Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2003 (caso Causa L 84141)

Fecha de Resolución:17 de Diciembre de 2003
Emisor:Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires
 
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A C U E R D OEn la ciudad de La Plata, a 17 de diciembre de 2003, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Salas, Kogan, de Lázzari, Roncoroni, Negri, Hitters, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 84.141, “Marconi, Eduardo Enrique contra Cargill S.A.C.I. Daños y perjuicios”.A N T E C E D E N T E SEl Tribunal del Trabajo nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley  24.557, sin imposición de costas.La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley .Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguienteC U E S T I O N¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ?V O T A C I O NA la cuestión planteada, el señor Juez doctor Salas dijo:I. El tribunal del trabajo declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley  24.557 en las presentes actuaciones, promovidas el 4-II-2000 (cargo de fs. 81 vta.) por Eduardo Enrique Marconi contra “Cargill S.A.C. e I.” por las que pretende indemnización con sustento en el derecho civil, con motivo de la incapacidad que denuncia padecer con motivo de las dolencias generadas por las labores prestadas a órdenes de la demandada durante el transcurso de la relación laboral la que concluyó por el despido dispuesto por la accionada el 30-IV-1999.II. Contra la resolución de origen la parte accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley  el que, según mi criterio, debe prosperar conforme a las siguientes consideraciones.1. En los precedentes de esta Corte identificados como L. 75.346, “Brítez” y L. 77.503, “Cardelli”, sents. ambas del 6-VI-2001, se declaró -por mayoría- la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley  24.557.2. El Máximo Tribunal de la Nación revocó los referidos precedentes, señalando a este Tribunal adecue los pronunciamientos a los fundamentos y conclusiones de la causa G. 987. XXXVI, “Gorosito c/ Riva S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, del 1º de febrero de 2002.3.a. En oportunidad de decidirse las causas L. 77.034 “Aburto”, L. 77.524, “Farías” y L. 70.185 “Rodríguez”, sents. del 23-X-2002 esta Suprema Corte se limitó -por mayoría- a acatar la decisión del Superior Tribunal concluyéndose que los actores no eran titulares de la acción que dedujeron en su demanda.3.b. En los precedentes de referencia no conformé con mi voto el criterio de la mayoría y por el contrario mantuve mi opinión en orden a la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley  de Riesgos del Trabajo. No obstante y dejando a salvo tal criterio, considero prudente y necesario por razones de economía procesal formular una adecuación de mi postura a las implicancias que acarrea el referenciado fallo “Gorosito”.4. Con posterioridad a aquéllos pronunciamientos este Tribunal declaró -por mayoría- la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley  de Riesgos del Trabajo -en adelante, L.R.T.- en la causa L. 75.708, “Quiroga”, sent. del 23-IV-2003, al considerar que la referida norma altera la estructura jurisdiccional de la Nación en relación con las Provincias puesto que federalizó temas que no son de esa índole. Las cuestiones atrapadas en la norma no pueden considerarse federales ni en razón de la materia, porque los accidentes y enfermedades del trabajo son de derecho común, aún cuando se considerase a la ley  incluida dentro de la seguridad social, ni en razón de los sujetos puesto que los trabajadores, empleadores y aseguradoras de Riesgos del Trabajo son sujetos de derecho privado; consiguientemente el sometimiento a la competencia federal de cuestiones que corresponden a las jurisdicciones provinciales, priva a la Provincia de Buenos Aires de poderes expresamente reservados. Por tal razón se estableció que la citada norma atenta contra la autonomía provincial y desvirtúa el sistema federal establecido en el art. 1 de la Constitución nacional, violando de esa manera también los arts. 5, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la Carta Magna.Por las razones expuestas, y otras muchas consideraciones desarrolladas en cada voto de los jueces intervinientes, en el precedente señalado se declaró que el art. 46 de la L.R.T. es inconstitucional y se estableció la competencia de la Justicia provincial para llevar adelante el procedimiento establecido en la referida ley , con arreglo a las normas procesales del fuero reguladas en el ámbito local por la ley  11.653, a resultas del cual habrían de establecerse las prestaciones y/o indemnizaciones a que sean acreedores los trabajadores en el ámbito territorial de la Provincia.5. A partir de lo resuelto en el caso citado, en el que -repito- se declaró la inconstitucionalidad del art. 46 de la L.R.T. y se determinó la competencia de los Tribunales laborales locales para el conocimiento de las pretensiones derivadas de la ley  24.557, esta Corte se encuentra en condiciones de formular una nueva interpretación del fallo dictado en la referida causa “Gorosito” y establecer el alcance de la misma a la luz de estos principios.5.a. Considero oportuno señalar, entonces, que el Superior Tribunal de la Nación abordó el cuestionamiento de la constitucionalidad del tantas veces mencionado art. 39 L.R.T., desde dos perspectivas: a) como facultad del legislador para crear válidamente un sistema específico para la reparación de los daños del trabajo y separarlo del régimen de responsabilidad por daños establecidos en el Código Civil (consid. 3º) y, b) si en el caso en análisis -”Goro-sito”- se había demostrado que la aplicación de la ley  24.557 comportara alguna postergación o, principalmente, la frustración del derecho al resarcimiento por daños a la integridad psicofísica o a la rehabilitación (consid. 11º).Con arreglo a la primera de ellas, sostuvo -en apretada síntesis- que el legislador, en uso de prerrogativas otorgadas por la Carta Magna, decidió la sustitución de un régimen que en años anteriores y ante circunstancias diferentes había resultado razonable, por otro que consideró adecuado a la realidad del momento incluyéndolo más en el terreno de la seguridad social que en el derecho del trabajo (consid. 6º).También se dijo que el texto legal revela que de acuerdo con la voluntad del legislador, el objeto del sistema no consiste en la exoneración de responsabilidad por culpa del empleador sino en la sustitución del obligado frente al siniestro. Es decir, el bien jurídico protegido es la indemnidad psicofísica del dependiente y, desde tal perspectiva se impone otorgar primacía a la circunstancia de que, en definitiva, el daño llegue a ser reparado (consid. cit.).Señaló además que la limitación del acceso a la vía civil que establece la norma impugnada no puede ser considerada discriminatoria per se (consid. 12º).Asimismo se agregó que no obstante abarcar a la mayoría de la población económicamente activa, el sistema de la ley  24.557 atiende a situaciones y riesgos producidos en un ámbito específico y diferenciado de los restantes de la vida contemporánea -el del trabajo- lo cual permite la previsión y el resarcimiento de las consecuencias dañosas derivadas específicamente de la situación laboral conforme a parámetros preestablecidos.5.b. Analizando el caso concreto, consideró que no se había demostrado que la aplicación de la ley  comportara alguna postergación o principalmente, la frustración del derecho al resarcimiento por daños a la integridad psicofísica o a la rehabilitación, puesto que, según la documentación acompañada con la demanda, la Comisión Médica local había establecido la inexistencia de incapacidad, dictamen confirmado por la Comisión Médica Central ante el recurso presentado por el actor, señalando que éste no había invocado ni demostrado que recurriera a la Cámara Federal de la Seguridad Social tal como lo autoriza el art. 46 de la ley  (consid. 