Central de Trabajadores Argentinos y lugares de trabajo

El 11 de noviembre de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia que tendrá consecuencias trascendentes en las formas de organización sindical de los trabajadores en particular, y en la regulación del conjunto de las relaciones socio – laborales en general.

El fallo recayó en la causa “Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) c/ Ministerio de Trabajo de la Nación”, y resolvió la inconstitucionalidad del artículo 41 inciso “a” de la ley de asociaciones sindicales nº 23.551 (LAS), en cuanto estableció como requisito para ser designado como delegado del personal estar afiliado a la asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios organizados por ella.

Si bien las cuestiones analizadas en el fallo refieren a un sólo aspecto de la regulación de las relaciones colectivas del trabajo1, los fundamentos utilizados por la Corte para fallar resultan extensibles a la totalidad del ordenamiento jurídico en materia de asociaciones sindicales.

Este histórico avance se enmarca dentro de la campaña por la libertad y la democracia sindical que la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) ha venido desarrollando durante largos años, y gran parte de las remisiones de la Corte a pronunciamientos de las instancias internacionales (principalmente los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo) fueron originadas en las denuncias que, año tras año, la CTA formuló en dicho foro.

Se trata, en síntesis, de una sentencia que refuerza la autonomía de los trabajadores para constituir las organizaciones sindicales y diseñar las estrategias que estimen más convenientes para sus intereses, sin intervención de los patrones ni del Estado.

Sin embargo, sería un error reducir, o incluso identificar, este fallo con el triunfo o derrota de un sector o una central en particular. Los efectos del fallo van mucho más allá, y deben traducirse como una victoria del conjunto de los trabajadores, que son quienes utilizarán, de acuerdo a la evaluación que realicen frente a cada situación, las herramientas emergentes de la sentencia dictada por la Corte.

En otras palabras, la unidad de los trabajadores no será producto de una imposición, del Estado o los patrones, sino de un paciente y persistente ejercicio de la libertad y la democracia sindical por parte del conjunto de los trabajadores.

Resulta significativo, por otra parte, que la Corte haya puesto el acento en la representación de los trabajadores a nivel de los establecimientos. Se trata de la base de toda estructura organizativa, por lo que es allí donde los ámbitos democráticos de participación deben contar con todas las garantías. Sólo a partir de una sólida implantación de la organización sindical en los lugares de trabajo podrán establecerse, vertical y horizontalmente, instancias comunes de articulación y coordinación de estrategias sindicales. Nuevamente, la unidad de los trabajadores constituirá un desafío permanente hacia el futuro, más que una derivación formal de una regla normativa.

En este marco, la CTA, como tributo a su historia pero también como proyección hacia el futuro, se ha dado el mandato, a través de sus congresos periódicos, de promover y acompañar las experiencias y las estrategias que diseñen los trabajadores, incluso frente a aquellos supuestos que impliquen replantear nuestra propia práctica.

Las consecuencias de este fallo serán particularmente relevantes para la organización de los trabajadores del sector privado. En este sentido, se trata definitivamente de un desafío hacia el futuro. A contramano de los discursos alarmantes, que plantean la posibilidad de que se conformen cinco o diez comisiones internas en cada establecimiento, la misión urgente de las organizaciones sindicales consiste en recrear la presencia de al menos una comisión interna en el 87% de los establecimientos del país donde no existe ninguna.

Al mismo tiempo, el reconocimiento en términos amplios de los derechos sindicales permite avanzar en el diseño de estrategias que den cuenta de las nuevas características de la estructura ocupacional en nuestro país. Extender la organización sindical a trabajadores desocupados, informales, autónomos, y precarizados en general, constituye un nuevo desafío al que el fallo de la Corte entrega una importante bocanada de aire fresco.

Finalmente, el fallo “ATE” tiene la virtud de abrir múltiples discusiones, que serán saldadas a partir de la experiencia concreta de los trabajadores en cada lugar de trabajo, y de una paciente tarea de interpretación, tanto por parte de los operadores jurídicos como de los jueces, a lo largo del país.

