Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 27 de Febrero de 2002, expediente L 66790

• Fecha de Resolución: 27 de Febrero de 2002
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de dos mil dos, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores N., P., S., de L., L., G., Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 66.790, “Amaya, J.A. contra Celulosa Argentina S.A. Indemnización accidente laboral ley 9688”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo de Zárate hizo lugar a la demanda promovida y condenó a Celulosa Argentina S.A. a pagar al actor J.A.A. el importe de $520 con arreglo al art. 8 de ley 9688. Dispuso consecuentemente el rechazo del planteo de la inconstitucionalidad de la resolución 7/1989 del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, por resultar extemporánea. Con costas a cargo de la parte demandada.

La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley .

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

1. Tal como lo he venido sosteniendo en los precedentes registrados como Ac. 34.726, sent. del 9IV1987; L. 51.220, sent. del 10VIII1993; L. 51.550, sent. del 22II1994 en los cuales expresé y lo reitero que en mi concepto la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan. El tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.

2. Sentado lo precedentemente expuesto, y en orden a la validez constitucional de la norma que establece el importe del módulo para limitar el monto indemnizatorio, cabe señalar que tiene dicho esta Corte que la aplicación de la resolución 7/1989 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil por la que se fijó el importe de veinte mil australes en concepto de salario mínimo vital, en su valor nominal vulnera derechos de raigambre constitucional, desde que el mantenimiento de ese valor nominal en el tiempo posterior sin modificaciones sin contemplar el proceso hiperinflacionario ocurrido, arroja según la regla del art. 8 de la ley 9688 (t.o., ley 23.643) un resultado económico que desvirtúa la naturaleza resarcitoria que procura la disposición legal (conf. causas L. 57.827, sent. del 9IV1996 en “D.J.B.A.”: 150, 241; L. 62.833, sent. del 15VII1997, entre otras), por lo que cabe declarar inaplicable en el sub judice el valor nominal de veinte mil australes fijado por la resolución 7/1989 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil.

   Por consiguiente corresponde su actualización con arreglo a la aplicación del salario del peón industrial por ser el instrumento adecuado para obtener el fin que se procura conforme reiterada doctrina de esta Corte (causas L. 50.187, sent. del 10VIII1993; L. 54.942, sent. del 30VIII1994, entre otras), al mes de marzo de 1990, fecha de toma de conocimiento de su incapacidad por parte de A..

   Con arreglo a tales pautas debe tomarse como base de cálculo el salario mínimo vital y móvil de marzo de 1990 de A 238.536, arrojando entonces un tope indemnizatorio de A 62.019.360 ($ 6201) que resulta superior a los $ 5728 fijados en sentencia (fs. 152 vta.), importe este último por el que debe prosperar la demanda.

3. En razón de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el monto de condena establecido en la sentencia de grado, el que se fija en la suma de $ 5728 (art. 8 inc. “a”, ley 9688 modif. por ley 23.643 y res. 7/1989, C.N.S.M.V.M.).

   Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique la liquidación correspondiente de conformidad con lo supra expuesto.

   Voto por la afirmativa.

   A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor P. dijo:

1. En reciente decisión (M. de P., R.A. y otros c/Provincia de Corrientes, del 27IX2001, “La ley ” 5XII2001), la Corte Suprema de Justicia de la Nación introdujo una variante en su criterio en orden a la prohibición de la judicatura para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas legales, sostenido en diversos precedentes de ese Tribunal (“Fallos”, 282:15; 289:89, entre otros).

   Se conformó la necesaria mayoría de opiniones en el fallo señalado, con los votos de los señores jueces doctores L. y B., quienes expresaron su adhesión a ejercer la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas en la especie la ley de convertibilidad 23.928 cuando se ha garantizado el derecho de defensa de los litigantes, esto es, si éstos han tenido suficiente oportunidad de ser oídos sobre el punto como sucedió en el referido caso en el remedio federal y su escrito de contestación.

   Exigencia que, en mi concepto, en las presentes actuaciones se cumplimenta con la deducción del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.

2. Estimo entonces que por razones de celeridad y economía procesal corresponde adecuar el criterio de este Tribunal al de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

   Por ello, y en atención a la solución decisoria que propone adhiero al voto del señor Juez doctor N..

   Así lo voto.

   A la misma cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

1. El planteo en cuestión ya fue decidido por este Tribunal en los precedentes registrados como L. 51.220, sent. del 10VIII1993; L. 54.942, sent. del 30VIII1994, entre otros muchos.

   En tales condiciones, siguiendo los principios que informan la doctrina legal precedentemente señalada corresponde concluir que el único mecanismo para declarar inaplicable al caso la resolución 7/1989 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil resulta la declaración judicial de su inconstitucionalidad.

   Y en este orden, entiendo que a los jueces no les asiste la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una disposición legal (conf. causas L. 51.500, sent. del 22II1994; L. 49.794, sent. del 10VIII1993; Ac. 35.933, sent. del 5IX1986, “Acuerdos y Sentencias”: 1986, tomo II, pág. 104), siendo que al tiempo de deducirse la acción (29VIII1991, fs. 26 vta.) la legitimada activa se encontraba habilitada y obligada a formular el planteo de inconstitucionalidad.

   Por consiguiente, no cabe analizar en esta sede, por extemporáneo, el planteo formulado por primera vez en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por cuanto, como se tiene dicho reiteradamente, son inatendibles los argumentos que se introducen por primera vez en la instancia extraordinaria (conf. causas L. 52.198, sent. del 22II1994, “Acuerdos y Sentencias”: 1994, tomo I, pág. 83; L. 53.248, sent. del 22II1994; L. 55.501, sent. del 21XI1995, “Acuerdos y Sentencias”: 1995, tomo IV, pág. 370, entre otras).

2. Considero asimismo oportuno señalar, que sin perjuicio de lo expuesto y de los precedentes a que aluden algunos de mis colegas, que reconocen como antecedente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que efectivamente se dispuso la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil, en la que medió tacha de inconstitucionalidad (“Fallos”: 316:3104, “Vega”), no existen en el sub lite razones que justifiquen un apartamiento del criterio arriba señalado.

   En consecuencia el suscripto mantiene la opinión sustentada por esta Suprema Corte es decir la no declaración de oficio de inconstitucionalidad, desde que tal doctrina jurisprudencial no se cambia ni es mutable como directriz jurídica que deba ajustarse al compás discrecional sin límites, actitud aquella que resulta ajena a las obligaciones que la función jurisdiccional que se desempeña impone ejercerla con equilibrio y prudencia.

   Por último, considero que resulta necesario aclarar que ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado el 28 de abril de 1998 en “Ricci c/Autolatina Argentina” y en donde el Superior Tribunal ratifica su criterio de que debe mediar para declarar la inconstitucionalidad planteo previo, admite el mismo cuando se formula “excepcionalmente” en la oportunidad de expresar agravios en la instancia ordinaria se trataba de un recurso interpuesto ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal circunstancia que no debe por analogía siquiera asimilarse a lo sucedido en la especie.

3. Por lo expuesto, el recurso debe rechazarse; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

   Voto por la negativa.

   A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que los magistrados judiciales no están habilitados para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes, es decir, sin que medie petición de parte (“Fallos”: 282:15; 289:89; 303:715; 305:303 y 2047; 306:303, etc.).

   Sin embargo, decisorios de esta Suprema Corte (conf. causas L. 55.824, sent. del 7III1995 y L. 60.034, sent. del 29IV1997) resueltos con arreglo a tal doctrina y en los que, al igual que en el sub lite, no había mediado objeción constitucional de la referida resolución, fueron casados por el...