Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 4 de Mayo de 2006, expediente 9 993

Fecha de Resolución 4 de Mayo de 2006
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 4 días del mes de mayo de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores R.B., F.G.J.D. y C.A.M., con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en las causas números 2.049 (Registro de Presidencia 9.993), caratulada “R., M.A. y C., O.A. s/ recurso de casación” y 2.050 (Registro de Presidencia 9.994) caratulada G., H.D. s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – MAHIQUES- DOMINGUEZ.

ANTECEDENTES

En lo que interesa destacar, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, condenó a M.A.R. a veinte años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de robo con homicidio; a O.A.C. a la pena única de veintidós años y dos meses de igual especie de pena, con accesorias legales y costas, comprensiva de la de veinte años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia dictada en la presente como coautor del delito de robo con homicidio, y de la de dos años y dos meses de prisión dictada por el ex-Juzgado en lo Criminal y Correccional número 12 de M., en orden al delito de robo agravado por rotura de puerta en lugar habitado, en grado de tentativa, y violación de domicilio, en concurso real; y a H.D.G. a dieciocho años de igual especie de pena, también con accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de robo con homicidio que concurre realmente con el de tenencia ilegal de arma de guerra y munición de arma de guerra, en carácter de autor.

Contra dicho pronunciamiento, los Defensores Oficiales interpusieron (fs.34/44 de la presente y 33/39 de la acollarada) recursos de casación.

Denunció la asistencia técnica de R. y C., violación a los artículos 18, 19, 28 y 33 de la Constitución Nacional; 29 de la Constitución Provincial; 106, 210, 373 del Código Procesal Penal, y errónea aplicación de los artículos 50 y 165 del Código Penal.

Expresó, como primer motivo de agravio, que el pronunciamiento no se encuentra debidamente fundado en el tramo que afirma la responsabilidad de los imputados en el suceso.

Explicó a tal fin, que la conclusión que los sujetos que huían a pié efectuando disparos, es inferida por el sentenciante a partir de la premisa de que no existía en el lugar otra persona armada, que a su vez, presupone otra: que “en dicho lugar sí estaban los sujetos que huían a pié”, las que no fueron probadas.

Opinó en esa senda, que es arbitraria la afirmación de que la balacera se efectuó desde un lugar cercano y por parte de los dos sujetos que intervinieron en el robo, ya que los testigos del juicio nunca dijeron que no había otra persona armada, sino que no vieron a otra persona armada.

Sostuvo para ello, que quienes observaron los tramos del hecho en cuestión (C.R. y R.O.G.) vieron sólo a tres personas, mientras que en la inteligencia interpretativa del Tribunal, fueron cinco las que dispararon (los tres condenados más otros dos que huyeron); y ello significa que, quienes declararon, no pudieron ver a todas las personas que accionaban armas de fuego, por lo que no puede concluirse lógicamente que “no había otra persona armada además de los autores del robo”, puesto que si sólo divisaron a tres y hubo disparos de otros, mal puede colegirse que esos otros eran R. y C..

Concluyó entonces, que es dogmático sostener que, además de G., “L.” y un tercer sujeto, también huyeron por el mismo lugar los otros dos intervinientes en el desapoderamiento.

Agregó asimismo, que si el sentenciante sostuvo, sobre la base de los testimonios de C.R., R.O.G. y E.A.R., que la persona que efectuó el disparo y se encontraba entre los que se fueron a pié, lo hizo con dolo eventual por haberlo efectuado a corta distancia de donde se encontraban la victima y otras personas; también debió haber determinado que los testigos mencionados vieran a los cinco sujetos y no sólo a tres.

Añadió luego, que no hay elemento cargoso alguno que indique que R. y C. estaban entre las personas que efectuaron los disparos, ya que ello se tuvo por acreditado por un lado, con los dichos del coimputado G., que los involucra en el robo, pero señala que al salir, partieron en sentido contrario, y por otro, con el reconocimiento en rueda de M. d. l. Á. B., quien sólo da cuenta de lo ocurrido en el domicilio donde se produjo la sustracción, por lo que solicitó se case le pronunciamiento, con reenvío para que se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

Se agravió, en segundo lugar, de la aplicación del artículo 165 del Código Penal, considerando que debe hacerse respetando el principio de culpabilidad y las reglas de los artículos 45 y 46 del mismo Código, lo que no sucedió en el caso, pues se atribuyó responsabilidad objetiva a sus defendidos.

