Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 16 de Febrero de 2005, expediente I 2214

• Fecha de Resolución: 16 de Febrero de 2005
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

Dictámen de la Procuración General:

El doctor P.A. en representación de su mandante el doctor C.D.M. promueve la presente acción originaria con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ordenanza N° 178/86 dictada por la Municipalidad de Salto, por medio de la cual se declara incompatible con el ejercicio de la profesión de abogado el cargo de Juez de Faltas en el que el Dr. Di Mantova fuera designado.

I.-

En su escrito de demanda (fs. 13/17), la parte actora luego de referirse a la personería, la competencia de V.E. en la presente causa, y de precisar el objeto de esta acción, realiza un desarrollo de los antecedentes fácticos, los que a continuación se reproducen en sus partes pertinentes.

Con fecha 12 de diciembre de 1986 el Honorable Concejo Deliberante de Salto dictó la Ordenanza N° 178/86, la que en su artículo 4 declara incompatible con el libre ejercicio de la profesión de Abogado el cargo de Juez de Faltas.

Con fecha 1998 el Intendente Municipal designó por Decreto al Dr. C.D.M., quien fue puesto en funciones a partir del día 23 de julio de 1998.

Individualiza las normas constitucionales afectadas, con particular cita en los artículos 11 y 27 de la Carta Provincial.

Respecto al principio de igualdad expresa: "...en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el decreto ley 8751/77 con su modificatoria ley 10.260 reglamenta la designación de los Jueces de Faltas, como así también el funcionamiento y demás actividades de los Juzgados de Faltas y en dicha norma no se contempla la incompatibilidad que contempla la ordenanza 178/86 en su art. 4, es mas dicha incompatibilidad solo está establecida para el Juzgado de Faltas de Salto..." (fs. 14 vta.).

En igual sentido manifiesta que la ley 5177 -reglamentaria en la Provincia del ejercicio de la profesión de abogados y procuradores- no establece incompatibilidades de ejercicio para los funcionarios municipales, al extremo de que los Intendentes, en su carácter de máximos funcionarios y representantes de las comunas, pueden ejercer la profesión de abogados con la excepción de aquellos casos en los que estén encontrados los intereses de los particulares con los de la comuna.

En lo que a la manda del artículo 27 respecta, la actora entiende que la ordenanza municipal por esta vía atacada afecta la libertad de trabajo del doctor Di Mantova, que la misma no se encuentra fundamentada bajo ninguna perspectiva, y que: "...la norma crea una incompatibilidad irrazonable, antojadiza y arbitraria, por lo que considero que la Excma. Suprema Corte debe declarar su incosntitucionalidad..." (fs. 15 vta.).

Ofrece prueba y deja planteada a todo evento la cuestión federal.

II.-

De la demanda interpuesta se da traslado a la Municipalidad de Salto.

A fs. 25 obra la autorización por parte del Intendente Municipal para formalizar el pertinente allanamiento.

A fs. 26 se presenta la Municipalidad por apoderado, allanándose en forma incondicional a la demanda entablada por el actor y solicitando asimismo la eximición de costas de rigor, en virtud de lo preceptuado por el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil y Comercial y por el artículo 61 de la ley 12.008.

III.-

Acreditada que fuera por parte del letrado representante de la Municipalidad demandada la facultad de allanarse a la demanda —acompañando copia del poder especial que así lo establece- y habiéndose dado traslado a la actora del allanamiento formulado, y siendo este evacuado, se dispone el pase de las presentes actuaciones en vista a esta Procuración General.

IV.-

En primer lugar he de referirme al allanamiento a la demanda formulado por parte de la Municipalidad de Salto.

En tal sentido es de destacar que el mismo se produce a partir de la autorización formulada por parte del Intendente Municipal (fs. 25) cuando en realidad debería haber autorizado dicha medida el propio C.D., por ser el órgano del cual emanó la norma que por esta vía se pretende impugnar.

Mas allá de tal óbice, y conforme a una doctrina ya reiterada de V.E., el allanamiento a la demanda no exime a ese alto Tribunal de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la norma impugnada (causas: I-1285, Sentencia del 27-06-1989; I-1555, Sentencia del 27-12-1994).

Respecto al fondo de la cuestión, es de destacar que la Ordenanza Municipal impugnada en su artículo 4 prescribe que el cargo de Juez de Faltas será incompatible con el libre ejercicio de la profesión de abogado, con el ejercicio de cualquier otro empleo público, con el ejercicio del comercio y/o actividades políticas.

La actora entiende que tal norma conculca su derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 11 de la Constitución Provincial, toda vez que le exige un régimen de incompatibilidad más severo del que establece el decreto ley 8751/77, norma que regula en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el funcionamiento de la justicia de faltas municipal.

En efecto, el Código de Faltas Municipal en su artículo 27 establece que no existirá para el desempeño del cargo de Juez de Faltas "otra incompatibilidad mas que las legales y éticas para toda clase de funcionarios municipales".

En tal sentido, ley Orgánica de las Municipalidades -Decreto ley 6769/58- establece, al tratar sobre el desempeño de las funciones municipales una serie de inhabilidades (artículo 6) e incompatibilidades (artículos 7/9), entre las que no se incluye la causal de incompatibilidad establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal motivo de la presente demanda.

Asimismo, el Concejo Deliberante de Salto resulta incompetente para establecer restricciones al ejercicio de la profesión de abogado al declararla incompatible con el desempeño en el cargo de juez de faltas, toda vez que de este modo interfiere en una materia que no le es propia, sino que le pertenece a la Legislatura Provincial conforme a los términos del artículo 42 de la Constitución Provincial.

En efecto, la ley 5177 reglamenta el ejercicio de la profesión de abogado y establece un régimen de incompatibilidades absolutas y relativas. Dentro de las incompatibilidades relativas la ley trata sobre las que recaen en cabeza del intendente y los concejales municipales, mientras duren sus respectivos mandatos, respecto de causas judiciales y gestiones de carácter administrativo en que particulares tengan intereses encontrados con los del municipio (artículo 3 inciso j).

En consecuencia, considero que la norma por esta vía cuestionada le impone al señor C.D.M. un régimen de incompatibilidad más amplio en el ejercicio de su profesión de...