11º, el subrayado me pertenece). Destacando que sin conocer la cuantía del daño y de los eventuales resarcimientos no es posible efectuar comparación alguna (consid. cit., el subrayado me pertenece).Se puntualizó además que el resarcimiento al que el siniestrado puede acceder en sede civil no es necesariamente mayor al previsto en las reglamentaciones del sistema de la L.R.T. (consid. 15º).Luego de aclarar que la reparación plena es un concepto sujeto a limitaciones tanto en el Código Civil como en otros sistemas de responsabilidad (consid. 16º), y que tales limitaciones son propias de la discreción del cuerpo legislativo y, por lo tanto no son susceptibles de cuestionamiento con base constitucional salvo que se compruebe la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía que invoca el interesado (consid. 17º, el subrayado me pertenece), concluyó el Alto Tribunal de la Nación que no es posible predicar en abstracto que el precepto impugnado conduzca invariablemente a la concesión de reparaciones menguadas con menoscabo de derechos de raigambre constitucional (consid. 18º, el subrayado me pertenece).6. Con arreglo a lo expuesto, entiendo que los lineamientos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben ser aplicados en el ámbito local con el debido resguardo de la autonomía de la Provincia de Buenos Aires en las cuestiones que son propias de la jurisdicción provincial.Es por tal razón que, dentro del territorio de nuestra provincia, el órgano jurisdiccional llamado a dirimir los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de las reglas derivadas de la ley  24.557 son los tribunales del trabajo locales conforme el diseño de competencias establecido en el art. 2 de la ley  11.653 de procedimiento del fuero.Por ello deviene menester sustanciar la causa a fin de establecer los presupuestos fácticos necesarios que permitan determinar el importe que eventualmente correspondería abonar a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo de conformidad con las prescripciones de la ley  24.557, y verificar si esa reparación resulta satisfactoria o si, por el contrario la misma configura una lesión al principio constitucional alterum non laedere.Cabe establecer, con relación a este principio, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la reglamentación que hace el Código Civil en orden a las personas y responsabilidades consecuentes, no las establece con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica. Agregando asimismo que la responsabilidad que se dispone en los arts. 1109 y 1113 del citado cuerpo normativo sólo consagra el principio establecido en el art. 19 de la Constitución nacional, que prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero (“Fallos”: 308-I:1120).Criterio que aplicó el Alto Tribunal de la Nación en la causa “Santa Coloma contra Ferrocarriles Argentinos” del 5-VIII-1986, en la cual, ante una reparación insuficiente, señaló en forma categórica que un monto menguado y nominal de reparación lesiona el principio alterum non laedere, que cuenta con respaldo constitucional.7. En tales condiciones, considero que una adecuada interpretación de los principios y conclusiones de la causa “Gorosito”, lleva necesariamente a establecer que la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T. pronunciada en la instancia de grado, como cuestión previa, constituye un predicamento en abstracto.8. Como corolario de lo expuesto, el tribunal de grado, oportunamente, ponderará la razonabilidad de la normativa involucrada conforme el principio que informa el art. 28 de la Constitución nacional, en la inteligencia de que la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe considerarse como ultima ratio de orden jurídico (conf causas L. 38.835, sent. del 10-V-1988; L. 45.582, sent. del 2-IV-1991, entre otras).9. Por lo expresado corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley , revocar la resolución de grado, debiendo volver la causa al tribunal de origen a fin de que prosiga con las actuaciones.Costas por su orden atento a la forma en que se resuelve el recurso y las dificultades interpretativas generadas por la ley  24.557 (arts. 68 y 289, C.P.C.C.) Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:Adhiero al voto del colega doctor Salas en los puntos I, II apart. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con las siguientes consideraciones.Ha sido criterio de la Corte de Justicia de la Nación -al fallar en la causa “Gorosito”- no valorar en abstracto la validez constitucional del art. 39 de la ley  24.557 y destacar los aspectos positivos del sistema para justificar la existencia de un régimen distinto al del Código Civil. En el fallo el Alto Tribunal remite la eficacia del régimen diferenciado a un juicio de “razonabilidad” (v. consid. 9º) y a la demostración de la ostensible insuficiencia de las prestaciones en relación al daño que se acredita padecer. Aclara en el consid. 12 que, ese trato especial es consentido -en principio- desde su óptica “... con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o de grupo de personas ...”. Asevera en los considerandos 17 y 18 del pronunciamiento citado que siempre han de ser susceptibles de cuestionamiento constitucional las disposiciones limitativas cuando “... se compruebe la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía que invoca el interesado...” y que, para ello, resulta decisivo comparar aquello que la ley  24.557 da a la víctima en relación con aquello que la víctima padece ( “... conduzca inevitablemente a la concesión de reparaciones menguadas con menoscabo de derechos de raigambre constitucional...”).De ahí que, deviene necesario examinar cada planteo en particular para determinar si, de acuerdo a las circunstancias particulares del mismo, las normas impugnadas provocan perjuicio relevante constitucionalmente a la víctima.Por ello, el tribunal de grado deberá sustanciar la presente causa y analizar la -eventual- viabilidad de la pretensión resarcitoria y los alcances -también eventuales- de la reparación que le correspondería percibir al trabajador de conformidad con las prescripciones de la ley  24.557. Cumplido ello, y de acuerdo al mandato contenido en la reseñada causa “Gorosito” deberá verificar el tribunal actuante si esa reparación resulta satisfactoria o sí, por el contrario, configura una lesión al principio constitucional de no dañar.Con el alcance indicado, doy también mi voto por la afirmativa.A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:1. En distintos precedentes de esta Corte, como por ejemplo L. 75.346 y L. 77.503 (sentencias ambas del 6-VI-2001), conformé el criterio mayoritario que concluyó en la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley  24.557. La Corte Suprema de la Nación revocó tales pronunciamientos, ordenando a este Tribunal proceda a adecuar las sentencias a los fundamentos y conclusiones de la causa G 987, XXXVI, “Gorosito c/ Riva S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, del 1º de febrero de 2002.2. En oportunidad de decidirse, entre otras, las causas L. 