Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 23 de Abril de 2008, expediente B 56707

Fecha de Resolución23 de Abril de 2008
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 23 de abril de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Hitters, S., N., P., G., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en la causa B. 56.707, "Carba S.A. contra Municipalidad de Tandil. Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S
  1. C.S.A.C.I.I.A. promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Tandil impugnando el aumento del gravamen "derecho de extracción" que afecta su explotación comercial.

    Cuestiona el decreto 5423 que rechaza el reclamo y su similar 5591 que hizo lo propio con el recurso de revocatoria.

    Pide que se dejen sin efecto los actos atacados y se declare inaplicable el aumento con declaración de estabilidad fiscal para su situación tributaria.

  2. La Municipalidad de Tandil plantea la incompetencia del Tribunal por la falta del pago previo de la tasa municipal controvertida en los términos del art. 30 de la ley 2961 y subsidiariamente solicita el rechazo de la demanda.

  3. Agregadas las actuaciones administrativas remitidas, los alegatos de las partes y encontrándose los autos en condiciones de ser resueltos, corresponde plantear y votar las siguientes

    C U E S T I O N E S

    1. ¿Es fundada la oposición a la procedencia formal de la demanda?

      Caso negativo:

    2. ¿Es fundada la demanda?

      V O T A C I O N

      A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  4. La oposición formal a la demanda sostenida por la Municipalidad de Tandil se basa en la falta de pago previo del tributo controvertido en los términos del art. 30 de la ley 2961.

    Aduce la demandada que no resulta aplicable el art. 46 de la Ordenanza Fiscal de Tandil ya que la suspensión de la obligación de pago que consagra tiene como límite temporal la resolución del recurso administrativo y no se extiende a etapas impugnativas posteriores a tal acto; agrega además que ninguna norma municipal puede tener eficacia en contradicción a los principios del Código Contencioso Administrativo del que emerge la pertinencia del principio del solve et repete que, incluso, ha mantenido su vitalidad en el art. 19 de la ley 12.008 que reglamenta el nuevo digesto sobre la materia.

  5. La actora, al promover la demanda y al ampliarla y aclarar los alcances de la misma, postula la iniquidad del acuñado principio al entender que importaba un prerrequisito que desalentaba la legítima defensa de los derechos y, desde la reforma del texto constitucional de 1994, y la jerarquía normativa del Pacto de San José de Costa Rica, decididamente representa una flagrante violación a la justicia distributiva defendida en aras del bien común.

  6. El pago previo o solve et repete, como presupuesto procesal de la acción, sólo constituye una regla que a lo largo del tiempo ha admitido numerosas excepciones por parte de la doctrina de la Corte nacional.

    Su propio origen jurisprudencial asigna a la interpretación constitucional un ámbito de suma trascendencia para situar al principio en su recta inteligencia.

    El Máximo Tribunal, señala S. ("Derecho Constitucional Tributario", 2ª edición, actualizada y ampliada, D., 2000, p. 535 y sgtes.) ha hipotizado las siguientes excepciones:

    1. Admitir la procedencia del recurso extraordinario en juicio de apremio, cuando se causa al demandado un agravio de imposible o tardía reparación.

    2. En casos anómalos claramente excedentes del ejercicio normal de las facultades impositivas, en supuestos de gravedad institucional frustratorios de derechos de naturaleza federal.

    3. Cuando se manda llevar adelante una ejecución sobre la base de una deuda inexistente.

    4. En casos en que se encuentra afectada la inviolabilidad de la defensa en juicio.

    5. En materia de incidente de liquidación del impuesto a la herencia.

    6. Al declararse la admisibilidad de la acción declarativa en materia fiscal.

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en reiterados pronunciamientos que si bien se ha admitido que la exigencia de depósitos previstos como requisito de viabilidad de los recursos de apelación no es contraria a los derechos de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 261:101; 278:188; 280:314; 287:101; 307:1753), también lo es que se ha aceptado la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio solve et repete en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuenten con la protección constitucional (Fallos 285:302).

    Esa doctrina ha sido reseñada en la causa "Expreso Sudoeste S.A. c. Provincia de Buenos Aires", resuelta el 27 de diciembre de 1996, por la que se revoca una decisión de esta Corte, considerando que la mentada jurisprudencia resultaba aplicable tanto a personas físicas como de existencia ideal (ver "La ley " , 1997C38).

