigencia el 26 de octubre de 2012, antes de la interposición de la demanda que genera este pleito.

    La sociedad emplazada se queja por cuanto reputa que al reclamo de autos le resulta de aplicación la ley 24.557, que habilita solo la vía del dolo para que la víctima o los derechohabientes puedan acceder al reclamo por las normas del derecho civil, por lo que concluye que el caso que nos ocupa se encuentra evidentemente excluido de dicha aplicación.

    Abunda sobre ese eje temático, pero no critica en forma puntual las mencionadas reflexiones volcadas en la sentencia apelada para justificar la aplicación de la mencionada ley la ley 26.773 en lo que al punto concierne.

    Circunstancia que justifica, por haber quedado sin rebatir, declarar la deserción del recurso en ese punto, en la medida en que no se dio acatamiento al recaudo de la fundamentación adecuada (arts. 265 y 266 del Código Procesal).

    Sin perjuicio de la deserción propiciada, a mayor abundamiento, vale destacar que por mayoría, la CSJN en el conocido Fecha de firma: 10/10/2023

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    caso «Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. (A 2652,

    XXXVIII) del 21/9/2004, ha considerado inconstitucional la limitación de acceso a la reparación civil, no tarifada, de los daños derivados del accidente de trabajo, contenida en el art. 39, inc. 1, de la Ley 24.557.

    Entre otros conceptos, se argumentó que el propósito del legislador mediante el art. 39, inc. 1º de la Ley de Riesgos del Trabajo (Adla, LV-E, 5865) no fue otro que consagrar un marco reparatorio de alcances menores que los del Código Civil, apartándose de la concepción reparadora integral, pues dicha ley mediante la prestación del art. 15, inc.

    1. , segundo párrafo, y la consiguiente eximición de responsabilidad del empleador prevista en el citado art. 39, sólo indemniza daños materiales y dentro de éstos, únicamente el lucro cesante que, asimismo, evalúa menguadamente (del voto de los doctores P. y Z..

    Y que el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador, prohibidos por el principio "alterum non laedere", deban ser indemnizados en los términos del art. 39, inc. 1º de la Ley de Riesgos del Trabajo (Adla, LV-E, 5865), que excluye la vía reparadora del Código Civil, vuelve a dicha norma contraria a la dignidad humana, ya que ello entraña una suerte de pretensión de reificar a la persona por vía de considerarla no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo (del voto de los doctores P. y Z..

    Dicho lo cual, vale destacar que EXPERTA ART S.A. (ex LA

    CAJA ART S.A.), se queja porque considera que quien tiene la carga de la prueba de demostrar que no se ha cumplido con las medidas de prevención,

    no son las codemandadas en autos, sino la propia parte actora, y critica que en la sentencia de primera instancia no se considerara que dicha tarea no fue cumplida.

    Afirma, en efecto, que en la presente litis no se ha acreditado de forma alguna que tarea omitió que hubiera evitado concretamente el accidente ocurrido al actor, por lo que la condena ha recaído sin que el a Fecha de firma: 10/10/2023

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    quo realizara un análisis correcto de la relación de causalidad que se presenta ausente en el caso de autos.

    Argumenta que la obligación que establece el art. 75 LCT es de “medios” y no de resultado, a lo que añade que no existe ningún elemento fáctico que permita aducir falta de control ni de actividad preventiva que le sea imputable.

    Considera en síntesis, a diferencia de lo decidido por la colega que preopinó, que no se acreditó efectivamente el nexo causal adecuado entre el daño invocado y el factor de imputabilidad alguno atribuible a la ART demandada, lo que obsta decisivamente al establecimiento de su responsabilidad.

    Fundamenta en este orden que de las declaraciones testimoniales poco puede saberse, y lo que se menciona por los testigos son labores habituales y normales, que en ningún momento vislumbran esfuerzo o exceso alguno. Asimismo, postula que ninguno de los rubros que se pretende abone, han sido materia integrante del contrato de afiliación oportunamente celebrado entre EXPERTA ART S.A. y la empleadora de la actora, ni mucho menos están contemplados en la Ley 24.557. El contrato de afiliación oportunamente suscripto solo cubría las contingencias previstas en los términos de la citada ley y por la medida allí

    establecida.

    Explicado ello, advierto que los agravios no reparan en que en el caso nos encontramos en el marco de una pretensión de naturaleza civil,

    fundada en el derecho común, y en esa línea, como bien se sostiene en la sentencia apelada, la responsabilidad derivada del deber de previsión no puede quedar limitada a las prestaciones dinerarias de la L.R.T, sino que debe ser integral con arreglo a la doctrina sentada por la Corte en el caso “A..

    Precisado ello, es verdad que de conformidad con los lineamientos que bajan de lo decidido por el Sumo tribunal en los autos “B.J.A. c/ Q.B.E. Aseguradora de Riesgos del Trabajo”,

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    G.R. c/ Electroquimica Argentina S.A.

    y “Torrillo c/ Gulf Oil Argentina S.A.”, en el ejercicio de la acción civil el actor debe probar los presupuestos de la misma, que incluyen tanto el acto ilícito, la imputación,

    así como el nexo causal con el daño.”

    Pero lo que se soslaya en los agravios es lo que fluye del testimonio brindado por G.E.G., a fojas 209/210 del día 29/04/2019, bien citado por el actor en su respuesta, en donde dice textualmente...."A LA TERCERA: Para que diga cómo era el ambiente sonoro. Contesta: en todos los sectores había mucho ruido. En sectores de peladora, empaque, hornos y de desmolde el ruido era muy intenso… Era escaso el material para proteger los oídos y las manos. La empresa cuidaba la economía o el presupuesto y no nos daba los elementos necesarios para protegernos. En algunas oportunidades teníamos que usar los guantes y los protectores rotos. teníamos que arreglarnos nosotros”.

    Esa descripción, que ya de por sí sirve para formar una idea del contexto en el que las labores eran desarrolladas, debe complementarse con lo que explica en cuanto a que el demandante prestaba servicios en la planta “Tres Cruces”, perteneciente a “Molinos...

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