Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 29 de Abril de 1997, expediente I 1681

Fecha de Resolución29 de Abril de 1997
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL:

  1. El Dr. A.O.C., por su propio derecho, con el patrocinio del Dr. G.L.P., inicia demanda de inconstitucionalidad en los términos de los artículos 161 inciso 1ro. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial a los fines que V.E. la declare en relación a los artículos 39 y 40 del decreto ley 9.978 modificatorio de la ley 6.716, por reputarlos violatorios a los artículos 1, 9, 24, y 27, de la Constitución de la Provincia y 14 bis, 18, 31 y 67 inc.11 de la Constitución de la Nación. Solicita también se reconozca el derecho a percibir su haber jubilatorio y se condene a su abono desde la fecha en que se canceló la matrícula en la Provincia de Buenos Aires; con costas.

    El actor señala que la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires le concedió el beneficio jubilatorio, pero también le exigió -para proceder a su efectivización- acreditar la cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país en que se hallare inscripto (cf. Resolución del 7 de Marzo de 1991, recaída en el expte. nº 1.380/C/91), presupuesto éste que considera violatorio de los derechos denunciados.

    Expresa que correspondería encuadrar la demanda en los términos del artículo 684 del Código Procesal Civil Comercial con el objeto de evaluar su temporaneidad.

    Expone que en razón de no proceder a cancelar la matrícula profesional en jurisdicción de la Capital Federal (Colegio Público de Abogados) y teniendo la intención de continuar con su vigencia, se le postergó por el organismo previsional la percepción del beneficio jubilatorio, ante la presentación de una única cancelación de matrícula en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

    Reseña los antecedentes obrantes en las actuaciones administrativas y fundamenta su pretensión en la delimitación del poder de policía atinente a reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales y el campo previsional en que aquél se proyecta. Sostiene que en materia de seguridad social no existe un poder delegado a la Nación sino que concurren facultades de la Nación y de las Provincias. Y que toda potestad tiene límites y en el caso, son de dos clases, una la jurisdicción de la provincia o el ámbito propio de la autonomía provincial en la materia (seguridad social de los profesionales universitarios) y la otra determinada por el principio de razonabilidad de las leyes.

    Refiere que tanto los arts. 39 y 40 de la ley 6716, modificados por el decreto ley 9978/83, resultan claramente contrarios a normas constitucionales provinciales y nacionales. Resultando opuestos a lo que dispone la ley nacional 18.038, que instituye un régimen con alcance nacional, incluyendo, obligatoriamente, a las profesiones desempeñadas por graduados en universidad nacional, provincial o privada y cualquiera sea el lugar del territorio del país donde desempeñe su actividad (arts. 1, 2 a) y 6). D., en el art. 43 inc. a) que los afiliados que reúnan los requisitos exigidos para el logro de una jubilación ordinaria podrán solicitar y entrar en el goce del beneficio y continuar o reingresar en la misma u otra actividad autónoma, sin incompatibilidad alguna. En tanto que el art. 53 dispone que los regímenes jubilatorios provinciales para trabajadores autónomos deberán adecuarse a los principios de dicha ley .

    Que por su parte le compete al Congreso Nacional dictar la legislación de fondo en materia de trabajo y seguridad social aplicable a todo el país, por lo que afirma que la Provincia no puede impedir el ejercicio de facultades delegadas a la Nación o que corresponden a otras Provincias.

    Que por aplicación de los derechos consagrados en la Constitución Nacional que vinculan tambien a los Estados provinciales, se vulneran los derechos de trabajar (art. 14 Const. N.) mediante una exigencia de alcance extraterritorial excediendo la órbita propia del derecho local, y de los artículos 1º y 24 de la Constitución de la Provincia por haberse legislado en materia que compete al gobierno nacional.

    Por último refiere que se produce la violación de los artículos 9 y 27 (n.a.) de la Carta provincial y 17 de la Nacional, en el derecho de propiedad consagrado por tales normas, al impedir el ejercicio profesional de los que se encuentran obligatoriamente afiliados al régimen nacional y en cuyo ámbito les es imposible continuar con su actividad a los fines previsionales. Apunta doctrina jurisprudencial.

  2. Corrido traslado de la demanda al Asesor General de Gobierno (fs. 22/23) se presenta en fs. 24/27 solicitando su rechazo y la intervención del organismo previsional en su carácter de tercero (fs.áá26 vta ).

