Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 28 de Febrero de 2006, expediente 8 515

Fecha de Resolución28 de Febrero de 2006
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

ACUERDO

En la ciudad de La Plata, sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 28 días del mes de febrero de dos mil seis, se reúnen los señores jueces en Acuerdo Ordinario, doctores R.B., C.A.M. y H.D.P., con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en causa nº 1585 del registro de la Sala (registro de Presidencia Nro. 8515), caratulada “B., M.D. s/recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: MAHIQUES-BORINSKY-PIOMBO.

ANTECEDENTES

El tribunal en lo criminal N.. 4 de Lomas de Z. condenó a M.D.B. a la pena de veinte años de reclusión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado por el empleo de armas, violación agravada por el empleo de armas –reiterado en cuatro oportunidades-, y robo agravado por el empleo de armas, todos ellos en concurso real entre sí (artículos 5, 12, 29 inciso 3, 40, 41, 55, 142 bis párrafo 1, 119 párrafos 1, 3, 4 inciso “d” y 5 en función del inciso “d”, y 166 inciso 2 del Código Penal; 210, 373, 375, 399, 530 y 531 del Código Procesal Penal).

Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación el señor defensor oficial a cargo de la unidad de defensa penal N.. 3 departamental, doctor D.M.B.P., quien denunció la violación o errónea aplicación de los artículos 34 inciso 1, 40 y 41 del Código Penal, 1, 56 segundo párrafo, 59 inciso 2, 210, 367, 371 incisos 3, 4 y 5 y 373 del ordenamiento ritual, 54 y 55 de la ley 12.061.

Como primer motivo de agravio el recurrente sostuvo que su asistido no pudo comprender la criminalidad de los actos ni dirigir sus acciones, debido a la ingesta de drogas. Refirió que el tribunal a quo incurrió en una errónea valoración de la prueba cuando concluyó que algunos de los testigos habían visto a su asistido aspirar un polvo blanco, pues en función de los testimonios prestados por A.D.T. y su hermano, más las conclusiones del perito en rastros S., en el lugar de los hechos había cocaína, que fue aspirada por el acusado y ofrecida por éste a las víctimas.

El quejoso consideró que el fiscal interviniente en la fase instructoria omitió disponer las medidas tendientes a esclarecer esta cuestión, como ser una pericia química sobre el polvo blanco, a los efectos de establecer de qué sustancia se trataba, y un estudio psicológico que permitiera determinar si en el momento de los hechos el imputado se encontraba bajo los efectos de la droga. Adujo que el correspondiente incumplimiento de las normas contenidas en los artículos 56, párrafo segundo del C.P.P., 54 y 55 de la ley 12.061, impidió el adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio, en tanto el tribunal de grado no tuvo por demostrada la existencia de droga en el lugar y su ingesta por parte del asistido.

Entendió el impugnante que al haber actuado su defendido bajo la ingesta de cocaína, se encontraba en estado de inconciencia, o con una profunda perturbación de ella. Agregó que el a quo le dio la razón cuando indicó que “la cocaína potenció sus bajos instintos y su apetencia sexual”, pues ello implica que dicha sustancia le produjo al encausado una alteración morbosa de sus facultades mentales, impidiendo la formación de su voluntad, lo cual lo torna inimputable. Sostuvo además que debió al menos aplicarse el principio ‘in dubio pro reo’ consagrado en el artículo 1 del código de rito.

En forma subsidiaria, el recurrente criticó el encuadre legal dado a los hechos.

Advirtió sobre el punto que el arma incautada y reconocida por las víctimas, fue secuestrada en el domicilio de B. sin proyectiles. Añadió que ninguno de los testigos mencionó que el arma estuviera cargada, o haber visto proyectiles en poder del acusado. Concluyó que al no haberse probado la ofensividad del arma en el caso concreto, debe recalificarse el suceso ilícito, dejando de lado las correspondientes figuras agravadas.

Finalmente, el defensor público cuestionó el monto y modalidad de la sanción fijada, en tanto se fijó pena de reclusión en lugar de prisión. Manifestó al respecto que no puede evaluarse como agravante una circunstancia que ya se encuentra incorporada en el tipo penal aplicado en el fallo, siendo ésta los graves daños psicológicos y psíquicos sufridos por una de las víctimas. Dijo también que debe valorarse como atenuante que el hecho se haya perpetrado bajo el efecto de las drogas.

Radicados los autos en la Sala (fs. 40), el recurso fue admitido formalmente (fs. 44).

En la audiencia oral prevista en el artículo 458 del Código Procesal Penal, la señora defensora oficial adjunta ante este estrado, doctora S.E. De Seta, mantuvo el recurso interpuesto, cuestionando que la sentencia atacada adolece de una fundamentación aparente.