77.034, L. 77.524 y L. 70.185, (sentencias del 23-X-2002), esta Suprema Corte se limitó -por mayoría- a acatar la decisión del Superior Tribunal concluyéndose que los actores no eran titulares de la acción que dedujeron en su demanda. Participé de tal criterio, con independencia de la opinión personal, en función de razones de economía y celeridad que imponían tal acatamiento.3. La interpretación que en tal ocasión se formuló sobre la doctrina de “Gorosito” no fue antojadiza ni caprichosa. Antes bien, descansó en las claras enunciaciones de ese fallo, entre las que cabe destacar:a) Que las normas provenientes del derecho civil vinculadas con la reparación de los daños y perjuicios no conforman el único régimen que se aposenta en la garantía constitucional que prohibe a cualquiera perjudicar los derechos de un tercero. Tal reglamentación en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no posee carácter exclusivo y excluyente, desde que el principio general estampado en la Constitución es receptado por todas las disciplinas jurídicas, constituyendo el Código Civil, precisamente, una de las adecuaciones posibles del citado principio (considerando 8º).b) Que la limitación del acceso a la vía civil que establece el art. 39 no puede ser considerada de suyo discriminatoria (considerando 12).c) Que la restricción de la acción civil así legitimada posee como contrapartida una serie de prestaciones en dinero y en especie y otro tipo de ventajas en beneficio del trabajador, de las que no gozan quienes no revisten aquella calidad (considerando 14).d) Que el resarcimiento previsto en la órbita civil no es necesariamente mayor al contemplado en el sistema de la L.R.T (considerando 15).e) Que la reparación plena es un concepto sujeto a limitaciones, tanto en el Código Civil como en otros sistemas especiales de responsabilidad (considerando 16).f) Que tales limitaciones son propias de la discreción del cuerpo legislativo y, por lo tanto, no son susceptibles de cuestionamiento con base constitucional (considerando 17). (La excepción que también la Corte formuló a este respecto se analizará en el acápite siguiente).4. Sigo pensando que las conclusiones precedentes constituyen el dictum del caso “Gorosito” y que, por decisión de la Corte federal, la reparación de los daños derivados del trabajo no puede materializarse ya por la vía del derecho civil. Sin embargo, determinados pasajes del precedente analizado obligan a esclarecer sus alcances. En particular, expresó también allí la Corte Suprema:a) Que el bien jurídico protegido es la indemnidad psicofísica del trabajador dependiente y desde tal perspectiva se impone otorgar primacía a la circunstancia de que, en definitiva, el daño llegue a ser reparado (considerando 6º).b) Que constituye requisito necesario de validez de las leyes su razonabilidad (considerando 9º).c) Que las limitaciones que legalmente puede recibir la reparación plena son propias de la discreción del cuerpo legislativo y por lo tanto no son susceptibles de cuestionamiento con base constitucional, salvo que se compruebe la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía que invoca el interesado (considerando 17º).d) Que no es posible predicar en abstracto que el precepto impugnado en la especie conduzca inevitablemente a la concesión de reparaciones menguadas con menoscabo de derechos de raigambre constitucional (considerando 18º). En este sentido, sin conocer la cuantía del daño y de los eventuales resarcimientos no es posible efectuar comparación alguna (considerando 12º in fine).5. Resulta necesario aprehender las salvedades precedentes en su intrínseco significado. Y en este sentido, la comparación que predica la Corte nacional no parece remitida a una ecuación que contenga como factor, ingrediente o elemento computable la eventual reparación que por vía del derecho civil habría obtenido el demandante. Esto último sería contradictorio, pues en Gorosito se concluye enfáticamente en que el legislador ha creado válidamente un sistema específico para la reparación de los daños del trabajo separado del régimen de responsabilidad por daños establecidos en el Código Civil, cuya inaplicabilidad al ámbito del trabajo declara legítima. Esta inteligencia conduce, por lo tanto, a determinar cuál es el parámetro aplicable, cuál la circunstancia, pauta o regla que deberá tenerse en cuenta para constatar “la existencia y realidad de un menoscabo sustancial” (Gorosito, considerando 17º), o de qué manera ha de poderse “efectuar comparación alguna” (considerando 12ª).En esa labor, la propia Corte ha remitido al concepto de razonabilidad (considerando 9º), descansando en una plataforma básica: el bien jurídico protegido es la indemnidad psicofísica del trabajador (considerando 6º).6. Se entiende por razonabilidad de las leyes la relación según la cual deben conformar medios aptos para el cumplimiento de los fines estipulados por la Constitución. Si carecen de aptitud para lograr el fin que se propuso esta última, pueden ser descalificadas por carentes de razonabilidad. Los medios adoptados han de ser rectamente apropiados en todas las circunstancias. La reglamentación legislativa no debe ser infundada o arbitraria sino justificada por los hechos y las circunstancias que le han dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido. Lo razonable en sentido jurídicopolítico supone equilibrio, moderación, armonía. Lo razonable, en fin, quiere decir lo axiológicamente válido según la circunstancias del caso, lo oportuno, lo conveniente en función de todos los valores (cfr. Linares Quintana, Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, ed. Alfa, t. III, p. 355 y sgts.).En el examen de razonabilidad que la Corte Suprema autoriza en “Gorosito”, subyace en consecuencia una típica cuestión de hecho consistente en establecer en cada caso si la ley , al reglamentar el sistema indemnizatorio ha cambiado o de algún modo alterado la esencia del bien jurídico protegido que ella misma individualizó como la indemnidad psicofísica del trabajador.De manera que se presenta la difícil tarea de delimitar o determinar lo que constituye el contenido esencial de tal derecho. En este sentido, se ha expresado: “..entendemos por contenido esencial aquella parte del contenido de un derecho sin la cual pierde su peculiaridad, o dicho de otro modo, lo que hace que sea reconocible como derecho perteneciente a un determinado tipo. Es también aquella parte del contenido esencial que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacción de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga”. (Daniel Edgardo Maljar, “Antecedentes jurisprudenciales de la C.S. sobre el derecho de emergencia. El principio de razonabilidad utilizado como límite”, en “El Derecho”, supl. del 10-VI-2002, p. 4 y sgts., con cita del fallo 11/1981 del S.T.J. de España). El mismo autor refiere en pág. 5, nota 75, que dicho Tribunal propuso dos caminos hermenéuticos para tratar de aproximarse a la idea del contenido esencial.El primero es tratar de acudir a lo que se suele llamar naturaleza jurídica o el modo de concebir o configurar cada derecho. Según esta idea, hay que tratar de establecer una relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones normativas y lo que algunos autores han llamado metalenguaje o ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y en general los especialistas en derecho. Muchas veces el nomen y el alcance de un derecho subjetivo son previos al momento en que tal derecho resulta recogido y regulado por un legislador concreto. El