Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 5 de Marzo de 2003, expediente C 80375

Fecha de Resolución 5 de Marzo de 2003
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 5 de marzo de dos mil tres, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, N., P., de L., S., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 80.375, “L. de L., A. y otros contra Ferrosur S.A. y otros. Daños y perjuicios”.

A N T E C E D E N T E S

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul confirmó en lo principal la sentencia apelada, con costas a los accionantes vencidos (art. 68 del C.P.C.C.).

Se interpuso, por los letrados apoderados de los actores, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 508/522 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorH. dijo:

  1. La sentencia de primera instancia rechazó la acción incoada por A.L. de L., S.E. y D.O.L., contra “Ferrosur S.A.” y R.O.N., con costas (fs. 445/451).

    Apelado el pronunciamiento, la alzada lo confirmó en lo principal, también con costas (fs. 496/502).

    Contra éste los letrados apoderados de los accionantes interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 508/522 vta.).

  2. Se denuncia el conculcamiento de los arts. 902, 1012, 1026, 1028, 1029, 1109, 1113, 1119 del Código Civil; 3, 8, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27 y 28 de la ley 19.587; 375, 384, 456 del Código Procesal Civil y Comercial y 17 y 18 de la Constitución nacional. Asimismo se alega absurdo y se hace reserva del caso federal.

  3. Entiendo que el recurso debe prosperar parcialmente.

    1. A.L. de L., S.E. y D.O.L., cónyuge e hijos respectivamente de E.M.L., demandaron por indemnización de daños y perjuicios a “Ferrosur S.A.” y al médico R.O.N., en razón de no haberle informado a aquél de una irregularidad revelada en una placa radiográfica efectuada en el marco de un análisis psicofísico preocupacional completo, que dicha empresa había impuesto a los empleados de “Ferrocarriles Argentinos” que deseaban continuar prestando servicios con ese empleador.

      Acorde emana de los obrados, E.M.L. falleció en mayo de 1993 por cáncer de pulmón con una metástasis ósea completamente desarrollada, de antigua data. Según se explicó en la demanda, la anomalía ya se había revelado en una radiografía, efectuada en octubre de 1992, en oportunidad de un estudio preocupacional dispuesto por ley 19.587, ordenado por “Ferrosur Roca S.A.” sobre el personal de “Ferrocarriles Argentinos” donde prestaba servicios el causante, al ganar aquella la correspondiente licitación (fs. 15 vta./17 vta.).

      Es así que la pretensión se fundó en no habérsele hecho saber a L. de la irregularidad observada, lo que según expresan los actores, hubiera permitido comenzar antes un tratamiento y así mejorar su calidad de vida (fs. 25 vta., tercer párrafo).

      Por ello, la acción se dirigió contra la Empresa empleadora y el doctor R.N., quien según se acreditó en la causa, fue el médico coordinador de dichos exámenes psicofísicos (fs. 60/69; 77/80).

      La decisión de primer grado como se dijo rechazó la demanda (fs. 445/451), lo que la alzada confirmó en lo principal, con costas en ambas instancias a los actores devintos (fs. 496/502).

    2. A los fines del mejor tratamiento de los agravios, alteraré el orden de los expuestos en la pieza recursiva, abordando primeramente el apuntado sobre la alegada violación de los arts. 3, 8, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27 y 28 de la ley 19.587. En relación a ello los recurrentes entienden que los preceptos consagrados en esa norma no resultaron aplicados por el a quo, por cuanto no se informó al trabajador de su dolencia como allí se dispone (fs. 520 vta.).

      “Ferrosur Roca S.A.”, al contestar demanda, sostuvo que al resultar adjudicataria del ex “Ferrocarril General Roca”, como exigencia del pliego, debió seleccionar parte del personal de “Ferrocarriles Argentinos” e incorporarlo a la nueva empresa previa revisación médica de preingreso, según la normativa de seguridad e higiene. Por ello agregó L. nunca trabajó para ella sino que lo hizo para “Ferrocarriles Argentinos” hasta su retiro (fs. 60/69, específicamente fs. 61 vta./62).

      Es decir, adujo que no existía obligación de anoticiar a L. por no ser empleado de “Ferrosur Roca S.A.”, pues la normativa laboral en el caso no lo exigía.

      Mas entiendo que esa interpretación efectuada por la codemandada sobre la ausencia del deber de informar en ese supuesto se aparta del texto de la ley 19.587 y de su decreto reglamentario 351/1979.

      Si bien esta ley además del concepto de “empleador” debió de haber dado el del “trabajador” (A.R., “Primera aproximación a la ley sobre higiene y seguridad en el trabajo”, en “Revista del Derecho del Trabajo”, año 1972, pág. 394), considero que de su texto emana inequívocamente el alcance de éste.

