Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 19 de Febrero de 2002, expediente L 77726

Fecha de Resolución19 de Febrero de 2002
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a diecinueve de febrero de dos mil dos, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores P., S., P., de L., N., S.M., G., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 77.726, “S., L.A. contra Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A. Indemnización por daños y perjuicios”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 5 de Lomas de Z. declaró la inconstitucionalidad del art. 49 cláusula adicional 3ª de la ley 24.557.

La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley .

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorP. dijo:

  1. El tribunal sentenciante declaró la inconstitucionalidad de la cláusula adicional tercera del art. 49 de la ley 24.557, decisión contra la cual se alza la legitimada pasiva mediante el presente remedio procesal.

  2. En primer lugar cabe señalar que en el escrito introductorio de la instancia se apontocó la pretensión indemnizatoria en las normas del derecho común (arts. 1109 y 1113, Código Civil), alegándose que por las tareas desempeñadas a órdenes de la demandada se generaron las afecciones que señala de las cuales tomara conocimiento en el mes de mayo de 1997 (fs. 10).

  3. En mi criterio la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula adicional tercera del art. 49 efectuada por el tribunal sentenciante deviene inoficiosa.

    Es así porque la norma legal citada había cesado en su vigencia el día 30VI1996 pues a partir de cobrar pleno vigor la ley de Riesgos del Trabajo (el 1VII1996, conforme decreto 659/1996, B.O., 27VI1996) quedaron derogadas la ley 24.028 y sus normas complementarias y reglamentarias (art. 49, disposición final tercera, 3).

  4. Ahora bien interesa la resolución de la litis con arreglo al planteo de la demanda, esto es, la petición de inconstitucionalidad del art. 39 efectuada, respecto de la cual corresponde efectuar algunas precisiones.

    Considero que la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 deviene abstracta en esta etapa procesal.

    Declarar la inconstitucionalidad del art. 39 supone que las prestaciones previstas en la ley de riesgos del trabajo son irrazonablemente inferiores a la indemnización que eventualmente le correspondería al trabajador de acudir por la vía del ordenamiento civil.

    Para determinar la insuficiencia del régimen de reparación del artículo en debate es necesario, en primer lugar, acreditar los extremos que harían viable el reclamo del actor, la existencia del evento dañoso y que éste se produjo en ocasión del trabajo, circunstancia que no se encuentra discernida en autos dado que el proceso no ha sido abierto aún a prueba.

    Luego de esa determinación podrá compararse entre las prestaciones que eventualmente le correspondería recibir por el sistema de la ley de Riesgos del Trabajo y la posible indemnización a la que sería acreedor de aplicar las normas del derecho civil, y recién en esta etapa podrá conocerse si el artículo en cuestión es inconstitucional en la medida que no repare integralmente el daño sufrido.

    Queda claro que dicha determinación no puede realizarse sino al momento de dictar sentencia definitiva en estos autos.

    En igual sentido a lo aquí expuesto la Procuración General de la Nación en los autos “Jordan, A.V. y otro c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s. Accidenteley 9688” donde se discutía una cuestión de competencia entre la Justicia nacional en lo Civil y la Justicia Nacional del Trabajo dictaminó: “no empece a dicha conclusión lo dispuesto por el artículo 39 aps. 1 y 2, L.R.T., desde que aún cuando por imperativo de la ley sustantiva pudiere considerarse al momento de dictar sentencia sobre el fondo del asunto, inaplicables al contrato de trabajo las disposiciones relativas al régimen de responsabilidad civil”. La Corte nacional, de conformidad con este dictamen, declaró la competencia de la justicia del trabajo para entender en estas actuaciones (publicado en Trabajo y Seguridad Social, 1999, pág. 367).

    Al respecto dice A. “En su momento señalé y reproché en los primeros pronunciamientos judiciales de los Tribunales del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires la falta de oportunidad procesal, dado que habían sido dictados antes de la apertura a prueba y hasta, en algún caso, en forma previa al traslado de la demanda. No es éste, afortunadamente, el criterio seguido por la mayoría de los que provocan esta nota en las que, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo llega a la declaración de inconstitucionalidad del apartado 1 del artículo 39 de la ley sobre riesgos del trabajo luego de agotado el proceso de conocimiento, lo que permite presumir cuando menos en este aspecto el respeto pleno de la garantía de defensa en juicio” (A., M.E. Las primeras declaraciones de inconstitucionalidad del artículo 39.1 de la ley de riesgos del trabajo por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Revista Derecho del Trabajo Número 10 octubre de 2000).

  5. Si lo expuesto es compartido corresponde devolver los autos al tribunal de origen a fin de que prosiga con las actuaciones según su estado, teniendo en cuenta lo aquí decidido; con costas de esta instancia en el orden causado atento la forma en que se resuelve el recurso y a las dificultades interpretativas generadas por la ley 24.557 (arts. 68 y 289, C.P.C.C.), quedando diferida la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 al pronunciamiento definitivo.

    Así lo voto.

    A la misma cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  6. Adhiero al voto del señor Juez doctor P. en cuanto allí se pronuncia respecto de que la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula adicional tercera del art. 49 de la ley 24.557 en el caso de autos deviene inoficiosa.

    No así, en cambio, en cuando considera que declarar la inconstitucionalidad del 39 de la referida ley resulta abstracta.

  7. Tiene dicho esta Corte desde antigua data, en criterio mantenido en sus distintas integraciones (ver L. 26.877, sent. del 11IX1979, “Acuerdos y Sentencias”: 1979IIIpág. 155), que el resarcimiento derivado de la aplicación del art. 1109, siguientes y concordantes del Código Civil involucra el quebrantamiento de un deber mucho más amplio, anterior y distinto al nacido de una relación convencional, y que la mera circunstancia de que también haya mediado una relación contractual entre alguna de las partes del juicio, no inhibe a esta conclusión, ya que entre personas convencionalmente relacionadas pueden acontecer sucesos extraños al contrato que, aunque ocurran en ocasión o durante el despliegue de las consecuencias del vínculo quedan marginadas del mismo y de las eventuales vicisitudes de un incumplimiento contractual. Para tener acceso a tal pretensión el damnificado debe necesariamente demostrar la actitud de culpa u omisión culposa del principal o, en su caso, el riesgo o vicio de la cosa propiedad o bajo la guarda de aquél, y la relación de causalidad de tales antecedentes con el daño sufrido, generándose de tal modo responsabilidad de naturaleza extracontractual (conf. causas L. 33.624, sent. del 2IV1985; L. 36.257, sent. del 29III1988; L. 40.000, sent. del 27XII1988; L. 33.292, sent. del 19VI1984).

    Esta doctrina no ofreció reparos durante la vigencia de los regímenes especiales sobre accidente de trabajo anteriores a la sanción de la ley 24.557, toda vez que precisamente se contemplaba en los mismos el ejercicio de la opción por parte de los trabajadores para obtener la reparación integral por la acción civil, debiendo en tales casos someterse a los criterios, principios y características del derecho común, con abstracción de los más favorables contenidos en los sistemas especiales que, como contrapartida, preveían una reparación tarifada (conf. causas L. 44.506, sent. del 18IX1990; L. 39.018, sent. del 5VII1988).

  8. Lo que cabe analizar ahora es si la disposición contenida en el art. 39 de la ley 24.557 puede, sin incurrir en conculcación de derechos amparados constitucionalmente, impedir a los trabajadores y sus derechohabientes el acceso a la vía civil.

    En mi opinión, la respuesta es negativa desde que efectivamente dispone el precepto citado que “las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a los trabajadores y sus derechohabientes, con la sola excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil” en cuyo caso “también podrán reclamar la reparación de los daños y perjuicios de acuerdo con las normas del Código Civil”.

    Considero en primer lugar que la limitación al acceso a la vía civil tanto para el trabajador como para sus derechohabientes en aquellos casos que no están previstos como excepción, esto es, los supuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva no proveniente de dolo, deriva en un distingo inaceptable entre aquéllos y cualquier otro habitante de la Nación respecto de los terceros que lo dañan y perjudican.

    La atribución de responsabilidad civil genérica que puede ser invocada por cualquier persona que sufra un perjuicio patrimonial, no puede ni debe serle negada al trabajador ni a sus derechohabientes, pues ello establece una írrita distinción frente a los iguales en igualdad de circunstancias (art. 16, Constitución nacional), infringiendo además el derecho de propiedad y de libre acceso a la justicia (arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución provincial), así como los distintos tratados con rango constitucional a partir de su incorporación por parte del inc. 22 del art. 75 de la Constitución nacional.

    La circunstancia de mediar un vínculo contractual...

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