Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2006 (caso Causa L 79695)

Fecha de Resolución:27 de Diciembre de 2006
Emisor:Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires
 
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A C U E R D OEn la ciudad de La Plata, a 27 de diciembre de 2006, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Roncoroni, Pettigiani, Kogan, Genoud, Hitters, Soria, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 79.695, "Pérez, Juan Carlos contra 'CEPA S.A.'. Daños y perjuicios".A N T E C E D E N T E SEl Tribunal del Trabajo nº 4 de La Plata declaró la inconstitucionalidad de diversas normas de la ley  24.557, sin costas.La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley .Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguienteC U E S T I O N¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ?V O T A C I O NA la cuestión planteada, el señor Juez doctor Roncoroni dijo:I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 39, 40 y 46 de la ley  24.557 en las presentes actuaciones, promovidas el día 9 de diciembre de 1999 (cargo de fs. 35) por Juan Carlos Pérez contra "Compañía Elaboradora de Productos Alimenticios S.A.", en procura del cobro de indemnización de daños y perjuicios, con sustento en el derecho común, por la incapacidad generada por las dolencias que afirma padecer.II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley  (fs. 150/170, cargo del 14-IX-2000), integrando a posteriori el depósito previo del art. 56 de la ley  11.653 (fs. 171/172, cargo del 18-IX-2000), siendo concedido a fs. 173.En virtud de que la recurrida no es sentencia condenatoria, correspondía la aplicación analógica del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial según ley  11.593 (S.C.B.A., Ac. 89.414, "Geder", sent. del 3XII2003) y conforme la flexibilización que contiene el mencionado precepto, en el párrafo 4º, para la integración del depósito previo, corresponde tener por bien concedido el recurso en tratamiento, toda vez que ésta se produjo antes de que fuera necesaria la intimación respectiva.Dicho de otra manera, si podía presentar el recurso sin acompañar el depósito previo y debía ser intimado a dicho fin antes de declarárselo desierto, su integración antes de que ello ocurra hace que deba tenerse por cumplido tal requisito.III. El recurso debe prosperar parcialmente.1. En relación a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley  24.557, considero que ello es inoficioso atento el tenor de la acción intentada. Veamos.En los presentes se pretende el resarcimiento integral por la incapacidad laboral sobreviniente, con sustento en la responsabilidad civil del empleador.La ley  de Riesgos del Trabajo vigente al momento del acaecimiento del hecho expresamente excluye dicha posibilidad salvo el supuesto de dolo [art. 39 aps. 1 y 2], motivo por el cual de pretender ocurrir por dicha vía se requiere lograr tachar de inconstitucional el mencionado precepto, con sustento en que la normativa especial no contempla la reparación del daño sufrido, atento el carácter de la afección determinante de la incapacidad [es decir cuando no son enfermedades profesionales] o en que la reparación resulte insuficiente, en ambos casos con sustento primordial en la violación del principio alterum non laedere.En ese entendimiento queda claro para mí que se trata de una pretensión claramente extrasistémica, al igual que lo que ocurría cuando dicha posibilidad de opción era validada en el régimen anterior, lo que tenía por efecto entonces que se aplicara la legislación de fondo y los principios correspondientes al derecho civil [art. 16 de la ley  24.028], lo que encuentro debe también ocurrir ahora en casos como el que nos ocupa, no otorgando ultraactividad a la norma derogada, sino como consecuencia lógica del tipo de acción intentada.Téngase en cuenta que no se pretende solamente hacer extensiva la responsabilidad por las prestaciones del sistema al empleador, sino que se requiere otro tipo de reparación más allá de aquélla.La circunstancia que se traiga al proceso a la Aseguradora de Riesgos será a los fines de determinar en su momento si ésta responderá o no hasta el límite de su cobertura [extensión subjetiva de una eventual sentencia de condena], pero ello no puede determinar per se que para ello haya que descalificar un procedimiento administrativo y sus vías de impugnación [en sede administrativa y jurisdiccional federal] pensado para los reclamos sistémicos.Ello importaría tanto como sostener que dicho procedimiento administrativo aparece como previo al inicio del requerimiento de la tutela judicial ante el Juez natural [arts. 18 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional y 15 y 39.1 de la Constitución local], lo que no está previsto en ninguna norma vigente y, en su consecuencia, no puede ser exigido como paso previo prejudicial [art. 19 de la Constitución nacional].Obsérvese que ni aún cuando por vía de excepción la ley  de Riesgos del Trabajo permite la acción civil [art. 39.3] establece tal tránsito previo.En suma, en mi parecer una cosa es descalificar aquel procedimiento y la competencia funcional revisora de la justicia federal cuando se requieren las prestaciones del sistema y muy otra hacerlo cuando se trata de un reclamo basado en la responsabilidad civil del empleador, más allá del acierto o error del planteo traído.Debe ratificarse en mi parecer la competencia del tribunal de grado conforme la doctrina que dimana del precedente Ac. 68.662, "Alcaraz", I. del 30IX1997.Dicha inoficiosidad la hago extensiva al art. 40 de la ley  de Riesgos del Trabajo.2. En relación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la ley  de Riesgos del Trabajo el mismo debe acogerse en el marco de la doctrina de la causa L. 81.216, "Castro", sent. del 22X2003, en relación al alcance del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Gorosito" (C.S.J.N., G.987.XXXVI, sent. del 1II2002, "La ley ", 2002A936).Como lo he sostenido en la misma no ha sido fácil desentrañar en su real alcance la doctrina que fluye de "Gorosito" en torno al art. 39 ap. 1 de la ley  de Riesgos del Trabajo y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus sentencias casatorias, nos manda a aplicar invariablemente. Hay tres líneas fundamentales que el precedente tiende con trazo firme y notorio y que hacen las veces de guías o senderos sobre los cuales ha de caminar el intérprete. Unas y otras surgen con tal claridad que no cabe albergar dudas a su respecto.a) La primera es la exclusión que la nueva normativa hace de la opción por la acción resarcitoria con apoyatura en el régimen de la responsabilidad civil que brindara la anterior legislación sobre la materia. Por si acaso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encarga de enfatizar que esta normativa ya derogada no puede ser restablecida a través de la impugnación de inconstitucionalidad.b) La segunda, es que esta impugnación sí puede dar por tierra con el texto legal objetado, siempre que se compruebe que la indemnización que surja de los mecanismos y bases predeterminados por dicho texto, represente una reparación menguada que provoque un menoscabo sustancial de derechos y garantías de raigambre constitucional. Entre tales derechos, cabe contar, nada más ni nada menos que el derecho a la vida, que además de estar subyacente (derecho implícito) como valor sostén o condicionante de todos los demás derechos humanos que garantiza nuestra Carta Magna (art. 33, Const. nac.), recibió expreso reconocimiento en el art. 4 de la "Convención Americana sobre Derechos Humanos" (Pacto de San José de Costa Rica) que integra...

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