Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 10 de Abril de 2012, expediente 46.742

Fecha de Resolución10 de Abril de 2012

Poder Judicial de la Nación CN° 46.742 “C., N.N. s/prórroga de prisión preventiva”.

° °

J.. Fed. n° 3 - Secretaría n° 6

Expte. n° 14.216/03/499

Reg. N° 269

Buenos Aires, 10 de abril de 2012.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud de la elevación dispuesta por el titular del J.ado Federal N° 3,

Secretaría N° 6 a los efectos de que esta S. efectúe el contralor, en los términos del art. 1° de la ley 24.390, de la decisión de fs. 3/13 por medio de la cual se prorrogó en esta causa la prisión preventiva de N.N.C. por el plazo de un año, teniendo en cuenta que el vencimiento del término de dos años habría operado el 12 de febrero de 2012 (arts. 311, 319 y 332 del C.P.P.N, arts.

  1. , 3 y 4 de la ley 24.390 -t.o. ley 25.430-; y arts. 316, segundo párrafo a contrario sensu, 317 y 319 del C.P.P.N.).

    El representante del Ministerio Público Fiscal se había opuesto oportunamente a la liberación del imputado y requerido, en consecuencia, que la medida se prorrogara (cfr. arts. y de la ley 24.390 -

    t.o. ley 25.430-). Teniendo en cuenta que la ley 24.390 reglamenta la garantía establecida por el art. 7.5 de la CADH y la doctrina de “Bramajo” (CSJN, B. 851

    XXXI, del 12/9/96), el Sr. Fiscal argumentó que los plazos por ella estipulados no operan en forma automática, sino que deben sopesarse conjuntamente, a los efectos de evaluar la razonabilidad del mantenimiento de la prisión preventiva,

    con las pautas de los arts. 280 y 319 del C.P.P.N.

    Desde ese norte, estimó que la objetiva y provisional valoración de los hechos atribuidos a C., encuadrados en la categoría de crímenes de lesa humanidad; la cuota de complejidad que añadían al proceso la cantidad de hechos que se le imputan; y la cercanía del juicio oral, permitían presuponer fundadamente la configuración de los peligros procesales que habilitan la medida cautelar. Concluyó que la duración del encierro cautelar más allá de los dos años no devenía irrazonable y que la dilación del proceso, en función de las circunstancias apuntadas, no podía ser cargada a una eventual ineficiencia estatal en la persecución.

    El Sr. J. admitió esta pretensión por aceptar, en primer lugar, la doctrina de “Bramajo”, la cual estimó reproducida en precedentes de tribunales inferiores y reafirmada por la propia CSJN en otros fallos. Consideró

    así que el plazo del art. 1° de la ley 24.390 no operaba automáticamente, sino que debía ser analizado a la luz de criterios restrictivos, que en el caso eran los siguientes: 1) la verificación de las circunstancias del art. 319 del C.P.P.N.; y 2)

    la complejidad de las actuaciones en el marco de la especial gravedad de los sucesos investigados en la causa.

    En lo que se refiere al primer criterio, sostuvo que era factible presumir la concreta concurrencia de peligros para la consecución de los fines del proceso penal. Respecto del riesgo de fuga dijo que el carácter de prófugo que C. detentó en estas actuaciones justificaba su encierro preventivo; que si bien no resultaba automática la valoración de la gravedad de los hechos imputados para exceptuar la regla de la libertad antes de una eventual condena,

    la pena con la que aquellos se encuentran conminados, la naturaleza de los delitos atribuidos y el grado de presunción de culpabilidad del imputado,

    constituían pautas valorativas que debían ser evaluadas al momento de realizar la proyección a futuro de la posible conducta de la persona sometida a proceso (cfr.

    fs. 7, 4to. párrafo).

    En esta dirección, recordó que C. fue procesado con prisión preventiva en orden a doscientos cuatro hechos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos; que tales imputaciones se le dirigieron como autor; y que, sin perjuicio de la pena prevista en abstracto para tales delitos, no podían dejar de ponderarse las circunstancias en que se cometieron tales sucesos a la hora de evaluar la intensidad de afectación del bien jurídico subyacente.

    Consideró que, en consecuencia, podía inferirse que, de recaer condena, la Poder Judicial de la Nación determinación de la pena aplicable al imputado podría alejarse drásticamente de los mínimos legales.

    En lo concerniente al peligro de entorpecimiento de las investigaciones, el J. sostuvo que resultaba aplicable la doctrina de esta S. in re: “R.” (c/n° 40.231, rta. el 3/6/07, reg. N° 505), por cuanto restaban dilucidarse circunstancias relativas a los hechos que damnificaron a cada una de las víctimas.