Señaló que A.D.T. no dijo haber sido violada por vía anal, sino vaginal, pero al fundamentar la acreditación del hecho, el sentenciante valoró los dichos del doctor B. , del cuerpo médico policial, quien manifestó que la primera había sufrido una penetración anal, habiéndolo advertido y consignado en su informe obrante a fs. 33 vta. Consideró además que la penetración vaginal no puede ser asegurada, en función de las conclusiones expuestas en el informe médico de referencia. Y afirmó que el fallo en crisis no explica cómo fueron relacionados los dichos del médico con los de la víctima, limitándose a tener por acreditado la materialidad del hecho y la autoría de su defendido. Denunció en consecuencia la vulneración de los artículos 1, 18, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 168 y 171 de la Constitución de la provincia, 1, 6, 210, 371 incisos 1 y 2, y 373 del Código Procesal Penal.

Por otra parte, advirtió que uno de los jueces del tribunal de grado se limitó a coincidir con la conclusión a la que arribó el magistrado que votó en primer término, pero sin adherir a su motivación. Agregó que esta falta de fundamentación se repitió al tratarse el concurso real, pues no se explicaron las razones por las cuales se estableció la existencia de esa especie concursal, ya que la privación de la libertad se llevó a cabo esencialmente a fin de poder cometer los otros ilícitos endilgados, razón por la cual los mismos concursan en forma ideal. Acusó en este punto la vulneración de los artículos 1, 18, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 168 y 171 de la Constitución de la provincia, 1, 106, 210, 371, 373, 375 del ordenamiento adjetivo, 54 y 55 del Código Penal.

En cuanto al tratamiento de las circunstancias eximentes de pena, la defensora pública oficial se quejó de que falta la expresión de que se trata del voto del juez que se expidió en primer término, siguiendo su razonada y sincera convicción. Cuestionó además que se haya descartado, sin motivación suficiente, que el acusado se encontraba bajo los efectos de la cocaína. Consideró finalmente, en esta línea, que dicha circunstancia debió ser considerada al menos como atenuante de la pena, en tanto restringió la capacidad de reprochabilidad de su asistido.

En cuanto a la ofensividad del arma utilizada en el evento, señaló que la misma fue secuestrada sin proyectiles. Agregó que no resulta suficiente para demostrar dicho extremo que las víctimas hayan afirmado que B. portaba el arma durante el suceso, pues existe la posibilidad de que dicho objeto no poseyera poder vulnerante, en tanto no se encuentra demostrado que en ese momento estuviera cargada.

También criticó la doctora De Seta que se hayan valorado como circunstancias agravantes que el hecho haya afectado a tres menores de edad, y los graves daños psicológicos que sufrieron como consecuencia de ello. Sostuvo que el tribunal a quo no explicó la forma en que dichas circunstancias, que forman parte del tipo penal aplicado, pueden a su vez ser tenidas en cuenta como aumentativas de la pena.

En último lugar, la defensora pública se agravió de que el sentenciante no dio razones sobre el monto y modalidad de la sanción impuesta, pues se aplicó el máximo posible, con la mera referencia al veredicto condenatorio dictado y las atenuantes y agravantes tratadas en el fallo.

En igual oportunidad, la señora fiscal adjunta ante esta instancia extraordinaria, doctora M.A.M., expresó que la impugnación intentada resulta materialmente inadmisible.

Respecto de la alegada inimputabilidad del imputado, recordó, con cita de precedentes de este Tribunal, que las cuestiones probatorias referidas a la acreditación de la imputabilidad integran el conjunto de hechos que esta instancia recursiva se encuentra impedida de volver a juzgar, habida cuenta que no participó del juicio ni presenció el debate. Señaló además que el tribunal de grado, tomando como base cierta los dichos de los testigos que fueron estimados hábiles y veraces, determinó que el prevenido tenía la lucidez suficiente como para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, sin que se haya demostrado el absurdo de dicha conclusión.

Sostuvo asimismo que la inimputabilidad se presenta cuando la perturbación de la conciencia resultante haya suprimido las bases en que se asienta la imputabilidad, es decir, cuando a raíz de aquella el sujeto no haya podido comprender la antijuridicidad del hecho o determinarse de acuerdo con dicha comprensión. Consideró evidente que B., sabiendo que los menores se encontraban solos, que no vivían con persona mayor alguna, conociendo los horarios de trabajo y actividades de cada uno de ellos, concibió el plan delictual que finalmente concretó valiéndose de su conocida condición de peón de albañil y del empleo de un arma de fuego.

Por otra parte, la doctora M. se opuso a la procedencia del agravio fundado en la ofensividad del arma. Con cita de precedentes de la Suprema Corte provincial, la acusadora pública adujo que el arma no sólo es apta para dañar, sino también para intimidar y desbaratar una posible resistencia, resultando...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR