Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2004, expediente I 2651

• Fecha de Resolución: 10 de Diciembre de 2004
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 10 de diciembre de 2004, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Sierra, P.D., A., T., A., Messina, B., C. de Caso, N., se reúnen los señores conjueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 2651, "Scuseria, N.S. contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad".

A N T E C E D E N T E S

1. 1. El doctor N.S.S., por apoderado, promovió acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1º de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 29 inc. "a" y 30 inc. "a" de la ley 12.874, por considerarlos violatorios de los arts. 10, 31 y 176 de la Constitución provincial y 5, 14, 14 bis, 17, 18, 31, 75 inc. 22, 110 y 120 de la Carta Magna nacional; en cuanto en el marco de la emergencia declarada por el art. 1º de la ley 12.727 y modificatorias, pusieron límite de $ 4500 en el haber jubilatorio que le otorga el Instituto de Previsión Social por los servicios que prestara en el Poder Judicial de esta Provincia; y suspendieron, asimismo, la percepción del sueldo anual complementario.

   2. Reclamó que se condene al Instituto de Previsión Social al pago de las sumas que le hubiesen sido retenidas en virtud de las normas que impugna, así como el pago del sueldo anual complementario, con actualización monetaria, intereses y costas.

   Planteó la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 25.561, por ser violatorio del derecho de propiedad, atento la disminución del poder adquisitivo de la moneda.

2. Por otra parte, promovió una acción de amparo ante la justicia ordinaria por la que cuestionó la actuación del organismo previsional en tanto redujo el monto de su jubilación a partir del mes de abril de 2002 y solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la ley 12.874 (causa caratulada "A.D.R. y otros s/Amparo" que tramitó ante el Juzgado de Garantías nº 2 de La Plata). En el marco de este proceso fue dictada una medida cautelar por la que se ordenó a la Administración el pago de las mensualidades sin reducción alguna con retroactividad a la fecha de vigencia de la ley cuestionada.

   Planteada ante esta Corte una cuestión de competencia en los términos del art. 6º de la ley 2961 y su interpretación jurisprudencial, este Tribunal resolvió la radicación de la aludida causa ante la Secretaría de Demandas Originarias y su acumulación a la presente (res. del 18-X-2002 dictada en causa B. 64.302 bis). En la misma fecha se dictó resolución por la que se decidió mantener la medida cautelar dictada por el Juez interviniente en el amparo, pero limitando su alcance al 67% de la remuneración asignada al cargo por el que se regula el haber previsional del actor, ello a partir de la notificación de la aludida resolución (fs. 62 a 67 y 68 a 71 de la causa B. 64.302 bis, que tengo a la vista).

3. Asimismo solicitó el dictado de una medida cautelar consistente en el pago de su jubilación sin restricción alguna, petición que fuera denegada por resolución de fecha 17 de diciembre de 2002 (fs. 62 y sgtes. de esta causa).

4. Corrido el traslado de ley , se presentó en autos el señor A. General de Gobierno, quien contestó la demanda y solicitó el rechazo de las pretensiones de la parte actora, con costas.

5. Producida la prueba ofrecida por la accionante y la ordenada por el Tribunal, glosados los alegatos de ambas partes y oído el señor Procurador General, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente

   C U E S T I O N

   ¿Es fundada la demanda?

   V O T A C I O N

   A la cuestión planteada, el señor C. doctorS. dijo:

1. El actor funda su pretensión, en primer lugar, en el incumplimiento de los requisitos que, según entiende, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido a los fines de la constitucionalidad de normas que, con fundamento en la emergencia económica del Estado, disponen la afectación de derechos patrimoniales.

   En tal sentido afirma que los magistrados del Poder Judicial y los miembros del Ministerio Público han sido expresamente excluidos de los alcances de la declaración de emergencia en virtud de lo dispuesto por el art. 15 in fine de la ley 12.727 y, asimismo, gozan de la garantía de intangibilidad e indemnidad de sus haberes, conforme los arts. 5, 110, 120 de la Constitución nacional y 39 inc. 3º y 176 de la Constitución provincial.

   En otro orden, puntualiza que la Constitución nacional garantiza los beneficios de la seguridad social, los que tienen carácter integral, irrenunciable y móvil (art. 14 bis, C.. nac.). Asimismo recuerda que la Carta Magna provincial ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público. Tal derecho constitucional, dice, ha sido reglamentado en el ámbito provincial y con relación a los magistrados a través, especialmente, de la ley 7918 y su modificatoria, normas que a la par que establecen requisitos más exigentes que los contemplados en el régimen general de previsión, acuerdan un haber equivalente al 82% de las remuneraciones frente al 70% establecido en el dec. ley 9650/1980.