tipo abstracto del derecho preexistente conceptualmente al momento legislativo, y en este sentido se puede hablar de una recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la regulación concreta. Los especialistas en derecho pueden responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta o no a lo que generalmente se entiende por un derecho de tal tipo. Constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descripto y sin las cuales deja de pertenecer al tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, desnaturalizándose por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales.El segundo camino consiste en tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos. Se puede entonces hablar de la esencialidad del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicos protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección (op. y loc. cit.).7. Este largo recorrido permite coincidir en que “no es posible predicar en abstracto que el precepto impugnado en la especie conduzca inevitablemente a la concesión de reparaciones menguadas con menoscabo de derechos de raigambre constitucional” (Gorosito, considerando 18º).Mas, ¿qué hacer con demandas como la de autos, en las que derechamente la pretensión se instala en el terreno del derecho civil, denunciando la inconstitucionalidad del sistema especial que veda la utilización del primero siendo que, como se ha visto, desde el plano supralegal no caben reproches?La solución mas directa y lineal es la que adoptara este Tribunal inmediatamente que le fueran revocados los fallos que dictara en “Cardelli” o “Britez”: como no hay acción civil se impone el rechazo. Pero, ciertamente, un examen más profundo no puede desconocer que Gorosito también provee pistas, señales, datos, pautas en fin, tal vez oscuras pero en todo caso cuanto menos aptas para responder a la apetencia de justicia. De allí que esas particulares circunstancias demanden ahora una respuesta. Es que multiplicidad de procesos aguardan solución y enormes esfuerzos interpretativos han tenido lugar en el campo doctrinario, inclusive con alguna recepción jurisprudencial, tendientes a otorgar un alcance extensivo a los conceptos ya analizados del caso Gorosito en los que se auspicia algún tipo de comparación. Todo ello inmerso en otra realidad: la de miles de trabajadores, hombres y mujeres de carne y hueso cuyos reclamos indemnizatorios se debaten en la incertidumbre.Al conjuro de esos datos este Tribunal se encuentra en la obligación de marcar la senda que considere adecuada para superar semejante situación. Y entonces aparece justificado el cambio de criterio, abandonando el liso y llano rechazo de la demanda para concluir en que la declaración en abstracto de inconstitucionalidad con carácter previo y sin consideración particular de las circunstancias de la causa resulta prematura. Entonces parece legítimo acordar la posibilidad de verificar en concreto si media o no menoscabo sustancial a las garantías constitucionales que invoca el interesado.8. Pero el problema es cómo ha de hacerse esa verificación. No podrían concluir estos desarrollos aquí, limitándonos a dejar sentado lo expuesto y reenviando la causa para que los tribunales de grado asuman el siguiente paso como quieran o puedan. Entiendo necesario que la Suprema Corte también enuncie en concreto cuál es la actividad subsiguiente. De otro modo nuevamente la disparidad de criterios, la incertidumbre en fin, habrán de reinar.Como se ha visto, en autos se procura una indemnización desde la vertiente del derecho civil, tachando en bloque de inconstitucional el sistema de la ley  24.557. Un estricto apego al principio de congruencia, en conjunción con la receptada constitucionalidad del art. 39 de la L.R.T., conduciría a la ya enunciada repulsa. Sin embargo, la ortodoxia de los conceptos procesales admite flexibilización en supuestos excepcionales, como el que nos ocupa. De allí que corresponda armonizar aquellas exigencias de tipo formal con las particularidades que se presentan en el caso, para que las decisiones judiciales sean verdaderamente útiles. Hay un verdadero principio de utilidad de la sentencia, que se vincula con otro preponderante que es el valor eficacia del servicio de justicia, que ha de servir verdaderamente para cumplimentar el auténtico rol de la jurisdicción de suprimir los conflictos y lograr la paz social.Es lo que Peyrano resalta como la clara conciencia de la función instrumental del proceso, cuyo objeto radica en la efectivización de los derechos, por lo que recomienda interpretar el ordenamiento de manera tal que: a) la verdad material prevalezca sobre la verdad formal (Colalillo). b) debe procurarse evitar la pérdida de derechos a raíz de la aplicación de normas procesales. A ello agrega el favor processum, que prescribe que en supuestos de perplejidad interpretativa respecto de la ley  procesal, se debe preferir la solución que tiende a mantener la eficacia y estabilidad de actos procedimentales (Procedimiento civil y comercial, ed. Juris, t. 1, p. 83 y sgts.).Pesa sobre los jueces un específico deber: el de ponderar qué es lo que se seguirá de su fallo, cuáles consecuencias o efectos, el sentido, alcance y derivaciones del resultado al que arribe. No puede permanecer indiferente a esos resultados. Habrá de representárselos formulando una tarea de verificación de los mismos en función del valor justicia. Esta ponderación de las consecuencias de la decisión ha sido sostenida reiteradamente por la Corte Suprema de la Nación: “Si la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de sus términos, conduce a resultados que no armonizan con principios axiológicos superiores, arriba a conclusiones reñidas con las circunstancias del caso, o a consecuencias notablemente disvaliosas, la interpretación de la ley  debe integrarse a su espíritu, a sus fines y a los principios fundamentales del derecho en grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo (“Fallos”, 302:1284). “La aceptación de soluciones disvaliosas es incompatible con la misión de los jueces” (“Fallos”, 313:1238). “La verificación de los resultados a que conduce la exégesis de una norma y las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley , son presupuestos para llegar a su correcto entendimiento” (“Fallos”, 305:1254). “Si bien es cierto que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma, su congruencia con el resto del sistema al que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias, y que tales reglas tienen como presupuesto una adecuada ponderación de las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley  y, además, la verificación de los resultados a que su exégesis conduzca en el caso concreto. (“Fallos”, 303:917 o “La ley ”, 1982-A-3).En definitiva, existe un compromiso y una responsabilidad social de la justicia en cumplimentar tales objetivos y en desarrollar acciones que prevengan, eviten o hagan cesar determinados daños o circunstancias disvaliosas, lo que emerge de la propia Constitución (Preámbulo, arts. 14, 28, 33, etc.). Todo lo cual se exhibe con mayor contundencia en materia de justicia de protección, como es el ámbito laboral, en donde a toda costa debe impedirse que las exigencias formales frustren el derecho sustancial. (cfr. Morello, “El proceso justo”, p. 575 y sgts.).9. Llegados a este punto, el acogimiento del recurso conlleva la revocación del fallo de origen en cuanto declaró prematuramente la inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T. pero, además, corresponde especificar