  7. Conforme lo ha resuelto en fecha reciente este Tribunal, el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo ley 12.008, texto según ley 13.101 deviene aplicable a las causas iniciadas antes del 15 de diciembre de 2003 en tanto sus normas resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, segunda parte, de la Constitución de la Provincia, con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal (art. 78 incs. 2º y 3º, ley 12.008 texto según ley 13.101; doct. causa B. 64.996, "Delbés", res. del 4-II-2004).

  8. Con ese piso de marcha, si bien de la pericia de fs. 201/202 se desprende la incidencia porcentual que tendrá la tasa impugnada en el desarrollo de la actividad de la accionada elemento a considerar para la procedencia sustancial de la demanda no debe dejar de prestarse atención, a los efectos de resolver la cuestión formal traída a votación en esta primera cuestión, que el perito contador expresa que "en dinero la tasa reclamada, es de similar orden de magnitud de los principales rubros del costo" el resaltado me pertenece.

    Entiendo que esa referencia del experto a la tasa reclamada alude al monto exigido por el municipio accionado previo a iniciar las presentes actuaciones a consecuencia del principio de solve et repete. En ese sentido, acreditada la desproporcionada magnitud respecto de la concreta capacidad económica del accionante que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento de bienes que significaría su cumplimiento (cfr. Fallos 247:181; 250:208; 307:1753 y 312:2490), no resulta exigible el pago previo (art. 19 ap. 3º, ley 12.008, texto según ley 13.101), pues verosímilmente obstaculiza el acceso a la justicia (art. 15 de la Constitución provincial).

    Concluyendo, entonces, cabe responder negativamente a la primera cuestión, al entender que la oposición a la procedencia formal de la demanda por el incumplimiento del requisito del pago previo en el caso, es infundada al encontrarse la actora en las condiciones de excepción que posibilitan soslayar tal recaudo en aras del acabado ejercicio del derecho a la defensa en juicio.

    Voto por la negativa.

    El señor J. doctorH., por los mismos fundamentos expuestos por el señor Juez doctor de L., dio su voto a la primera cuestión por la negativa.

    A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  9. Adhiero a la solución propiciada por el doctor de L., a excepción de lo manifestado en el punto 5 de su voto, sin perjuicio de formular las siguientes consideraciones adicionales.

    1. La aquí actora, persona de existencia ideal ha blandido en defensa de su posición contraria a la aplicación del solve et repete (art. 30 del C.P.C.A. y 19.1 de la ley 12.008, texto según ley 13.101) la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica de rango constitucional por su inclusión en el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional.

    2. Asimismo, a fs. 125/126 ha solicitado la inexigibilidad de la señalada carga en su caso particular, sosteniendo que el monto del gravamen que la demandada persigue en cobro, por su magnitud, constituye "un verdadero obstáculo al derecho de defensa en juicio, tornando ilusoria la debida protección y garantía constitucional de [sus] derechos e intereses durante el proceso e incluso después del mismo, ya que puede haber pérdidas y lesiones irrecuperables". En apoyo de sus dichos, la actora ha ofrecido prueba pericial; producida la cual (fs. 201/202) resulta que la exigibilidad del pago previo de la tasa en cuestión afectaría significativamente la actividad económica de la empresa.

    3. En cuanto al primer argumento traído por la actora, el alcance que cabe otorgar a lo dispuesto por el art. 8 inc. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es equivalente, en relación con el principio "solve et repete" a cuya aplicación se opone una persona de existencia ideal, a las excepciones que contemplan situaciones concretas de los particulares a fin de evitar que ese previo pago se traduzca a causa de la falta comprobada e inculplable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación, en un real menoscabo a la garantía de la defensa en juicio (Fallos 322:1284; causas B. 65.684, "Albezan S.R.L. y otros", res. del 24VIII2005 y B. 64.768, "Aguas Argentinas S.A.", res. del 27XI2006).

    4. Y es, precisamente, en lo referido a la señalada garantía, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene sentada una reiterada jurisprudencia en casos en que se exigía un pago previo como condición para acceder a la justicia, sosteniendo que deben evaluarse fundamentalmente situaciones patrimoniales concretas de los interesados a fin de evitar que ese pago previo se traduzca, a causa de la falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio (ver Fallos 215:225, 247:181, 261:101, 312:2490, 319:3415, 322:210, 337, 1284, 323:3012, entre otros).

  10. ...

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