Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 6 de Septiembre de 2006, expediente L 93463

Fecha de Resolución 6 de Septiembre de 2006
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 6 de setiembre de 2006, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores R., K., Hitters, N., P., de L., S., D., Celesia, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 93.463, "P. , J.A.R. contra Empresa Social de Energía de Buenos Aires E.S.E.B.A. S.A.. Indemnización accidente de trabajo".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 1 de Necochea desestimó en cuanto al fondo y al contenido el pedido de declaración de inconstitucionalidad sobreviniente de las leyes 12.727 y 12.836 planteada en la causa que I.A.R.P. dedujo contra Empresa Social de Energía de Buenos Aires Eseba S.A. por cobro de indemnización por accidente del trabajo, tacha que la parte actora sustentara en los nuevos hechos que invocó.

Contra la citada resolución esta última dedujo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley .

Oída la señora Procuradora General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Corresponde anular de oficio la resolución de fs. 3116/3118?

    Caso negativo:

  2. ) ¿Han sido bien concedidos los recursos extraordinarios deducidos?

    Caso afirmativo:

  3. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad deducido a fs. 3128/3137?

    Caso negativo:

  4. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?

    En su caso:

  5. ) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley ?

    V O T A C I O N

    A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorR. dijo:

    He sostenido que en principio, salvo que así lo aconsejen las razones particulares de la causa que impidan el acabado cumplimiento de la competencia funcional revisora de esta Corte, no es dable utilizar el instituto de la anulación ex officio en sustitución del impulso impugnativo de parte [art. 161 inc. 3 b) de la Constitución provincial], cuando la anulación que se dicte encuentre fundamento en alguna de las causales que habilitaban la vía apelada [arts. 168 y 171 de la Constitución local].

    Ello así toda vez que en mi parecer el control casatorio sobre las formas, solemnidades y deberes que deben guardar los integrantes de los tribunales colegiados en el dictado de sus sentencias definitivas, o a ellas equiparables, solamente se habilita a instancia de parte, conforme la manda constitucional y el principio dispositivo que rige el proceso que nos ocupa.

    En el presente, por lo demás, tenemos que el propio actor ha planteado recurso extraordinario de nulidad, además de los de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad, no obstante lo cual las particulares circunstancias del caso reseñadas por la Procuración General desaconsejan cualquier solución que implique el reenvío de la causa con el detrimento para una solución del conflicto en tiempo idóneo que ello representa [art. 15 de la Constitución local].

    Por las razones expuestas, entendiendo que se debe abordar el tratamiento de los recursos traídos, voto por la negativa.

    A la primera cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

    1. En cuanto resulta de interés a los fines de los recursos deducidos, corresponde destacar, como relevantes, las siguientes circunstancias de la causa:

      1. Con fecha 30XI2001 el tribunal del trabajo dictó sentencia en autos condenando a la demandada E.S.E. B.A. S.A. al pago de indemnización por daños y perjuicios comprensiva de daño patrimonial y moral, pérdida de chance y gastos terapéuticos futuros (fs. 2507/2531 y aclaratorias de fs. 2532 y 2573/2578). Objeto de sucesivos embates recursivos, la decisión quedó firme luego de la desestimación de la queja que, por denegatoria del recurso extraordinario federal, hubo de ser interpuesta por el Fisco provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver constancia, fs. 2739).

      2. Sin perjuicio del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 12.727 y 12.836 efectuado por la actora y su letrado en la etapa de ejecución de sentencia (fs. 2778/2783), desestimado a fs. 2811/2813, por ulterior conducto configurado en la existencia de nuevos hechos, y con fundamento en la virtualidad asignada a los mismos (a saber: la cesación de la emergencia, el incremento de la recaudación fiscal y la imperiosidad del tratamiento en una clínica de la especialidad situada en los Estados Unidos de la afección visual del actor, gravemente acentuada al punto de una ceguera inminente) este último articuló a fs. 3092/3100 vta. un nuevo planteo destinado a obtener la declaración de la inconstitucionalidad sobreviniente de aquellas normas.

      3. Luego de contingencias procesales que culminaron en la frustración de un pedido de informes respecto del costo del tratamiento necesario, requerido por el tribunal del trabajo, el órgano dictó resolución a fs. 3116/3118 y en lo que interesa rechazó "el planteo en lo referente al fondo y al contenido de las argumentaciones vertidas", decisión que es motivo de impugnación ante esta Corte mediante los recursos interpuestos a fs. 3128/3145.