que en la instancia ordinaria deberá reconducirse el proceso, cuyo objeto no lo constituye en adelante una acción de resarcimiento de daños y perjuicios con base en el derecho civil sino que queda circunscripto a la apreciación de si el sistema de la ley  especial, en el caso concreto, genera o no afectación constitucional del bien jurídico protegido -la indemnidad psicofísica del trabajador- con arreglo al criterio de razonabilidad.Esta reconducción de la litis se sustenta en las consideraciones precedentemente expuestas así como también en lo dispuesto por los arts. 15 y 39 inc. 3º de la Constitución de Buenos Aires; 34 inc. 5º y 36 inc. 1º y 2º del Código Procesal en lo Civil y Comercial; 11, 12, 63 y doctrina del 44 inc. e, último párrafo de la ley  11.653. Su sustanciación pertenece naturalmente a la competencia de los Tribunales del Trabajo en virtud de lo que disponen los arts. 1 y 2 de la ley  11.653.A tales fines, retornados los autos el Tribunal interviniente ordenará que el accionante adecue su pretensión conforme las pautas precedentes ofreciendo las pruebas de que intente valerse, estableciéndose el plazo respectivo, bajo apercibimiento de que en caso de silencio será desestimada la originaria demanda. Una vez formulada la adecuación, respetándose el principio de bilateralidad se correrá traslado de la misma a quienes posean legitimación pasiva, los que podrán controvertir la supuesta afectación ofreciendo de su lado los medios probatorios pertinentes. Finalmente, el órgano jurisdiccional decidirá la cuestión de hecho resultante.10. Tal reconducción, como se adelantara, viene impuesta por la necesidad que tiene toda función jurisdiccional, y aún más la impuesta a este Tribunal, de garantizar el debido proceso y la defensa en juicio. Criterio ya expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Danna” y “Laurens”, en que dejó sin efecto decisiones de este Tribunal que había dispuesto el archivo de las actuaciones y ordenó la readecuación de las mismas. Allí indicó “...que si bien ha dicho la Corte que la garantía constitucional de la defensa en juicio no se opone a su reglamentación en beneficio de la correcta sustanciación de las causas (“Fallos”: 185:242; 229:761), y que dicho poder incluye la facultad de efectuar distinciones razonables entre quienes no se encuentran en la misma condición (“Fallos”: 216:69), cabe también señalar que en la interpretación de las normas legislativas y reglamentarias debe evitarse que los particulares queden fuera de protección jurisdiccional, en situación de indefensión; la falta de recaudos formales no puede utilizarse hasta aniquilar los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados (doctr. de “Fallos”: 293:362; 296:691; 302:1611). (Corte Sup., 23-IV-1987, “Danna, Salvador A. y otros v. Municipio Urbano de Pinamar” y 28-IV-1988, “Laurens, Héctor E. s/cuestión de competencia art. 6º C.C.A.”, “Fallos”, 310:854 y 311:609, respectivamente).También en otros supuestos el más alto Tribunal de la Nación ha auspiciado el replanteo de las vías procesales escogidas por los recurrentes para preservar los derechos involucrados (conf. Corte Sup., 1985, “Provincia de Santiago del Estero v. Nación Argentina y otros”, “Fallos”, 307:1379; “Cía. Argentina de Teléfonos, S.A. v. Provincia de Santiago del Estero”, “Fallos”, 250:154).Es en ese sentido que podemos suscribir lo que se ha dado en llamar el “activismo judicial”, reclamado por los justiciables cada vez más con mayor intensidad. Reclamo que debe ser interpretado como la necesidad de tener garantías efectivas de acceso a la justicia y contar con vías procesales aptas para arribar a decisiones jurisdiccionales que resguarden el goce de los derechos de esos justiciables. Son dichos reclamos los que la judicatura no podrá desoír escudada en rigorismos formales que la necesidad de justicia no admite.Así, se ha sostenido que: “...del adecuado manejo del instrumental del proceso por el juez, depende generalmente la correcta instrucción de la causa y el esclarecimiento de la verdad de los hechos que se controvierten; y ello resulta esencial para el acierto y la justicia intrínseca de la decisión, objetivo de la jurisdicción. A partir de esa premisa, debe convenirse que sólo un juez que asuma protagónicamente, “activamente”, el rol de conductor, director y autoridad, puede garantizar la satisfacción de los fines del proceso. La idea de la instrumentalidad de sus formas es su correlato inevitable, como en lúcida síntesis lo expresara la Corte Suprema...” (Berizonce, Roberto O. “El activismo de los jueces”, “La ley ”, 1990-E, pág. 920).El autor citado nos trae también el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a este respecto, sosteniendo que las formas a que deben ajustarse los procesos han de ser expresadas en relación con el fin último a que estos se enderezan, o sea, contribuir a la más efectiva realización del derecho (“Fallos”, 306:738, o “La ley ”, 1984-D, p. 691, J. Agrup. caso 5296) . Es así que la normativa procesal, obviamente indispensable y jurídicamente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso (“Fallos”, 302;1611).He expresado en otras ocasiones que frente a particularísimas circunstancias que por su trascendencia pueden equipararse a las que suscita el presente, es deber de todo órgano jurisdiccional dirigir el procedimiento preservando los principios de concentración, economía y celeridad (art. 34 inc. 5º, aps. a, b, c y e del C.P.C.). Porque “los jueces han de remover los obstáculos, las barreras que puedan encontrar para desempeñar eficazmente sus funciones de manera que no caben interpretaciones que sólo conducen a atribuir más importancia a los medios que se instrumentan para alcanzar dicha finalidad, que a ésta en sí misma” (C.S., “Fallos”, 298:441). Tampoco cabe privar a los interesados en la administración de justicia, de resultados útiles, eficaces, los que por cierto no se han de lograr si se hacen prevalecer los medios (los trámites) sobre los fines (la sustancia), toda vez que las formas a las que deben ajustarse los litigios han de ser sopesadas en relación al fin último a que éstos se enderezan, que no es otro que contribuir a la efectiva realización del derecho (C.S., “Fallos”, 308:552, consid. 2º, cit. por Morello, “El proceso justo”, p. 75, quien con cita de “Fallos”, 298:312, recuerda que el derecho a obtener una rápida y eficaz decisión judicial también integra la garantía de la defensa en juicio) (conf. mis votos en Ac. 76.342, del 19-II-2003 y Ac. 84.418, del 19-VI-2002).En línea con lo expuesto afirma Bidart Campos que: “...nunca es admisible que las cuestiones constitucionales carezcan de alguna vía posible y hábil para ser planteadas y resueltas eficazmente por alguna clase de acción, sino fuera así...el sistema acusa una falencia reñida con el principio de que la fuerza normativa de la Constitución exige posibilidad de ser movilizado”. Y agrega: “... los jueces no deben ser avaros en la admisión de acciones y vías procesales por la sola circunstancia de que falten las normas que las establezcan y regulen” (Bidart Campos, Germán, El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa, Ediar, Buenos Aires, 1995, en nota al pie 86, pág. 311, obra citada por Adolfo A. Rivas en su trabajo: “La Legitimación en el amparo”, incluido en la obra “La legitimación”, (Homenaje al profesor Lino Enrique Palacio; Morello, Augusto M., coord., Abeledo-Perrot, 1996).11. Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa.A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Roncoroni dijo:I. Los tiempos judiciales (en particular, los que suele consumir la circulación interna de los proyectos o esbozos de voto de los distintos magistrados de un cuerpo colegiado) y las traiciones o castigos que nos impone la palabra cuando no se hace un exacto uso de ella o cuando estampada en un texto cobra ribetes oscuros o inciertos que mal interpretamos, me tornan en protagonista de una no deseada e intolerable contradicción entre lo que fuera mi primera y estudiada posición frente al tema ahora en reexamen y el que pareciera traducir la apretada -y desafortunada- oración con que acatara el mandato casatorio (iudicium rescindens) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Britez Primitivo c/ Productos Lipo S. A.” y emitiera -en esos escasos renglones- el iudicium rescissorium para la causa entonces en juzgamiento.En aquellos proyectos de votos que deambulaban por los distintos despachos y que habrían de cobrar realidad y verdadera eficacia recién en el acuerdo celebrado por esta Corte el 23 de octubre del pasado año con las sentencias recaídas en las causas L. 77.034, “Aburto”; L. 77.524, “Farías” y L. 70.185, “Rodríguez”, si bien propuse la declaración in límine de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley  24.557 en el entendimiento de que tal estigma se encontraba ínsito dentro del mismo sistema que estructura la ley , previamente a ello debí sortear no pocas cavilaciones y dudas. En particular -y así lo puse de resalto antes de cerrar mi voto en su anteúltimo párrafo- “si para pronunciarnos sobre la constitucionalidad del referido art. 39 en esta causa, deberían previamente tramitarse todas las etapas del proceso y, prueba mediante, realizar la comparación entre el resarcimiento a conceder según la ley  y el que correspondería por equivalente a la totalidad de los daños debidamente probados, para recién -y en el supuesto de irrazonable e injusta diferencia en menos de la primera respecto de la segunda- emitir tal pronunciamiento”.El interrogante que se escondía tras esas dudas y cavilaciones, ha sido contestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque -en mi humilde opinión- mediante una respuesta que asomándose y escondiéndose en los distintos pliegues que cobra el discurso sentencial escapó a mi percepción y, aún hoy me debato sobre su real significado y alcance, que espero desentrañar al finalizar mi discurrir en el presente.La doctrina laboral -esa fuente siempre viva y nutriente del derecho y guiadora en buena medida de la doctrina judicial, aunque algunos jueces, ingratamente, no la citen- se encargó prontamente de denunciar (no la contradicción que era ajena al caso que comentaban) el error en que, a su entender, había incurrido en mi breve voto al afirmar la carencia de acción del actor para reclamar con sustento en el art. 1113 del Código Civil y ello con arreglo al criterio impuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que casaba la sentencia originariamente emitida en sentido contrario por este Tribunal en la causa. Paralelamente se reprochaba la oportunidad perdida -por esta Corte provincial- de interpretar y aplicar adecuadamente el señalado criterio (emergente de la doctrina legal del fallo “Gorosito”) que no es otro que postergar el análisis de constitucionalidad hasta que, producida la prueba ofrecida por las partes, en la sentencia definitiva se pueda comparar con el balancín de la razonabilidad la indemnización que correspondería según el derecho civil con la que estatuye el sistema de la ley  de Riesgos del Trabajo -en adelante, L.R.T.-. Para, recién entonces, de mostrarse que la aplicación del segundo nos conduce inevitablemente a la concesión de reparaciones menguadas, decir en concreto de la inconstitucionalidad del mentado art. 39 (ver, entre otros “Meik, M. y Barrera Nicholson A. “La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la variación de su doctrina sobre la constitucionalidad del art. 39.1 de la ley  de riesgos de trabajo”, LLBA-2002-1345 y sgts.; Cornaglia R. J. “Tratando de no predicar en abstracto en torno a la ley  24.457. Una sutil pero trascendente variación de la doctrina de la SCBA en materia de control de constitucionalidad de la ley  de riesgos del trabajo”, Derecho del Trabajo Nº 3 de junio de 2003, Ed. La ley , págs. 501 y sgts.).No está demás señalar que luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Gorosito”, la mayoría de este Tribunal, acatando la doctrina legal emanada de aquél (y dejando a salvo individualmente varios de los Ministros su postura adversa a la misma), también se pronunció ante demandas semejantes por su rechazo, en el entendimiento de que el actor no era el titular de la acción que anidaba en las mismas (ver causas L. 76.716; L. 78.535 y L. 78.696, sent. del 18-XII-2002, entre otras).II. Más allá de los pensares de cada uno de los integrantes de este cuerpo frente al interrogante sobre la constitucionalidad o no del art. 39 de la ley  24.557 otrora planteado en precedentes que fueran revocados por el cimero Tribunal nacional, mandando adecuar los pronunciamientos a los fundamentos de “Gorosito” -pensares de los que dan testimonio diversos precedentes- y sin perjuicio de la fórmula hasta ahora utilizada para llevar a cabo tal adecuación (por caso, “el actor carece de derecho para promover la acción deducida”; o “de acción para reclamar con sustento en el art. 1113 del Código Civil”) que concluye con el rechazo de la demanda por esa entendida falta de acción en el sujeto que reclamara la tutela judicial, soy de opinión que esta Corte puede y debe interrogarse si la interpretación hasta ahora acordada al caso “Gorosito” es la correcta y cuáles son los reales alcances de la adecuación ordenada. Máxime, a partir de lo resuelto por este mismo Tribunal en el caso “Quiroga”, tal como se proclama y explica en el voto que abre este acuerdo.Vuelvo a confesar, que no ha sido fácil desentrañar en su real alcance la doctrina que fluye de “Gorosito” en torno al art. 39 1er. apartado de la ley  de Riesgos del Trabajo y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus sentencias casatorias nos manda aplicar, invariablemente. Es ese mandato, que se renueva en los mismos términos expresivos para todas y cada una de las sentencias que vuelven casadas a estos estrados, lo que torna imperioso (al menos hasta que una suerte de interpretación auténtica judicial emanada del Supremo Tribunal nacional, despeje nuestras dudas) develar la verdadera ratio decidendi que alienta el mismo, la íntima regla o principio rector que estamos obligados a expandir con autoridad judicial en estas nuevas sentencias.He dicho que la misma parece asomarse y esconderse entre los pliegues de los distintos considerandos del pronunciamiento. Su verdadero sentido se torna huidizo, esquivo y rebelde aún para el lector atento de las variadas motivaciones que ofrece el fallo, entre las que destaco -aunque no en transcripción gramatical y sin olvidar las que con mayor precisión se hicieran en el voto que abriera el acuerdo- las siguientes:a) el legislador, válidamente y en uso de sus prerrogativas constitucionales, sustituyó el viejo sistema de las acciones alternativas (indemnización tarifada laboral establecido por la ley  especial o resarcimiento integral de conformidad a las normas civiles) por otro específico que, separado del régimen general de responsabilidad por daños establecido en el código civil, se inserta más en el terreno de la seguridad social que en el del derecho del trabajo.Su objetivo no consiste en la exoneración de la responsabilidad por culpa del empleador sino en la sustitución del obligado frente al siniestro. En efecto, el bien jurídico protegido es la indemnidad psicofísica del trabajador dependiente; desde tal perspectiva se impone otorgar primacía a la circunstancia de que, en definitiva, el daño llegue a ser reparado.En procura de ello se establece una prestación única del empleador que tiene por fin financiar el sistema que se canaliza mediante compañías privadas de seguros -A.R.T.