Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 5 de Octubre de 2005, expediente B 58119

Fecha de Resolución 5 de Octubre de 2005
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 5 de octubre de 2005, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores R., N., P., K., G., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 58.119, "Pharmaka S.A. contra Municipalidad de La Plata. Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S
  1. La actora promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Plata, reclamando la repetición de los tributos supuestamente exigidos y percibidos en forma indebida por la citada comuna. A tales fines indica los montos y los períodos por los cuales corresponde el reintegro, así como sus intereses a la fecha de la efectiva repetición.

    Impugna el acta de inspección 41.235, y las resoluciones 2090/1996 y 2091/1996 por intermedio de las cuales la Dirección de Rentas de la Municipalidad de La Plata procedió a comprobar y liquidar presuntas diferencias en el pago de la tasa de seguridad e higiene. Del mismo modo pretende que se anule el dec. 188/1997 que desestima los recursos de reconsideración que la actora interpusiera oportunamente.

    Declara que contra este último, ha presentado un recurso de nulidad, el que a la fecha de la demanda no habría sido resuelto.

    Afirma que con fecha del 25 de abril la empresa abonó, bajo protesta y haciendo reserva de accionar judicialmente, la carga tributaria exigida por la Municipalidad de La Plata.

    Aclara la actora, que realiza su actividad y se encuentra habilitada en la órbita provincial como "droguería" en los términos y bajo las prescripciones de la ley 10.606, y en tal sentido, comercializa al por mayor tanto medicamentos como artículos de perfumería e insumos hospitalarios. Por lo que habría operado una errónea consideración de la comuna, al comprenderla en las prescripciones del código 61.500 subcódigo 06 de la Ordenanza Fiscal 5682. De esta forma, la demandada habría procedido de oficio a la determinación de diferencias en concepto de pago de la tasa de referencia, computando también a los efectos del tributo y como base imponible del mismo, todos los ingresos percibidos por la droguería, incluyendo también los producidos en concepto de venta de medicamentos. Siendo que estos últimos se encuentran fuera de la órbita del poder de policía y de la competencia municipal.

    Advierte, en consecuencia, que los medicamentos no son insumos hospitalarios.

    Arguye que de conformidad con la ley 11.405, las materias relacionadas con la fabricación, comercialización y fiscalización de medicamentos, principios activos, medios de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación de medicina humana, se encuentran bajo la jurisdicción provincial.

    Por consiguiente, deduce que la comuna no puede pretender, en este sentido, la percepción de una tasa retributiva por la prestación de un servicio relacionado con la seguridad e higiene de los locales droguerías que no controla ni puede controlar, al menos en lo que se relaciona con la venta de medicamentos.

    Puntualiza que el poder de policía, por principio general, corresponde a las provincias, tratándose de una potestad que éstas reservaron al constituirse la Nación, consagrado como un verdadero principio constitucional que no ha sido delegado a la Municipalidad de La Plata en el tópico en cuestión.

    Asegura que se ha violado el principio constitucional de legalidad, que impone especialmente para la materia tributaria, que no se adopten conductas interpretativas que extiendan o graven analógicamente ciertas actividades, o bien considerar montos o bases imponibles no previstos en la ley y alejados de lo que es la esencia de la actividad gravada.

    Ofrece prueba documental, informativa y pericial contable. Plantea el caso federal.

  2. Contesta la demanda la Municipalidad de La Plata, oponiendo con carácter de excepción perentoria la incompetencia de este Tribunal por no tratarse de una materia contencioso administrativa.

    Alega que no existe norma alguna que confiera al actor un derecho subjetivo de carácter administrativo respecto de la forma en que pretende calcular la base imponible para la liquidación de la tasa por inspección de seguridad e higiene en su caso.

    R. al fondo del asunto niega que la accionante demande en realidad una repetición de impuestos, dado que la misma no habría interpuesto en sede administrativa la demanda de repetición de dichos importes prevista por la Ordenanza Fiscal como requisito para agotar la vía recursiva. Según su criterio, lo que se persigue en autos es en realidad la anulación de las resoluciones 2090 y 2091 de la Dirección de Rentas, y del dec. 188/1996 que desestimó su recurso de reconsideración.

    Niega además, que los importes determinados por estas resoluciones hallan sido abonados en sede administrativa con anterioridad a la vía iniciada en esta instancia.

    Señala que a raíz de un procedimiento de fiscalización a la empresa en cuestión, surgió que la base imponible declarada por la misma para el pago de la tasa por inspección e higiene no coincidía con los registros contables y demás documentación respaldatoria, en tanto no se tomaban en consideración los ingresos brutos del contribuyente.

    Expresa que del propio Estatuto Social surge claramente no tratarse de una farmacia, sino de una empresa comercial dedicada a la compraventa de productos de perfumería y cosmetología, así como también productos y especialidades medicinales, biológicos y farmacéuticos. Razón por la cual continúa la demandada resulta evidente la competencia de la comuna para ejercer su poder de policía en aquel establecimiento en el cual se realiza la actividad comercial, siendo en consecuencia la empresa sujeto pasivo de la tasa por inspección de seguridad e higiene.

    Indica que no existen ni en la normativa, ni en su aplicación, facultades superpuestas a aquéllas que resultarían de competencia provincial, puesto que el poder de policía municipal según el art. 91 de la Ordenanza Fiscal se refiere a un aspecto totalmente diferente del que está dado a la Provincia de Buenos Aires. Aclara que conforme surge claramente del texto legal, la tasa que se cobra es la retribución de un servicio de inspección e higiene a prestarse en locales, establecimientos, etc. en que se desarrollan actividades sujetas al poder de policía municipal, como las comerciales, industriales, etc., conforme lo regula la norma. Pero en modo alguno se refiere al tipo de venta o al producto que se realice en la empresa, como lo sostiene la actora.

    Estima que la clasificación de los distintos rubros en la Ordenanza Impositiva no es exacta ni es compresivo de cada uno de los rubros a que se dedica el comercio lo que sería materialmente imposible, sino que se lo encuadra en el que sea más afín o más relacionado con la realidad económica de la actividad que desarrolla.

    Ofrece prueba documental e informativa. Plantea el caso federal.

  3. Contestado el traslado de la excepción planteada, agregadas las actuaciones administrativas, producida la restante prueba y glosados los alegatos de ambas partes, la causa quedó en estado de dictar sentencia, por lo que se decidió plantear y votar las siguientes

    C U E S T I O N E S

    1. ) ¿Corresponde admitir la excepción de incompetencia introducida por la demandada?

      En caso negativo.

    2. ) ¿Es fundada la demanda?

      V O T A C I O N

      A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorR. dijo:

  4. A fs. 91/92 se presenta la Municipalidad de La Plata, por apoderado, dejando opuesta con carácter de perentoria la...

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