Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2002, expediente L 75159

• Fecha de Resolución: 13 de Noviembre de 2002
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de dos mil dos, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Salas, Hitters, P., de L., N., S., R., D., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 75.159, “Cuartucci, S.H. contra Provincia de Buenos Aires. Indemnización por daños y perjuicios”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 2 de La Plata se declaró competente para conocer en estas actuaciones promovidas por S.H.C. contra Provincia de Buenos Aires en concepto de indemnización de daños y perjuicios por incapacidad derivada de enfermedad accidente con fundamento en las normas civiles. Y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 8, 14, 15, 21, 22, 39, 46 y 49 cláusulas adicionales 1ra. y 3ra. de la ley 24.557. Sin costas.

La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley .

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS., dijo:

1. En el recurso extraordinario interpuesto se denuncia la violación de los arts. 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. “d” de la ley 11.653; 39 y 49 cláusula adicional 3ra. de la ley 24.557; 1, 3, 15 y 166 de la Constitución provincial y 5, 14 bis, 16, 17, 18, 20, 31, 75 inc. “12”, 22, 23, 121 y 126 de la Constitución nacional.

2. El recurso, en mi opinión, es improcedente.

   1. Se agravia el apelante y con razón porque dice que la declaración de inconstitucionalidad del art. 49 cláusula adicional 3ra. de la ley 24.557 configura un pronunciamiento abstracto.

      Efectivamente, el tribunal de origen al resolver la cuestión erróneamente sometida a su consideración, no tuvo en cuenta primero, la fecha del infortunio denunciado en la demanda (octubre de 1997) y segundo que la acción deducida se sustenta en las normas civiles, y por consiguiente el recaudo del trámite administrativo previo de conformidad con el art. 15 de la ley 24.028 modificado por la ley de Riesgos del Trabajo no es exigible.

      Dentro de esta materia, tiene dicho esta Corte que cuando se demanda en virtud del derecho civil, las normas laborales no son de aplicación (conf. causas L. 44.096, sent. del 27XI1990; L. 57.005, sent. del 21XI1995; L. 48.364, sent. del 29XII1992). Vale decir, que cuando se ha optado por la acción común no son aplicables las reglas de la acción especial.

   2. Del mismo carácter abstracto participa la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 8, 14, 15, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 habida cuenta que, no siendo de aplicación los textos legales mencionados al caso de autos, su consideración por el tribunal a quo ninguna gravitación tendrá sobre la suerte final del litigio. Por consiguiente, siendo impropio de la judicatura emitir pronunciamientos abstractos que desbordan la cuestión litigiosa, debe dejarse sin efecto la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 8, 14, 15, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 (conf. causas L. 56.616, sent. del 28XI1995; L. 62.285, sent. del 23XII1997; Ac. 34.330, sent. del 7V1985, entre otras).

   3. En orden a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 39 y 49 cláusula adicional 1ra. de la ley de Riesgos del Trabajo corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallo reciente, 1º de febrero de 2002, “Trabajo y Seguridad Social” nº 4, abril de 2002, págs. 306/307 dejó sin efecto los decisorios de este Tribunal identificados como L. 75.346, “B. y L. 77.503, “C., sents. ambas del 6VI2001.

      Sin embargo he de reafirmar una vez más mi criterio, sustentado en los precedentes de referencia a cuyos argumentos no los alcanza los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes referidos.

   4. Desde antiguo expresó este Tribunal con criterio mantenido en sus distintas integraciones (ver L. 26.877, sent. del 11IX1979, “Acuerdos y Sentencias”: 1979IIIpág. 155), que el resarcimiento derivado de la aplicación del art. 1109, siguientes y concordantes del Código Civil involucra el quebrantamiento de un deber mucho más amplio, anterior y distinto al nacido de una relación convencional, y que la mera circunstancia de que también haya mediado una relación contractual entre alguna de las partes del juicio, no inhibe a esta conclusión, ya que entre personas convencionalmente relacionadas pueden acontecer sucesos extraños al contrato que, aunque sucedan en ocasión o durante el despliegue de las consecuencias del vínculo quedan marginadas del mismo y de las eventuales vicisitudes de un incumplimiento contractual. Para tener acceso a tal pretensión el damnificado debe necesariamente demostrar la actitud de culpa u omisión culposa del principal o, en su caso, el riesgo o vicio de la cosa propiedad o bajo la guarda de aquél y la relación de causalidad de tales antecedentes con el daño sufrido, generándose de tal modo responsabilidad de naturaleza extracontractual (conf. causas L. 33.624, sent. del 2IV1985; L. 36.257, sent. del 29III1988; L. 40.000, sent. del 27XII1988; L. 33.292, sent. del 19VI1984).

