Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 12 de Agosto de 2009, expediente P 89791

Fecha de Resolución12 de Agosto de 2009
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 12 de agosto de 2009, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores P., Hitters, de L., K., S., N., G., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 89.791, "M. , C.J. .C. , R.D. . Recurso de casación".

A N T E C E D E N T E S

La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa y condenó en definitiva a R.D.C. a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de robo agravado por homicidio cometido en ocasión de aquél, en grado de tentativa; y a C.J.M. a la pena de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor responsable de los delitos de robo agravado por homicidio cometido en ocasión de aquél, en grado de tentativa y homicidio simple en concurso ideal.

El señor F.A. ante dicho Tribunal y el señor Defensor de Casación Penal, interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley , los que fueron concedidos por esta Corte (fs. 141 y vta.).

Oído el señor S. General quien sostiene expresamente el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, dictada la providencia de autos, presentada por el señor Defensor ante el Tribunal de Casación Penal la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal, y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

Previa: ¿Se inobservó el art. 18 de la Constitución nacional a partir de la interpretación que de los arts. 452 inc. 2º y 494 del Código Procesal Penal plantea la defensa, en la memoria del art. 487 del mismo cuerpo normativo?

  1. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor F. a fs. 124/129?

    En caso negativo:

  2. ¿Lo es el deducido por el señor Defensor Oficial a fs. 115/118?

    V O T A C I O N

    A la cuestión previa planteada, el señor J. doctorP. dijo:

    1. La parte en la oportunidad procesal referida en el planteo de la cuestión bajo análisis, solicitó que este Tribunal practique un "correcto entendimiento de lo normado por el juego armónico extractado de los arts. 452 y 494 del C.P.P. en consonancia con lo estatuido por el art. 18 de la Carta Magna" (fs. 148).

      En este sentido, se opone a la posibilidad de que el Ministerio Fiscal pueda recurrir en esta instancia extraordinaria. Alega, que por definición la vía recursiva ante la Corte local no puede ser más amplia que la concedida ante el Tribunal de Casación, en virtud de la naturaleza excepcional de la queja extraordinaria, pues lo contrario implica habilitar la jurisdicción extraordinaria a un sujeto procesal sin potestad recursiva para acceder a la instancia inmediata anterior (fs. cit. vta.). Relaciona esto con la potestad de recurrir de la defensa y la eventual transgresión de las garantías del debido proceso de la defensa en juicio y el doble conforme (fs. cit.).

      Solicita el rechazo del remedio procesal impetrado por la señora Fiscal Adjunta. Cita en sustento de su posición los arts. 452, 454, 494 del Código Procesal Penal; 1, 18, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2.h. C.A.D.H. y doctrina emanada del precedente de la C.S.J.N. in re, "C. " (fs. 149 vta./150 inicio).

      La inquisición planteada debe ser resuelta de manera negativa.

    2. Sin perjuicio de no entrar a considerar la manera y oportunidad en que fuera introducido el argumento de la parte, cierto es que lo traído ya fue resuelto por esta Corte y resulta aplicable al caso.

      1. Así se sostuvo que "los regímenes de procedencia de los recursos extraordinarios, determinados en el art. 479 y ss. del Código Procesal Penal, son independientes y autónomos del resto de los recursos contemplados en dicho ordenamiento procesal, no quedando supeditados a las limitaciones establecidas para la admisibilidad de éstos.

        Que frente al texto expreso de la ley , no corresponde efectuar una interpretación restrictiva que traería aparejada una afectación al debido proceso y a la amplitud recursiva que consagra el Código Procesal Penal.

        Que el art. 494 de dicho Código establece como condición de admisibilidad para el recurso de inaplicabilidad de ley incoado por el Ministerio Público Fiscal que se trate de una sentencia adversa a su posición y que éste haya solicitado una pena superior a seis años.

        Que tales requisitos están cumplidos en el caso y la circunstancia que el Ministerio Público no haya podido interponer recurso de casación en razón de la limitación contenida en el art. 452 inc. 2, no autoriza que por vía de interpretación se restrinja un derecho que la ley le acuerda" (Ac. 79.326, I. del 6VI2001, e.o,).

      2. Precedente en el cual tuve ocasión de agregar, luego de adherir a quienes me precedieron en aquella votación, que "En el supuesto que el Tribunal Criminal fije una pena privativa de la libertad inferior a la mitad de la requerida por el Ministerio Público Fiscal, la sentencia así dictada resultará recurrible ante el Tribunal de Casación.

