Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2003 (caso Causa L 80796)

Fecha de Resolución:23 de Diciembre de 2003
Emisor:Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires
 
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Dictamen de la Procuración General:

En la causa promovida por A.M.M. y G.C.T., ambas por sí y en representación de sus hijos menores, contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados del fallecimiento de I.A.C.K. en accidente de trabajo, el Tribunal del Trabajo nº 2 de La Plata resolvió -en lo que aquí interesa por ser materia de agravios- declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad a estos obrados del art. 39 de la ley 24.557 (fs. 260/264).

La parte demandada impugnó dicho pronunciamiento mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 268/273), sobre el que se me confiere vista en fs. 287.

  1. En la queja deducida, la Fiscalía de Estado denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 5, 14, 14 bis, 16, 17, 20, 31, 75 incs. 12, 22 y 23, 99 inc. 3 pár. 2º, 116, 121 y 126 de la Constitución nacional; los Tratados Internacionales que menciona; los arts. 39 de la ley 24.557; 44 inc. “d” y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial, vulnerándose respecto de la Provincia que representa, las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio y orden jerárquico.

    En su fundamento, aduce los siguientes agravios:

    1. la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley de Riesgos de Trabajo efectuada en el fallo, deviene prematura en esta instancia del proceso, habida cuenta que, con arreglo a la doctrina de la Corte nacional que cita, el examen atinente a la validez o invalidez constitucional de dicho precepto debe ser abordado en la sentencia definitiva, en tanto la decisión que se adopte a su respecto importará la determinación del derecho de fondo aplicable a la controversia de autos.

    2. la tacha de inconstitucionalidad recaída en el decisorio impugnado, resulta injustificada. En sustento de tal afirmación, el apelante se ocupa, seguidamente, de controvertir cada uno de los fundamentos que llevaron al juzgador de origen a decretar la incompatibilidad del citado art. 39 de la legislación cuestionada con la Carta Magna Fundamental.

  2. Considero que la queja no puede ser acogida.

    Obsta a su progreso la circunstancia de que la decisión impugnada en la presentación en estudio, fue objeto de reafirmación por la Suprema Corte que se pronunció en sentido concordante al que lo hicieron los jueces intervinientes en la presente causa.

    En efecto, en los precedentes registrados L.77.503 “C....” y L.75.346 “B....”, ambos sentenciados en fecha 6-VI-2001, ese Alto Tribunal concluyó, por mayoría de opiniones, que “la limitación impuesta por el cuestionado art. 39 de la ley 24.557 incurre en flagrante violación de expresas normas constitucionales como la basada en el principio de igualdad ante la ley , de propiedad y libre acceso a la justicia y consagradas específicamente a través de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y pactos incorporados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional y art. 15 de la Constitución provincial.”

    En ocasión de dictaminar en la causa L.75.295 “Andrich” en fecha 28-VIII-2001, esta Procuración General compartió en un todo la solución precedentemente expuesta, haciendo suyas las consideraciones vertidas en su sustento.

    Siendo ello así y atento que los agravios traídos en la presente queja son similares a los planteados en las causas que motivaron la elaboración de la doctrina legal vigente en torno de la materia debatida en el “sub-examine” (causas L.75.346 y L.77.503 citadas), me permito, en honor a la brevedad, dar por reproducidos los fundamentos expuestos por V.E. para desestimar su procedencia.

  3. Corresponde, entonces, que esa Corte rechace del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a su conocimiento y confirme, consiguientemente, lo resuelto por el tribunal de la instancia ordinaria.

    La P., 5 de octubre de 2001 - J.A. De Oliveira

    A C U E R D O

    En la ciudad de La Plata, a 23 de diciembre de 2003, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Salas, N., de L., Hitters, K., R., S., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 80.796, “C.K., I.A. (causante) contra Policía de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 2 de La P. declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, sin costas.

La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley .

Oído el señor S. General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  1. El tribunal del trabajo declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 en las presentes actuaciones, promovidas el día 31-XI-1999 (cargo de fs. 52) por A.M.M. por sí y en representación de su hijo menor A.M.C., y por G.C.T. por sí y en representación de su hija C.B.C.T., por las que pretenden indemnización por daños y perjuicios con sustento en el derecho civil, con motivo de la muerte de I.A.C.K. ocurrida el día 3 de febrero de 1999.