- obligadas directamente, entre otras múltiples prestaciones y sin litigio judicial, al pago de distintas sumas dinerarias frente al infortunio laboral (considerandos 5º y 6º). Sumas estas, me permito señalar, cuya cuantía se fija a través de un mecanismo y por los órganos indicados en la misma ley , mediante la recurrencia a un módulo llamado ingreso base, que de por sí representa un límite, al que se suma el techo que la normativa también establece para las incapacidades permanentes, la gran invalidez y el deceso del trabajador, aunque este resulte modificable por el legislador, tal como se ha hecho en dos oportunidades, mediante decreto 839/1998 y decreto 1278/2000.b) Dando sostén a esa primer premisa que da por tierra con el régimen reparatorio opcional y exime a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores o derechohabientes, está aquella otra según la cual “erróneamente se ha atribuido a las normas civiles que reglamentan en general la reparación de los daños y en especial a las referentes a los daños causados por culpa el carácter de garantía constitucional otorgándoles impertérrita invariabilidad. Es cierto que tales normas consagran el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución nacional que prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero. Pero de ello no se sigue necesariamente que tal reglamentación en cuanto a las personas y responsabilidades tenga carácter exclusivo y excluyente, por cuanto expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica, máxime cuando el código civil constituye, precisamente, una de las reglamentaciones posibles del citado principio (considerando 8º).c) La impugnación de inconstitucionalidad no es pertinente cuando el fin con que se la persigue no es la inaplicabilidad del texto objetado, sino el restablecimiento de un régimen normativo derogado, lo cual es incumbencia del legislador (considerando 10).d) La limitación del acceso a la vía civil que establece la norma impugnada no puede ser considerada de suyo discriminatoria, en tanto no comporte alguna postergación o, principalmente, la frustración del derecho al resarcimiento por daños a la integridad psicofísica o a la rehabilitación, lo cual no puede establecerse sin conocer la eventual cuantía del daño y la comparación entre la prestación prevista en las reglamentaciones del sistema de A.R.T. y el resarcimiento que no menoscabe sustancialmente aquél derecho y las garantías que lo tutelan invocadas por el interesado (considerandos 11º, 12º y 17º).e) Consecuentemente, no es posible predicar en abstracto que el precepto impugnado conduzca inevitablemente a la concesión de reparaciones menguadas con menoscabo de derechos de raigambre constitucional.Y así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación remata su razonar decisorio, diciendo que al no haberse acreditado violación a las garantías de igualdad ante la ley  y propiedad que se dijeron conculcadas, no cabe sino concluir en la validez constitucional del art. 39 de la ley  24.557 (considerando 18º).III. Hay tres líneas fundamentales que el precedente tiende con trazo firme y notorio y que hacen las veces de guías o senderos sobre los cuales ha de caminar el intérprete. Unas y otras surgen con tal claridad que no cabe albergar dudas a su respecto.a) La primera es la exclusión que la nueva normativa hace de la opción por la acción resarcitoria con apoyatura en el régimen de la responsabilidad civil que brindara la anterior legislación sobre la materia. Por si acaso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encarga de enfatizar que esta normativa ya derogada no puede ser restablecida a través de la impugnación de inconstitucionalidad.b) La segunda, es que esta impugnación sí puede dar por tierra con el texto legal objetado, siempre que se compruebe que la indemnización que surja de los mecanismos y bases predeterminados por dicho texto, represente una reparación menguada que provoque un menoscabo sustancial de derechos y garantías de raigambre constitucional. Entre tales derechos, cabe contar, nada más ni nada menos que el derecho a la vida, que además de estar subyacente (derecho implícito) como valor sostén o condicionante de todos los demás derechos humanos que garantiza nuestra Carta Magna (art. 33, Const. nac.), recibió expreso reconocimiento en el art. 4 de la “Convención Americana sobre derechos humanos” (Pacto de San José de Costa Rica) que integra nuestro bloque constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac.). Y a su lado, casi como un desmembramiento del anterior -si tomamos al derecho de vida en toda su plenitud-, tenemos el derecho a la integridad psicofísica (art. 5 del Pacto), cuya indemnidad, como vimos, es -en palabras del más Alto Tribunal- “el bien jurídico protegido” por la ley  24.557. A éstos se suman los derechos a la propiedad y a la igualdad ante la ley .c) Entre las garantías, instituidas por la norma fundamental para dar tutela efectiva a tales derechos, habremos de encontrar la del debido proceso legal, que brinda el escenario y el procedimiento idóneo para debatir y probar si la reparación surgente de la ley  24.557 conculca, posterga o menoscaba a algunos de ellos (art. 18, Const. nac.). Principalmente, si mediante ella se frustra el derecho al resarcimiento por daños a la integridad psicofísica o a la rehabilitación.Es dentro de los marcos del debido proceso y al compás de las distintas etapas que vertebran su estructura, donde -prueba mediante y siempre bajo el haz radiante de la defensa en juicio- ha de conocerse y determinarse el daño, así como la medida o cuantía de los distintos resarcimientos para efectuar la comparación imprescindible para componer totalmente el litigio y poder decir si, en el caso concreto -no ya en abstracto- la indemnización que brinda el sistema supera o no el test de razonabilidad constitucional (art. 28, Const. nac.). Esta es, sin lugar a dudas, la tercera línea rectora para adecuar correctamente “Gorosito” y que forzoso y justo es releer nuevamente: para la Corte Suprema de Justicia de la Nación (a diferencia de las otroras posturas mayoritarias que reinaban en este Tribunal hasta que aquella Corte casara los pronunciamientos emitidos en consonancia con esas posturas) no puede predicarse in limine y en abstracto la pretendida inconstitucionalidad del art. 39 1er. apartado de la L.R.T., sino luego de tramitado el debido proceso de conocimiento ante sus jueces naturales. No está demás señalar -tal como se hace en el voto que abriera el acuerdo- que tales jueces no son otros que los Tribunales de Trabajo locales, conforme lo decidiera esta misma Suprema Corte en el caso “Quiroga”, cuya doctrina comparto (arts. 1, 75 inc. 12, 116, 117, 121 y 123, Const. nac. y arts. 1, 166 y concs., Const. Pcia. Bs. As.).IV. Ahora bien, ¿cuál es la llave para abrir las puertas de ese debido proceso?. ¿Cuál la acción o acciones que permiten excitar la jurisdicción local para que ésta entre a conocer sobre la constitucionalidad de la norma en el caso concreto y, de pronunciarse en su