Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 19 de Agosto de 2005, expediente I 3157

Fecha de Resolución:19 de Agosto de 2005
Emisor:Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires
 
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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 17 de agosto de 2005, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores B., P.D., A., T., A., Messina, C. de Caso, Borean, Sierra, se reúnen los señores conjueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 3157, "Gubertini, J.M. contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad ley 12.874".

A N T E C E D E N T E S
  1. El doctor J.M.G., por apoderado, promovió acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1º de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 29 inc. "a" y 30 inc. "a" de la ley 12.874 y 27 y 28 de la ley 13.002, por considerarlos violatorios de los arts. 1, 2, 10, 11, 15, 31, 40, 56 y 161 inc. 1º de la Constitución provincial y 5, 16, 17 y 110 de la Carta Magna nacional; en cuanto en el marco de la emergencia declarada por el art. 1º de la ley 12.727 y modificatorias, puso límite de $ 4500 al haber jubilatorio que le otorga el Instituto de Previsión Social por los servicios que prestara en el Poder Judicial de esta Provincia; y suspendió asimismo la percepción del sueldo anual complementario.

    Reclamó que se condene al Instituto de Previsión Social al pago de las diferencias de haberes entre lo efectivamente abonado y las deducciones efectuadas a partir del mes de abril de 2002, así como el pago del sueldo anual complementario, a moneda constante, con intereses y costas.

  2. Con fecha 4 de julio de 2003, el Tribunal resolvió otorgar medida cautelar, la que consistió en la suspensión de la aplicación de las normas impugnadas (fs. 31/34), ello con fundamento en la avanzada edad del peticionante.

  3. Corrido el traslado de ley , se presentó en autos el señor A. General de Gobierno, quien contestó la demanda y solicitó el rechazo de las pretensiones de la parte actora, con costas.

  4. Producida la prueba ofrecida por el accionante y la prueba ordenada por el Tribunal, glosados el alegato de la parte actora, habiendo vencido el plazo acordado a tal fin sin que la parte demandada hiciera uso de tal derecho y oído el señor Procurador General, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente

    C U E S T I O N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I O N

    A la cuestión planteada, el señor C. doctor B. dijo:

  5. El actor aduce, en primer lugar, que las normas que impugna son inconstitucionales en tanto vulneran la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados establecidas en el art. 110 de la Constitución nacional. Puntualiza que la mencionada garantía, junto con la de inamovilidad de los jueces, han sido consagradas para asegurar la independencia del Poder Judicial, presupuesto que también deben cumplir las provincias argentinas en virtud del art. 5º de mismo texto constitucional. Cita doctrina del Superior Tribunal nacional conforme la cual la garantía de intangibilidad de las remuneraciones se proyecta en favor de aquellos que se han jubilado con derecho a un porcentaje fijo de las remuneraciones de los magistrados en actividad, cuando se ven afectados por normas que reducen sensiblemente sus haberes, ello con el fin de evitar discriminaciones ilegítimas.

    Recuerda que el término "propiedad" empleado en los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y 17 de la ley Fundamental comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad, cualquiera haya sido el acto que dio origen a tal derecho. Con cita de reconocidos autores, recuerda que todo derecho adquirido goza de la tutela de la propiedad, lo que implica la inmunidad o preservación frente a toda norma o acto que lo altere o dañe.

    Destaca que no es dable invocar la emergencia económica para modificar o derogar la ley , principalmente si no se consigna cuáles son las circunstancias que permiten instalar el conflicto dentro de esa situación.

    Puntualiza que su haber jubilatorio ha sido disminuido en forma desmesurada, excediendo toda razonabilidad, constituyendo tal actitud una manifestación de discrecionalidad tan arbitraria como abusiva.

    Afirma con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia nacional que las jubilaciones de los magistrados no son "de privilegio" porque derivan de los principios de inamovilidad e intangibilidad que preservan el sistema republicano y justifican una diferencia respecto de los regímenes laborales de trabajadores y empleados o funcionarios públicos.

    Manifiesta que la expresión "jubilaciones de privilegio" se refiere a jubilaciones otorgadas por breves períodos de actividad laboral, con escasos aportes, por lo que es un error conceptual abarcar en tal definición a las jubilaciones a las que se accede mediante el cómputo de cuantiosos servicios, porque el monto de las mismas es elevado.