      Del art. 4 de la misma se lee que la higiene y seguridad en el trabajo comprende las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o cualquier otra índole que tengan por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores (inc. “a”). Así es que exige la realización de exámenes médicos preocupacionales y periódicos, de acuerdo a las normas que se establezcan en las respectivas reglamentaciones (art. 5 inc. “o”). En este sentido también su art. 9 inc. “a” fija como obligación del empleador que los resultados de los mismos se registren en el respectivo legajo de salud. Incluso, el art. 21 punto 1.4 del dec. 351/1979 reza que los servicios de medicina del trabajo interno deberán efectuar las pruebas médicas de ingreso.

      En consecuencia, tanto esa norma como su decreto reglamentario se refieren a la realización de exámenes psicofísicos destinados ya a los trabajadores efectivos, ya a aquellos que deseen ingresar a laborar con determinado empleador. Por ello, no deviene un hecho controvertido sobre el que deba expedirme si L. revestía el carácter de empleado de “Ferrosur Roca S.A.”, pues aún cuando no lo haya sido, igualmente quedó alcanzado por esas garantías.

    3. Es así entonces que lo dispuesto en el art. 28 del dec. 351/1979, sobre que los trabajadores en quienes se encuentren alteraciones de la salud relacionadas con la presente reglamentación, serán informados por los médicos acerca de las mismas, debiendo quedar constancia firmada por el interesado en su respectiva ficha clínica, también es aplicable al postulante a un empleo y no sólo al trabajador efectivo.

      El estudio que requiriera el ferrocarril, fue en el marco del cumplimiento de una reglamentación sobre seguridad e higiene laboral que le obligaba a realizar los exámenes preocupacionales, por lo que no existe duda que la información que el art. 28 exige brindar al trabajador incluía a L..

    4. No es obstáculo para ese anoticiamiento lo dispuesto por el art. 26 del dec. 351/1979, acorde alega el coaccionado (fs. 83 vta./85). Dicha norma especifica que el servicio médico emitirá el dictamen de apto o no en relación con las tareas propuestas y no consignará el diagnóstico de las enfermedades que padeciera el aspirante. Pero ésta debe interpretarse en cuanto a los informes que el cuerpo médico expide con relación a terceros, no en lo referente al dependiente. Si así fuera se desvirtuaría la consigna del art. 28 del citado decreto y se vulneraría el derecho a la salud del trabajador, el cual la ley pretende resguardar.

      Como esta Corte expresó, la interpretación de las normas debe efectuarse de tal manera que armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas (Ac. 47.812, sent. del 31VIII1993). Incluso, la ley ha de ser evaluada en forma sistemática y en función de los fines que se propone alcanzar (Ac. 69.271, sent. del 29II2000).

    5. Se plantea en el caso de autos el ejercicio de dos garantías insoslayables: salud e información, aplicados en el ámbito del trabajo.

      Ambas pueden considerarse contempladas en el art. 14 bis de la Constitución nacional, pues aún cuando no consten expresamente, su inclusión es incuestionable en vista al ideal de protección laboral.

      Como menciona R., el cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, la cual debe velar para que el régimen del trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad (autor citado, “Derecho constitucional”, Ediciones Depalma, segunda edición, Buenos Aires, pág. 406).

      Mas a todo evento, aún su falta de regulación constitucional expresa, no sería óbice para su reconocimiento y protección jurisdiccional. Como ya expresé en las causas Ac. 60.094 (“Almada, H.N. contra C.S.A. y otro. Daños y perjuicios”), Ac. 60.251 (“I., M. contra C.S.A. y otro. Daños y perjuicios”) y Ac. 60.254 (“K., J.J. contra C.S.A. y otro. Daños y perjuicios”; todas con sentencia única del 19V1998, “Jurisprudencia Argentina”, 1999I259, “La ley Buenos Aires”, 1998, 943) la categoría de los derechos personalísimos no configura un elenco cerrado y debe recibir en su seno nuevos intereses surgentes de las transformaciones sociales.

      En el caso de autos, al igual que en dichos precedentes, se debe resaltar el obrar preventivo acorde con la naturaleza de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos en aquellas causas la protección a la salud a través del derecho ambiental, en la presente por medio al derecho a la información en el ámbito laboral.

      Como dice la doctrina, ese derecho a la información constituye una herramienta participativa abierta y fundante, apta para un sistema de relaciones del trabajo elaborado de conformidad con una lógica moderna de la protección y del crecimiento (A.G.,Hacia el reconocimiento constitucional del derecho a la...

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