contra, conceda un resarcimiento superior al tarifado en el cuerpo legal en que se instala aquella norma, desde que lo menguado de tal tarifa es, precisamente, lo que permite lanzar el anatema de inconstitucionalidad, según doctrina que fluye de los considerandos 11, 17 y 18 de “Gorosito”?Las demandas que dan vida a procesos como el que nos ocupa tienen como objeto mediato, como bien de la vida para cuya satisfacción el actor acude ante el órgano jurisdiccional, la obtención de una prestación dineraria por parte de su empleadora que le repare o resarza por equivalente los daños y perjuicios que sufriera con motivo de un infortunio de trabajo. Dicho de otra manera, ante la imposibilidad de reparar in natura el menoscabo o lesión derivada del trabajo que sufre en su integridad psicofísica y ante la insuficiencia -en su parecer- de la prestación brindada por la A.R.T. según el sistema de la ley  24.557, procura de su empleador una indemnización que, integrada con la aludida prestación, restablezca el equilibrio patrimonial al devolverle o reponer en dinero el valor que representaba la porción de aquella integridad psicofísica perdida en forma parcial o permanente. Este es su objetivo final. El cual -si bien se lee- no colisiona con el perseguido por el sistema de la ley  de Riesgos del Trabajo, ya que en el mismo -tal como lo expresara la Corte Suprema de Justicia de la Nación- “...el bien jurídico protegido es la indemnidad psicofísica del trabajador dependiente” (para agregar, sin solución de continuidad) “desde tal perspectiva se impone otorgar primacía a la circunstancia de que, en definitiva, el daño llegue a ser reparado”.Pero para ello, aquella demanda porta en su mismo seno dos pretensiones que se encadenan en acumulación sucesiva. De modo tal que si no se concede fundabilidad a la primera, que actúa como presupuesto de admisibilidad de la segunda, jamás se podrá entrar a conocer sobre el mérito de esta última.La primera es la pretensión de inconstitucionalidad de los arts. 1 y art. 39 1er apartado -entre otras normas de la L.R.T.- como modo de remover la eximición que esta última consagra para el empleador (el sujeto pasivo de su pretensión indemnizatoria) de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores y los derechohabientes de este con la sola excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil.La segunda, que sólo se podrá actuar tras triunfar la primera y haber derribado con ello el obstáculo que el art. 39 ya citado representaba, es la pretensión propiamente indemnizatoria y que, en el escrito inaugural de la litis, buscara fundamento legal en el régimen regulador de los daños estatuido por el Código Civil.V. Pero es aquí, donde se oscurece y dificulta la interpretación de “Gorosito”. Pues si en él la Corte Suprema de Justicia de la Nación permite saltar por sobre el sistema tarifado de la ley  24.557 siempre que se compruebe que la reparación por él concedida en el caso concreto menoscaba sustancialmente -por lo menguado de la misma- los derechos invocados por el accionante (derecho a la integridad psicofísica, a la propiedad, a la igualdad), también parece descartar que, en tal caso, la indemnización correspondiente haya de extraerse de las normas civiles que reglamentan la reparación del daño, que es tan sólo un modo de reparar mas no el único posible. Y de ser cierto tal descartar, también parecería, entonces, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación está negando la rehabilitación de una pretensión resarcitoria con tal apoyatura normativa que, habitando el régimen anterior en la materia, ha sido expresamente vedada por el legislador y resultando, por ello, ajena al plexo legal ahora vigente.Llegados a este punto y si la declaración de inconstitucionalidad pretendida funciona tan sólo como presupuesto de una pretensión indemnizatoria que la demanda de autos funda en una norma legal que el legislador ha prohibido (y tal prohibición no es inconstitucional según la lectura que se puede dar a “Gosorito”), válido es preguntarse si tiene sentido sustanciar todo el proceso, para concluir -como ya se entrevé- proclamando, al igual que en los precedentes anteriores, el rechazo de la demanda porque el actor carece de derecho para promover la acción (civil) deducida o por no tener acción para reclamar con sustento en el art. 1113 del Código Civil.Esta interpretación o esta lectura de “Gorosito” encierra una insalvable contradicción lógica y conduce -cual se puede ver en el párrafo anterior- a una insensata conducción del proceso que, en definitiva, no sólo lastima la inteligencia que cabe atribuirle a la doctrina legal en análisis, sino que pone “patas arriba” el mandato constitucional que asegura para todos los habitantes de la Provincia “la tutela judicial continua y efectiva” y manda que las causas se decidan en tiempo razonable (art. 15, Const. Pcia. Bs. As.).VI. No descarto que un sendero interpretativo a recorrer y que evite echar en “saco roto” la legión de demandas que con apoyatura en el derecho civil pueblan los Tribunales de Trabajo de nuestra Provincia, podría intentarse a partir, precisamente, de la ajenidad con el sistema que se predica de las pretensiones que portan tales demandas y de la idea que el ordenamiento jurídico es completo. Y ello, pese a que una de las voces autorales más prestigiosas en la materia ha sostenido, frente a situaciones como la que nos ocupan, que hay una laguna legal que el juez ha de llenar mediante la creación de una norma especial para el caso (ver Vázquez Vialard A. “La tarea que le compete al Juez que ha declarado la inconstitucionalidad de una disposición contenida en la ley  de riesgos del trabajo (LRT)”, “La ley ”, nº 27 del año LXVII, del 7-II-2003, págs. 3 y 4). Me explico.1. Es cierto y hasta coherente que la L.R.T. instalada -como lo afirma la C.S.J.N.- más en el terreno de la seguridad social que en el del derecho del trabajo, no contemple la hipótesis de una acción indemnizatoria strictu sensu, mediante la cual el perjudicado en ocasión o con motivo del contrato de trabajo ejerza su derecho frente al empleador, en tanto responsable del daño para que éste lo resarza íntegramente, si ello no se logra a través de la aseguradora. Dentro de los lindes de la seguridad social, cuando el riesgo al que se brinda cobertura se produce y aparece concretado en daño (siniestro), su reparación está a cargo de la aseguradora que es alguien distinto al sujeto, la cosa o la actividad que lo ocasionó o es responsable de su advenimiento. La reparación en tales casos -y para ello se contrata el seguro y se hacen los aportes correspondientes- se trasvasa a las compañías aseguradoras, como en otros sistemas podrían haberse adosado al Estado o asumido por instituciones de beneficencia. Por eso, dentro del plexo normativo que regulan tales sistemas no necesariamente han de contemplarse los derechos del damnificado a reclamar su indemnización del autor o responsable del daño, pues esto es ajeno al sistema de la seguridad social y es propio del derecho de daños.2. El problema se plantea cuando la prestación o el menú de prestaciones que brinda el sistema ante el infortunio laboral no basta para dejar indemne a quien lo sufre y, entonces, este procura su total o íntegra reparación de su empleador. La pretensión que en busca de ello se ejerce es extraña al régimen de la seguridad social y hunde sus raíces en el régimen general de la responsabilidad civil que campea en todo elderecho privado común o general...

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