    Respecto del criterio vinculado con la complejidad de las actuaciones, el Dr. Rafecas sostuvo que los sucesos por los que se persigue a C. comparten las características generales de aquellos perpetrados por la dictadura militar, en ejecución del plan clandestino de represión ilegal (descriptas en el marco de la causa N° 13/84 de este Tribunal). Esta modalidad de concreción de los hechos y la intencionalidad de eliminar todos aquellos USO OFICIAL

    posibles rastros que dejaran tales sucesos se dirigían a una finalidad ulterior:

    lograr la impunidad de los autores. Por ello, este objetivo dificultó la tarea jurisdiccional y, de hecho, muchos de los acontecimientos que se le atribuyen a C. sólo obtuvieron una reconstrucción reciente, gracias a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense en los cementerios emplazados en la jurisdicción del I Cuerpo del Ejército.

    El J. consideró, por último, que la presente causa se encuentra en la etapa intermedia, por lo que sólo restaría evaluar las presentaciones de la acusación y la defensa a los efectos de pronunciarse sobre la elevación a juicio de la causa.

    II. La decisión del J. de primera instancia de prorrogar la prisión preventiva por el plazo de un año en los términos del art. 1° de la ley 24.390 será homologada por las siguientes razones.

    En primer lugar, corresponde realizar un análisis acerca de si es razonable mantener el encierro preventivo de C. más allá de los dos años establecidos por el art. 1° de la ley 24.390 y por el plazo de un año que ha fijado el juez de primera instancia, tras evaluar la complejidad de las actuaciones y la concurrencia de riesgos que comprometen los fines del proceso penal.

    II.1.- Cabe tener en cuenta que la orden de detención librada en relación con N.N.C. el 22 de febrero de 2006 por sospecharse de su intervención en los hechos que tuvieron lugar en el CCDT “El Vesubio”, en el contexto del sistema clandestino de represión ilegal instaurado por la dictadura militar que usurpó el poder entre los años 1976-1983, se materializó recién el 12 de febrero de 2010 luego de sucesivas medidas destinadas a dar con el paradero del imputado.

    El 16 de julio de 2010, el a quo dictó auto de procesamiento a su respecto por haberlo considerado provisoriamente autor de doscientos cuatro hechos que se calificaron bajo la figura de privación de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas (art. 144 bis, inc. 1° y último párrafo –ley 14.616-

    en función del art. 142, inc. 1 –ley 20.642-), agravada a su vez, en ciento veintiséis de dichas ocasiones, por su duración (art. 144 bis, último párrafo en función del art. 142, inc. 5 del C.P). Asimismo, el J. consideró que C. resultaba responsable provisoriamente, también como autor, de la imposición de tormentos, reiterada en doscientas cuatro oportunidades (art. 144 ter, primer párrafo, ley 14.616), delitos concurrentes en forma real con las privaciones de la libertad señaladas (art. 55 del C.P.). Asimismo, consideró necesario disponer su prisión preventiva por evaluar la concreta concurrencia de riesgos procesales.

    El 25 de agosto de 2011, la S. confirmó esa decisión (causa N° 44.686 “C., J.R. y otros s/ procesamiento con prisión preventiva y embargo”, rta. el 25/08/11, reg. 935), ocasión en la que evaluó asimismo la situación de otras personas imputadas que habrían intervenido dentro del CCDT

    El Vesubio

    , el cual habría operado desde abril de 1976 hasta septiembre de 1978 bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, en el territorio asignado a la jurisdicción de la Subzona 11, Comando de Zona de Defensa Primera. Cabe señalar que la causa transita actualmente por la intermedia, luego de que las defensas contestaron las vistas conferidas en los términos del art. 349 del CPPN.

    II.2.- Ahora bien, en lo que concierne a la prórroga prevista por el art. 1° de la ley 24.390, esta S. ha dicho que todo análisis relativo a las posibilidades de disponerla, lleva implícito el tratamiento de las circunstancias que justifican el encarcelamiento anterior a una condena. En otros términos, el hecho de que desaparezcan los motivos que avalan la restricción de la libertad durante un proceso, le quita sentido al estudio de los aspectos que ameritan extender esta medida cautelar más allá de los dos años.

    Poder Judicial de la Nación Por otro lado, aun cuando existan circunstancias que viabilicen la prisión preventiva y se encuentren acreditados además los aspectos que justifiquen la prórroga de esta medida cautelar más allá de los dos años, la validez del encierro preventivo de un imputado sigue supeditada a un plazo razonable de detención.

    A continuación se realizará un análisis detallado de los elementos de esta estructura normativa a partir de los cuales corresponde examinar la posibilidad de restringir preventivamente la libertad ambulatoria de las personas sometidas al proceso (conf. C.N. 39.939 “S., J.H. s/prórroga de la prisión preventiva”, reg. n° 1484, rta. el 28/12/06, entre otras).

    II.3.- Requisitos para restringir preventivamente la libertad de los imputados (hasta los dos años de encierro).

    El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza la USO OFICIAL

    libertad ambulatoria. Este derecho sólo puede restringirse, en principio, por una sentencia condenatoria firme que imponga una pena privativa de la libertad (artículo 18 de la CN).

    Excepcionalmente, se autoriza esta misma restricción aún antes de la finalización del procedimiento penal, circunstancia a partir de la cual toma forma el instituto de la prisión...

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