Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 24 de Mayo de 2006, expediente C 90299

Fecha de Resolución24 de Mayo de 2006
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 24 de mayo de 2006, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores S., N., P., K., G., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 90.299, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra C., R.A.. Apremio".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín revocó el fallo que había hecho lugar a la ejecución.

La actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuya denegatoria motivó la interposición de la queja a la que se hizo lugar llamándose autos para resolver (fs. 172/173).

Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  1. La juzgadora de origen rechazó las excepciones opuestas y el planteo de inconstitucionalidad formulado, y mandó llevar adelante la ejecución promovida, lo que fue revocado por la Cámara.

  2. Este último tribunal interpretó que el título base del presente apremio no superaba el análisis oficioso de los requisitos formales exigibles, y que el juicio de admisibilidad está destinado a la verificación de la concurrencia de los recaudos de este tipo y debe ser efectuado por el juez al inicio del proceso, a fin de despachar o no el mandamiento y luego al momento del dictado de la sentencia. En esta segunda oportunidad la admisibilidad debe ser evaluada de oficio si el accionado no ha opuesto excepciones al respecto (fs. 91 vta.).

    Expresó el a quo que ese juicio [de admisibilidad] debe ser reeditado oficiosamente, y al examinar si el título correspondiente a la presente ejecución es idóneo llegó a la conclusión que el mismo "... padece de una anomalía formal que enerva su ejecutividad..." (misma foja).

    Agregó que en el caso tal deficiencia radica en que "... sus constancias no permiten reconstruir la deuda reclamada, ya que no puede saberse cuál fue el mecanismo técnico mediante el que se arriba a la suma determinada, consignándose un 'índice' de liquidación (que en principio, excluiría su conceptualización como intereses, ya que en tal caso debería expresar 'coeficiente' o 'tasa') con la referencia de que fue aprobado por la Disposición Normativa Serie A dejándose en blanco el espacio reservado para completar el número de la misma, el que tampoco surge del expediente administrativo ni de la resolución respectiva (art. 2 dec. ley 9122/78)..." (misma foja).

    Expresó que esa irregularidad que afecta la necesaria completividad y literalidad del título impide conocer cómo se arriba a dicho índice e incluso confrontar su adecuación a la ley 23.928 que, aún después de las modificaciones introducidas por la ley 25.561, mantiene la prohibición de toda indexación, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de impuestos (fs. 91).

    Finalmente sostuvo que el rigorismo que impera en las ejecuciones fiscales exige como contrapartida que el título contenga todas las constancias que permitan su control, y como resultado del análisis del título sobre el que se asienta la presente ejecución fiscal concluyó que no reunía los recaudos formales necesarios para gozar de ejecutividad, lo que al no poder ser recompuesto oficiosamente, determinó el rechazo de la pretensión (ídem).

  3. Contra dicho pronunciamiento la ejecutante al formular sus agravios denuncia la errónea aplicación del art. 5 del decreto ley 9122/1978 y la violación de los arts. 266 y 272 del Código procesal y del principio tantum devolutum quantum apelatum, porque afirma el tribunal a quo no tenía más poderes que los que cabían dentro de los límites del recurso deducido (fs. 98 vta.).

  4. El recurso es procedente.

    1. a. La Cámara de Apelación al afirmar que el título base del presente apremio no reunía los requisitos formales adujo no verse impedido [para efectuarlo] por la "... circunstancia de que la deficiencia no haya sido denunciada por la parte ejecutada..." (fs. 90).

      Al así obrar, ha desconocido el principio de congruencia, en tanto excedió sus facultades al expedirse sobre una cuestión (las formalidades del título) que no había sometido a su decisión por el ejecutado en su memorial de agravios.

      1. Acogido en nuestro ordenamiento procesal civil (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 del C.P.C.C.), el principio de congruencia impone a los órganos jurisdiccionales observar una adecuada correspondencia entre las postulaciones básicas articuladas por las partes en la litis y la sentencia que las dirime. El juez o...

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