    Agrega que el principio de independencia del Poder Judicial tiene en miras evitar que los otros Poderes del Estado dominen la voluntad de los jueces no sólo con la amenaza de reducir sus remuneraciones, sino también con la de jubilarlos frustrando sus expectativas de vida decorosa en la vejez. Sostiene que, aunque los magistrados tengan ingresos decorosos, ellos no son suficientes para generar un ahorro que les permita compensar los efectos de una devaluada jubilación y recuerda que el ejercicio de la magistratura prohibe absolutamente ejercer cualquier actividad rentada.

    Puntualiza que la nueva ley no puede arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior pues, en tal caso, el principio de la no retroactividad de las leyes deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de inviolabilidad de la propiedad. En la especie, argumenta, la situación jurídica protegida es el estatuto jubilatorio que comprende un haber proporcionado a la retribución que corresponde al ejercicio activo de la función. En todo caso, dice, es la retribución del juez donde debe reflejarse la tensión entre los recursos con que cuenta la sociedad para compensar la gran responsabilidad de tal función y, al respecto, la Legislatura carece de potestades para modificar la Constitución.

    Recuerda que no se afecta el art. 16 de la Constitución nacional cuando la ley contempla en forma distinta situaciones diferentes, si ello obedece a una causa objetiva.

    Agrega que al imponerse un "tope" a las jubilaciones de funcionarios y magistrados judiciales se incurre en un "achatamiento" mediante el cual pueden llegar a percibir igual jubilación los retirados como secretarios o integrantes de la Suprema Corte de Justicia y ello atenta contra la garantía de igualdad ante la ley en tanto, teniendo en cuenta la especificidad de la función, se tornaría en arbitrario no distinguir entre desiguales.

    Aduna que por remisión de las normas jubilatorias de magistrados y funcionarios al régimen general de previsión (dec. ley 9650/1980, t.o. dec. 600/1994), todos los jubilados tienen derecho a percibir el aguinaldo. La supresión de su pago establecida en el art. 30 de la ley 12.874 merece los mismos cuestionamientos que el art. 29 de la citada ley por violación de las garantías de intangibilidad de ingresos y propiedad.

  6. Corrido el traslado de ley , el señor Asesor General de Gobierno manifiesta que el planteo efectuado por el actor peca de formulismo jurídico, ya que se desentiende del marco fáctico en el que las normas impugnadas han sido sancionadas, tal la emergencia pública en lo económico, social y financiero de la Provincia de Buenos Aires declarada por la ley 12.727 y sus modificatorias.

    En tal sentido expone que los derechos no son absolutos, ni aún los del art. 110 de la Constitución nacional, ya que están sujetos a reglamentación conforme el art. 28 de la Constitución nacional y, además, deben adecuarse al particular momento histórico, social y cultural. Que frente a situaciones extraordinarias es posible limitar los derechos constitucionales en defensa de los principios supraordinados que motivaron el dictado mismo de la norma de normas.

    Recuerda la doctrina que emana de los fallos de la Corte federal en materia de leyes de emergencia, habilitando a los poderes públicos a poner en vigencia un derecho excepcional con la finalidad de conjurar una grave perturbación económica, social o política. Circunstancias éstas que permiten ejercer con mayor hondura y vigor las potestades de la Constitución, llevándolas más allá de lo que es propio de tiempos de tranquilidad y sosiego, constituyendo ello un imperioso deber no sólo potestad del Estado democrático, con la finalidad última de salvaguardar el sistema político y el orden económico, sin los cuales no subsistirían la organización jurídica ni las libertades individuales. Las medidas de la emergencia no suprimen la legalidad constitucional, sino que la garantizan con medios extraordinarios. Que en todos los casos el apartamiento de los derechos constitucionales debe serlo con las limitaciones entre otras de razonabilidad, temporaneidad, generalidad.

    Aduna que compete al Poder Legislativo la evaluación de las circunstancias que justifican la declaración y legislación de emergencia; y que debe ser revisada cuando ha sido infundada tal declaración, o las medidas resulten abusivas o desproporcionadas.

    Hace referencia a las numerosas normas de carácter nacional y provincial dictadas con fundamento en la emergencia económica y financiera del Estado (leyes nacionales 25.344, 25.453, 25.561 y 25.563; leyes provinciales 12.727, 12.774, 12.836, 12.874, dec. PEN 1570/2001, entre otras normas) aclarando que la finalidad de todas ellas ha sido dar respuesta al creciente agravamiento y extensión de una crisis que suma al desequilibrio fiscal, la falta de financiamiento interno y externo, la baja de la recaudación, el desquicio del...

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