  2. Contra dicho pronunciamiento el Fisco provincial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el que, según mi criterio, debe prosperar conforme a las siguientes consideraciones.

    1. En los precedentes de esta Corte identificados como L. 75.346, “B. y L. 77.503, “C., sents. ambas del 6-VI-2001, se declaró -por mayoría- la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.

    2. El Máximo Tribunal de la Nación revocó los referidos precedentes, señalando a este Tribunal adecue los pronunciamientos a los fundamentos y conclusiones de la causa G. 987. XXXVI. “G. c/ R.S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, del 1º de febrero de 2002.

    3. a. En oportunidad de decidirse las causas L. 77.034, “A., L. 77.524, “F. y L. 70.185, “R., sents. del 23-X-2002 esta Suprema Corte se limitó -por mayoría- a acatar la decisión del Superior Tribunal concluyéndose que los actores no eran titulares de la acción que dedujeron en su demanda.

    4. b. En los precedentes de referencia no conformé con mi voto el criterio de la mayoría y por el contrario mantuve mi opinión en orden a la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley de Riesgos del Trabajo. No obstante y dejando a salvo tal criterio, considero prudente y necesario por razones de economía procesal formular una adecuación de mi postura a las implicancias que acarrea el referenciado fallo “G..

    5. Con posterioridad a aquéllos pronunciamientos este Tribunal declaró -por mayoría- la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley de Riesgos del Trabajo -en adelante, L.R.T.- en la causa L. 75.708, “Q., sent. del 23-IV-2003, al considerar que la referida norma altera la estructura jurisdiccional de la Nación en relación con las Provincias puesto que federalizó temas que no son de esa índole. Las cuestiones atrapadas en la norma no pueden considerarse federales ni en razón de la materia, porque los accidentes y enfermedades del trabajo son de derecho común, aún cuando se considerase a la ley incluida dentro de la seguridad social, ni en razón de los sujetos puesto que los trabajadores, empleadores y aseguradoras de Riesgos del Trabajo son sujetos de derecho privado; consiguientemente el sometimiento a la competencia federal de cuestiones que corresponden a las jurisdicciones provinciales, priva a la Provincia de Buenos Aires de poderes expresamente reservados. Por tal razón se estableció que la citada norma atenta contra la autonomía provincial y desvirtúa el sistema federal establecido en el art. 1 de la Constitución nacional, violando de esa manera también los arts. 5, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la Carta Magna.

      Por las razones expuestas, y otras muchas consideraciones desarrolladas en cada voto de los jueces intervinientes, en el precedente señalado se declaró que el art. 46 de la L.R.T. es inconstitucional y se estableció la competencia de la Justicia provincial para llevar adelante el procedimiento establecido en la referida ley , con arreglo a las normas procesales del fuero reguladas en el ámbito local por la ley 11.653, a resultas del cual habrían de establecerse las prestaciones y/o indemnizaciones a que sean acreedores los trabajadores en el ámbito territorial de la Provincia.

    6. A partir de lo resuelto en el caso citado, en el que -repito- se declaró la inconstitucionalidad del art. 46 de la L.R.T. y se determinó la competencia de los tribunales laborales locales para el conocimiento de las pretensiones derivadas de la ley 24.557, esta Corte se encuentra en condiciones de formular una nueva interpretación del fallo dictado en la referida causa “G. y establecer el alcance de la misma a la luz de estos principios.

    7. a. Considero oportuno señalar, entonces, que el Superior Tribunal de la Nación abordó el cuestionamiento de la constitucionalidad del tantas veces mencionado art. 39 L.R.T., desde dos perspectivas: a) como facultad del legislador para crear válidamente un sistema específico para la reparación de los daños del trabajo y separarlo del régimen de responsabilidad por daños establecidos en el Código Civil (consid. 3º) y, b) si en el caso en análisis -”Goro-sito”- se había demostrado que la aplicación de la ley 24.557 comportara alguna postergación o, principalmente, la frustración del derecho al resarcimiento por daños a la integridad psicofísica o a la rehabilitación (consid. 11º).

      Con arreglo a la primera de ellas, sostuvo -en apretada síntesis- que el legislador, en uso de prerrogativas otorgadas por la Carta Magna, decidió la sustitución de un régimen que en años anteriores y ante circunstancias diferentes había resultado razonable, por otro que consideró adecuado a...

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