   Sostiene que el cumplimento de los recaudos establecidos en la legislación implica para el magistrado la adquisición de un derecho a la percepción de un haber cuya liquidación debe regirse por la ley vigente al cese en el servicio. En su caso, le ha sido reconocido el derecho a percibir el 82% de la remuneración asignada al cargo de que fue titular, y tal derecho, proclama, ha quedado incorporado a su patrimonio.

   Aduna que las normas impugnadas vulneran la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados establecida en el art. 96 de la Constitución de 18541860 y reiterada en la reforma de 1994.

   Recuerda la doctrina del más Alto Tribunal nacional en cuanto proclama que la aludida garantía no ha sido establecida como una prebenda o beneficio individual en favor de quienes desempeñan dichos cargos, sino para preservar a los miembros del Poder Judicial de toda injerencia y/o influencia que desnaturalice su alta misión, ello en beneficio de la comunidad toda. Puntualiza que tal normativa constitucional resulta aplicable a quienes gozan de una prestación previsional derivada del desempeño de tales cargos.

   Entiende que la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados se vincula indisolublemente con los postulados constitucionales de proporcionalidad y movilidad de los haberes jubilatorios.

   Sostiene que tales pautas resultan aplicables con relación a los magistrados provinciales conforme ha sido reconocido en sentencias pronunciadas por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

   Por otra parte, remarca que la reducción de los haberes previsionales y la supresión del sueldo anual complementario vulneran el art. 39 inc. 3º de la Constitución provincial, en tanto proclama que en materia de trabajo y seguridad social regirán los principios de indemnidad, irrenunciabilidad y progresividad.

   En tanto derecho adquirido conforme la legislación vigente al tiempo de cesar en los servicios, puntualiza, la prestación previsional se encuentra alcanzada por la garantía de los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y 17 de la nacional, por lo que la restricción en su uso y goce, constituida por la reducción en su monto impuesta por las norma impugnadas, viola las citadas cláusulas constitucionales.

   En subsidio, y dejando a salvo su cuestionamiento sustentado en el art. 39 inc. 3º de la Constitución provincial, afirma que la reducción de la prestación previsional en un monto inferior al 33% de las remuneraciones asignadas en la actualidad al cargo por el que se liquida su haber implica una confiscación y, por ende, una afectación de su derecho de propiedad.

   Por último, y en atención a la derogación del régimen de convertibilidad dispuesto por la ley 23.928, plantea la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 25.561 por ser violatorio de su derecho de propiedad frente a la disminución del poder adquisitivo de la moneda.

2. Corrido el traslado de ley , el señor Asesor General de Gobierno manifiesta que el planteo efectuado por la parte actora peca de formulismo jurídico, ya que se desentiende del marco fáctico en que las normas impugnadas han sido sancionadas, tal la emergencia pública en lo económico, social y financiero de la Provincia de Buenos Aires declarada por la ley 12.727 y sus modificatorias.

   En tal sentido expone que los derechos no son absolutos, ni aún los del art. 110 de la Constitución nacional, ya que están sujetos a reglamentación conforme el art. 28 de la Constitución nacional y, además, deben adecuarse al particular momento histórico, social y cultural. Que frente a situaciones extraordinarias es posible limitar los derechos constitucionales en defensa de los principios supraordinados que motivaron el dictado mismo de la norma de normas.

   Recuerda la doctrina que emana de los fallos de la Corte federal en materia de leyes de emergencia, habilitando a los poderes públicos a poner en vigencia un derecho excepcional con la finalidad de conjurar una grave perturbación económica, social o política. Circunstancias éstas que permiten ejercer con mayor hondura y vigor las potestades de la Constitución, llevándolas mas allá de lo que es propio de tiempos de tranquilidad y sosiego, constituyendo ello un imperioso deber no sólo potestad del Estado democrático. Con la finalidad última de salvaguardar el sistema político y el orden económico, sin los cuales no subsistirían la organización jurídica ni las libertades individuales. Las medidas de la emergencia no suprimen la legalidad constitucional, sino que la garantizan con medios extraordinarios. Que en todos los casos el apartamiento de los derechos constitucionales debe serlo con las limitaciones entre otras de razonabilidad,...