    2. Como acertadamente observa la señora Procuradora General, la resolución del tribunal del trabajo interviniente que, en la etapa de ejecución de sentencia resuelve, en lo referente al fondo (v. fs. 3117 vta.), sobre la tacha de inconstitucionalidad sobreviniente de las leyes 12.727 y 12.836 ante los hechos nuevos denunciados, en un análisis y su definición insusceptible de ser renovado en una etapa ulterior, reviste carácter de definitiva en los términos de los arts. 278, 296 y 297 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doct. causas Ac. 85.542, "Cellillo" del 11VI2003; L. 58.819 del 19IX1995; L. 50.498, "L." del 17V1994; v., también, causa Ac. 90.281, "Chiapero" del 30III2005).

      En tales condiciones, corresponde declarar de oficio la nulidad de dicho pronunciamiento definitivo, en tanto no observó la formalidad del acuerdo y voto individual de los magistrados pues, por su naturaleza, no es de aquéllos que puedan quedar relevados del cumplimiento de dichos recaudos formales de orden constitucional (art. 168 de la Constitución provincial; doct. causas Ac. 90.868, "C., M." del 15XII2004; Ac. 86.997 del 18XI2003).

      En efecto, así se ha declarado entre otras en la causa Ac. 90.396, "A." (del 9II2005); y sea que se trate de una sentencia definitiva en sentido estricto, o de una decisión equiparable a sentencia definitiva a los fines de los recursos extraordinarios, si la misma decide cuestiones esenciales (entendiéndose por tales, según lo ha señalado esta Corte, a aquéllas que conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender), los jueces no pueden dejar de observar la forma del acuerdo y voto individual. El incumplimiento de dicha exigencia impone a la Corte la declaración de nulidad de la decisión, pues el art. 168 de la Constitución provincial reclama respecto de los tribunales colegiados, que los jueces que los integran den su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir, y que, por regla, la formalidad del acuerdo es requisito esencial para la validez del fallo, pues sin él no puede considerarse cumplida dicha disposición constitucional (causa Ac. 91.668, "B., V." del 8IX2004).

      Se ha declarado asimismo que dicha solución el inevitable decreto de la nulidad de una decisión definitiva emitida con prescindencia de los recaudos formales establecidos por la Constitución torna inoficioso pronunciarse respecto de la admisibilidad de los recursos extraordinarios deducidos (causa Ac. 90.396 citada).

    3. Por ello, y en concordancia con lo dictaminado por la señora Procuradora General se anula de oficio la sentencia de fs. 3116/3118. Los autos deberán devolverse al tribunal de origen para que, integrado con nuevos jueces y con la premura que se requiere en el citado dictamen, por las razones que allí se indican (fs. 3160 vta.) dicte nuevo pronunciamiento.

      Voto por la afirmativa.

      A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorH. dijo:

    4. Comparto la relación de antecedentes y solución propuesta por mi distinguida colega preopinante doctora K., en función del siguiente desarrollo argumental.

    5. La resolución del tribunal del trabajo interviniente que en el ámbito de la ejecución de sentencia, ante los hechos nuevos denunciados, resolvió el planteo sobre la inconstitucionalidad sobreviniente de las leyes 12.727 y 12.836 (ver fs. 3117 vta.), en un análisis insusceptible de ser renovado en una etapa ulterior, reviste carácter de definitiva en los términos de los arts. 278, 296 y 297 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doct. causas Ac. 85.542, "Cellillo", res. del 11VI2003; L. 58.819, res. del 19IX1995; L. 50.498, "L.", sent. del 17V1994; Ac. 90.281, "C.", res. del 30III2005).

      Además, resultando que por ella se decide un punto directamente relacionado con el sentido y alcance del pronunciamiento en concreto, la forma en que la demandada ha de cumplir la condena, no cabe hesitación en cuanto a que resuelve una cuestión esencial (Ac. 84.254, sent. del 15XII2004).

    6. En tanto al dictarse el pronunciamiento en crisis, no ha sido observado el acuerdo y voto individual de los magistrados, formalidades que, por la naturaleza de la resolución, no pueden quedar relevadas a la luz de la observancia del art. 168 de la Constitución provincial (doct. causas Ac. 90.868, sent. del 15XII2004; Ac. 86.997, sent. del 18XI2003), corresponde declarar, oficiosamente, la nulidad de dicho decisorio.

      Al respecto, es menester recordar que el art. 168 de la Carta Magna Local exige, respecto de los tribunales colegiados, que los jueces que los integran den su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir y que, por regla, la formalidad del acuerdo es requisito esencial para la validez del fallo, pues sin él no puede considerarse cumplida dicha disposición constitucional (Ac. 91.668, res. del 8 XI2004).

    7. Las...

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