        Tal circunstancia conllevará al resultado de que, en ese supuesto, el Ministerio Público Fiscal podrá perseguir ante el Tribunal de Casación la imposición de la pena que hubiera solicitado, en tanto que no podrá hacerlo si la condena es a una pena mayor a la mitad de la que hubiera requerido e inferior a la peticionada.

        Si en el primer supuesto se posibilitara la deducción del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante esta Corte, y se lo vedara por el contrario en el segundo caso, nos encontraríamos ante la paradoja de que, frente a un fallo que impone la absolución o una pena sensiblemente menor a la peticionada, el Ministerio Público Fiscal podría pretender por vía recursiva su modificación, agravando la situación del encartado y pudiendo obtener incluso la imposición del monto de condena solicitado, en tanto, de mediar el dictado de una pena mayor en los términos del art. 452 inc. 2 del Código Procesal Penal se vería impedido de hacerlo.

        Este resultado aparece como disvalioso y opuesto a la lógica que debe en todo caso regir en materia interpretativa, no siendo óbice para ello la reclamación del funcionamiento del principio de la reformatio in pejus (arts. 435, 480 y conc. del C.P.P.), ya que: a) la intervención del Ministerio Público Fiscal de todos modos aparece habilitada ante el Tribunal de Casación cuando la pena impuesta es sensiblemente menor a la pedida y b) la ley posibilita expresamente la intervención del Ministerio Público Fiscal mediante la deducción del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el art. 494 del ritual" (Ac. 79.326, cit.).

        Voto por la negativa.

        A la cuestión previa planteada, el señor J. doctorH. dijo:

        A. al magistrado que abre este Acuerdo, de conformidad con los fundamentos expuestos en Ac. 79.326 (I. 6-VI-2001), que se cita en su voto.

        Voto por la negativa.

        A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

        Coincido con el doctor P. en que la cuestión fue resuelta por esta Corte en Acuerdo 79.326 del 6-VI-2001, que resulta aplicable al sub lite, por lo que de conformidad con lo expresado en esa oportunidad, a la cuestión previa propuesta voto por la negativa.

        A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora K. dijo:

        Coincido con la solución que propone el doctor P., por los fundamentos que a continuación expongo.

        Ciertamente, ante presentaciones análogas esta Corte ha dicho que los regímenes de procedencia de los recursos extraordinarios, determinados en el art. 479 y ss. del Código Procesal Penal, son por principio independientes y autónomos del resto de los recursos contemplados en dicho ordenamiento procesal, no quedando supeditados a las limitaciones establecidas para la admisibilidad de éstos (conf. Ac. 79.326, 6VI2001; Ac. 87.226, del 29IX2004).

        Por otra parte, comparto con el colega que se encuentran cumplidos los recaudos del art. 494 de dicho Código que establece como condición de admisibilidad para el recurso de inaplicabilidad de ley incoado por el Ministerio Público Fiscal (que se trate de una sentencia adversa a su posición y que éste haya solicitado una pena superior a seis años).

        Sin perjuicio de ello, he de adicionar que no se trata de definir aquí si como consecuencia de una decisión adversa del tribunal de juicio el Fiscal hubiera carecido de legitimación para interponer recurso ante el Tribunal Casatorio (conf. art. 452 inc. 2º, C.P.P.) y, de confirmarse esa decisión, también debería resultar impedido de interponer los recursos extraordinarios locales.

        En las concretas circunstancias del caso, lo cierto es que la defensa no logra demostrar que la pretensión fiscal de renovar la discusión relativa a la errónea aplicación legal del art. 42 en función del art. 165 del Código Penal (controversia que no tenía interés en impulsar ante la Casación por haber obtenido un resultado favorable en la primera instancia) importe para este supuesto una afectación al principio de la reformatio in pejus mencionado (conf. ha sido advertido por el doctor S. en P. 90.918, res. del 8IX2006).

        Voto entonces por la negativa.

        El señor Juez doctor S., por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora K., votó la cuestión previa también por la negativa.

        El señor Juez doctor N., por los mismos fundamentos del señor Juez doctor P., votó la cuestión previa también por la negativa.

        A la cuestión previa planteada, el señor J. doctorG. dijo:

        Coincido con mis colegas preopinantes.

        En ocasión de votar el precedente P. 90.918, res. del 6 de septiembre de 2006, en el que se planteaba una situación similar a la de autos, adherí al voto del doctor R., cuyas consideraciones por resultar plenamente aplicables corresponde reproducirlas aquí.

        En aquella oportunidad se dijo que...

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