Alcances y perspectivas del fallo “ATE”

El expediente judicial que resolvió la Corte, llegó a su conocimiento a través de la queja por recurso denegado –prevista en el art. 282º del CPCCN–, incoada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), frente al rechazo del recurso extraordinario planteado por ésta ante la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Dicha sala, había confirmado una resolución ministerial que receptaba el planteo deducido en sede administrativa por otra asociación sindical de primer grado, la Unión de Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA), respecto de la convocatoria a elección de delegados de personal instada por ATE, en el ámbito del Estado Mayor General del Ejército y Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.

Para así decidir, el Tribunal de Alzada tuvo en cuenta que la Resolución nº 414/66 (que otorga Personería gremial a PECIFA) excluye a ATE de los ámbitos territoriales de actuación comprendidos por la Capital Federal y algunos partidos del Gran Buenos Aires.

En concreto –y sin entrar a considerar los alcances de la Resolución MTEySS nº 255/03, que admite la coexistencia de representación sindical en el sector público–, la sala VI de la CNAT concluyó que ATE carecía de Personería Gremial en los referidos ámbitos geográficos, y se encontraba, en consecuencia, impedida de ejercer los derechos exclusivos que la LAS confiere a los sindicatos con Personería Gremial; entre otros, designar delegados de personal en el lugar de trabajo.

El planteo judicial impetrado por ATE impugnó el decisorio de grado con sustento en las resoluciones administrativas emanadas de la propia autoridad de aplicación (Resolución MTEySS nº 255/03, entre otras), en normativa de jerarquía legal (ley 24.185), y fuentes de rango supralegal y constitucional (Convenio 87 OIT, entre otros).

A mayor abundamiento, ATE solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 41º inciso “a” de la LAS, atento la contradicción evidenciada entre éste y la normativa constitucional vigente (Convenio nº 87 OIT y Tratados Internacionales de Derechos fundamentales, conforme artículo 75º inciso 22º, CN)

El dictamen elaborado por la Procuradora Fiscal de la Corte aconsejó hacer lugar al recurso de queja y dejar sin efecto la sentencia impugnada. Ello, con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad sentada por la CSJN, por cuanto se encontraba violado, en la especie, el principio de congruencia atento la falta de tratamiento de las peticiones, alegaciones y argumentos introducidos por la recurrente.

A su turno, la CSJN se apartó del criterio propiciado por la Procuración y resolvió desestimar los agravios fundados en la doctrina de la arbitrariedad (artículo 280º CPCCN). Sin embargo, declaró admisible el recurso, en cuanto a la tacha de inconstitucionalidad peticionada por ATE, respecto del artículo 41º de la LAS.

Con ese sólo alcance, la Corte Federal hizo lugar a la queja incoada y habilitó la instancia extraordinaria.

El artículo 41º de la LAS, consagra el monopolio de representación sindical en la empresa a favor del sindicato que ostenta Personería Gremial. Vale decir, que la única organización profesional de trabajadores que tiene derecho legal a elegir delegados de personal en el establecimiento o lugar de trabajo, es aquella que goza del atributo de la mayor representatividad reconocida a través de la Personería Gremial.

En consecuencia, el resto de los sindicatos, que se encuentran inscriptos en los términos del artículo 14º bis de la CN (“…simple inscripción en un registro especial…”) y poseen personería jurídica (artículo 23º LAS), carecen de facultades a los efectos de designar delegados en el lugar de trabajo (con excepción de la hipótesis remota contenida en el 2º párrafo del inciso 1º del artículo 41º LAS), atento a la ausencia de Personería Gremial ya referida.

Este esquema legal es analizado por la CSJN bajo la lupa de los Tratados Internacionales de Derechos Fundamentales, y la doctrina elaborada por sus órganos de control, que interpreta las condiciones de vigencia de dichos instrumentos.

La Corte Federal somete la ley sindical a un preciso test de constitucionalidad, de donde se desprende que la prescriptiva emanada de aquella batería normativa (art. 14º bis CN; Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convenio nº 87 de OIT; etc.) no consiente prerrogativas a los sindicatos más representativos, distintas a la prioridad en materia de representación en la negociación colectiva, consulta por las autoridades y designación de delegados ante los organismos internacionales.

De allí se colige que la exclusividad de ejercicio de la representación sindical en el lugar de trabajo, que el artículo 41º LAS reserva al sindicato con Personería Gremial, afecta flagrantemente la libertad sindical tanto en el...

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