Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2002, expediente L 78210

Fecha de Resolución13 de Noviembre de 2002
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de dos mil dos, habi�ndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deber� observarse el siguiente orden de votaci�n: doctores S., N., de L�zzari, P., R., S., H., Dom�nguez, se re�nen los se�ores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 78.210, �E., L.D. contra F.D.S.S.I.�n�.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo n� 1 de Mercedes declar� la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1� de la ley� 24.557.

La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley�.

Dictada la providencia de autos y hall�ndose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidi� plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

�Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley�?

V O T A C I O N

A la cuesti�n planteada, el se�or Juez doctor S. dijo:

  1. El tribunal del trabajo declar� la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1� de la ley� 24.557 en las actuaciones promovidas el 5 de junio de 1998 (v. cargo de fs. 76) por L.D.E. contra �F.D.S.�rica S.A.�, por las que pretende el reclamo de indemnizaci�n por la incapacidad generada por las dolencias que indica y de las que afirma haber tomado conocimiento en el mes de marzo de 1998 (fs. 53 vta.).

  2. Contra la inconstitucionalidad decretada se alza la legitimada pasiva mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley�.

  3. El recurso, en mi opini�n, no puede prosperar.

    1. Considero oportuno se�alar en primer lugar que la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n en fallo reciente (12 de febrero de 2002, �Trabajo y Seguridad Social� n� 4, abril 2002, p�gs. 306/307) dej� sin efecto los decisorios de este Tribunal identificados como L. 75.346 �Br�tez� y L. 77.503 �C.�, ambos del 6VI2001.

      Sin embargo reafirmo una vez m�s mi criterio sustentado en los precedentes de referencia.

    2. Efectivamente, tiene dicho esta Corte desde antigua data, en criterio mantenido en sus distintas integraciones (ver L. 26.877, sent. del 11IX1979, �Acuerdos y Sentencias�: 1979IIIp�g. 155), que el resarcimiento derivado de la aplicaci�n del art. 1109, siguientes y concordantes del C�digo Civil involucra el quebrantamiento de un deber mucho m�s amplio, anterior y distinto al nacido de una relaci�n convencional, y que la mera circunstancia de que tambi�n haya mediado una relaci�n contractual entre alguna de las partes del juicio, no inhibe a esta conclusi�n, ya que entre personas convencionalmente relacionadas pueden acontecer sucesos extra�os al contrato que, aunque ocurran en ocasi�n o durante el despliegue de las consecuencias del v�nculo quedan marginadas del mismo y de las eventuales vicisitudes de un incumplimiento contractual. Para tener acceso a tal pretensi�n el damnificado debe necesariamente demostrar la actitud de culpa u omisi�n culposa del principal o, en su caso, el riesgo o vicio de la cosa propiedad o bajo la guarda de aqu�l, y la relaci�n de causalidad de tales antecedentes con el da�o sufrido, gener�ndose de tal modo responsabilidad de naturaleza extracontractual (conf. causas L. 33.624, sent. del 2IV1985; L. 36.257, sent. del 29III1988; L. 40.000, sent. del 27XII1988; L. 33.292, sent. del 19VI1984).

      Esta doctrina no ofreci� reparos durante la vigencia de los reg�menes especiales sobre accidentes de trabajo anteriores a la sanci�n de la ley� 24.557, toda vez que precisamente se contemplaba en los mismos el ejercicio de la opci�n por parte de los trabajadores para obtener la reparaci�n integral por la acci�n civil, debiendo en tales casos someterse a los criterios, principios y caracter�sticas del derecho com�n, con abstracci�n de los m�s favorables contenidos en los sistemas especiales que, como contrapartida, preve�an una reparaci�n tarifada (conf. causas L. 44.506, sent. del 18IX1990; L. 39.018, sent. del 5VII1988).

    3. Lo que cabe analizar ahora es si la disposici�n contenida en el art. 39 de la ley� 24.557 puede, sin incurrir en conculcaci�n de derechos amparados constitucionalmente, impedir a los trabajadores y sus derechohabientes el acceso a la v�a civil.

      En mi opini�n, la respuesta es negativa desde que efectivamente dispone el precepto citado que �las prestaciones de esta ley� eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a los trabajadores y sus derechohabientes, con la sola excepci�n de la derivada del art. 1072 del C�digo Civil� en cuyo caso �tambi�n podr�n reclamar la reparaci�n de los da�os y perjuicios de acuerdo con las normas del C�digo Civil�.

      Considero en primer lugar que la limitaci�n al acceso a la v�a civil tanto para el trabajador como para sus derechohabientes en aquellos casos que no est�n previstos como excepci�n, esto es, los supuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva no proveniente de dolo, deriva en un distingo inaceptable entre aqu�llos y cualquier otro habitante de la Naci�n respecto de los terceros que lo da�an y perjudican.