    Hace mención de las reservas de la Provincia sobre la materia previsional y la consiguiente potestad de regular lo atinente al beneficio estableciendo los recaudos pertinentes. Aboga a favor del sistema como consecuencia del estado de pasividad que se asume al querer acceder a un beneficio jubilatorio para el cual se requiere el cese del ejercicio profesional. A. en contra de la extraterritorialidad invocada y afirma la razonabilidad de la norma, al entender que la cancelación opera como consecuencia de acreditarse el acaecimiento de la contingencia previsional cubierta por la ley , y no desvirtuar su télesis axiológica-jurídica del instituto jubilatorio, y que determina la exigencia del cese en la actividad profesional. Aporta que tal exigencia constituye un principio de política legislativa consagrado por diversos sistemas previsionales, como explicitación del poder de policía no delegado a la Nación.

  3. Habiéndose dispuesto la citación de la Caja de Previsión Social para Abogados (fs. 34/97), la misma se presenta, agrega prueba documental, alega en favor de la constitucionalidad de las normas impugnadas y adhiere a lo expuesto por el Asesor General de Gobierno planteando, en subsidio, la prescripción de los haberes peticionados (fs. 88/97 conforme foliación-).

  4. Razones que pasaré a desarrollar, y no obstante dejar a salvo mi opinión vertida en otras causas, contraria a la procedencia de la demanda, me llevan a propiciar a ese Alto Tribunal su acogimiento.

    1. - Primeramente he de expedirme en relación a la temporaneidad de la demanda. Entiendo que no se encuentra alcanzada por el plazo del artículo 684 del Código Procesal Civil y Comercial sino que se configuran los supuestos del artículo 685 del Código de rito.

      Ello es así por cuanto la naturaleza de la cuestión traída ante V.E. forma parte del derecho de la seguridad social, integra el plexo de los derechos de la personalidad, por lo que resulta excluída del plazo de treinta días que impone el mencionado artículo 684.

    2. - No obstante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, sin embargo su decisión plantea el deber de los jueces de conformar sus decisiones a aquélla (cf. L. 265. XXIV, "L., M. c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires", C.S.J.N., sentencia del 2-III-93).

      De tal manera, razones de celeridad y economía procesal me llevan a adherir, -tal como lo expusiera el Dr. Hitters al votar en la causa I- 1.548 sentencia del 28 de diciembre de 1995- a lo sostenido por el mencionado, considerando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado -por mayoría- por la inconstitucionalidad de este tipo de normas (así en causas B-49.283, "R.", sent. del 18-X-87; B-49.213, "I.", sent. del 27-X-87; I-1197, "León", sent. del 18-XII-90; I- 1.421, "Seara" sent. del 8-X-91; I-1.344, "R.", sent. del 19-XII-91; B-52.704, "Losa", cit.; B-51.994, "A.", sent. del 24-V-93; B-53.323, "Renault", sent. del 23-XI-93).

      En esa oportunidad dijo el Magistrado citado: "...la Corte es el último y más genuino intérprete de la Carta fundamental y, por ende, la exégesis que hace de ella es como si fuera la constitución misma, expandiéndose en forma vinculante para los demás judicantes en los tópicos federales (Bidart Campos, G., "El control de constitucionalidad de oficio en sede provincial", Revista "El Derecho", t.100, pág. 633).

      "Todo sin olvidarnos que como es sabido- no existe en nuestro país -a diferencia de lo que sucedía en la Constitución de 1949 (art. 95)- norma vigente que obligue a los jueces a acatar la doctrina legal del Superior Tribunal, ni el artículo 16 del Código Civil incluyó a la jurisprudencia entre las fuentes del derecho".

      "En los temas no federales, los órganos jurisdiccionales no deben perder de vista que una de las finalidades de la casación es la uniformación de la aplicación del derecho objetivo. Y en nuestro país, si bien es cierto que no hay un tribunal de casación strictu sensu (como en el caso de España y Francia), no lo es menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerce esta tarea a través de la vía recursiva extraordinaria".

      Para continuar, "Es obvio entonces- que la suprema función revisora de la actividad jurisdiccional que ejercita la casación, busca tanto controlar la observancia del derecho objetivo, como prohibir que por los desvaríos de una decisión que no se ajusta a derecho se afecte la unidad interpretativa, que por razones de conveniencia social y política debe presidir la tarea judicial (G., F., "Método de interpretación y fuentes del derecho privado positivo", R., Madrid, 1925, pág. 642).

      "La seguridad jurídica y la igualdad se robustecen a través de este campo de impugnación. Decía C. que la `uniformidad busca certeza, en torno a cada precepto de derecho se constituye un halo de normas jurisprudenciales (cuasi-normas o sub-normas)...'".

      "Si las mismas reglas jurídicas se aplican de distinto modo en un país, se produce una inseguridad que no es conveniente. Ello sin perjuicio de que en determinadas problemáticas cada juzgador decida libremente según su leal saber y entender".

      "Por lo dicho, la exégesis que hace la Corte de la Lex...

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