Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 30 de Junio de 2004 (caso Causa C 85886)

Fecha de Resolución:30 de Junio de 2004
Emisor:Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires
 
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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 30 de junio de 2004, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores R., N., Hitters, de L., S., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 85.886, "Toro, S.K. contra Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires. Amparo".

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia apelada, con costas (fs. 211/216).

Se interpuso, por el letrado apoderado de la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 231/236 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorR. dijo:

  1. En lo que interesa destacar a los fines del recurso, la sentencia de primera instancia hizo lugar al amparo promovido por S.K.T. contra el "Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires", por lo que decretó la inaplicabilidad a la actora de la Resolución 22/2001 del 30 de agosto de 2001 del Consejo Superior de la demandada, en cuanto establece como límite el 30 de abril de 2002, para la validez de las matrículas obtenidas bajo la legislación anterior a la vigencia de la ley 25.028, con costas (fs. 181/ 183 vta.).

    Apelada la misma la alzada la confirmó, también con costas (fs. 211/216).

  2. Contra esta decisión el letrado apoderado de la accionada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 231/236 vta.).

    Acusa el conculcamiento de los arts. 3 del Código Civil; 1, 3, 4, 28 y 32 de la ley 20.266 según texto ordenado ley nacional 25.028; 1 y 5 de la ley 10.973 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial.

    Expresa el recurrente, en oposición a lo resuelto por la alzada, que para inscribirse en la matrícula para practicar las actividades de corredor o martillero (art. 5, ley 10.973) aquéllos que obtuvieron el certificado de idoneidad según la reglamentación anterior (art. 1 inc. "c" de la ley 20.266 y ley 23.282) expedido por las Cámaras de Apelación provinciales, debían estar matriculados a esa fecha para equiparar dicha certificación con el título universitario indicado en el art. 3 de la nueva ley 25.028.

    Explica que al establecer esa norma que, por única vez, los corredores y martilleros habilitados para ejercer a esa data se asimilan a los egresados universitarios, se refiere a los matriculados pues son quienes podían actuar efectivamente en su profesión (fs. 233).

    En consecuencia, interpreta que los sesenta días fijados por el art. 4 de la ley 25.028 desde su publicación oficial para su entrada en vigencia sólo puede entenderse como un plazo concedido para colegiarse, a los fines de la futura habilitación para desempeñar sus funciones (fs. 235).

    Por ello, aprecia violado el art. 5 de la ley 10.973 pues la validez temporal de los certificados expedidos por las Cámaras de Apelación no la dispuso el Consejo Superior del Colegio accionado, sino que ese límite emana de los arts. 3 y 4 de la ley 25.028, que la entidad debe acatar (fs. 236).

    Alega, en consecuencia, que no habiendo la actora hecho valer en tiempo oportuno los derechos pretendidos, no puede afirmarse que se hayan adquirido y que requieran protección constitucional (fs. 234 vta.).

    Caso contrario, dice, sería pretender la sobrevivencia del régimen anterior de los arts. 88 del Código de Comercio y 1 de la ley 20.266, lo que es imposible según la ley 25.028 (fs. 234 vta.).

    En su opinión, el fallo en crisis desinterpreta dicha norma y viola el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (fs. 233).

  3. Entiendo que el recurso no puede prosperar.

    1. En una renovación de las exigencias para el ejercicio de la profesión de martillero y corredor, el legislador sanciona la ley 25.028 por la cual instaura la necesidad de un título universitario.

      A los fines de compatibilizar la nueva normativa con la anterior, el art. 3 de la misma prevé la vigencia del régimen del art. 88 del...

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