Dijo en parejo, que la referencia que se hace respecto a la existencia de dolo eventual en la persona “no identificada” que disparó, no mejora la cuestión, pues de ello, siguiendo el principio de culpabilidad, no se desprende la responsabilidad de R. y C., con lo que el Tribunal entiende que quien efectuó el disparo, los hizo dolosamente y que los imputados, habrían actuado culposamente.

Afirmó entonces, que si no hay participación culposa en delitos dolosos, parecería que el único razonamiento posible es que hubo una violación al deber de cuidado de los imputados que fue determinante de la conducta dolosa que generó el resultado, sin explicar el quehacer de cada uno en el hecho.

Puntualizó también, que no debe soslayarse que la figura compleja de robo con homicidio sólo abarca las muertes dolosas, no culposas, ya que prevé un caso de homicidio simple, conectado a un robo o su tentativa, con expresa exclusión de la conexión subjetiva que, de tratarse entre los dos delitos, nos llevaría al terreno del homicidio “criminis causa”, el que no se integra con los homicidios culposos o preterintencionales, por lo que pidió se califique el hecho como robo agravado por el uso de armas, en concurso ideal con homicidio culposo, con la consecuente reducción de pena.

Se disconformó en tercer lugar, con el monto de las penas impuestas, ya que superan el máximo que resultaría de un concurso real entre un robo con armas y un homicidio culposo, no siendo proporcionales con la gravedad del delito.

Pretendió finalmente, se declare la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia en relación a C., en tanto es afín a un derecho penal de autor, desde que agrava la situación del sujeto a partir de consideraciones que tienen que ver con su personalidad y no con el acto cometido, siendo violatorio del “non bis in ídem”, pues se toma nuevamente en su contra un hecho ya juzgado, y por el cual el imputado cumplió pena.

Explicó aparte, que al formularse los alegatos planteó la inconveniencia de tal declaración, ya que en la causa anterior, C. no había estado privado de la libertad como condenado, que reitera, con cita del artículo 24 del Código Penal y su doctrina, como el voto de la minoría en la Cámara de La Matanza.

En la acollarada, la Defensora de G., denunció la errónea aplicación del artículo 165 del Código Penal, con idénticos fundamentos a los de su colega, postulando igual solución.

Discrepó luego, con el tratamiento dado a las pautas de mensuración de la pena, ya que debe ajustarse a los indicadores de los artículos 40 y 41 del Código Penal, y no puede suplirse con la simple consideración de que las mismas surgen del veredicto, para considerar justa la sanción que se impone, pues se torna en un acto meramente discrecional.

Agregó de seguido, que la ausencia de motivación no queda suplida con la mera enunciación de atenuantes y agravantes, puesto que es requisito de validez explicar como juega la culpabilidad y el grado del injusto en la determinación de la pena, por lo que entendió, que la decisión en este tramo debe descalificarse como acto jurisdiccional válido.

En la Audiencia, la Defensora ante el Tribunal mantuvo en todos sus términos los recursos que vengo de sintetizar.

A su vez, en las notas presentadas (fs. 82/86 vta.) manifestó que, al tratar las circunstancias agravantes, el “a quo” ponderó arbitrariamente la nocturnidad y la pluralidad de intervinientes.

Destacó, en torno a la primera, que no se encuentra motivada, ya que sólo se afirma que tal circunstancia “tiende de antemano a lograr la impunidad”, lo que constituye una afirmación genérica, sin sustento fáctico en las constancias de la causa.

Criticó igualmente la segunda, puesto que el sentenciante se limita a esgrimir que “la participación de dos o más personas, constituye demostración de deliberación previa y por ende de mayor peligrosidad”, por lo que solicitó se las deje sin efecto, reduciéndose sensiblemente el monto de la pena.

Denunció de seguido, la nulidad del pronunciamiento, por falta de motivación, en punto al descarte como atenuante de la situación de alcoholismo y drogadicción, en relación a R. y C., pues disminuye el grado de autodeterminación e imputabilidad, que nunca será la misma que si se tratara de quien no ingiere drogas o alcohol, por lo que estimó conculcado además, el principio de culpabilidad.

Criticó en la misma parcela, la desestimación como minorante del buen concepto de C. y R., tildando de palmaria la ilogicidad del “a quo” cuando sostiene que, para el primero se diluye con las sentencias anteriores informadas y para el segundo, con sus antecedentes, puesto que con ello se pretende compensar categorías que no se compensan , ya que no puede desconocerse el valor de una circunstancia, que además es vecinal, en virtud de la valoración de otras (sentencias y antecedentes), tornando arbitrario el pronunciamiento.

Agregó finalmente, que tampoco se encuentra motivada la declaración de reincidencia, puesto que los jueces se...

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