      La atribuci�n de responsabilidad civil gen�rica que puede ser invocada por cualquier persona que sufra un perjuicio patrimonial, no puede ni debe serle negada al trabajador ni a sus derechohabientes, pues ello establece una �rrita distinci�n frente a los iguales en igualdad de circunstancias (art. 16, C.�n nacional), infringiendo adem�s el derecho de propiedad y de libre acceso a la justicia (arts. 17, 18 y 19 de la C.ituci�n nacional y 15 de la C.ituci�n provincial), as� como los distintos tratados con rango constitucional a partir de su incorporaci�n por parte del inc. 22 del art. 75 de la C.ituci�n nacional.

      La circunstancia de mediar un v�nculo contractual entre el responsable y la v�ctima del da�o no constituye un elemento que habilite la consagraci�n de una desigualdad de tal naturaleza y reparaci�n frente a otra v�ctima o un tercero productor del da�o. M�xime porque la diferencia de trato, en tal caso, no debe ser arbitraria y cabe calificar de dicho modo la que s�lo reconoce como origen la previsibilidad de los costos del sistema y desatiende los fundamentos de la real y efectiva responsabilidad en la producci�n y consecuente reparaci�n del da�o, con respecto al principio constitucional del alterum non laedere (art. 19, C.�n nacional).

      La garant�a de igualdad ante la ley� que consagran los arts. 11 de la C.ituci�n provincial y 16 de la Carta Magna nacional, no supone una igualdad aritm�tica o absoluta, sino la igualdad de tratamiento frente a iguales situaciones o circunstancias. Y una particular distinci�n respecto de los trabajadores en especial, debiera ser en todo caso, en favor de aqu�llos a fin de responder asimismo a la garant�a de car�cter protectorio que tiene el derecho del trabajo sobre la base de lo dispuesto en el art. 14 bis de la C.ituci�n nacional. En modo alguno, entonces, puede aceptarse en nuestro r�gimen constitucional y legal como se cristaliza en la norma en an�lisis que se disminuyan en su perjuicio sus derechos con relaci�n a los que gozan en igualdad de condiciones el resto de los habitantes del pa�s (conf. causas I. 1541, del 29XII1998; I. 1517, del 27VI1995; I. 1248, del 15V1990).

      La igualdad exige el mismo tratamiento a quienes se encuentran en id�nticas circunstancias, de manera que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se les concede a otros en igualdad de condiciones.

      La se�alada discriminaci�n en que incurre el art. 39 de la ley� de Riesgos del Trabajo en desmedro de los derechos del trabajador respecto de los dem�s habitantes del pa�s, se consuma incluso respecto a los empleadores no asegurados que s�lo responder�n ante el dependiente da�ado por eventuales incumplimientos en materia de seguridad e higiene y a�n cuando deriven de culpa o negligencia, por las prestaciones contenidas en la ley� (art. 28 ap. 1, ley� 24.557). Todo lo expuesto desvirt�a las alegaciones en orden a la justificaci�n de tal distinci�n, con sustento en la eventual garantizaci�n de las prestaciones contenidas en la ley�, as� como a la inmediatez de su percepci�n.

      Los argumentos que puedan desarrollarse en abstracto para pretender sustentar la se�alada distinci�n y dirigidos todos a la previsibilidad econ�mica que tuvo como finalidad el sistema cerrado y excluyente creado por la ley�, no constituyen fundamento adecuado de tal discriminaci�n, frente a otras normas de superior nivel jer�rquico, como son las de las C.ituciones nacional y provincial antes citadas.

      Ello as� no porque el derecho laboral deba necesariamente abrevar en el derecho civil como par�metro �ptimo o excluyente de reparaci�n del da�o o en referencia a la constitucionalidad del establecimiento de un determinado tope en funci�n de las particularidades del sistema, sino porque es inaudito privar de reparaci�n a los trabajadores que hubieren sufrido un da�o derivado del riesgo o vicio de las cosas o de culpa o negligencia de quien, encuadrando en las disposiciones de la normativa gen�rica que impone el resarcimiento de los da�os y perjuicios ocasionados por responsabilidad extracontractual, queda eximido de la misma por el hecho de ser el empleador de la v�ctima.

      Tampoco es argumento v�lido en tal sentido la atribuci�n legislativa en orden a la fijaci�n de la pol�tica m�s conveniente a los intereses de la comunidad global por encima de alguno o algunos de los sectores involucrados. Porque en tal caso la pol�tica implementada no puede ser irrazonable ni alterar o suprimir los principios, derechos y garant�as reconocidos por la C.ituci�n nacional (art. 28, C.�n nacional). Y si bien la implementaci�n de pol�ticas orientadas a lograr determinados resultados econ�micos o sociales, constituye una atribuci�n legislativa, es en cambio facultad del Poder Judicial el control de su validez constitucional que no incluye el examen de la necesidad, conveniencia o eficacia de su implementaci�n o el acierto del legislador en el �mbito de sus atribuciones, sino que se enmarca, como en el...

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