      Esta doctrina no ofreció reparos durante la vigencia de los regímenes legales especiales sobre accidente de trabajo anteriores a la sanción de la ley 24.557, toda vez que precisamente se contemplaba en los mismos el ejercicio de la opción por parte de los trabajadores para obtener la reparación integral por la acción civil, debiendo en tales casos someterse a los criterios, principios y características del derecho común, con abstracción de los mas favorables contenidos en los sistemas especiales laborales que, como contrapartida, preveían una reparación tarifada (conf. causas L. 44.506, sent. del 18IX1990; L. 39.018, sent. del 5VII1988).

   5. Lo que cabe analizar ahora es si la disposición contenida en el art. 39 de la ley 24.557 puede, sin incurrir en conculcación de derechos amparados constitucionalmente, impedir a los trabajadores y sus derechohabientes el acceso a la acción civil.

      La respuesta es negativa, en mi opinión: Efectivamente, dispone el precepto citado que “las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a los trabajadores y sus derechohabientes, con la sola excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil en cuyo caso, también podrán reclamar la reparación de los daños y perjuicios con arreglo a las normas del Código Civil”.

      Considero en primer lugar que la limitación al acceso a la vía civil tanto para el dependiente como para sus derechohabientes en aquellos casos que no están previstos como excepción, esto es, los supuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva no proveniente de dolo, deriva en un distingo inaceptable entre aquéllos y cualquier otro habitante de la Nación respecto de los terceros que lo dañan y perjudican.

      La atribución de responsabilidad civil genérica que puede invocarse por cualquier persona que sufra un perjuicio patrimonial, no debe serle negada al trabajador ni a sus derechohabientes pues ello establece una írrita distinción frente a los iguales en igualdad de circunstancias (art. 16 Constitución nacional), infringiendo además el derecho de propiedad y de libre acceso a la justicia (arts. 17, 18 y 19 C.. nacional y 15 de la Constitución provincial), así como los distintos tratados con rango constitucional a partir de su incorporación por parte del inc. 22 del art. 75 de la Constitución nacional.

      La circunstancia de mediar un vínculo contractual entre el responsable y la víctima del daño no constituye un elemento que habilite la consagración de una desigualdad de tal naturaleza y reparación, frente a otra víctima o un tercero productor del daño. Máxime porque la diferencia de trato, en tal caso, no debe ser arbitraria y cabe calificar de dicho modo la que sólo reconoce como origen la previsibilidad de los costos del sistema y desatiende los fundamentos de la real y efectiva responsabilidad en la producción y consecuente reparación del daño, con respeto al principio constitucional del alterum non laedere (art. 19, Constitución nacional).

      La garantía de igualdad ante la ley que consagran los arts. 11 de la Constitución provincial y 16 de la Carta Magna nacional no supone una igualdad aritmética o absoluta, sino la igualdad de tratamiento frente a iguales situaciones o circunstancias. Y una particular distinción respecto de los trabajadores en especial debiera ser en todo caso, a favor de aquéllos a fin de responder asimismo a la garantía de carácter protectorio que tiene el derecho del trabajo sobre la base de lo dispuesto en el art. 14 bis de la Constitución nacional. En modo alguno entonces, puede aceptarse en nuestro régimen constitucional y legal como se cristaliza en la norma en análisis que se disminuyan en su perjuicio sus derechos con relación a los que gozan en igualdad de condiciones el resto de los habitantes del país (conf. causas I. 1541, del 29XII1998; I. 1517, del 27VI1995; I. 1248, del 15V1990).

      La igualdad exige el mismo tratamiento a quienes se encuentran en idénticas circunstancias, de manera que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se les concede a otros en igualdad de condiciones.

      La señalada discriminación en que incurre el art. 39 de la ley de Riesgos del Trabajo en desmedro de los derechos del trabajador respecto de los demás habitantes del país se consuma incluso respecto a los empleadores no asegurados que sólo responderán ante el dependiente dañado por eventuales incumplimientos en materia de seguridad e higiene y aún cuando deriven de culpa o negligencia, por las prestaciones contenidas en la ley (art. 28 ap. 1, ley 24.557). Todo lo expuesto desvirtúa las alegaciones del...